1. Proyecto de Declaración
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
DECLARA
Su gran preocupación y profundo repudio por los despidos de Radio 10 y C5N
de los periodistas Gustavo Mura y Antonio Laje, entre otros, ocurridos el 2 de enero
en las emisoras del grupo comunicacional del empresario Cristóbal López.
2. Fundamentos
Señor presidente:
Con gran preocupación hemos tomado conocimiento de los despidos de los
periodistas Gustavo Mura y Antonio Laje, entre otros, ocurridos el 2 de enero.
El hecho se produjo, según declaraciones de Gustavo Mura, cuando “tuvo un
duro cruce de opiniones durante una entrevista al Secretario de Seguridad de la
Nación Sergio Berni, el domingo anterior”. Posteriormente a esa emisión y una vez
finalizado el programa, el conductor había recibido varios llamados telefónicos de
directivos de la emisora.
En cuanto a Antonio Laje, en los últimos días de diciembre y a raíz de sus
comentarios relacionados con la crisis energética que vive nuestro país, fue obligado
a “anunciar que se tomaba vacaciones” según expresó, situación por la cual se
consideró despedido.
Desde la compra del paquete accionario del multimedios por parte del
empresario kirchnerista Cristóbal López y especialmente durante el año pasado,
varios periodistas de la emisora sufrieron actos de censura por parte de las
autoridades directivas y hasta les fueron rescindidos sus contratos. A esto se suman
los veinticincos despidos blanqueados por la empresa en los últimos días.
Al respecto debemos recordar que la libertad de expresión es el derecho que
más veces aparece custodiado en nuestra Carta Magna y otorga a todos los
ciudadanos que habitan nuestro suelo la sagrada posibilidad de manifestar toda
clase de ideas u opiniones sin ningún tipo de condicionamiento ni represión.
En ella se la ampara y protege especialmente por considerarla como la madre
de todas las libertades. Del mismo modo la Convención Interamericana de
Derechos Humanos y múltiples tratados internacionales la enuncian
particularmente.
Por nuestra parte, debemos alertar que se está ejerciendo una práctica
comunicacional de desprestigio, ataque al buen nombre y honor de las personas,
demandas judiciales y, como en este caso, despidos injustificados en los medios de
comunicación oficialistas en nuestro país.
Es así como
periodistas, empresarios, comerciantes, comunicadores
sociales, dueños de radios, operadores de cable, consultoras económicas y hasta
asociaciones de consumidores, entre otros actores de la vida nacional, son diaria y
3. violentamente atacados desde los medios vinculados al poder gubernamental, en
actitudes autoritarias por cuestionar los diversos estamentos de su gestión.
Nuestro país está ingresando en una peligrosa espiral de violencia semántica
y censura directa, tal como en el caso de Gustavo Mura y Antonio Laje en Radio 10
y C5N pertenecientes al multimedios de Cristóbal López, que fueron despedidos por
no uniformar su pensamiento al discurso oficial.
Con anterioridad se interpusieron demandas judiciales contra otros colegas y
ahora se los despide sin causa justificada, para limitar o amordazar la libertad de
expresión, en una práctica totalitaria absolutamente reñida con la vida democrática.
Esta es una situación inadmisible en un estado de derecho, del mismo modo
que lo son las cesantías y las rescisiones arbitrarias de contratos de quienes gozan
de popularidad entre el público que los ve y escucha y que son formadores de
opinión en su segmento comunicacional.
Nos encontramos con una muestra que ejemplifica que la pluralidad de voces
es otro de los mitos que el discurso oficial pretende instituir. Para ello no escatima el
uso de todos los personajes que tiene a su alcance, vinculados al poder y
beneficiarios de las prebendas que otorga la Ley de Medios y la cercanía con el
reparto discrecional de los fondos publicitarios, que reciben y acatan fielmente la
órdenes presidenciales de neutralizar y eliminar a quienes se alzan contra “el relato”
tal el caso de Cristóbal López y su imperio comunicacional.
La pauta publicitaria oficial, la compra de frecuencias y medios, el control de
los contenidos, todos son elementos de los que se vale la estructura gubernamental
para dominar y disciplinar a quienes disienten con el relato que se pretende
instaurar.
Estos atropellos nos comprometen especialmente en la defensa de la libertad
de expresión y del derecho de los trabajadores de prensa y de los comunicadores de
opinión, a realizar sus tareas en un clima de respeto y tolerancia, sin actitudes
autoritarias ni herramientas de coerción por parte de los miembros de la estructura
oficial y gozando plenamente de los resguardos constitutivos de la vida democrática.
Rescindir contratos y privar a los periodistas del legítimo derecho
constitucional a expresar su opinión y a ejercer toda actividad lícita, es un acto de
censura inaceptable.
Es por ello que expresamos nuestro más enérgico repudio ante estos graves
acontecimientos que tienen como responsable al empresario Cristóbal López; nos
instituimos, por el mandato popular obtenido en las urnas, en aval y garantes de los
derechos constitucionales y acompañamos con nuestra solidaridad a Gustavo Mura,
Antonio Laje y todos los periodistas despedidos en el ejercicio de su profesión, que
4. es la de expresar, investigar y dar a conocer sus opiniones y pareceres sin más
límite que las garantías constitucionales.
A su vez, exigimos el inmediato reintegro de todos ellos a sus actividades
laborales y al mantenimiento de sus programas de radio y televisión, según
correspondiere, en los días y horarios en los que usualmente se estaban emitiendo.
Por lo expuesto Sr. Presidente, le solicitamos la aprobación del presente
proyecto de declaración.