Varias organizaciones periodísticas bolivianas recuerdan al gobierno que la libertad de prensa y expresión están protegidas por la Constitución y la Ley de Imprenta de 1925, así como por tratados internacionales. Instan al gobierno a respetar estas normas y advierten que cualquier modificación debe ajustarse a los tratados de derechos humanos y los procedimientos constitucionales, sin reducir las garantías de libertad de prensa. Rechazan cualquier intento de restringir estas libertades fundamentales.