El documento presenta un contrato ficticio de 36 cláusulas en el que se acepta mantener el sistema actual a pesar de sus problemas. Se acepta priorizar el beneficio económico sobre la salud, la ética y el medio ambiente. También se acepta la desigualdad, la manipulación informativa y la falta de alternativas. Sin embargo, al final sugiere que los ciudadanos tienen poder al orientar sus gastos y que el cambio es inevitable.