El gobierno mexicano prepara la incorporación de 138 millones de hectáreas (el 70 por ciento del territorio nacional) al mecanismo internacional Redd+. Aunque la estrategia se encuentra aún en la etapa de discusión y formalmente se someterá a consulta hasta 2014, el país ya recibió 33.8 millones de dólares de dos fondos del Banco Mundial: el Forest Carbon Partnership Facility y el Programa de Inversión Forestal.

1. México cede sus bosques y selvas a Redd+
El gobierno mexicano prepara la incorporación de 138 millones de
hectáreas (el 70 por ciento del territorio nacional) al mecanismo
internacional Redd+. Aunque la estrategia se encuentra aún en la
etapa de discusión y formalmente se someterá a consulta hasta
2014, el país ya recibió 33.8 millones de dólares de dos fondos del
Banco Mundial: el Forest Carbon Partnership Facility y el Programa de
Inversión Forestal.
Con ello, se comprometió a concluir la estrategia y a avanzar por 5
años en las “acciones tempranas” de la Redd+. La Conafor,
encargada de la ejecución del proyecto, celebra la “vocación” de
todas las áreas naturales protegidas y reservas naturales mexicanas
para incorporarse al mecanismo. Asegura que nada se impondrá a las
comunidades, pues se realizarán consultas y los campesinos recibirán
recursos económicos. Se prepara la usurpación de territorios más
grande de todos los tiempos, considera Red Indígena
México cuenta con, al menos, 33.8 millones de dólares para discutir
la Estrategia Nacional Redd+ y hacer funcionar pruebas piloto en
cinco estados de la República. Los recursos, provenientes de dos
fondos multilaterales de los que el Banco Mundial es fideicomisario,
comprometen al país en la ejecución del mecanismo de Reducción de
Emisiones por Deforestación y Degradación Evitada (conocida como
Redd+) sobre las áreas forestales de todo el país. Con ello, consolida
el acceso al financiamiento internacional y su participación activa en
el mercado de bonos de carbono. El gobierno federal –a través de la
Comisión Nacional Forestal (Conafor), organismo público
descentralizado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales– trabaja desde 2010 en el documento rector de la
Estrategia Nacional de Redd+. El último borrador que aún se discute,
fechado en noviembre de 2012, pretende ser llevado a consulta
pública en 2014, no obstante que se espera que Redd+ esté en
operación hasta 2020 sobre la totalidad de las áreas forestales
mexicanas, incluidas aquellas que se encuentran bajo alguna
categoría de protección. Los recursos son utilizados para el diseño de

2. la Estrategia y pruebas piloto o acciones tempranas Redd+ en cinco
estados de la República: Jalisco, Campeche, Quintana Roo, Yucatán y
Chiapas. Redd+ es un planteamiento de los países integrantes de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC) y tiene como objetivo reducir la emisión de gases de
efecto invernadero por medio de la conservación de bosques o bien la
restauración de las áreas forestales que han sido degradadas. Se
diseña frente a la crisis climática para otorgar compensaciones
económicas, por parte de los países del Norte que tienen
compromisos de reducción de emisiones en el Protocolo de Kioto, a
los países del Sur para mantener en pie sus bosques. Redd+ parte de
la idea de que los bosques son sumideros de carbono al capturar uno
de los principales gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono
(CO2), identificado por la Convención como la principal causa del
calentamiento global. La deforestación, degradación o quema del
bosque, permite que se libere el carbono como CO2 o como metano
(CH4), lo que contribuye al cambio climático. Es por esto que el
mecanismo financia proyectos que evitarían que eso suceda. La
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura calcula que los ecosistemas forestales del mundo
almacenan alrededor de 289 gigatoneladas (Gt) de carbono. Si se
considera el conjunto del carbono almacenado en la madera muerta,
la hojarasca y el suelo, la cantidad es mayor que todo el carbono
presente en la atmósfera: 652 Gt.
México con potencial en Redd+
En el documento que se prepara, la Conafor califica a México como un
país con potencial dentro del programa Redd+. De la superficie total
del territorio nacional (196.4 millones de hectáreas), el 70 por ciento
está cubierta por ecosistemas forestales (138 millones de hectáreas)
y el resto corresponde principalmente a zonas con agricultura,
ganadería y áreas urbanas (29.7 por ciento). Aunque Sergio Graff,
coordinador general de Producción y Productividad de la Conafor y
secretario del Comité Técnico Consultivo Redd+ (CTC-Redd+),
reconoce en entrevista que no existe una evaluación nacional
detallada de los diversos procesos de degradación forestal del país y
que las causas son múltiples, como la tala ilegal, los incendios
forestales o los subsidios gubernamentales para el desarrollo de
actividades pecuarias, frutícolas o agroenergéticas, afirma que “la
mayor parte del problema ligado a la deforestación y a la degradación
está relacionado con las actividades agropecuarias en el medio rural”.
Los bosques y selvas mexicanas se encuentran entre los primeros 24
del mundo con mayor volumen de existencias de carbono en la
biomasa forestal viva. “Para 2010 se calcularon en 2 mil 43 millones
de toneladas de dióxido de carbono equivalentes [tCO2e] con un
promedio de 32 toneladas por hectárea”. Se aspira a que en 2022
México sea un sumidero neto. Además, con este mecanismo, las

3. autoridades mexicanas ven en las 174 áreas naturales protegidas
existentes nuevas oportunidades. Para Paloma Neumann, de la
Campaña de Bosques y Selvas de Greenpeace México, Redd+ debiera
aplicarse prioritariamente en las zonas donde se detecte que haya
emisiones de gases de efecto invernadero por deforestación o
degradación. “Se supone que si tienes un Área Natural Protegida ya
estás conservando y se está dando financiamiento para conservar ese
bosque; ¿por qué se necesita financiamiento para reducir emisiones
en un área que se supone ya está conservada?”. —¿No basta con que
ya estén bajo alguna categoría de protección? –se le pregunta a
Sergio Graff. —Aunque tengan un decreto están sujetas a presiones
de actividades porque la mayor parte de la superficie es propiedad de
ejidos y comunidades y hay actividades económicas. Esta Estrategia
también coadyuva a que las actividades económicas sean compatibles
con la conservación. Según el Convenio de Diversidad Biológica,
alrededor del 15 por ciento del carbono se encuentra almacenado en
las áreas protegidas del mundo, por lo que el manejo efectivo y la
expansión de estas zonas de conservación pueden contribuir a la
mitigación del cambio climático, reduciendo las emisiones presentes y
futuras y protegiendo los sumideros actuales.
Territorios indígenas
En México, el 58 por ciento de los bosques son propiedad de los
pueblos indígenas y campesinos que los habitan bajo tenencia ejidal o
comunal, indican cifras del Centro de Estudios para el Cambio en el
Campo de México (Ceccam). Como una conquista de la Revolución

4. Mexicana de 1910, la mayor proporción de los bosques y selvas del
país son propiedad de las comunidades forestales y de los pueblos
indígenas. Dentro de la Estrategia se subraya que el 26.2 por ciento
de la superficie de las áreas naturales protegidas federales y estatales
del país se encuentran en territorio de pueblos indígenas: más de 2
millones de hectáreas. Sin embargo, tal como lo indica el Ceccam, los
pueblos indígenas y las comunidades rurales no cuentan con títulos
formales de propiedad de tenencia sobre estos territorios ni están
reconocidos sus derechos sobre los bosques. La Organización de las
Naciones Unidas ha expresado que para el correcto funcionamiento
de Redd+ es necesario establecer una posesión clara de la tierra.
Ante este hecho, según la Red Indígena Ambiental Internacional,
Redd+ prepara la mayor usurpación de tierras de todos los tiempos.
“El riesgo para las comunidades de los bosques es el desalojo de la
tierra, su privatización a favor de las corporaciones y las restricciones
de uso de su propio territorio, aunque dependen de este hábitat para
garantizar su existencia como sociedades y culturas distintas”.
Ejemplo de ello es el programa piloto Redd+ que el exgobernador
Juan Sabines Guerrero puso en marcha en 2011 sobre 614 mil
hectáreas de selva chiapaneca, y que a decir de la Conafor no forma
parte de sus acciones tempranas. Tal como lo señaló públicamente
Juan Sabines, desde que Redd+ llegó a la selva, 100 comunidades
han sido desplazadas de su territorio. En enero de 2011, durante la
entrega de recursos de Redd+, el exgobernador dijo ante los
comuneros “beneficiados” que de los 170 pueblos que permanecían
invadiendo alguna reserva, sólo quedaban siete. Los pueblos en
resistencia están dentro de la Reserva de la Biósfera Montes Azules,
área declarada en 1978, que se extiende 321 mil hectáreas sobre el
territorio chiapaneco. Ahí se refugian del hostigamiento y de la
represión militar y paramilitar de la que son objeto. Aunque la prueba
piloto en Chiapas fue presentada como un caso de “éxito”, el 8 de
julio pasado Isaí López dio cuenta en una nota de prensa en El
Heraldo de Chiapas de la suspensión del proyecto del exgobernador
Sabines. “Fue un fracaso. Esa estrategia ya está cancelada, no se
tuvieron los resultados que se anunciaron”, dijo Carlos Morales
Vázquez, secretario del Medio Ambiente e Historia Natural de la
recién llegada administración.
Consulta Pública

5. Las salvaguardas ambientales y sociales son parte de los principios
adoptados por México. Provienen de los Acuerdos de Cancún de la
CMNUCC. Entre otros, establecen el cumplimiento al consentimiento
libre, previo e informado de las comunidades rurales e indígenas en
todos aquellos aspectos de Redd+ que incidan o puedan afectar sus
territorios, bienes, derechos individuales o colectivos. Aunque la
Estrategia incluye esta salvaguarda, Edmundo del Pozo, investigador
de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, AC, apunta que éste es
uno de los temas críticos de la Estrategia. “Nuestro principal
señalamiento es el vacío que hay con relación con el enfoque de
derechos humanos y derechos de pueblos indígenas. No estamos en
contra de que se recojan las salvaguardas, pero el instrumento
normativo de protección a los derechos de las personas afectadas por
Redd+, sobre todo a los pueblos indígenas, deben ser los derechos
humanos, y las salvaguardas deben ser una normativa
complementaria”. Explica el investigador que el derecho al
consentimiento que recupera la Estrategia es limitado y por tanto no
es verdadero, porque no reconoce el derecho al veto. “Un derecho al
consentimiento que no tienen derecho al veto es un falso derecho al
consentimiento”. Frente a ello, el Grupo de Trabajo del Protocolo de
Consulta –conformado por Fundar, Centro de Análisis e Investigación,
AC; Organización de Ejidos Productores Forestales de la Zona Maya,
SC; Red Indígena de Turismo de México, AC; Red Mexicana de

6. Organizaciones Campesinas Forestales, AC; y Sakbe, Comunicación y
Defensa para el Cambio, AC– elaboró, dentro del Consejo Técnico
Consultivo, un Protocolo de Consulta y Participación para la Estrategia
Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación
Plus. Remarca el investigador que la necesidad de hacer el Protocolo
surgió de la falta de una ley de consulta de pueblos indígenas. No
obstante, el documento no tiene carácter vinculante. “Aún cuando se
construyó participativamente y en el marco de la institucionalidad, no
se puede decir que tenga una fuerza obligatoria para las autoridades.
No es una ley de consulta ni un reglamento”. Expresa Edmundo del
Pozo que una de las preocupaciones es que dentro del documento
rector no se retomen los insumos que se colocaron dentro del
Protocolo, “no aparece la obligación de consulta del Estado a los
pueblos y comunidades indígenas”. Cuestionado al respecto, Sergio
Graff asegura que no hay necesidad de incorporar el tema a la
Estrategia Nacional, porque lo único que marcará ésta son los
lineamientos generales. “No sé por qué tiene que ser vinculante. La
consulta es una obligación”. Agrega que “las organizaciones hicieron
una propuesta de protocolo que la autoridad está considerando”.

7. —¿Ustedes tienen contemplado el derecho de los pueblos al
consentimiento? —Claro. Sí. La Estrategia va a contemplar que
cualquier acción ligada a un mecanismo Redd+ deberá tener
consentimiento previo, libre e informado. No va a haber ninguna
acción en la que no esté de acuerdo el dueño. Si en una comunidad
indígena se quiere implementar [sic] una acción Redd+ tendrá que
buscarse el consentimiento de la comunidad antes de hacerlo. —¿Con
el derecho de veto? —En su comunidad sí, por supuesto. Lo que no
pueden hacer es vetar una Estrategia Nacional, nadie. —Localmente
sí… —Claro. Si la comunidad no quiere que haya un incentivo
adecuado para que maneje sus bosques o no quiere un apoyo para
fortalecer su organización, un apoyo para desarrollar proyectos
integrales; si la comunidad no quiere, puede vetar la acción. Pero lo
que busca la Estrategia es que todos los programas públicos tengan
un mejor impacto a favor de la comunidad y de sus recursos. Yo no
creo que nadie quiera oponerse a eso. —Pero habría que
preguntarles… —Claro. Al momento que uno quiera entrar a su
comunidad se les tiene que preguntar. Por supuesto. Octavio Rosas
Landa, catedrático en la Facultad de Economía de la Universidad
Nacional Autónoma de México e integrante de la Asamblea Nacional
de Afectados Ambientales, recalca que los bienes, propiedad de
comunidades, han sido conservados y protegidos a pesar de las
políticas de gobierno, pero que ahora, frente a la crisis financiera y
ambiental de escala global, ésta última pretende ser paliada por
medio de mecanismos de mercado que no van a solucionar el
problema. “¿Por qué presionar a los campesinos y ejidatarios a que
acepten este tipo de convenios si son ellos quienes más contribuyen a
que el calentamiento global no se agrave? Y si no aceptan, ¿son ellos
quienes no quieren detener el calentamiento global?”, pregunta.
Acciones tempranas
Como parte del proceso de preparación para la próxima aplicación de
la Estrategia, se han puesto a prueba acciones tempranas en el país
que servirán de ejemplo para la construcción y posterior aplicación de
la Estrategia Nacional. Una de ellas es en la región de las Cuencas
Costeras de Jalisco, donde se contabilizan 10 áreas naturales
protegidas, además de ser zona prioritaria para la conservación del
jaguar y una de las de mayor importancia para la conservación de
aves migratorias de América del Norte. Otra de las acciones se realiza
en el Corredor Biológico Mesoamericano, que incluye a Campeche:
zona de influencia de Calakmul; Yucatán: Sierrita de Ticul; y
Quintana Roo: municipios de Bacalar, José María Morelos, Othón P
Blanco y Felipe Carrillo Puerto. Y por último, acciones tempranas en 5
millones de hectáreas que abarcan 57 municipios del estado de
Chiapas, así como 16 Áreas Naturales Protegidas en Corredores
Biológicos y la Selva Lacandona.

8. Además, de acuerdo con Sergio Graff, se espera próximamente iniciar
proyectos piloto Redd+ en el Estado de México y en Oaxaca, aunque
aún no se define la zona. Sobre los resultados, Graff no tiene noción.
“Es un proceso que apenas acaba de empezar, pero por ejemplo en el
caso de la [Selva] Lacandona se ha tenido un impacto positivo
reduciendo la deforestación. En algunos lugares se registran tasas de
7 por ciento anual y ha bajado a menos de 1 [por ciento]”. —
¿Cuántas de estas acciones han implicado la venta de bonos de
carbono? –se le pregunta. —No. Ninguna. Como está en un proceso
de preparación, los mecanismos todavía no están definidos en los
acuerdos internacionales. Nada más se trabaja a través de recursos
que se asignan a estos programas.
El mercado de carbono
De acuerdo con el documento Redd+ y los territorios indígenas y
campesinos, del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo
Mexicano (Ceccam), Redd+ es un instrumento de la economía
verde y pretende financiar la captura de carbono que realizan los
bosques, a partir de la emisión de certificados o bonos por captura de
carbono. A partir de que se determinó en el Protocolo de Kioto el
límite sobre la cantidad de gases contaminantes que pueden ser
emitidos a la atmósfera, a los países industrializados se les permite
financiar proyectos de captura o reducción de estos gases en países
en vías de desarrollo. De este modo, las empresas que necesiten
aumentar las emisiones por encima de su límite compran bonos
(certificados) que les representan el derecho a emitir una cantidad
determinada de residuos. Con esto, el comprador paga por
contaminar, mientras que el vendedor se ve compensado al evitar la
deforestación, la degradación y la tala. Al no obligar a las empresas
contaminantes a reducir sus emisiones a la atmósfera, el esquema es
objeto de la oposición de organizaciones como Vía Campesina, Red
Indígena Ambiental, el Ceccam y la Asamblea Nacional de Afectados
Ambientales. La Estrategia Nacional no impide ni acota la venta de

9. bonos de carbono, expone abiertamente que el mercado voluntario
puede representar una fuente complementaria de financiamiento.
Aunque Sergio Graff aclara que en la Estrategia la venta de bonos de
carbono es una posibilidad, dependerá de cómo se establezca el
mecanismo a nivel internacional. “Todavía no se sabe si va a haber
un mercado de carbono por reducción de emisiones, pero lo que sí es
que va a haber transferencias económicas teniendo resultados de
disminución de emisiones de carbono”.
Financiamiento
La Estrategia Redd+ posibilita el financiamiento de fuentes públicas,
privadas, nacionales e internacionales. Así como el uso de
fideicomisos para hacer factible la movilización de recursos basados
en resultados climáticos y la distribución de beneficios y estímulos a
los dueños de terrenos forestales, comunidades indígenas y rurales.
En la Visión de México en REDD+, el documento que antecedió al
borrador de la Estrategia, se lee: “Los fideicomisos nacionales,
regionales o locales jugarán un papel como operadores protagónicos
que tendrían la capacidad de administrar y desembolsar de manera
eficiente y oportuna los fondos para promover Redd+ y dar
seguimiento y evaluar el ejercicio de presupuestos con transparencia,
a partir de esquemas confiables de monitoreo y verificación”. Y

10. agrega: “los fideicomisos podrían ser públicos, privados o mixtos y
mantenerse desde fondos multilaterales, mercados de carbono –en su
momento– u otros recursos fiscales etiquetados que acogerían la
participación de gobiernos, empresas, propietarios de tierras (ejidos,
comunidades, individuos, empresas), organizaciones de la sociedad
civil e intermediarios financieros, entre otros”.
En los Acuerdos de Cancún los países desarrollados adoptaron
formalmente el compromiso de proveer “financiamiento de inicio
rápido” a los países en desarrollo durante el periodo 2010-2012 para
acciones de mitigación (incluyendo Redd+), adaptación, desarrollo y
transferencia de tecnología y creación de capacidades, previamente
mencionado en el Acuerdo de Copenhague, donde se comprometieron
a movilizar recursos para 2020 y cubrir las necesidades de los países
en desarrollo en el contexto de acciones de mitigación significativas y
de transparencia en su ejecución.
Estos fondos pueden provenir de fuentes públicas, privadas,
bilaterales, multilaterales y alternativas. En el caso de México, la Ley
General de Cambio Climático instruye la creación del Fondo para el
Cambio Climático con el objeto de captar y canalizar recursos
financieros públicos, privados, nacionales e internacionales para
apoyar acciones que enfrenten el cambio climático.
La Estrategia plantea que parte del presupuesto del fondo se habrá
de constituir con los recursos derivados de su actividad en el mercado
de bonos de carbono. Refiere Sergio Graff que, hasta ahora, México
cuenta con 33.8 millones de dólares para las etapas preparativas de
Redd+; de éstos, 3.8 millones se derivan del Forest Carbon
Partnership Facility: “Apenas se va a firmar el apoyo para
preparación; son 3.8 millones de dólares que se utilizan para la
elaboración de la Estrategia, pero sobre todo para la consulta”; y un
“donativo” de 30 millones de dólares para ejercerse en 5 años del
Programa de Inversión Forestal, destinados a programas especiales
en las acciones tempranas de Redd+. “No es mucho dinero pero sirve
para hacer los trabajos de innovación.
Ese dinero está en un fondo internacional y conforme se van
aplicando los recursos, México tiene reembolsos; no se los entregan
todos al país”, aclara el funcionario.

11. Según se lee en la Estrategia, el financiamiento para las acciones
tempranas en Jalisco conjuntará recursos de la Agencia Francesa de
Desarrollo (AFD), de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), de la Unión Europea a
través del proyecto de Facilidad para la Inversión en Latinoamérica
(LAIF, por su sigla en inglés), del gobierno de Jalisco y de la Conafor.
Además, se cuenta con tres fideicomisos donde es posible recibir
recursos públicos del gobierno federal, estatal, de organismos de la
sociedad civil y organismos privados.
En la Península de Yucatán, señala la Estrategia Nacional Redd+,
habrá financiamiento de la Unión Europea proveniente del LAIF a
través de una acción conjunta con la AFD, la AECID y la Conafor, para
la construcción de mecanismos de gobernanza a nivel local;
financiamiento de los gobiernos de los estados de Yucatán, Campeche
y Quintana Roo, así como de Conabio, The Nature Conservancy, la
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Conafor a
través del ProÁrbol y los lineamientos del Programa Especial para la
Conservación, Restauración y el Manejo Sustentable de los Recursos
Forestales de la Península de Yucatán. En Chiapas, a partir de 2010,
la Conafor promueve el Programa Especial para la Conservación,
Restauración y Aprovechamiento Sustentable de la Selva Lacandona,
que integra las modalidades de apoyo económico en agroecología,
regeneración de selvas, restauración de riveras y arroyos,
reforestación diversificada, pago por servicios ambientales, estudios
forestales y silvicultura comunitaria.

12. Mediciones y verificación
Para monitorear, medir y evaluar el desempeño de Redd+, México
habrá de desarrollar un sistema verificable de medición y reporte en
el que deberá establecer la cantidad de emisiones y remociones de
gases de efecto invernadero para una región dada y para un periodo
determinado (niveles de referencia). Su definición será apoyada por
el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques del Banco
Mundial y por Noruega. El sistema de monitoreo mexicano deberá ser
de bajo costo. “Mientras más costoso sea, más oneroso será para el
país desarrollar un mecanismo de Redd+ y menores los beneficios
que se obtendrán”, apuntan las autoridades en Visión de México
sobre Redd+. Hacia una estrategia nacional. De acuerdo con el
mismo documento, México ha participado activamente en las
principales iniciativas multilaterales relacionadas con mediciones y
verificación para Redd+, incluidos el Fondo Cooperativo para el
Carbono de los Bosques y la iniciativa de rastreo de carbono forestal
del Grupo de Observación de la Tierra. Asimismo, el país ha
desarrollado trabajos bilaterales con Canadá sobre el modelo de
contabilidad del carbono; con Alemania, para el uso de tecnologías de
radar, y con Estados Unidos y Finlandia, para fortalecer el inventario
forestal.
Infografía:

13. 4. agosto, de 2013
Por Elva Mendoza
Periodismo de investigación
Fuente: Contralinea