El documento contiene extractos de la Constitución de Venezuela que establecen que cualquier acto del poder público que viole los derechos garantizados es nulo, y los funcionarios involucrados serán responsables penal, civil y administrativamente. También cita a Romulo Betancourt en 1954 instando al pueblo venezolano a utilizar todos los mecanismos a su alcance para restablecer el estado de derecho cuando haya sido vulnerado y a participar en una acción popular constante, valiente y perseverante ante la falta de apoyo de los cuarteles.