Informe_Cuestionamiento

1. UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
ESCUELA DE POSGRADO
DOCTORADO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
“Informe: Cuestionamiento al funcionamiento de los sistemas
Administrativos del estado Peruano”
Presentado por:
Ms. Castañeda Castillo Rubén Ignacio
Ms. Sachún Bustinza Solange Eliana
Ms. Suarez Lezama José Manuel
Docente:
Dr. Winston Concepción Velásquez
Trujillo – 2023

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Contenido
I. Introducción............................................................................................................................... 3
II. Los Sistemas Administrativos -Cuestionamientos a su Funcionamiento ................................ 4
1. Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos................................................. 4
2. Sistema Administrativo de Abastecimiento......................................................................... 5
3. Sistema Administrativo de Presupuesto Público. ................................................................ 6
4. Sistema Administrativo de Tesorería.................................................................................... 7
5. Sistema Administrativo de Inversión Pública..................................................................... 11
6. Sistema Administrativo de Planeamiento Estratégico....................................................... 12
7. Sistema Administrativo de Defensa Judicial del Estado. ................................................... 14
8. Sistema Administrativo de Control..................................................................................... 15
9. Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública..................................... 16
III. Conclusiones............................................................................Error! Bookmark not defined.

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I. Introducción
El Articulo 43 de la Ley Orgánica del Poder ejecutivo - Ley N° 29158, “Define a los sistemas
del estado como el conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas e
instrumentos mediante los cuales se organizan las actividades de la Administración publica
que requieren ser realizadas por todas o varias entidades de los poderes del estado, los
organismos constitucionales y los niveles de gobierno. Así mismo esta ley establece que
existe dos tipos de sistemas: Funcionales y Administrativas”.
“Los Sistemas funcionales se encuentran en el Artículo 45 de la Ley, tienen por finalidad
asegurar el cumplimiento de las políticas publicas que requieren la participación de todas
o varias entidades del estado. El responsable de reglamentar y operar los sistemas
funcionales es el Poder Ejecutivo. Las normas del sistema establecen las atribuciones del
ente rector”. Así mismo, los sistemas funcionales están relacionados con las “funciones
sustantivas” que caracterizan a cada una de las entidades públicas, ya que, mediante estos
sistemas se gestionan las materias(agricultura, ambiente, comercio, turismo, economía,
salud, educación que se le encargan a una institución por ley y se ejecutan a través de sus
órganos de línea originándose los servicios que le corresponden a la institución, lo cual
finalmente da lugar a sistemas como, el sistema integral de salud, sistema educativo, las
cadenas productivas, el sistema de riego, sistema energético, sistema judicial, etc.
“Los Sistemas administrativos se encuentran en el Artículo 46 de la Ley, tienen por finalidad
regular el uso de los recursos por parte de las entidades de la administración pública,
promoviendo la eficacia y eficiencia en su uso; tienen relación con las funciones de
administración interna que se ejercen en apoyo al cumplimiento de las funciones
sustantivas, así mismo, están referidas a la utilización eficiente de los medios y recursos
materiales, económicos y humanos que intervienen en el ciclo de la Gestión publica para la
provisión de servicios públicos y se ejecutan a través de órganos de línea, apoyo y asesoría
según corresponda.

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II. Los Sistemas Administrativos -Cuestionamientos a su Funcionamiento
1. Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos.
La eficiencia y eficacia del sistema administrativo de Gestión de Recursos Humanos (PCM-
SERVIR) puede ser objeto de discusión y evaluación, ya que su efectividad puede variar en
función de diversos factores. El PCM-SERVIR se fundamenta en un marco legal que tiene
como objetivo fomentar la meritocracia y la eficiencia en el ámbito de la administración
pública, por tanto, la efectividad del sistema dependerá en gran medida de la claridad y
solidez de esta estructura, así como de su capacidad para asegurar la aplicación imparcial y
transparente de las políticas y normas.
Respecto a la eficacia del sistema, ésta se verá influenciada por la capacidad del PCM-
SERVIR para llevar a cabo la implementación y el cumplimiento de las políticas y directrices
establecidas, esto implica la necesidad de proporcionar una capacitación adecuada y una
supervisión efectiva al personal encargado de la gestión de recursos humanos en las
entidades públicas, siendo además, crucial contar con mecanismos de control y
seguimiento eficaces para garantizar el cumplimiento de las normas y políticas establecidas.
Del mismo modo, la eficacia del sistema también debe ser evaluada en relación a los
resultados obtenidos, esto implica el análisis de indicadores fundamentales, como la
mejora en la calidad del servicio público, la satisfacción de los empleados, la retención del
talento y la eficiencia en la gestión de los recursos humanos. Es de vital importancia contar
con sistemas de evaluación y monitoreo eficaces para medir y mejorar de forma constante
el desempeño del PCM-SERVIR.
Aunque el sistema administrativo de Gestión de Recursos Humanos (PCM-SERVIR) tiene
como objetivo primordial promover la meritocracia y la eficiencia en la administración
pública, también se deben considerar las críticas y desafíos que pueden surgir, puesto que,
la implementación de un nuevo sistema de gestión de recursos humanos puede encontrar
resistencia por parte de aquellos que están acostumbrados a prácticas y procesos antiguos,
lo cual, puede dificultar la adopción y el éxito del PCM-SERVIR, ya que algunos empleados
pueden mostrar resistencia al cambio y encontrar dificultades para adaptarse a los nuevos
procedimientos y políticas. La administración pública a menudo se caracteriza por su
burocracia y lentitud en los procesos, lo cual puede afectar la eficacia del PCM-SERVIR, ya
que los procedimientos pueden volverse complejos y demorados, dificultando la toma de
decisiones y la implementación oportuna de políticas. Para que el PCM-SERVIR sea eficaz,
es fundamental contar con los recursos adecuados, tanto en términos de personal
capacitado como de infraestructura tecnológica. Sin embargo, en ocasiones, puede haber
una falta de inversión en estos aspectos, lo que puede limitar la capacidad del sistema para
funcionar de manera óptima y brindar un servicio eficiente.
Un ejemplo concreto de Gestión de Recursos Humanos basada en las directrices de la PCM-
SERVIR en Perú es la implementación de un sistema de evaluación del desempeño en una
institución pública, como el Ministerio de Educación (MINEDU), en este caso, se establece
un sistema de evaluación del desempeño que se aplica a todos los docentes y personal
administrativo del MINEDU. El sistema se basa en criterios objetivos y transparentes, con
el objetivo de medir y valorar el rendimiento de los empleados de manera

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2. Sistema Administrativo de Abastecimiento.
El abastecimiento basado en las directrices del MEF-OSCE ha demostrado ser un
mecanismo eficiente y transparente para la adquisición de bienes y servicios por parte de
entidades estatales. El MEF-OSCE promueve la competencia entre los proveedores al
establecer normas claras y objetivas, lo que resulta en una selección de proveedores basada
en criterios de calidad y precio. Esto garantiza el uso eficiente de los recursos públicos y
promueve la rendición de cuentas al establecer mecanismos de control y documentación
en cada etapa del proceso. Aunque existen desafíos pendientes, como la simplificación de
los procedimientos y la capacitación continua, el abastecimiento basado en las directrices
del MEF-OSCE ha logrado mejorar la eficiencia en la adquisición de bienes y servicios por
parte del Estado en Perú.
La implementación de un nuevo sistema de gestión de abastecimiento puede encontrar
resistencia por parte de aquellos que están familiarizados con prácticas y procesos antiguo,
esto puede dificultar la adopción y el éxito del MEF-OSCE, ya que algunos empleados
pueden mostrar resistencia al cambio y tener dificultades para adaptarse a los nuevos
procedimientos y políticas. A pesar de los esfuerzos por promover la transparencia, algunos
críticos argumentan que aún existen casos de favoritismo y corrupción en los procesos de
contratación, esto puede socavar la confianza en el sistema y cuestionar su eficacia en la
práctica. Además, desde la perspectiva contable, los casos de corrupción pueden tener un
impacto negativo en la integridad de los registros contables y en la presentación de la
información financiera.
Por otro lado, aunque se han implementado medidas para agilizar los procesos de
contratación, como la simplificación de trámites y el uso de tecnología electrónica, aún
persisten demoras y obstáculos que pueden afectar la eficacia del sistema, estas demoras
pueden tener un impacto en la gestión de inventarios y en la planificación financiera de la
organización.
Así mismo, se plantean inquietudes sobre la interpretación y aplicación de las normas
establecidas por el MEF-OSCE y esto puede generar ambigüedades y situaciones de
incumplimiento, lo cual puede tener implicaciones contables en términos de
reconocimiento y medición de los activos y pasivos relacionados con los procesos de
contratación.
Un ejemplo de abastecimiento basado en las directrices del MEF-OSCE (Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado) en Perú es la realización de un proceso de
licitación para la adquisición de bienes o servicios por parte de una entidad estatal, como
un ministerio o una municipalidad supongamos que el Ministerio de Salud (MINSA) necesita
adquirir equipos médicos para mejorar la atención en sus hospitales. Para ello, se lleva a
cabo un proceso de licitación siguiendo las normas y procedimientos establecidos por el
MEF-OSCE, este proceso de abastecimiento comienza con la elaboración de los
documentos técnicos y administrativos necesarios para la licitación, como el expediente
técnico, los términos de referencia y las bases del proceso, estos documentos detallan las
características técnicas de los equipos requeridos, los plazos de entrega, los criterios de
evaluación, entre otros aspectos. Posteriormente, se publica la convocatoria a nivel

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nacional en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), donde se invita a
los proveedores interesados a participar en el proceso de licitación. Se establece un plazo
para que los proveedores presenten sus propuestas técnicas y económicas, una vez
recibidas las propuestas, se procede a evaluarlas de acuerdo con los criterios establecidos
en las bases del proceso, lo cual implica verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos,
analizar los precios propuestos y evaluar la capacidad y experiencia de los proveedores.
Finalmente, se adjudica el contrato al proveedor que cumpla con todos los requisitos y
presente la mejor propuesta, ya sea en términos de calidad, precio o ambos, se firma el
contrato correspondiente y se procede a la entrega de los equipos médicos requeridos al
MINSA
3. Sistema Administrativo de Presupuesto Público (MEF-DNPP)
La efectividad del sistema administrativo de Presupuesto Público (MEF-DNPP) puede ser
objeto de discusión y análisis, ya que, se cuestiona la capacidad del sistema para lograr una
gestión eficiente y transparente de los recursos públicos en términos de planificación,
ejecución y control del presupuesto del Estado.
En relación a la eficiencia, el MEF-DNPP ha establecido regulaciones y procedimientos para
asegurar una adecuada planificación y asignación de los recursos públicos. Esto implica la
elaboración de un presupuesto anual que refleje las prioridades y necesidades del país, así
como la ejecución y seguimiento de los gastos de acuerdo a lo establecido en el
presupuesto aprobado; Sin embargo, se plantea que existen problemas de ejecución
presupuestaria, como desviaciones y demoras en la ejecución de proyectos, lo que afecta
la efectividad del sistema en la práctica.
En términos de transparencia, el MEF-DNPP ha implementado medidas para mejorar la
rendición de cuentas y la divulgación de información relacionada con el presupuesto
público, esto implica la publicación de informes periódicos sobre la ejecución
presupuestaria, así como la participación de la sociedad civil y los ciudadanos en el proceso
de presupuesto, sin embargo, se argumenta que aún existen deficiencias en cuanto al
acceso a la información y la participación ciudadana, lo que puede limitar la efectividad del
sistema en términos de transparencia y rendición de cuentas.
En relación al control, el MEF-DNPP ha establecido mecanismos para supervisar y evaluar
la ejecución del presupuesto, como la auditoría interna y externa. Esto busca garantizar que
los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y de acuerdo a lo establecido en el
presupuesto aprobado, sin embargo, se sostiene que aún existen debilidades en términos
de control y fiscalización, lo que puede comprometer la efectividad del sistema en la
detección y prevención de irregularidades y malversación de fondos.
A pesar de contar con regulaciones y procedimientos para la planificación y asignación de
los recursos públicos, se han observado problemas en la ejecución efectiva del presupuesto.
Esto puede incluir desviaciones en los gastos, demoras en la ejecución de proyectos y falta
de cumplimiento de las metas establecidas. Estas deficiencias pueden comprometer la
efectividad del sistema en la gestión de los recursos públicos.

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Aunque el MEF-DNPP busca garantizar una adecuada planificación financiera mediante la
elaboración de un presupuesto anual, se han señalado limitaciones en términos de la
calidad de la planificación y la falta de consideración de factores económicos y sociales
relevantes. Esto puede afectar la capacidad del sistema para responder de manera efectiva
a las necesidades y prioridades del país.
Un ejemplo concreto de Presupuesto Público basado en las directrices del MEF-DNPP
(Dirección Nacional de Presupuesto Público) en Perú es la elaboración y ejecución del
presupuesto anual de un ministerio, como el Ministerio de Educación (MINEDU).
El proceso de Presupuesto Público comienza con la elaboración del Marco
Macroeconómico Multianual, que establece los objetivos y metas fiscales del gobierno para
los próximos años, a partir de este marco, se desarrolla el Presupuesto por Resultados, que
es la herramienta que permite asignar los recursos de manera eficiente y transparente.
Supongamos que el MINEDU tiene como objetivo mejorar la calidad de la educación en el
país, para lograrlo, se establecen programas y proyectos específicos que contribuyen a
dicho objetivo, como la implementación de programas de capacitación docente y la mejora
de la infraestructura educativa.
En el proceso de elaboración del presupuesto, se identifican las necesidades de recursos
para cada programa y proyecto. Se establecen los costos asociados a las actividades a
realizar, como la contratación de personal, la adquisición de materiales y la ejecución de
obras.
Posteriormente, se asignan los recursos disponibles de manera estratégica, considerando
las prioridades establecidas y la capacidad financiera del MINEDU. Se establecen los montos
destinados a cada programa y proyecto, así como los plazos de ejecución.
Durante la ejecución del presupuesto, se realiza un seguimiento constante para asegurar
que los recursos se utilicen de manera eficiente y efectiva. Se monitorea el avance de los
programas y proyectos, se evalúa el cumplimiento de los objetivos y se toman medidas
4. Sistema Administrativo de Tesorería (MEF-DNTP)
Al evaluar la efectividad del sistema administrativo de Tesorería (MEF-DNTP), es crucial
considerar diversos aspectos que pueden influir en su desempeño.
En términos de eficiencia, el MEF-DNTP busca una gestión adecuada de los recursos
financieros del Estado, abarcando la recaudación de ingresos y el manejo de pagos y deudas
gubernamentales. Su objetivo es asegurar la eficiencia en el uso de los fondos, en línea con
las políticas y prioridades establecidas. Sin embargo, se han identificado deficiencias en la
ejecución de pagos y la gestión de la deuda, lo que puede impactar la eficacia del sistema
en la práctica.
En cuanto a la transparencia, el MEF-DNTP ha implementado medidas para mejorar la
rendición de cuentas y la divulgación de información relacionada con la tesorería. Esto

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incluye la publicación de informes y estados financieros, así como la participación de la
sociedad civil en la supervisión de las operaciones financieras. Sin embargo, se ha
observado una falta de acceso a información detallada y actualizada, lo que puede limitar
la transparencia y dificultar la evaluación de la efectividad del sistema.
En relación al control, el MEF-DNTP ha establecido mecanismos para supervisar y evaluar
las operaciones financieras. Esto implica auditorías internas y externas, así como la
implementación de controles internos y políticas de gestión de riesgos. Estos mecanismos
buscan garantizar la integridad y legalidad de las operaciones financieras. Sin embargo, se
han detectado casos de irregularidades y malversación de fondos, lo que plantea
interrogantes sobre la efectividad del sistema de control en la detección y prevención de
estas prácticas.
Se han identificado retrasos y dificultades en la realización de pagos por parte del MEF-
DNTP. Esto puede generar demoras en los desembolsos a proveedores y contratistas,
afectando la continuidad de proyectos y servicios.
Se han observado deficiencias en la administración de la deuda pública por parte del MEF-
DNTP. Esto puede resultar en una falta de control sobre los compromisos financieros del
Estado, incrementando el riesgo de endeudamiento excesivo y afectando la estabilidad
económica.
A pesar de los esfuerzos para mejorar la rendición de cuentas, persisten limitaciones en la
transparencia de la información financiera del MEF-DNTP. Esto dificulta la supervisión y
evaluación externa de las operaciones financieras, así como la participación ciudadana en
la gestión de los recursos públicos.
Un ejemplo de Tesorería basado en las directrices del MEF-DNTP (Dirección Nacional del
Tesoro Público) en Perú es la gestión de los recursos financieros del Estado a través de la
administración de la caja única del Tesoro Público.
Supongamos que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es responsable de administrar
los recursos financieros del Estado. La Tesorería del MEF se encarga de recibir y gestionar
los ingresos provenientes de los impuestos, tasas y otros ingresos públicos, así como de
realizar los pagos correspondientes a las obligaciones del Estado.
En este ejemplo, se puede considerar la recaudación de impuestos como el ingreso principal
del Estado. La Tesorería del MEF recibe los pagos de impuestos de los contribuyentes y los
registra en la caja única del Tesoro Público.
Posteriormente, la Tesorería del MEF realiza los pagos correspondientes a las obligaciones
del Estado, como el pago de salarios a los empleados públicos, el pago de proveedores de
bienes y servicios, el pago de deudas, entre otros.
La Tesorería también se encarga de la gestión de la liquidez, es decir, de asegurar que haya
suficientes fondos disponibles para hacer frente a los pagos y obligaciones del Estado. Para

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ello, realiza una gestión eficiente de los recursos financieros, optimizando los ingresos y los
pagos de acuerdo con las necesidades y prioridades establecidas.
Además, la Tesorería del MEF lleva a cabo la conciliación y el registro contable de los
movimientos de la caja única del Tesoro Público, garantizando la transparencia y la
rendición de cuentas en la gestión de los recursos financieros del Estado.
5. Endeudamiento Público (MEDF-DENEP)
El sistema administrativo de Endeudamiento Público (MEDF-DENEP) es esencial para la
gestión financiera del Estado. Su eficacia se evalúa en función de cómo se planifica, ejecuta
y monitorea la deuda pública.
En términos de eficiencia, el MEDF-DENEP busca garantizar que el endeudamiento público
se realice de manera óptima, considerando el costo de la deuda y la capacidad de pago del
Estado. Para lograrlo, se establecen políticas y directrices que regulan la emisión y
contratación de deuda, así como la gestión de los pagos e intereses asociados. Sin embargo,
es importante tener en cuenta que una mala gestión de la deuda puede resultar en un
aumento innecesario de los costos y una mayor carga financiera para el Estado.
En cuanto a la transparencia, el MEDF-DENEP ha implementado medidas para divulgar
información sobre la deuda pública y sus condiciones. Esto incluye la publicación de
informes, estados financieros y documentos relacionados con la emisión de deuda. Sin
embargo, es fundamental que esta información sea comprensible y accesible para la
población, para fomentar la rendición de cuentas y la participación ciudadana en la toma
de decisiones relacionadas con el endeudamiento público.
En relación al control, el MEDF-DENEP debe contar con mecanismos adecuados para
supervisar y evaluar la gestión de la deuda. Esto implica la implementación de controles
internos y externos, así como auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de las
políticas y directrices establecidas. Además, es necesario contar con un marco normativo
sólido que regule la emisión y contratación de deuda, y que establezca sanciones en caso
de incumplimiento.
Si el MEDF-DENEP no se gestiona adecuadamente, existe la posibilidad de que el Estado se
endeude en exceso. Esto puede generar una carga financiera insostenible y comprometer
la estabilidad económica a largo plazo.
Se ha argumentado que el MEDF-DENEP carece de mecanismos sólidos de control y
supervisión para garantizar una gestión adecuada de la deuda pública. Esto puede dar lugar
a prácticas indebidas, como la contratación de deuda sin una justificación clara o la falta de
seguimiento en el uso de los recursos obtenidos a través de la deuda.
Un manejo inadecuado del endeudamiento público puede tener consecuencias negativas
para el desarrollo económico y social de un país. Si los recursos obtenidos a través de la
deuda no se utilizan de manera eficiente y efectiva, existe el riesgo de no lograr los objetivos
de inversión y desarrollo, y de comprometer el bienestar de la población.

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Un ejemplo concreto de endeudamiento público en Perú es el programa de emisión de
bonos soberanos. El gobierno peruano emite bonos en el mercado internacional para
financiar proyectos de infraestructura, educación, salud u otros sectores prioritarios.
Por ejemplo, en 2019, el gobierno peruano emitió bonos por un valor de 3 mil millones de
dólares en el mercado internacional. Estos bonos fueron adquiridos por inversionistas
internacionales, quienes a cambio reciben un rendimiento por el préstamo otorgado.
El endeudamiento público a través de la emisión de bonos permite al gobierno peruano
obtener recursos adicionales para financiar sus proyectos y programas, sin depender
únicamente de los ingresos fiscales. Sin embargo, también implica el compromiso de pagar
los intereses y el capital de los bonos en el futuro, lo que puede afectar la capacidad del
gobierno para destinar recursos a otros sectores prioritarios o aumentar la deuda pública.
6. Contabilidad (MEF-CONTADURÍA PÚBLICA)
En términos de eficiencia, el MEF-CONTADURÍA PÚBLICA busca asegurar que la información
contable se registre de manera oportuna y precisa. Esto implica establecer normas y
procedimientos contables aplicables a todas las entidades del sector público. Además, se
promueve el uso de tecnologías de información y comunicación para agilizar los procesos
contables y facilitar la generación de informes financieros.
En cuanto a la transparencia, el MEF-CONTADURÍA PÚBLICA tiene como objetivo
proporcionar información financiera confiable y comprensible a los usuarios interesados,
como ciudadanos, responsables de la toma de decisiones y organismos de control. Esto
incluye la publicación de estados financieros, informes de gestión y otros documentos
contables relevantes. La transparencia en la contabilidad pública es crucial para fomentar
la rendición de cuentas y la confianza en la gestión financiera estatal.
En relación con el control, el MEF-CONTADURÍA PÚBLICA debe contar con mecanismos
adecuados para supervisar y evaluar la calidad de la información contable. Esto implica la
implementación de controles internos y externos, así como auditorías periódicas para
verificar la exactitud y veracidad de los registros contables. Además, es necesario establecer
un marco normativo sólido que regule la contabilidad pública y que establezca sanciones
en caso de incumplimiento.
El sistema contable puede resultar complejo y requerir conocimientos especializados para
su correcta implementación. Esto puede dificultar la comprensión y aplicación adecuada
por parte de los usuarios.
En ocasiones, el sistema contable puede no mantenerse actualizado con las últimas normas
y regulaciones contables. Esto puede generar discrepancias entre las prácticas contables y
los estándares actuales, lo que afecta la precisión y confiabilidad de la información
financiera.
Dado que el sistema contable es utilizado por diferentes entidades del sector público,
puede existir falta de uniformidad en la interpretación y aplicación de las normas contables.
Esto puede generar inconsistencias y dificultar la comparabilidad de la información
financiera entre diferentes entidades.

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Si el sistema contable no cuenta con tecnologías de información y comunicación adecuadas,
puede resultar en procesos lentos e ineficientes. Esto puede dificultar la generación
oportuna de informes financieros y la toma de decisiones basada en información
actualizada.
Por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Perú es responsable de
supervisar y coordinar la contabilidad gubernamental en el país. La Contaduría Pública es
el órgano encargado de llevar a cabo la contabilidad de las entidades públicas, tanto a nivel
nacional como regional y local.
En este contexto, la Contaduría Pública se encarga de registrar y clasificar las transacciones
financieras de la entidad pública, así como de preparar los estados financieros, como el
estado de situación financiera, el estado de resultados y el estado de flujos de efectivo.
Estos estados financieros reflejan la situación financiera y los resultados de las operaciones
de la entidad pública, proporcionando información relevante para la toma de decisiones de
los usuarios de la información financiera, como los ciudadanos, los inversionistas y los
organismos reguladores.
La contabilidad en el ámbito de la contaduría pública es fundamental para asegurar la
transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos, así como para
cumplir con las normas contables y los principios de contabilidad aplicables en el sector
público.
7. Sistema Administrativo de Inversión Pública (MEF-DGPM)
El sistema administrativo de Inversión Pública (MEF-DGPM) en Perú ha sido implementado
con el propósito de gestionar y supervisar los proyectos de inversión pública en el país. Al
evaluar su eficacia, es fundamental considerar tanto los aspectos positivos como los
desafíos que enfrenta.
Desde una perspectiva favorable, el sistema administrativo de Inversión Pública ha
establecido un marco organizativo y normativo para la planificación, evaluación, ejecución
y seguimiento de los proyectos de inversión. Esto ha generado mayor transparencia y
rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos, así como una mejora en la
coordinación entre entidades gubernamentales y actores involucrados en los proyectos.
Adicionalmente, el sistema ha implementado criterios técnicos y metodologías para la
evaluación de proyectos, lo que ha contribuido a una asignación de recursos más eficiente
y a una toma de decisiones más informada. También se ha fomentado la participación
ciudadana en la identificación y priorización de proyectos, lo cual ha fortalecido la
legitimidad y pertinencia de las inversiones.
Sin embargo, el sistema administrativo de Inversión Pública se enfrenta a desafíos en
cuanto a su eficacia. Uno de estos desafíos radica en la discrepancia entre la planificación y
la ejecución de los proyectos. A pesar de los esfuerzos por mejorar la gestión de los

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proyectos, aún persisten problemas como la demora en la ejecución, la falta de capacidad
técnica y la insuficiente supervisión de los avances.
Asimismo, se reconoce la necesidad de mejorar la calidad de los estudios de preinversión,
ya que en muchas ocasiones se presentan proyectos con estudios insuficientes, lo cual
puede generar resultados insatisfactorios y un uso ineficiente de los recursos públicos.
Otro desafío que se presenta es la falta de continuidad en la implementación de políticas y
en la financiación de los proyectos. Los cambios de gobierno y las restricciones
presupuestarias pueden afectar la continuidad de los proyectos, dificultando la
planificación a largo plazo y generando ineficiencias en la gestión.
A pesar de los esfuerzos por mejorar la gestión de los proyectos, persisten demoras
considerables en su ejecución. Estas demoras pueden atribuirse a una falta de coordinación
eficiente entre las entidades involucradas, deficiencias en la capacidad técnica y exceso de
burocracia.
En ocasiones, los proyectos presentan estudios de preinversión de baja calidad y
deficiencias. Esto conlleva a resultados insatisfactorios y un uso ineficiente de los recursos
públicos, ya que los proyectos pueden no estar adecuadamente diseñados y planificados.
Los cambios de gobierno y las restricciones presupuestarias pueden afectar la continuidad
en la implementación de proyectos de inversión pública. Dichas circunstancias generan
interrupciones en la ejecución de los proyectos y dificultades en la planificación a largo
plazo.
Un ejemplo concreto de inversión pública realizada por el MEF-DGPM (Dirección General
de Política de Inversiones) en Perú es la ejecución de proyectos de infraestructura vial,
como la construcción de carreteras y puentes. Para la gestión de la inversión pública, el
MEF-DGPM ha implementado un modelo de seguimiento y gestión que busca obtener
resultados concretos que impulsen el desarrollo socioeconómico del país. Además, la
DGPM presenta guías y pautas para la identificación, formulación y evaluación social de
proyectos de inversión pública a nivel de perfil. El registro del cierre de las inversiones y del
costo de control concurrente en las inversiones públicas son temas que se abordan en
capacitaciones publicadas en el canal de YouTube del. INVIERTE.PE es una plataforma
digital que busca promover la inversión pública y privada en el país
8. Sistema Administrativo de Planeamiento Estratégico (PCM-CEPLAN)
El sistema administrativo de Planeamiento Estratégico (PCM-CEPLAN) ha demostrado ser
una herramienta valiosa para la coordinación y planificación estratégica del país. Ha
permitido una mayor articulación entre las políticas y programas gubernamentales, así
como una mejor coordinación entre las diferentes entidades y niveles de gobierno. Esto ha
resultado en una mayor coherencia y eficiencia en la planificación, lo que a su vez ha llevado
a una mejor utilización de los recursos públicos.

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Además, el sistema ha logrado fomentar una visión a largo plazo y una mayor anticipación
de los desafíos y oportunidades que enfrenta el país. Esto ha permitido una planificación
más integral y una toma de decisiones más informada, basada en un análisis riguroso de la
situación y las metas nacionales. Asimismo, se ha promovido la participación ciudadana en
este proceso, lo que ha fortalecido la legitimidad de las políticas y programas y ha permitido
una mejor identificación de las necesidades y prioridades de la población.
Sin embargo, reconocemos que aún existen desafíos por superar para lograr una mayor
eficacia. Es fundamental cerrar la brecha entre la planificación y la implementación de las
políticas y programas, asegurándonos de que las acciones planificadas se ejecuten de
manera efectiva. También debemos mejorar la calidad de los planes estratégicos,
asegurándonos de que sean realistas y alcanzables, y que estén respaldados con una
asignación adecuada de recursos. Además, debemos trabajar en la continuidad de la
planificación a largo plazo, evitando la interrupción de los planes debido a cambios de
gobierno y garantizando la consecución de los objetivos a largo plazo.
A pesar de los esfuerzos por coordinar y planificar estratégicamente, existe una brecha
significativa entre la planificación y la implementación efectiva de las políticas y programas.
Esto puede deberse a una falta de seguimiento adecuado, a la falta de recursos asignados
para la implementación o a problemas de coordinación entre las diferentes entidades
gubernamentales.
Debemos trabajar en la mejora continua de la calidad de nuestros planes estratégicos,
asegurándonos de que sean claros, realistas y adaptados a las necesidades cambiantes de
nuestro país. Además, es importante realizar revisiones periódicas de estos planes para
mantener su vigencia y relevancia.
Los cambios de gobierno y la falta de continuidad en la implementación de políticas pueden
afectar la planificación a largo plazo. Esto puede resultar en la interrupción de los planes
estratégicos, lo que dificulta la consecución de los objetivos a largo plazo y la sostenibilidad
de las políticas implementadas.
La participación ciudadana es un pilar fundamental de nuestro sistema de planificación
estratégica. Debemos seguir fortaleciendo y ampliando la participación de la sociedad civil
en este proceso, asegurándonos de que todas las voces sean escuchadas y consideradas en
la toma de decisiones.
El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) es un ejemplo concreto de planeamiento
estratégico realizado por el CEPLAN (Centro Nacional de Planeamiento Estratégico) en Perú.
Este plan establece una visión a largo plazo para el país, en este caso, al 2050, y define
objetivos y estrategias para lograr esa visión. El proceso de formulación del PEDN involucró
la participación de diversos actores, incluyendo el gobierno, la sociedad civil y el sector
privado, y se basó en un análisis riguroso de la situación actual del país y de las tendencias
globales. Además, el CEPLAN también brinda capacitaciones y lineamientos para la

14. 14
elaboración de planes estratégicos institucionales, como el Plan Estratégico Institucional
(PEI) y el Plan Operativo Institucional (POI)
9. Sistema Administrativo de Defensa Judicial del Estado (MINJUS-CNDJE)
El sistema administrativo de Defensa Judicial del Estado (MINJUS-CNDJE) en Perú ha
demostrado avances significativos en términos de coordinación, especialización y
transparencia en la defensa de los intereses del Estado en procesos judiciales. Sin embargo,
también enfrenta desafíos que deben ser abordados para mejorar su eficacia.
Uno de los aspectos positivos del sistema es su capacidad para articular y coordinar las
acciones legales del Estado en diferentes ámbitos judiciales, lo que ha contribuido a una
mejor defensa de los intereses estatales y la protección de los recursos públicos. Además,
la especialización y capacitación de los abogados del Estado ha mejorado su desempeño en
la defensa judicial, garantizando una representación más efectiva en los tribunales.
El sistema también ha buscado promover la transparencia y la rendición de cuentas en la
defensa judicial del Estado, implementando mecanismos de supervisión y control para
garantizar que las acciones legales se realicen de manera ética y en cumplimiento de la
normativa vigente.
Sin embargo, existen desafíos que limitan la eficacia del sistema. Uno de ellos es la carga
de trabajo y la capacidad limitada de los abogados del Estado para atender todos los casos.
Esto puede resultar en demoras en los procesos judiciales y afectar la efectividad de la
defensa de los intereses del Estado.
Sin embargo, existen desafíos que limitan la eficacia del sistema. Uno de ellos es la carga
de trabajo y la capacidad limitada de los abogados del Estado para atender todos los casos.
Esto puede resultar en demoras en los procesos judiciales y afectar la efectividad de la
defensa de los intereses del Estado.
El sistema se enfrenta a un alto volumen de casos en los que el Estado está involucrado, lo
que puede resultar en demoras y dificultades para brindar una defensa efectiva. Esta
sobrecarga de trabajo puede tener implicaciones negativas para la eficacia y la calidad de
la defensa judicial.
El sistema se enfrenta a un alto volumen de casos en los que el Estado está involucrado, lo
que puede resultar en demoras y dificultades para brindar una defensa efectiva. Esta
sobrecarga de trabajo puede tener implicaciones negativas para la eficacia y la calidad de
la defensa judicial.
El sistema puede enfrentar dificultades para llevar a cabo un análisis exhaustivo de cada
caso debido a limitaciones en la capacidad de análisis de los abogados del Estado. Esto
puede afectar la calidad de la defensa y la toma de decisiones basada en una evaluación
completa de las circunstancias legales.

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La Defensa Judicial del Estado es una función que tiene como objetivo proteger los intereses
del Estado en los procesos judiciales. El MINJUS-CNDJE (Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos - Consejo Nacional de Defensa Jurídica del Estado) es el encargado de liderar y
coordinar esta función en Perú. A continuación, se presenta un ejemplo concreto de la
Defensa Judicial del Estado:
En 2008, se emitió el DS N° 017-2008-JUS, que establece el Reglamento del Sistema de
Defensa Jurídica del Estado. Este reglamento establece las atribuciones y responsabilidades
de las entidades encargadas de la defensa jurídica del Estado, así como los procedimientos
para la gestión de los procesos judiciales en los que el Estado es parte. La Procuraduría
General del Estado es una entidad adscrita al MINJUS-CNDJE que tiene como función
principal la defensa jurídica del Estado.
Esta entidad se encarga de representar al Estado en los procesos judiciales y
administrativos en los que este es parte, así como de brindar asesoría legal a las entidades
públicas.
En el canal de YouTube del MINJUS, se pueden encontrar capacitaciones sobre el Sistema
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, entre otros temas relacionados con la defensa
jurídica del Estado.
10. Sistema Administrativo de Control (Contraloría)
El sistema administrativo de control en Perú, bajo la responsabilidad de la Contraloría
General de la República, ha experimentado avances significativos en la lucha contra la
corrupción y la supervisión de los recursos públicos. Sin embargo, aún persisten desafíos
que limitan su eficacia. La escasez de recursos humanos y técnicos en la Contraloría dificulta
la profundidad y cobertura de sus auditorías y controles. Además, la corrupción continúa
siendo un problema arraigado en el país, lo que implica que algunos actos ilícitos no son
detectados ni sancionados. Asimismo, es necesario fortalecer la independencia política y
financiera de la Contraloría para garantizar una mayor eficacia en su labor de control. En
resumen, aunque se han logrado avances, se requiere un mayor impulso para superar los
desafíos y fortalecer el sistema de control administrativo en Perú.
El sistema administrativo de control en Perú, bajo la responsabilidad de la Contraloría
General de la República, enfrenta desafíos que afectan su eficacia y desempeño. Algunos
de los aspectos problemáticos son los siguientes
La Contraloría se ve limitada en términos de recursos humanos y técnicos, lo cual dificulta
la realización de auditorías exhaustivas y controles efectivos. Esta falta de recursos puede
obstaculizar la detección y prevención de actos de corrupción en la administración pública.
La Contraloría se ve limitada en términos de recursos humanos y técnicos, lo cual dificulta
la realización de auditorías exhaustivas y controles efectivos. Esta falta de recursos puede
obstaculizar la detección y prevención de actos de corrupción en la administración pública.
Persistencia de la corrupción: A pesar de los esfuerzos de la Contraloría, la corrupción sigue
siendo un problema arraigado en el país. Existen actos ilícitos que no son detectados o
sancionados, lo cual evidencia debilidades en el sistema de control y supervisión.

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Limitaciones en la independencia política y financiera: Aunque la Contraloría goza de
autonomía técnica y funcional, su independencia política y financiera puede estar sujeta a
ciertas limitaciones. Estas limitaciones podrían influir en su capacidad para llevar a cabo
investigaciones y controles sin interferencias externas.
Debilidades en la rendición de cuentas: A pesar de su función de control, la Contraloría ha
sido objeto de críticas por la falta de transparencia en la rendición de cuentas sobre su
propio desempeño. Esta situación genera dudas sobre su capacidad para garantizar una
supervisión efectiva y un uso adecuado de los recursos asignados.
La Contraloría realiza servicios de control en diversas entidades públicas, con el objetivo de
verificar el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos . Estos servicios de
control pueden ser de distintos tipos, como auditorías, revisiones de cumplimiento,
evaluaciones de desempeño, entre otros.
La Contraloría también tiene la facultad de sancionar a los funcionarios y servidores
públicos que incurran en faltas administrativas. En la plataforma digital de la Contraloría se
pueden encontrar las sanciones inscritas y vigentes en el ámbito de la potestad
sancionadora de la entidad
11. Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública (PCM-SGP)
El sistema administrativo de Modernización de la Gestión Pública (PCM-SGP) ha sido
implementado con el objetivo de mejorar la eficacia y la calidad de los servicios públicos,
así como promover una gestión más eficiente y transparente en la administración estatal.
Para evaluar su eficacia, es necesario analizar tanto los logros alcanzados como los desafíos
que aún persisten.
En términos positivos, el sistema de Modernización de la Gestión Pública ha permitido una
mayor profesionalización de los servidores públicos y una mejora en la capacidad de gestión
de las entidades estatales. Se ha buscado reclutar y evaluar a personal más calificado y
comprometido, lo que ha contribuido a una administración más eficiente.
Además, se ha promovido la adopción de tecnologías de la información y comunicación
(TIC) en la gestión pública, lo que ha permitido una mayor eficiencia en los procesos
administrativos y una mejora en la calidad de los servicios brindados. Esto ha facilitado el
acceso de los ciudadanos a los servicios públicos y ha fomentado la transparencia en la
gestión estatal.
Asimismo, se han establecido mecanismos de evaluación y seguimiento para garantizar la
rendición de cuentas en la gestión pública. Esto ha permitido una mayor supervisión de las
entidades estatales y una identificación temprana de posibles problemas, lo que ha
contribuido a una gestión más eficiente y a la mejora continua de los servicios públicos.
No obstante, el sistema de Modernización de la Gestión Pública también enfrenta desafíos
en cuanto a su eficacia. Uno de los principales desafíos es la resistencia al cambio y la falta

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de compromiso por parte de algunos servidores públicos. La implementación de cambios
en la gestión y la adopción de nuevas tecnologías pueden encontrar resistencia, lo que
puede limitar la eficacia del sistema.
El sistema administrativo de Modernización de la Gestión Pública (PCM-SGP) presenta
ciertos aspectos problemáticos que deben ser considerados desde una perspectiva política.
Algunos de estos aspectos incluyen:
1. Resistencia al cambio: La implementación de cambios en la gestión y la adopción de
nuevas tecnologías pueden encontrar resistencia por parte de algunos servidores públicos.
Esta resistencia puede obstaculizar la implementación efectiva de las políticas de
modernización y limitar la eficacia del sistema.
2. Coordinación interinstitucional limitada: Existe la necesidad de una mayor coordinación
y cooperación entre las diferentes entidades estatales involucradas en la gestión pública.
La falta de una comunicación fluida y una planificación estratégica conjunta pueden afectar
la implementación coherente de las políticas de modernización.
3. Participación ciudadana insuficiente: A pesar de los mecanismos de participación
implementados, aún existen desafíos para promover una mayor participación ciudadana en
la toma de decisiones y la rendición de cuentas. Esto puede afectar la legitimidad y la
transparencia del sistema.
La Estrategia de Modernización de la Gestión Pública (2012-2016) es un ejemplo concreto
de la modernización de la gestión pública en Perú. Esta estrategia establece los objetivos y
metas para la modernización de la gestión pública en el país, y define las acciones y medidas
necesarias para lograrlos. Entre los objetivos de la estrategia se encuentran la mejora de la
calidad de los servicios públicos, la simplificación administrativa, la transparencia y la
participación ciudadana.