Sintesis informativa 07 octubre 2015

DE LOS DIARIOS MÁS IMPORTANTES DEL ESTADO DE OAXACA
Miércoles 07 de Octubre de 2015
Desde
Puerto Escondido
Oaxaca
México
En: http.//www.megaradioexpress.com.mx

“Desaparecen” $600 millones de Cámara de Diputados
OLIVIA HERNÁNDEZ @xiucoatlcihuatl
Diputados que enviaron un oficio a la Tesorería del Congreso del estado pasar saber cuál fue el
destino de 600 millones de pesos, reiteraron su exigencia para que el presidente de la Junta de
Coordinación Política del último ejercicio, Jesús López Rodríguez, y su tesorero rindan cuentas
sobre la aplicación del dinero que pertenece al poder Legislativo.
Encabezados por el diputado del partido Movimiento Ciudadano (MC), Ericel Gómez Nucamendi, los
legisladores aseguraron que este proceso es necesario para que la ciudadanía tenga conocimiento
en qué se ha utilizado el recurso económico.
“Pues no es posible que se exija la rendición de cuentas a otras instituciones, presidentes
municipales y funcionarios, pero no se pueda exigir lo mismo al propio Congreso”, destacó el
legislador.
Los diputados del Partido Social Demócrata (PSD), de la Revolución Democrática (PRD), Nueva Alianza (PANAL), Unidad Popular (PUP), Acción Nacional (PAN)
y Movimiento Ciudadano (MC), aseguraron que desde que el Sol Azteca tomó la Junta de Coordinación Política, todos los recursos se han manejado con
opacidad. Desde Anselmo Ortiz, Félix Serrano y Jesús López Rodríguez, junto con sus tesoreros, no han realizado un buen manejo de los recursos, lo que ha
ocasionado problemas al interior del legislativo.
Por lo que, aseguraron, continuarán con su exigencia hasta donde la ley les permita, por lo cual procederán con una denuncia.
Baño VIP busca lastimar mi imagen: Cué
YURI SOSA @YuriSosa04
Sin dar mayores detalles sobre la construcción de un baño exclusivo en el Auditorio Guelaguetza que
costó más de un millón y medio de pesos, el gobernador Gabino Cué Monteagudo, aseveró que es
información publicada con la intención de lastimar su imagen y su administración, de cara al próximo
proceso electoral.
El mandatario estatal defendió la inversión de 40 millones de pesos que el gobierno estatal realizó para
la remodelación del Auditorio en el Cerro del Fortín, en donde, en ocasiones, cada "Lunes del Cerro"
acude al baño "donde lo hace la gente normal".
Información como la publicada por Grupo Reforma, es sólo una de tantas que surgirán, apuntó Cué
Monteagudo, pues agregó que "es el fenómeno normal de los ciclos del poder".
"Estas declaraciones (sobre el costo de 1.5 mdp del baño) se deben decir con veracidad y sustentarse con elementos", refirió el gobernador, quien exhortó a
quienes conocen de algún desvío de recursos dé parte de los funcionarios y que los denuncien, para lo cual deben acudir a la contraloría o a la Fiscalía.
LAMENTABLE RESOLUCIÓN DE LA CORTE
El gobernador Gabino Cué Monteagudo lamentó que por "fallas en el proceso de la votación de la ley electoral en Oaxaca (en el Congreso Local)" la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya anulado la ley electoral de la entidad.
Cué Monteagudo dijo que se trataba de una iniciativa que el Poder Ejecutivo había entregado a la LXII Legislatura local que se homologaba con la federal y
permitía figuras que enriquecían la vida democrática de Oaxaca.
Opera Gabino Cué en paralelo al OPLE
AGENCIA REFORMA
OAXACA, Oaxaca.- Durante la consulta sobre la construcción del Centro Cultural y de Convenciones,
el Gobierno de Oaxaca operó una estructura paralela al Organismo Público Local Electoral (OPLE), la
cual le permitió tener los resultados finales 24 horas antes que la autoridad electoral.
Personal del Instituto Estatal Electoral reportó que el domingo, personal del Gobierno de Gabino Cué
se presentó en cada una de las 147 mesas receptoras para tomar fotografías a las actas de escrutinio
que elaboraron los funcionarios de esas mesas, antes de que las enviaran al Instituto.
Esa estructura le proporcionó la información para adelantar, mediante un comunicado, los resultados que atribuyó a la autoridad electoral, sin ser cierto.
Al día siguiente, el OPLE realizó el cómputo final y los resultados fueron muy cercanos a las cifras que les "madrugó" Cué.
Los votos a favor de la obra que ya se construye desde hace cuatro meses sumaron 13 mil 209 contra 5 mil 504 ciudadanos en contra; 497 boletas de opinión
fueron anuladas.

Voto de consulta, similar al costo del electoral
Defiende IEEPCO "éxito" de consulta
CITLALLI LÓPEZ VELÁZQUEZ
Ante el alto grado de abstencionismo en la Consulta Ciudadana sobre la Construcción del Centro
Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO) en el Cerro del Fortín, el costo del voto emitido fue
similar al que se destina para el voto en los procesos electorales.
Considerando que para la consulta se destinó un presupuesto de 3.5 millones de pesos, cada
papeleta en urna tuvo un valor de 182 pesos, pues de las 214 mil 359 mil personas en padrón, solo
participaron 19 mil 210, es decir el 8.96 por ciento.
La erogación de recurso público fue de poco más de dos salarios mínimos por cada una de las
personas que salió a emitir su opinión, lo que constituye a este ejercicio en un instrumento caro de
medición de la voz ciudadana.
No obstante el 94 por ciento de abstencionismo, para el IEEPCO el nivel de participación fue
positivo comparado con los registrados en consultas realizadas en el Distrito Federal y Jalisco,
argumentó el consejero electoral, Uriel Pérez García, responsable de la consulta ciudadana.
En dichas entidades del país que hasta el momento eran las únicas en donde se había aplicado un ejercicio de participación ciudadana de este tipo, el porcentaje
de asistencia a las urnas ha sido menor al 2 por ciento.
"Si consideramos que en el municipio de Oaxaca de Juárez hay una participación, en una primera consulta en el estado de casi el 9 por ciento, es para celebrar
de alguna manera que tenemos ese nivel de participación", destacó.
Así, precisó que en el 2014 durante la consulta realizada en Jalisco, con 279 urnas electrónicas, se tuvo una participación del 0.2 por ciento de la lista nominal
con la emisión de 13 mil 662 opiniones.
En ese mismo año, preció, el nivel de participación en el Distrito Federal fue del 2.1 por ciento, sin embargo el número de participantes en las 2 mil 66 urnas fue
de 161 mil 440 personas
"El Distrito Federal ha alcanzado esa participación a lo largo de varios años. Por supuesto la ciudadanía está más familiarizada en esos temas", declaró.
El funcionario electoral destacó que tal como se realiza en los procesos electorales, las papeletas van a permanecer algún tiempo en resguardo del órgano
electoral y más adelante se desarrollará su destrucción.
126.80 Pesos, costo del voto en las elecciones del 7 de julio del 2013.
158.84 Pesos, costo del proceso electoral local 2010.
182 Pesos, costo del voto de la consulta ciudadana sobre el Centro de Convenciones.
TRAS CONTEO FINAL
Minimizan Pro-Oax y Frente en Defensa del Fortín resultados de consulta
ISMAEL GARCÍA MORALES
Tras los resultados finales del IEEPCO sobre la consulta efectuada el domingo, representantes del Frente en Defensa del Cerro del Fortín (FDCF) y del Patronato
Pro Defensa y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural de Oaxaca (Pro-Oax) minimizaron el sí y dijeron que con el abstencionismo del 91 por ciento, los
capitalinos rechazaron ese ejercicio.
Reiteraron que la consulta fue un fracaso y que de ninguna manera legítima la construcción del Centro Cultural y de Convenciones (CCCO); no obstante,
alertaron que la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico utilizará la jornada efectuada el 4 de octubre para continuar con los trabajos, iniciados en el
estacionamiento desde junio pasado.
"Con estos datos, lo que se concluye es que el total de los que salieron a votar apenas representan el 8.96 por ciento de los electores, cifra ridícula si se toma en
cuenta la millonaria campaña publicitaria desplegada por la Secretaría de Turismo a favor del CCCO y las amenazas y chantajes llevadas a cabo por funcionarios
del gobierno sobre sus trabajadores y líderes empresariales", expusieron.
Señalaron que el ejercicio de ninguna manera pueden ser calificado de democrático y mucho menos ser "referente nacional" como lo aseguró en un comunicado
de prensa el gobierno estatal.
"Con esta consulta efectivamente gana la sociedad, porque con su ausencia en las urnas refrendó su rechazo a una farsa organizada y avalada por un órgano
electoral que se desacreditó institucionalmente y que ha perdido respeto y credibilidad.
"Los consejeros electorales del IEEPCO no solamente demostraron sometimiento al Poder Ejecutivo, sino que también demostraron incapacidad e ineficacia para
hacer respetar sus propias reglas establecidas en un convenio suscrito con el gobernador", expusieron a través de un comunicado.
Recriminaron también que la Secretaría de Turismo haya suspendido parcialmente la publicidad gubernamental a favor del Centro Cultural y de Convenciones, al
retirar únicamente spots en radio y televisión, así como anuncios en periódicos, pero no quitaron los espectaculares; además, "hubo compra y coacción de
votantes, sobre todo entre trabajadores de confianza del gobierno".
Advirtieron que su movimiento en contra de la CCCO continuará por las vías legales y a través de la denuncia pública a nivel nacional e internacional, para evitar
que el gobierno atente contra el cerro del Fortín
En redes, convocan a asesinar a Toledo por oponerse al CCCO
PROCESO
OAXACA, Oax.- Con la etiqueta #muerteatoledoyloenemigosdelCCCO se inició una campaña sucia en contra de los pintores Sergio Hernández y Francisco
Toledo por oponerse al negocio del secretario de Turismo, José Zorrilla.

Los artistas plásticos advirtieron que “nada de esto nos amedrenta”; al contrario, indicaron que los motiva a continuar la lucha por la defensa del Cerro del Fortín
en tribunales nacionales y ante instancias internacionales.
@chidisimo33” se denuesta a Toledo y Hernández.
Los aludidos denunciaron que más de siete millones de pesos costó la consulta “ilegal, ilegítima y tramposa” del gobernador Gabino Cué para que su secretario
de Turismo, José Zorrilla construya un Centro Cultural y de Convenciones (CCCO) en el Cerro del Fortín que beneficia el hotel Victoria, del que es accionista.
En una carta a la opinión pública, manifestaron que “nos preocupa sobre todo los signos ominosos de represión en el horizonte: el acoso de las autoridades a
nuestros esfuerzos de información y la aparición de hashtag tan sugerentes como #muerteatoledoylosopositoresalCCCO”.
E insistieron en que Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCO) fue el que más perdió con el “fraude” anunciado, porque quedó
deslegitimado para el proceso electoral que iniciará el próximo jueves 8.
Detallaron que el pasado domingo 4 se consumó un fraude larga y múltiplemente denunciado, donde “no hay sorpresa alguna en el resultado” que favoreció al
negocio de los colaboradores de Gabino Cué.
Lo que sorprendió es que a pesar del nivel de mapachería alcanzado en complicidad con el IEEPCO, el gobierno haya obtenido tan pobres resultados, donde
menos de 10% del padrón nominal de esta capital acudió a votar.
“Si se suma la costosa campaña de los promotores del CCCO, la burda coacción y compra de votantes, la ausencia casi completa de garantías de equidad, se
trata de una victoria pírrica del gobierno, que sin embargo nos habrá costado por lo menos 7 millones de pesos a los contribuyentes”, destaca la carta.
Remata: “Ya habíamos denunciado que la consulta era ilegal, ilegítima y tramposa, pero ahora nos preocupa que sus resultados vayan a usarse para justificar
una obra tan cuestionada desde los puntos de vista ecológico, histórico y social, así como el descrédito del árbitro electoral frente al proceso que se avecina”.
Miente Gabino Cué a oaxaqueños con su consulta ciudadana: Cociss
octubre 7, 2015 | Autor admin
Montiel Cruz
Integrantes de la Coordinadora de Comunidades Indígenas de la Sierra Sur (Cociss), encabezados por su dirigente Josías Ramos Ruiz, en tono molesto denunciaron que el gobierno del
estado, a través del secretario de Turismo y Desarrollo Económico, José Zorrilla de San Martín, mintió con la consulta ciudadana realizada el pasado domingo 4 de octubre.
El activista manifestó que fue poca la participación y fue producto de un proceso amañando, lo cual no es una derrota, debido que se logró exhibir al gobierno de Gabino Cué, quien sigue
engañando a los oaxaqueños.
Según el líder de Cociss están a favor del CCCO, pero no en el Cerro del Fortín, porque sólo va beneficiar al titular de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, José Zorrilla de San
Martín.
Dijo que están en riesgo de cometer un “ecocidio” en esa zona del cerro del Fortín, que es el pulmón de Oaxaca y además es un área de reserva ecológica en el estado.
El también Coordinador de Comunidades Indígenas de Ozolotepec criticó que Gabino Cué Monteagudo haya gastado 3.5 millones de pesos en la consulta que realizó el Instituto Estatal y de
participación Ciudadana de Oaxaca, siendo que Oaxaca es una de las entidades más pobres del país.
“El gobierno le invirtió a la consulta ciudadana dinero que pudo servir para contrarrestar la pobreza y la marginación de los pueblos de la Sierra Sur”, remarcó.
“Oaxaca sigue sumergido en la pobreza y nuestro gobernante se da el lujo de gastar millones de pesos en una consulta ciudadana amañada y manoseada por funcionarios de la
administración de Gabino Cué”, lamentó el activista.
El dirigente recalcó la inutilidad del gasto de millones de pesos en la consulta ciudadana, afirmando que era sabido el resultado, producto de una trampa al pueblo de Oaxaca.
Para finalizar, afirmó que el sí al CCCO favorece a Zorrilla de San Martin, uno de los funcionarios más ricos de Oaxaca, que se ha beneficiado del erario del estado de Oaxaca.
Mario Osiris Benavides
16 h ·
El mañoso y mafioso de Ladino Cué intenta tomarnos una vez más el pelo. Los resultados de SU "consulta ciudadana" sobre el CCO NO REPRESENTA
A TODO EL ESTADO, ni siquiera a la mayoría.
La dizque consulta ciudadana fue un ejercicio fraudulento, en que se condicionó a empleados públicos, en que, a todas luces, evidentemente, se amañó
el dizque proceso democrático. En que se gastó nuestro dinero para enviar mensajitos a teléfonos celulares para intentar convencer, ventajosamente, a
los ciudadanos para votar a favor del prostíbulo y negocio estrictamente personal de Pepe Zorrilla, que llaman elegantemente "centro de convenciones".
Se dice que inclusive muchos votos se emitieron por terceros a partir de "copias fotostáticas" de credenciales de elector.
En toda la entidad somos casi 4 millones... sí, casi o más de 4 millones de oaxaqueños (4'000,000). Tan sólo en la Ciudad de Oaxaca, en la capital,
somos alrededor de 600 a 700 mil (600,000 a 700,000) habitantes.
Si consideramos solamente la población de la ciudad de Oaxaca que es de (dejémosla en) 600,000 (600 mil habitantes), y si hablamos de solamente
21,526 votos emitidos en la mañosa consulta, estamos hablando de una representación del 3.59% solamente, y eso hablando de TODOS los supuestos

votos emitidos. Si hablamos de los votos "a favor" de la construcción del CCO, que fue, supuestamente, de 12,134 votos, de 600,000 habitantes, sólo
representan un 2.02%. Pero vayamos más allá...
Oaxaqueños somos todos los que nacimos y vivimos en la entidad, no sólo los que viven en la capital. De aproximadamente 4 millones de ciudadanos
(4'000,000), 12,134 "votos a favor" apenas representan el 0.30%... Ni siquiera el 1%.... Vamos, ni siquiera la mitad del 1%, ni por lo menos el 0.50%
¿Ya ven, estimados lectores, por qué no hay que pensar ni hablar aguado? Analicemos, seamos congruentes. La participación en esta mañosa consulta
fue del mismo pequeño tamaño del grupo de atarantados que desean seguir viviendo DE NUESTRO DINERO. No lo permitamos. NOSOTROS SOMOS
MÁS, y los que decidimos y mandamos SOMOS NOSOTROS, ELLOS SON NUESTROS EMPLEADOS.
Sin facultades Sección 22 para sancionar a directivos, supervisores y docentes: IEEPO
REDACCIÓN
El Director de Servicios Jurídicos del Nuevo Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO),
Raúl Pérez Zorrilla, aseguró que ningún representante de la dirigencia de la Sección 22 de la CNTE o
miembro de la estructura sindical, cuenta con facultades legales para sancionar o desconocer a
directores y supervisores escolares.
Mediante un comunicado, Pérez Zorrilla precisó que es la autoridad educativa, a través de la Oficialía
Mayor, la única instancia que tiene la posibilidad jurídica de realizar movimientos laborales y
administrativos. “Por lo que cualquier acto contrario es violatorio a la ley”.
Lo anterior, luego de las declaraciones del líder de la Sección 22, Rubén Núñez, al acusar de traición a
los supervisores y directores que reportaron faltas al Instituto durante el pasado 2 de octubre.
‘‘Como lo dice la Real Academia de la Lengua Española en su diccionario, traición es fallar a alguien, es abandonarlo, aquí quien traiciona su deber son aquellos
que el pasado viernes dejaron abandonados a sus alumnos al no presentarse a dar clases en un día hábil’’, sostuvo el apoderado legal.
Asimismo, el representante jurídico del Instituto aseguró que a partir del 20 de julio –fecha en que se emitió el decreto modificatorio que da pie a la creación del
nuevo IEEPO- los niveles educativos ya no existen, y que todos aquellos exfuncionarios que pretendan usurpar funciones, serán responsables de este ilícito
ante la ley.
‘‘El llamado del dirigente magisterial para que los ‘niveles educativos’ lleven a cabo un censo de los directores institucionales para sancionarlos, carece de
validez alguna, ya que estas personas no son mandos del Instituto. Y en caso de llevarse a cabo esta instrucción, estarían incurriendo en un delito que debe ser
castigado; hasta la fecha tenemos a tres personas denunciadas por estos actos y tendrán que responder ante la ley’’, afirmó Pérez Zorrilla.
Dijo que, de acuerdo con la nueva estructura del Instituto autorizada por la Junta Directiva, ya no existen los once niveles educativos que integraban la anterior
organización del IEEPO; ahora sólo se reconocen seis unidades educativas cuyos titulares tomaron protesta el pasado 1 de octubre.
Los nuevos seis funcionarios tienen una probada calidad académica y ética, por lo que ante el llamado sindical para desconocerlos, el Director de Servicios
Jurídicos del Nuevo IEEPO dijo que ningún delegado de la gremial tiene esas atribuciones, toda vez que dichos nombramientos están reconocidos por la ley y se
basan en una estructura fundada jurídicamente.

Cerrarán 20 “escuelas” de la Sección 59
Cerca de 20 módulos de poco más de 100 que operan bajo el cobijo de la Sección 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) serán
cerrados en el transcurso del año, de los cuales en 5 ya dejaron de dar servicio escolar, anunció el secretario general de la gremial, Joaquín Echeverría Lara.
Este proceso forma parte de la regularización interna que realizan los maestros de esta sección, en el que cerrarán aquellos centros en donde acuden no más de
20 alumnos, aproximadamente, indicó el profesor.
El objetivo de dicho ejercicio es que los planteles, en los que la Sección 59 del SNTE da clases, cumplan con los requisitos necesarios para recibir su clave y uno
de ellos es tener más de 20 estudiantes, apuntó el dirigente.
Echeverría Lara agregó que contar con un terreno con infraestructura para aulas y el número de docentes suficientes para atender a la población educativa son
otros de los requisitos de la gremial debe cumplir.
Por eso, en los casos en los que se comparte edificio con la Sección 22 del SNTE y en los que la sección 59 da clases en el patio o afuera del plantel se buscará
la forma de ingresar al centro, apuntó el líder.
Los maestros que dan servicio en los módulos que cerrarán regresarán sus planteles base, y aquellos estudiantes que reciben clases o recibían clases serán
atendidos por el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) o en los planteles de la Sección 59 más próximos, explicó Echeverría Lara.
Retiene IEEPO $38 millones de Sección 59
Más de 38 millones de pesos, es el adeudo que tiene el Instituto Estatal de Educación Pública de
Oaxaca (IEEPO) con la Sección 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), pese a
que el recurso fue entregado por el gobierno federal desde el mes de julio, denunció el líder de la gremial,
Joaquín Echeverría Lara.
El pago pendiente corresponde a los salario del ciclo pasado de mil 200 profesores comunitarios, por lo que el
secretario general de este sindicato demandó al gobernador Gabino Cué Monteagudo que ordene al Instituto
educativo la entrega del dinero.
El profesor detalló que desde hace más de dos meses, los 38 millones 400 mil pesos para liquidar los salarios fueron entregados por la federación y de lo cual
tienen pruebas.
Echeverría Lara indicó que el IEEPO no rinde una justificación, pero a su criterio, refirió que el problema es administrativo por parte de la dependencia estatal.
A ese adeudo se le suma el pago pendiente para 200 profesores de base, a quienes desde enero a la fecha, se les debe entre una y dos quincenas, apuntó el
líder, aunque de este último adeudo no detalló la cifra.
Por otra parte, el secretario general de la Sección 59 del SNTE confirmó que los documentos escolares pendientes para los alumnos que reciben clases en
escuelas de esta gremial ya fueron entregados en su totalidad por el IEEPO.
Para los alumnos de cerca de 500 planteles de los diferentes niveles escolares, el IEEPO cumplió con otorgarles sus certificados del ciclo 2013-2014 y 2014-
2015, aseguró el profesor, quien agregó que algunos documentos sólo se encuentran en etapa de corrección de algún dato.

Pobladores de Mitlatongo exigen a Gabino Cué cumplir su palabra
Águeda Robles
Una falla geológica dejó a Santiago y Santa Cruz Mitlatongo partidos a la mitad, muchas familias perdieron todo, menos la esperanza de seguir adelante; ésa se las está robando el gobierno
del estado que desde el 2011 no ha cumplido con la promesa de apoyarlos, denunciaron con una toma de la avenida Juárez, frente a la Casa Oficial.
Con sentimiento de marginación ante la pobreza que ha abierto más brecha entre los suyos, las autoridades municipales acudieron a la ciudad de Oaxaca para levantar sus voces y no
permitir que al igual que su pueblo, las promesas de ayuda se consuman en la tierra.
Bonifacio Israel López dijo: “Seguimos hundidos en la miseria, en el olvido y el abandono, estamos llenos de coraje y frustración y es que, nos enteramos cómo este gobierno se gasta un
millón y medio en un sanitario cuando nosotros llevamos cinco años sin tener los servicios más básicos”, sostuvo el suplente del agente de Santa Cruz Mitlatongo.
A finales de 2012, el gobernador Gabino Cué Monteagudo prometió que entregaría 183 viviendas terminadas a Santa Cruz y 302 a Santiago, con todos los servicios incluidos. Sin embargo
esta promesa se difuminó, pues tan solo ha otorgado la construcción de algunas cuantas y en mal estado.
“A cuatro años los avances son mínimos, en Santa Cruz sólo han entregado 23 viviendas en obra negra, con filtraciones y pisos levantados, el drenaje y agua potable tiene sólo el 50 por
ciento de avance y no hay electricidad”, dijo.
El pasado 29 de abril, en Santiago Mitlatongo, el gobernador, en reunión con los habitantes y dependencias correspondientes, se comprometió a entregar 152 viviendas con todos sus
servicios para el mes de julio, mientras otras 150 se otorgarían a finales de octubre para dar un total de 302 casas.
Hasta el día de hoy, de estas 302 existen sólo 214 viviendas construidas sin puertas ni ventanas y con la falta de todos los servicios, además hay 50 más que pretenden entregar sin los
servicios como agua, luz y drenaje; en tanto faltan por construir 38.
EN LA COSTA
Impugna Jamiltepec redistritación del INE
LAS AUTORIDADES MUNICIPALES ENTREGARON MÁS DE 2 MIL 400 DEMANDAS CIUDADANAS EN LAS OFICINAS DEL INE EN LA
CIUDAD DE MÉXICO
MARCOS HERNÁNDEZ/CORRESPONSAL
SANTIAGO JAMILTEPEC, OAX.- Habitantes de este municipio de la región de la Costa,
presentaron formalmente su demanda en contra del acuerdo del Instituto Nacional
Electoral (INE), de fecha 2 de septiembre pasado, por el que se aprueba la demarcación
territorial de los Distritos Electorales Uninominales Locales, en que se divide el Estado de
Oaxaca y sus respectivas cabeceras distritales.
MÁS DE DOS MIL DEMANDAS CIUDADANAS
Una comisión de ciudadanos de la población de Santiago Jamiltepec, encabezados por el
presidente municipal, Braulio Hernández Ocampo, el pasado primero de octubre se
apersonaron en las oficinas centrales del INE en la Ciudad de México, donde presentaron
31 cajas que contenían más de 2 mil 400 demandas ciudadanas.
"Con esta demanda legal se le dará el trámite correspondiente, y en su oportunidad será
remitido a la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para la sustanciación del mismo", indicó el edil Braulio Hernández
Ocampo.
LAS VIOLACIONES
Precisó que en la demanda de poco más de 40 fojas, se destaca que con la reciente distritación se violentaron los artículos 1º, 2º, 14, 16, 35, fracción II, y 41 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Asimismo, se violan los artículos 5 y 14 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 3, 4 y 8 del Convenio 196 de organización
internacional del trabajo, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.
AGRAVIAN A LOS INDÍGENAS
"Si la autoridad electoral hubiese dado amplia difusión de sus trabajos, si hubiese organizado foros de consulta, hubiésemos tenido la oportunidad de argumentar,
de hacer nuestros planteamientos, hubiesen podido participar Instituciones como la Secretaria de Asuntos Indígenas (SAI), la Comisión Nacional Para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y académicos; desafortunadamente el INE no lo hizo", reprochó Hernández Ocampo.
En este sentido, aseguró que el actuar de la autoridad electoral causa agravio a los pobladores de Jamiltepec, porque no solo se está violando la disposición
constitucional, sino todo el caudal legal y jurídico que los protege como Indígenas de un pueblo originario.
FACTORES CULTURALES Y ÉTNICOS
"Por eso solicitamos que esta autoridad electoral declare sin efectos dichos trabajos y ordene que se nos escuche y sean tomados en cuenta nuestros
planteamientos, que la redistritación se haga tomando en cuenta los factores culturales y étnicos y no de carácter poblacional, volumen de población, sino una
representación de sectores indígenas", concluyó.
De su parte, el asesor jurídico de la administración municipal, Miguel Calderón Cisneros, hizo mención que el juicio para la protección de los derechos político-
electorales de los ciudadanos de Santiago Jamiltepec, en contra del acto del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se fundamenta en los artículos 1º,
2º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79, 80 y demás relativos y aplicables de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación
en Materia electoral.

LARGA JORNADA
La demanda, dijo, se presentó luego de una larga jornada, donde los ciudadanos interesados presentaron un escrito de inconformidad y copia de la credencial
para votar con fotografía, y que los acredita como ciudadanos en ejercicio de sus derechos políticos.
El también abogado de profesión, precisa que en dicho escrito solicitan a la autoridad electoral emita sentencia declarando fundados y operantes los agravios
expresados respecto a los actos que reclaman del Consejo General del INE, a fin de que se les proteja y restituya el goce de sus derechos político-electorales de
votar y ser votados.
Espinaleños decidirán en asamblea si dan luz verde a parque eólico
Exigen a Eólica del Sur cumplir 25 puntos, en especial los límites territoriales; los 300 propietarios piden igualdad de
beneficios
por Diana Manzo el Miércoles 7 de octubre de 2015 - 05:00:02
El Espinal.- Propietarios del municipio de El Espinal que arrendaron sus tierras a la empresa Eólica del Sur para la construcción de un parque eólico
informaron que será en asamblea en la que participe el pueblo en general la que decidirá si se construye o no el parque eólico.
Puntualizaron que en diciembre del 2013, la empresa celebró en esta ciudad una consulta indígena - la primera a nivel nacional- para la construcción del parque eólico, a lo
que todos lo aprobaron, sin embargo, nunca les dijeron que compartirían este parque con el municipio de Juchitán.
Dijeron que Eduardo Centeno, representante de la empresa, les mintió al no especificar que ocuparía ambas extensiones territoriales, El Espinal con 2 mil 832 hectáreas y
Juchitán con 2mil 500 hectáreas.
“Nosotros no nos oponemos a un parque eólico porque sabemos que habrá empleo y beneficios sociales, sin embargo, nuestra molestia es la mentira que nos hizo Eduardo
Centeno porque con alevosía y ventaja nosotros pactamos la construcción, meses después nos dimos cuenta que este mismo parque también se haría en Juchitán”,
indicaron.
Los propietarios demandaron a Eólica del Sur ser equitativos con los mismos beneficios que otorgó al municipio juchiteco, que en su consulta indígena de noviembre 2014
a julio 2015, en la que se negoció un 45 por ciento de reducción de la tarifa de energía eléctrica, una parte dada por el gobierno federal y la otra por la empresa, además la
construcción de un parque comunitario de 5 megawatss y otras obras sociales.
Los 300 propietarios al ver los beneficios otorgados a los juchitecos, diez meses después establecieron 25 puntos que le exigen a la empresa cumplir, siendo el primero y
más importante el respeto de los límites territoriales de su municipio.
“Estos puntos que establecimos lo hicimos porque exigimos equidad y justicia y ahora hemos decidido llevarlo a una asamblea, para que sea la sociedad espinaleña la que
decida si el parque se realiza o no, además hemos pedido al alcalde Claudio Toledo no otorgue la licencia de construcción y permiso de uso de suelo”, informó Gastón
Dehesa, integrante de uno de los dos comités de propietarios.
Entre otras exigencias, los propietarios piden la construcción de una unidad médica de salud equipada, debido a que aseguran en este municipio existe sólo una clínica
muy pequeña que no da abasto para atender a los más de 6 mil habitantes.
“No sabemos cuándo se hará la asamblea, pero tiene que ser antes de que concluya el mes de octubre, no podemos seguir dándole más vueltas, nos oponemos a la
violencia, todo lo estamos haciendo mediante el diálogo lo que exigimos son que nos cumplan las peticiones”, expresó Joselito Valencia López, otro integrante del
Comité.
Según los propietarios, el alcalde municipal Claudio Toledo, también arrendó cuatro hectáreas de terreno para este parque eólico.
Para el permiso de licencia de uso de construcción, el municipio de El Espinal recibirá 15 millones de pesos, mientras que el de Juchitán, aproximadamente 70 millones de
pesos.
En entrevista para un canal de televisión local, el alcalde recientemente afirmó que sí firmará la licencia de construcción y otorgará el permiso de uso de suelo a la empresa
Eólica del Sur.

Confirma ASA apertura de aeropuerto de Ixtepec para vuelos
comerciales
Escrito Por Agencias
Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) anunció a través de su director general que los aeródromos de
Ixtepec en Oaxaca y Atlangatepec en Tlaxcala, permitirán realizar vuelos civiles, al contrario de que hoy en
día solamente albergan militares.
Alfonso Sarabia, director de ASA, dijo que los aeródromos de Ixtepec y de Atlangatepec permitirán aterrizajes
y despegues de aviones que se dediquen al transporte privado, los fletes o a otros asuntos comerciales.
Aseguró que posiblemente en el futuro lleguen vuelos comerciales, pero que eso lo debe ir decidiendo la
demanda de cada uno de los aeropuertos.
El objetivo es que se puedan aprovechar estas terminales aéreas, con el fin de que se permita una mejor conexión entre los estados y el resto del país, así como
para su desarrollo comercial.
En lo que se refiere al aeropuerto de Atlangatepec, que se encuentra a 17 kilómetros al norte de Apizaco, una de las ciudades más grandes de Tlaxcala, ASA
solicitó a la SEDENA y al gobierno del estado mejorar la infraestructura del lugar.
Este aeródromo era utilizado para operaciones militares, además de que el gobierno de Tlaxcala tenía un convenio con la SEDENA para usar la terminal, debido
a que el más cercano es el Aeropuerto Internacional de la ciudad de Puebla.
Por otro lado, el aeródromo de Ixtepec en Oaxaca, beneficiaría a la refinería de PEMEX que se ubica en el Istmo de Tehuantepec, además de la existencia del
puerto de Salina Cruz y la terminal de exportación de gas natural para Asia.
“La terminal de pasajeros la estamos modernizando y dentro de un año ya debe estar listo”, agregó Alfonso Sarabia, sobre la terminal de Ixtepec, que ayudaría al
aeropuerto de Huatulco.
La Corte y el laberinto de Alejandro Murat
Carlos Puig
La Corte y el laberinto de Alejandro Murat
En agosto pasado relaté en este espacio cómo el Congreso de Oaxaca, liderado por el Partido Revolucionario Institucional, había hecho un cambio a la
Constitución estatal que parecía un traje a la medida para Alejandro Murat, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores,
reduciendo de cinco a tres los años que un aspirante a gobernador tiene que haber vivido en el estado antes de las votaciones. La nueva ley electoral fue
impugnada por el Partido Morena ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que resolvió que ése y otros cambios eran inconstitucionales. El
proyecto fue del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
Los ministros determinaron la invalidez de la reforma, ya que el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice: “Sólo podrá ser
gobernador constitucional de un estado un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él, o con residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente
anteriores al día de los comicios”.
Así las cosas, de querer ser gobernador, Alejandro Murat tendrá que alegar que el artículo 23 de la Constitución oaxaqueña dice que son ciudadanos del estado
de Oaxaca los hombres y mujeres que hayan nacido en su territorio, quienes sean hijos de padre o madre oaxaqueños… Es decir, una especie de derecho de
sangre, y que por lo tanto no requiere residencia ninguna. Cabe preguntar, si esto es así, ¿por qué los priistas oaxaqueños cambiaron la Constitución?
Ayer mismo algunos ministros tocaron la constitucionalidad o no de ese artículo, pero lo abandonaron pronto, siendo que no era la litis, ni estaba impugnado. Si
se quisiera impugnar ante un eventual registro de Murat, tocaría a las instituciones electorales la decisión, ya no a la Corte.
Por si hubiera poco lío, la SCJN también declaró inconstitucional toda la nueva ley electoral de Oaxaca. En palabras del presidente de la Corte: “Porque los
diputados oaxaqueños actuaron de manera desaseada sin respetar los mínimos procedimientos”.
Esto quiere decir que la próxima elección para gobernador tendrá que hacerse con la vieja ley, que no se ajusta a los cambios constitucionales ni a la nueva ley
federal, aprobados en 2014. Tocará al Instituto Nacional Electoral hacer reglas y normas especiales.
Todo esto en una elección que de por sí —seré amable— estará complicada.

Alejandro Murat, el trashumante hijo de papá
La Feria
SALVADOR CAMARENA
Singular sainete se ha vivido en torno a Alejandro Murat, hijo de José Murat. Hay que decirlo así, nombrando a los dos, porque todo indica que estamos ante un binomio,
ante un equipo, ante una circunstancia política donde el padre cabildea por el hijo, como si al vástago le faltaran argumentos, cosa que sus amigos niegan, pero los Murat
juegan en tándem, como si no fueran terribles las recientes experiencias de los gobernadores hijos de papá en Jalisco y de Nuevo León. Porque como los Medina y los
Sandoval, los Murat, dicen diversos actores, quieren el poder, en este caso el de Oaxaca.
El sainete llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que como si no tuviera mejores y más urgentes temas que tratar ha debido atender una queja sobre un proceso,
desaseado, de reforma electoral que entre otras cosas quería rebajar los requisitos para que Murat, el hijo, pudiera concretar la ambición que también anhela Murat, el
padre.
La Corte ha determinado que la reforma electoral oaxaqueña no puede contradecir la Constitución, que una ley local no puede poner tres años como periodo mínimo de
residencia para ser gobernador (la Carta Magna habla de cinco años).
Tras el varapalo de los ministros, el as bajo la manga de los Murat es que otro artículo de la ley local, el 23 de la Constitución estatal, dice que son ciudadanos de esa
entidad aquellos nacidos en el territorio de Oaxaca incluyendo “quienes sean hijos de padre o madre oaxaqueños”.
O sea que los Murat, de alguna rara manera, tienen razón en pensar como al parecer lo hacen: al igual que ocurre con las realezas europeas, en Oaxaca por ser hijo de tal o
cual, se tendrían derechos. Ni Luis Spota en Casi el Paraíso lo habría imaginado mejor.
Salvo que esta “realeza” hace recordar en algo a lo que vimos con los pasaportes de Raúl Salinas. En el caso del hermano incómodo, la misma foto en documentos con
diversos nombres. En el caso de Murat (el hijo) cuando le conviene es residente del Estado de México, y cuando no, pues no.
Un dato de esa versatilidad, de esa trashumancia, es que el hoy aspirante a gobernar Oaxaca (el hijo) tuvo que haber demostrado en septiembre de 2012, como requisito
legal indispensable para convertirse en notario titular en el Edomex, una residencia no interrumpida de cinco años en esa entidad, donde por cierto nació.
Así que ni yendo a bailar a Chalma, que queda en el Estado de México, claro está, el notario Murat puede hoy demostrar cinco años de residencia en Oaxaca. Pero pues
para algo es hijo de su papá. Faltaba más.
¿Dónde vive Murat (el hijo)? Pues si el actual director del Infonavit fuera pieza del habitante de Los Pinos, podríamos decir que donde disponga el señor presidente, pero
hoy por hoy donde diga su papá: Nueva York, París, Edomex, Oaxaca, qué más da.
Porque donde está él, todo indica, está su papá. Y donde está su papá estarán recuerdos de una gubernatura de la que más de uno tiene presente aquel incidente (marzo
2004) donde perdió la vida un policía en una circunstancia tan oscura como impune, donde Murat (papá) se dijo víctima de un atentado. Nadie le creyó. Pero entonces no
había redes sociales, hoy sí, entonces ese autoatentado y otros episodios de la gestión de Murat (papá) podrían revivir ante la confirmación de que él y su hijo van juntos
por la gubernatura de Oaxaca.
Twitter: @SalCamarena

LA COYUNTURA | Heredarás el viento
por Francisco J. Sánchez - 7 octubre, 2015
Francisco J. Sánchez
El que perturba su casa, solo heredará el viento,
y el insensato, será esclavo del sabio de corazón.
Libro de los Proverbios / Biblia
El argumento político de los detractores del director general del Infonavit, Alejandro Rafael Murat Hinojosa, hijo del exgobernador priista,
José Nelson Murat Casab, para frenar su candidatura a la gubernatura de Oaxaca, después de la resolución de la Suprema Corte de
Justicia, es correcto, no así la burda aplicación.
Aunque el análisis legal de unos y otros se enrareció por la revancha personalizada y elfundamentalismo político de los grupos en disputa, lo
cierto es que descubrieron a quienes creen tener el derecho a los privilegios y a quienes creen tener el derecho de administrar el conflicto
social en época de privilegios.
Por eso, vale la pena comenzar a construir el ciclo teórico-político de cómo se puede apelar alderecho de sangre para alcanzar una
candidatura y en su caso, la gubernatura de Oaxaca:
1.- Si jurídicamente el derecho de sangre está fundado en la consanguinidad, construido en la naturaleza de los padres -independientemente
del lugar de nacimiento-, en la política ese derecho se argumenta con la patria potestad política, es decir, el poder absoluto y exclusivo que
el tutor tiene sobre el candidato.
2.- La patria potestad es irrenunciable, lo que significa que no puede desprenderse de ese derecho, ni por voluntad propia;
también imprescriptible, porque tampoco deja su validez o vigencia, de ahí que una afrenta política cometido por el tutor, no cambia o se
pierde con el tiempo.
Hoy, cualquier aspirante a la gubernatura en Oaxaca, heredará resentimientos, venganzas, engaños hasta poder, riqueza privilegios y
beneficios, aunque mañana cuando asuma la postulación o el ejercicio del poder, deberá construir su propio legado cuando resignifique,
modifique o destruya el modelo político anterior.
3.- Es decir, un elemento de las definiciones del candidato o gobernador será la ruptura –aunque sea sólo formal- para diferenciar el antes y
el después. Es el ciclo de la cultura política y del ejercicio del poder.
4.- Sin embargo, el derecho de sangre, también consolida el derecho de sucesión.
La herencia política corresponde a los hijos de sangre, no a los aliados al poder, ni los miembros del mismo establo.

Acaso en ausencia del heredero, se disputa el intestado político con el cónyuge sobreviviente o los hijos adoptivos, leales y confiables dentro
del círculo de poder.
5.- En ese sentido, es poco probable que se observe en Oaxaca este tipo de proceso y sí, en cambio, la última sucesión priista confirmó el
criterio de la distribución de la herencia política por estirpes.
El exgobernador Ulises Ruiz Ortíz, optó por el senador Eviel Pérez Magaña, después de la inelegibilidad política de su exsecretario general
de Gobierno, Jorge Franco Vargas y dejó crecer las estirpes como la del precandidato a la gubernatura y director general de Liconsa, Héctor
Pablo Ramírez Puga Leyva.
Es por eso que en la política local, exgobernadores como José Nelson Murat Casab, Ulises Ruiz Ortiz o Diódoro Carrasco hacen valer
sus derechos de señor feudal porque todos los que buscan la gubernatura de Oaxaca son proyecto de un grupo de poder, que por la
estructura de privilegios, concentran los beneficios, incluso de la sucesión, y otros más, la mayoría, la viven margen.
Solo eso.
Especialista en análisis y estrategia política.
Twitter: @lacoyunturamx
Correo electrónico: franciscosanchezhernandez@yahoo.com.mx
CARLOS ORNELAS
SEP: vuelta a la página
Hace unas semanas, en un seminario sobre política educativa en la sede de Aguascalientes del Centro de Investigación
y Docencia Económicas, uno de los participantes —alto funcionario del Instituto de Educación de Aguascalientes en
varias ocasiones— comentó que cada seis años tenemos secretarios de Educación Pública que quieren inventar el
mundo. Y antes de que canten los gallos empiezan a desmantelar lo que sus predecesores hicieron o propusieron.
07 de Octubre de 2015
Parece que esta vez no tendremos que esperar al final del sexenio para observar cómo se desmontan ciertos rasgos de la política que impulsó el
gobierno en su primera mitad, al tiempo que se les dice adiós a los cuadros que reclutó el exsecretario Emilio Chuayffet. ¡Volver a empezar!
No sé qué tipo de evaluación realizó el secretario Nuño para posponer —que puede ser para siempre— la presentación del nuevo modelo
educativo para su discusión nacional. Se suponía que se contaría con un año para que docentes, investigadores, periodistas y asociaciones
civiles debatieran sobre la propuesta e hicieran sugerencias sobre cómo mejorar. Para estas fechas de 2016, dos años antes del final del
gobierno del presidente Peña Nieto se contaría con documentos base que, en el plano ideal, contendrían un proyecto de largo plazo; aunque
sabemos que en México el largo plazo no va más allá de un sexenio.
En realidad no entiendo por qué el secretario Nuño echó en saco roto un trabajo de años que incluyó consultas serias a maestros y otros actores
del sector educativo. Decía Maquiavelo que un gobernante sagaz se apropia de las buenas ideas para gobernar, así provengan de sus enemigos.
Tal vez hubiera sido más eficaz seguir con la discusión pública y a lo largo de los meses imponer el sello del secretario sin renegar del pasado
inmediato que, además, es del mismo gobierno. Mas parece que el secretario desea inventar una política educativa virgen, sin pasado.
Para ello se rodea de un equipo nuevo. Entiendo que un jefe quiere que lo acompañen personas de su confianza, mas parece que el anuncio de
cambios de personal del domingo pasado es la puesta en marcha de una barredora. Cada nuevo funcionario atraerá a gente de su confianza o le
tomará tiempo evaluar el desempeño de directores generales y otros funcionarios. Vendrán más mudanzas en los mandos medios.
Atención: no arguyo que los cuadros que recién arriban al mando de la SEP sean incompetentes; los hay con experiencia previa en el sector y
ejercicio gubernativo, como Otto Granados Roldán, pero hay otros que son novatos.
El sistema educativo mexicano es una institución pesada, con normas, reglas y rutinas estables que lo hacen difícil de mover. Esa es una de las
razones por las que reformas de otros gobiernos fracasaron. A los nuevos funcionarios les tomará tiempo aprender el trabajo básico del sistema,
comprender las prácticas burocráticas y es casi seguro que se dejarán llevar por la inercia, pero con la retórica de una reforma que reforme a la
Reforma Educativa.
Quisiera equivocarme, mas mi pesimismo se basa en la experiencia histórica. Mucha actividad y discursos, presencia en los medios y
realización de ceremonias van en detrimento del trabajo serio, de la toma de decisiones racionales y apropiadas a las demandas de una reforma
de a de veras.
Es una vuelta de página muy rápida, sin tiempo de asimilar la lectura. La SEP es un libro muy grueso y de prosa densa, cargada de
simbolismos, operaciones peculiares y tradiciones tribales. Es un monstruo que se ha comido a políticos inteligentes, aunque también ha
favorecido a los audaces.

Me temo que los cambios que pregona el secretario Nuño se queden en la superficie, no tendrán la contundencia necesaria para llegar al fondo:
el aprendizaje de los alumnos, la superación de los docentes y la participación decidida de los padres de familia. No tiene el tiempo necesario
para ello y pienso que tampoco una estrategia consecuente, aunque acaso le sobren ganas.
En el mejor de los casos visitará otras 40 escuelas donde escuchará denuncias que quizá no podrá resolver.
RETAZOS
No hay noticia sobre quién va a sustituir a Efrén Rojas Dávila en la subsecretaría de Educación Superior. Varios exrectores de universidades
públicas se muerden las uñas.
Rodolfo Tuirán saltó de la academia a la administración pública. Lleva tres sexenios como subsecretario, en la Sedesol y la SEP. Él es el único
subsecretario que ratificó el secretario Nuño. Algo estará haciendo bien.
Las zonas de desarrollo y sus riesgos
Por Fernando Dworak octubre 7, 2015 - 00:04h 0 Comentarios
¿Habrá certeza total sobre quiénes participarán, o terminarán invirtiendo los compadres? Recordemos que algunos de los mayores
escándalos de corrupción en este sexenio han tenido a las constructoras como protagonistas. Foto: Captura de pantalla de YouTube /
Presidencia de la República
Por más que debatan los liberales y los estatistas, el gobierno suele participar en el desarrollo en términos de construcción de
infraestructura y fomento de tecnologías emergentes, al menos en sus etapas iniciales. La forma en que la intervención pública debe darse
depende del criterio que tengan ambos extremos, y generalmente los excesos de uno llevarán tarde o temprano a políticas contrarias a
manera de péndulo.
Van dos ejemplos para ilustrar lo anterior. Primero, no se puede entender la red de autopistas en países como Alemania y Estados Unidos
sin la necesidad de tener la capacidad de mover tropas con rapidez de un lado a otro. Más adelante la iniciativa privada entra como
contratista para ampliar las redes. Segundo, las universidades desarrollan ciencia, la cual recibe inversión del Estado para fines militares y
posteriormente la iniciativa privada desarrolla industrias a partir de esos adelantos. Un ejemplo señala es el ARPANET, de uso militar,
que fue el antecesor de la Internet.
Uno de los mecanismos que los gobiernos han adoptado para impulsar la producción son las zonas de desarrollo económico. Desde el
Plan Puebla-Panamá durante el sexenio de Vicente Fox hasta experimentos en Nicaragua, se ha buscado que el Estado fomente políticas
que incentiven las inversiones y con ello se mejore la calidad de vida de la población. Hasta el gobierno de la Ciudad de México ha
emprendido obras al respecto. Sin embargo la mayoría de esos esfuerzos pierden ímpetu al poco tiempo.
La semana pasada el presidente Peña Nieto anunció la creación de tres zonas de desarrollo económico en el país: Puerto Chiapas, el
corredor interoceánico Tehuantepec y Puerto Lázaro Cárdenas. Los proyectos contemplan la planeación por parte del gobierno federal y
la participación de la iniciativa privada en arrendamiento de espacios y otras actividades económicas. Se ofrecen beneficios fiscales por
alrededor de ocho años, la jurisdicción federal para estas zonas e infraestructura. Suena bien, pero ¿se están dejando a un lado algunos
temas importantes?
Dejemos a un lado que en dos de las entidades que se beneficiarán de estos proyectos, Oaxaca y Veracruz habrá elecciones locales,
hablamos de los estados con mayor atraso del país. En este caso no basta con la inversión: es necesario construir instituciones sólidas que
le den sustentabilidad a los proyectos. De lo contrario terminarán siendo barriles de recursos sin fondo o cotos de poder para oligarquías
locales. ¿Qué convendría tener en cuenta?
En primer lugar, hablemos de transparencia en la asignación de contratos. ¿Habrá certeza total sobre quiénes participarán, o terminarán
invirtiendo los compadres? Recordemos que algunos de los mayores escándalos de corrupción en este sexenio han tenido a las
constructoras como protagonistas, ya sea como contratistas en el caso de OHL o por incertidumbre en inversiones, como podrían hablar
los chinos y el desarrollo de trenes rápidos.
Un tema central es el estado de derecho. La región del Istmo de Tehuantepec es ruta de trata, para empezar. Michoacán tiene un problema
fuerte de narcotráfico y autodefensas. En Oaxaca reina el caos con la Sección 22 de la CNTE, lo mismo que en Guerrero. Construir

instituciones que garanticen la aplicación de la ley en pequeñas islas de desarrollo es arar en el agua si no se toman en cuenta de manera
global los problemas de la región.
De manera similar hay que poner atención en la construcción del tejido social. Si los proyectos tienen éxito habrá migración masiva, La
falta de planeación sólo llevará a la creación de cinturones de pobreza alrededor de los centros de desarrollo. El resultado: problemas de
desintegración social, como en su momento Ciudad Juárez.
Finalmente, los incentivos fiscales sirven de poco si no es atractivo invertir en una región. ¿Cómo enfrentar temas como los costos de
insumos energéticos? ¿Condiciones de calidad de vida en las zonas, para que no se conviertan en centros-dormitorio?
Bienvenido el desarrollo. Hablemos de las letras chiquitas.
En Iguala no se actuó por falta de atribuciones, dice Cienfuegos a legisladores
Sedena: no se recibió a expertos de CIDH porque no tienen jurisdicción
El Ejército asegura que ninguna autoridad civil le pidió que auxiliara a los normalistas
Integrantes de la la generación 2011-2015 de la Normal Rural de Ayotzinapa, que recién concluyen sus estudios, exigen a las autoridades que se desistan de las órdenes de aprehensión que
enfrentan algunos de sus compañeros por participar en manifestacionesFoto Carlos Ramos Mamahua
GEORGINA SALDIERNA Y ENRIQUE MÉNDEZ
El secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda, explicó a la comisión especial de diputados para el caso Ayotzinapa que
no aceptó una reunión con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), que investiga la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, porque el Ejército representa la soberanía nacional, reporta a los
instituciones y a los poderes de México, y ese grupo no tiene jurisdicción en México.
En una reunión, el lunes en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con los legisladores, Cienfuegos Zepeda les dijo que se rechazó el
encuentro porque no quedaba claro qué carácter tendría, y si ello implicaría que se interrogara a los militares.
Legalmente, insistió, esos órganos no tienen jurisdicción en el ámbito del Ejército.
Los diputados que participaron en el encuentro explicaron que además el secretario de la Defensa y su estado mayor argumentaron que si no
intervinieron en los hechos del 26 y 27 de septiembre del año pasado en Iguala, Guerrero, fue porque ninguna autoridad civil se los pidió.
Además, expusieron los mandos de la Sedena, cuando se enteraron de la agresión a los jóvenes, ya no había flagrancia, y si algunos militares
acudieron al hospital Cristina fue para preguntar a los heridos si se encontraban bien.
La diputada Araceli Damián González, de Morena, explicó que aun así, el secretario Cienfuegos abrió una puertita para que los integrantes del
grupo legislativo se entrevisten con los miembros del 27 batallón de infantería en Iguala
Espero que cumplan, porque si no aceptaron al grupo de expertos, los diputados sí somos representantes y necesitamos escuchar su versión. No se
trata de un interrogatorio, en búsqueda de desprestigio, sino que la sociedad conozca la versión de los hechos desde el Ejército, que si quiere que se le
reconozca su buena actuación debe ser transparente con la sociedad, dijo Damián González.
En entrevista, la legisladora precisó que uno de los argumentos de la Sedena para no intervenir al momento de la agresión contra los normalistas
fue que el 26 de septiembre por la mañana los militares atendieron la volcadura de un camión que transportaba sustancias químicas, y no regresaron
al cuartel hasta después de las 10 de la noche.
Les preguntamos por qué si había tantos llamados de auxilio y había una situación extrema, no actuaron. Y la respuesta fue que no podían actuar
porque se imaginaron un escenario de intervención del Ejército en atribuciones que no le corresponden. La respuesta del general fue que no cuentan
con atribuciones, porque la seguridad pública está a cargo de la policía, expuso la legisladora.
La presidenta de la comisión, Guadalupe Murguía, indicó que el general Cienfuegos señaló que el Ejército se reporta con el Presidente, se somete
a los tribunales del orden común e incluso los integrantes del batallón de Iguala rindieron su declaración ante la Procuraduría General de la
República.
Mientras, en su encuentro de ayer, la comisión informó que el próximo lunes se reunirá con el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas, Jaime Rochín, y el siguiente miércoles con el ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero.

Militares entraron a bodega en Tlatlaya y civiles
estaban muertos, insiste Cienfuegos
Por Redacción / Sin Embargo octubre 6, 2015 - 23:09h 9 Comentarios
Ayer, el titular de la Sedena sostuvo que los militares del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, Guerrero, no
tienen por qué declarar sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Hoy dice que cuando los soldados
entraron en la bodega de Tlatlaya, los civiles ya estaban muertos. ¿Demasiada exculpación?
Ciudad de México, 6 de octubre (SinEmbargo).- El General Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena), insistió hoy en que en Tlatlaya los soldados repelieron la agresión de “delincuentes” que se resguardaban en el interior de una
bodega donde los elementos castrenses hallaron los 22 cuerpos sin vida.
Durante la segunda parte de la entrevista que se transmitió hoy en el noticiero de Joaquín López Dóriga, en Televisa, Cienfuegos Zepeda
sostuvo que los militares respondieron “a la agresión [...] estaban en un enfrentamiento habían sido agredidos, hacen su propia defensa si
no los matan. Ahí queda el asunto entran al cobertizo y se dan cuenta que hay cuerpos ahí, 22 por cierto”.
El secretario de la Defensa Nacional sostuvo que 7 soldados fueron agredidos por “delincuentes” en Tlatlaya, por lo que repelieron dicha
agresión. Aseveró que un oficial resultó herido, por lo que otros tres arribaron a donde estaba su compañero, ahí, prosiguió el titular de la
Sedena, el Sargento, quien en ese momento era el que tenía el mando, tomó “la decisión de ingresar al cobertizo y en ese momento él dice
que ellos estaban todavía en un enfrentamiento”.
Salvador Cienfuegos sostuvo esta noche que los soldados que están encarcelados por el caso, están señalados por delitos de orden militar
y del orden civil, sin embargo dijo, no se ha decidido si son o no culpables.
“No hay ninguna decisión de la autoridad que digan que somos culpables o no lo somos [...] Yo creo en lo que ellos [los militares] han
dicho, pero es un juez el que dará la resolución final”, dijo.
Por otra parte, el titular de la Sedena habló también sobre el caso Caleras, en Zacatecas, donde siete personas fueron ejecutadas
extraoficialmente por personal del Ejército en julio pasado, sostuvo que ya se asumió la responsabilidad completa.
“Quienes tuvieron que ver en el asunto están en prisión. [Ahí] hubo una mala decisión de quien tenía el mando de esta actividad”, precisó.
Ayer, en la primera parte de la entrevista, Salvador Cienfuegos dijo que los militares del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala,
Guerrero, no tienen por qué declarar sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida hace un año porque, indicó, no
hay un señalamiento claro que los involucre en los hechos de la noche del 26 de septiembre de 2014.
“Yo he estado en la posición de que no tienen por qué declarar los soldados. Primero porque no hay un señalamiento
claro de algún involucramiento. Nosotros solamente respondemos a las autoridades ministeriales mexicanas. El
convenio que hace el Gobierno de la República con la Comisión Interamericana [de Derechos Humanos] en ningún
momento dice que pueden interrogar. No es posible, las leyes no lo permiten. No me queda claro ni puedo permitir que
interroguen a mis soldados que no cometieron hasta ahorita ningún delito, ¿qué quieren saber?, ¿qué sabían los
soldados?, está todo declarado. Yo no puedo permitir que a los soldados los traten como criminales”, dijo Cienfuegos
Zepeda en una entrevista difundida en el espacio del periodista Joaquín López-Dóriga en Televisa.
El General Salvador Cienfuegos lamentó lo sucedido con los 43 normalistas, pero insistió que involucrar al Ejército es algo muy grave.
Comentó que el día del ataque contra los estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos personal militar se comunicó con la policía
municipal de Iguala para saber si estaba ocurriendo un enfrentamiento.
“El comandante del batallón habló con el director de seguridad pública municipal, le pregunto que qué había. Le dijo: no hay nada, no hay
ningún enfrentamiento con los estudiantes, no tenemos ningún detenido, no ha habido disparos, tenemos controlados los accesos. Eso le
dijo el director de la policía que anda huyendo. Se le habló al de la Policía estatal: no vamos a participar si no me giran la instrucción de
participar. Bueno, entonces que esperan”, dijo el Secretario de la Defensa Nacional a la televisora.

Astillero
Muy grave
Ultimátum de Cienfuegos
El silencio de 16 militares
No puedo permitir
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
PROTESTA EN ACTO DE PEÑA NIETO. Jóvenes del foro Dilo bien protestan afuera de la Biblioteca México para denunciar la inseguridad, la corrupción y los malos salarios en el país. La
manifestación tuvo lugar mientras el presidente Enrique Peña Nieto inauguraba la segunda Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina, auspiciada
por la Cepal. Sobre el panorama demográfico del país, el mandatario expuso que el mayor desafío estriba en que en 2050 más de 20 por ciento de la población tendrá 60 años o más, lo que
equivaldrá a más de 32 millones de personas en ese rango de edadFoto José Antonio López
Es muy grave el asunto. Así lo calificó el propio general secretario Salvador Cienfuegos, en una parte de las declaraciones insertas la noche del lunes
en el principal noticiero de Televisa, con el reportero Santos Mondragón como cuidadoso entrevistador (http://goo.gl/Z5tCJA).
Ha de suponerse que tan inusitada comparecencia mediática se produjo en absoluta concordancia con su jefe civil, el habitante principal de Los
Pinos (y, por tanto, implicaría una fijación extrema de la postura oficial del gobierno mexicano, y no sólo una opinión personal de un secretario
molesto), pues significó un virtual ultimátum a la pretensión nacional e internacional de que se indague con más enjundia el papel de soldados en
Iguala la noche de la desaparición de 43 normalistas e, incluso, una virtual advertencia de renuncia al cargo si le pretendieran obligar a que esos
militares en entredicho pudieran ser entrevistados libremente (no interrogados en términos de formalidad judicial, precisión importante) por
instancias no nacionales (el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes), más allá de las diligencias judiciales que ya han practicado otros
órganos del mismo Estado al que el movimiento de los 43 acusa, precisamente, de ser responsable de tales sucesos.
Ya a finales de junio del presente año había ofrecido el general Cienfuegos una argumentación en exclusiva, también videograbada, al diario El
Universal,con Carlos Benavides como entrevistador (http://goo.gl/A1M4jf). En esa ocasión el tema de urgencia era Tlatlaya, así que el encabezado
postulaba: Exige general Cienfuegos justicia en caso Tlatlaya. En esencia, el jefe militar ponía de relieve el alto costoque al Ejército ha causado el
tener que cumplir con tareas que deberían realizar los mandos policiacos (en realidad, los mandos políticos civiles, que son los responsables de
ejercer ese mando policiaco: interpretación sin uniforme de esta columna remisa) y demandaba frenar juicios mediáticos y sociales sobre los hechos
de Tlatlaya, para esperar las resoluciones de las autoridades competentes. (Apúntese que, el mismo lunes, un juez declaró en libertad a acusados de
delitos menores relacionados con aquellos sucesos que diferentes opiniones consideran que constituyeron ejecuciones; el juez estimó que la PGR no
aportó los elementos suficientes para acreditar responsabilidad de esos militares. Eso sí, la procuraduría federal, entonces en manos de Jesús Murillo
Karam, apelará –para efectos de apariencia– de tal resolución, esta vez con la televisiva Arely Gómez como titular. Plenamente confiables y eficaces
las autoridades, como puede constatarse).
Ahora ha sido el tema de Iguala el que ha llevado de nuevo al general Cienfuegos a la arena mediática, ni más ni menos que al principal horario
(no para efectos inmobiliarios, sino de difusión de posturas oficiales) del Ministerio Oficial de la Información, Televisa. El emproblemado Joaquín
López Dóriga incluso destacó lo inusual de que un titular de la Secretaría de la Defensa Nacional ofrezca entrevistas. Con una bandera tras de él, y un
gran escudo nacional dominando la toma principal, el general nacido el 14 de junio de 1948 en la ciudad de México dio salida a sus puntos de vista
que, en realidad, constituyen una grave definición política que, por tanto, debería haber sido expresada por el mando supremo formal, es decir, por el
poder político unipersonal depositado en un civil, y no por un secretario designado, mucho menos si éste comanda el delicado segmento de las
fuerzas armadas que por definición y obligación deberían abstenerse de emitir posturas políticas, a menos que...
A menos que el actual gobierno federal se sienta tan presionado en el caso Iguala que no le quede sino recurrir a un seco golpe sobre la mesa para
tratar de frenar la espiral ascendente que va demandando la develación de los enigmas militares que persisten sobre lo sucedido la noche del 26 de
septiembre del año pasado, la madrugada del 27 e incluso los posteriores días. Como aquí se publicó el pasado 17 de julio (http://goo.gl/DhnGhV),
hay un punto ciego en la indagación que realizó el grupo de expertos independientes, que pudo entrevistar, no interrogar, a cuantas personas solicitó
al gobierno mexicano (con una colaboración sin restricciones de la PGR, la Policía Federal y, en ciertos casos, de la propia Sedena), salvo 16
militares presentes en aquellas horas cruciales en Iguala, como miembros del 27 batallón de infantería. Todos, menos esos 16. Entrevistados todos, no
interrogados; pero no esos 16.
La postura (¿ultimátum?) del general Cienfuegos es muy grave por cuanto pretende adjudicar a una ocurrencia dealguien la legítima duda
extendida sobre el papel de esos militares en Iguala (querer involucrar al Ejército en esto porque a alguien se le ocurrió, creo que es algo muy grave),
porque busca deslegitimar a comisiones y expertos internacionales a partir de una tesis de nacionalismo a contrapelo de la soberana suscripción de
convenios internacionales (nosotros solamente respondemos a las autoridades ministeriales mexicanas), porque establece como atribución de una
parte investigada el definir lo que debe ser investigado y cómo (ni puedo permitir que interroguen a mis soldados que no cometieron hasta ahorita
ningún delito), porque los soldados no son de pertenencia personal (mis), sino institucional, y no corresponde a ningún funcionario fijar límites o
permisos en términos de procesos judiciales (yo no puedo permitir que a los soldados los traten como criminales) y porque en la frágil
institucionalidad mexicana y en el difícil momento que se vive, adquiere tonos preocupantes el que el secretario de la Defensa Nacional deba salir a
los medios (a ciertos medios) a batirse en defensa de sus posiciones… políticas.

Y, mientras el general Cienfuegos ha aceptado que uno de los 43, Julio César López Patoltzin, era militar en activo, pues quería estudiar para
maestro y el mando le permitió inscribirse en Ayotzinapa, ¡hasta mañana!
Twitter: @julioastillero
Facebook: Julio Astillero
Fax: 5605-2099 •juliohdz@jornada.com.mx
México SA
El primer mundo, otra vez
ATP: piedra sobre piedra
República maquiladora
CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA
S
uenen las fanfarrias, escúchense los cánticos angelicales y regocíjense los mexicanos por el futuro venturoso que les espera, porque los creativos
gerentes que despachan en Los Pinos oootttrrraaavez prometen la entrada al primer mundo y el fabuloso bienestar que ello implica, tras firmar un
oscuro acuerdo transpacífico, sumamente benéfico para el país, mediante el cual (¡sorpresa!)habrá mayor empleo bien remunerado, inversión y
crecimiento económico, es decir, exactamente lo mismo que 21 años atrás se ofreció con la entrada en vigor el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN).
Transcurridos cinco lustros más un año, y tras firmar varias decenas de tratados de libre comercio, si algo brilla por su ausencia es el empleo bien
remunerado, la inversión extranjera productiva, el crecimiento económico y, desde luego, la entrada al primer mundo y el bienestar social marca
Noruega, sin considerar que 85 por ciento de nuestro comercio exterior se realiza con un solo país (Estados Unidos). Pero en el Olimpo tecnocrático
insisten en que ese tipo de acuerdos harán de México una potencia y a los mexicanos tan ricos que les faltarán manos para contar el dinero que
reciban.
En los hechos, 21 años después de prometer el paraíso, el número de pobres se ha duplicado, 60 por ciento de los mexicanos en edad y condición
de laborar se ocupa en la informalidad, unos 12 millones de paisanos han emigrado al norte por causas económicas, la economía a duras
penas crece 2 por ciento como promedio anual, y descontando, los salarios son miserables, la concentración del ingreso es brutal, la tasa oficial de
desocupación se ha incrementado 30 por ciento en el periodo, el déficit de empleo formal resulta espeluznante y la dependencia con el vecino del
norte es altamente peligrosa para la autodeterminación.
¿Cuántas veces prometieron el paraíso por la firma de tratados comerciales? De acuerdo con la información de la Secretaría de
Economía, México cuenta con una red de 11 Tratados de Libre Comercio con 46 países; 33 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de
las Inversiones; 9 acuerdos de alcance limitado en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración; además, participa activamente en
organismos y foros multilaterales y regionales como la Organización Mundial del Comercio, el Mecanismo de Cooperación Económica Asia-
Pacífico, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos y la Aladi. Un río de acuerdos, pero 85 por ciento del comercio exterior no
tiene más mercado que el de Estados Unidos.
Ahora recetan a los mexicanos otroacuerdo, pero este mucho más oscuro que los anteriores (que de transparentes tampoco tuvieron nada). De
hecho, todo ha sido secreto, desde el procedimiento hasta la firma, y la falta de transparencia es tal que los abajo firmantes se niegan a hacer público
el contenido, pues va mucho más allá de los meros aspectos comerciales y alcanzan temas de seguridad nacional (es decir, la de Estados Unidos, no
la nuestra). Y ya lo dijo Obama, el dueño del circo: no podemos permitir que países como China escriban las reglas de la economía global; nosotros
(los gringos) debemos escribir esas reglas, abriendo nuevos mercados a los productos estadunidenses, estableciendo altos estándares para la
protección de los trabajadores y preservando nuestro medio ambiente, y al que no le guste que se joda.
La Jornada lo reseñó así: “el ambicioso pacto, que trasciende las barreras comerciales, define normas laborales y ambientales y protege la
propiedad intelectual de las corporaciones trasnacionales. Se propone estimular el comercio entre Estados Unidos, Canadá, México, Chile, Perú,
Australia, Nueva Zelanda, Japón, Brunei, Malasia, Singapur y Vietnam. El acuerdo podría remodelar industrias e influir desde los precios del queso
hasta el costo del tratamiento para el cáncer.
El Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (ATP) tiene efectos en 40 por ciento de la economía mundial y podría
presentarse como un legado del presidente Obama, si es ratificado por el Congreso. Su gobierno ha promovido el acuerdo como parte de una
estrategia para aumentar la influencia estadunidense en las zonas de gran crecimiento en Asia y para contrarrestar la influencia creciente de China. El
acuerdo ha sido motivo de controversia debido a lo secreto de las negociaciones que se han realizado en los últimos cinco años y la amenaza
percibida por una serie de grupos de interés, desde los trabajadores de la industria automotriz en México a las granjas productoras de leche en
Canadá.
El primero de enero de 1994 entró en vigor el TLCAN, este poderoso instrumento para (¡sorpresa!) atraer nuevas inversiones, crear empleos
productivos y elevar el bienestar de los mexicanos (Carlos Salinas dixit). Prometieron que México se convertiría en potencia productora, cuando en
los hechos y si bien va alcanza el grado depotencia maquiladora. Ofrecierontrato igual con la contraparte estadunidense, y cuatro lustros después el
gobierno mexicano ni siquiera ha podido solucionar el asunto del transporte de carga y cada vez que quiere, y quiere seguido, el gobierno gringo
bloquea las exportaciones de atún, aguacate, jitomate, escobas y conexos. La parte mexicana tiene terror a sussocios y no mueve un pelo para no
hacerlos enojar.
Del TLCAN a la fecha el tipo de cambio se incrementó 500 por ciento, en detrimento, obvio es, del peso mexicano; la economía nacional es
extremadamente dependiente de la gringa; la mano de obra es cada día más barata y la ley laboral más laxa (salarios hasta 15 veces menores a los que
se pagan en Estados Unidos y Canadá), y las enormesfacilidades fiscales concedidas al capital foráneo han convertido a México en paraíso

maquilador, industria que importa la mayoría de las partes para ensamblar sus productos deexportación, con lo que el impacto para la economía
interna es mínimo.
Más allá de Pemex, las mayoresexportadoras mexicanas son General Motors, Chrysler, Ford, Volkswagen, Nissan, Hewlett Packard, Nokia,
Daewoo, LG, Panasonic, Samsung y Toshiba, por citar a algunas marcasnacionales. De hecho, en 2013 el 0.02 por ciento de las unidades económicas
registradas legalmente en el país acaparaban 76.3 por ciento de las exportaciones.
Pero ya firmaron otro acuerdo, y más oscuro, que no dejará piedra sobre piedra.
Las rebanadas del pastel
Entonces, ¿dónde quedaron las mieles del primer mundo y el bienestar marca Noruega?
Twitter: @cafe-vega
D.R.: cfvmexico_sa@hotmail.com
Dinero
UNAM: los favoritos
Volkswagen: recorte mundial
El fraude de Ficrea
ENRIQUE GALVÁN OCHOA
S
on 16 los aspirantes, pero sólo uno tomará posesión de la oficina principal de la Torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), en la primera semana de noviembre. El lunes pasado expiró el plazo para que entregaran sus documentos: biografía, semblanza
profesional, proyecto de trabajo para el periodo 2015-2019. El resultado de la primera selección será dado a conocer el próximo día 22, cuando la
Junta de Gobierno (JG) revele cuáles precandidatos reúnen los requisitos establecidos en la legislación universitaria. Luego, la segunda selección.
Consistirá en las entrevistas de los miembros de la JG con cada uno de los preseleccionados, a partir del día 26. Concluidas éstas, saldrá el humo
blanco:habemus Rector. Su periodo será por cuatro años, con opción a una relección. El sueldo es de poco más de 100 mil pesos mensuales. El nuevo
rector debería imponerse como prioridad devolver su esplendor a la UNAM. Algunos de los suspirantes no tienen ninguna posibilidad; se postularon
para promoverse. En la comunidad puma se menciona a tres probables: Enrique Graue, Rosaura Ruiz y Sergio Alcocer.
Recorte masivo
Volkswagen tiene 600 mil trabajadores en sus plantas y oficinas alrededor del mundo –incluyendo a México– y afila las tijeras para hacer un
‘‘recorte masivo’’, según la ominosa advertencia del nuevo presidente ejecutivo, Matthias Müller. En términos porcentuales, ¿qué significa un
‘‘recorte masivo’’? Para las familias de los futuros desempleados será una experiencia dura, dependiendo del país en el que vivan. En algunos hay
seguro de desempleo; en nuestro país recurrirían acaso a la mínima ayuda que la ley permite que retiren de su Afore. Serán las víctimas de la falta
que otros cometieron. En Puebla se advierte mucha preocupación.
Buenos y malos
En los pasados dos años, ciudadanos mexicanos han invertido alrededor de mil millones de dólares en bienes raíces en el sur de la Florida, de acuerdo
con Adriana Companet, de la firma inmobiliaria CMC Group. Cita como fuente de información a Real Capital Analytics. No incluye, por supuesto,
las inversiones que se han hecho en Nueva York, San Diego, Houston, San Antonio y otras ciudades. Realizaron muy buen negocio porque
adquirieron las propiedades antes de la devaluación. En el lopezportillismo se les llamó ‘‘malos mexicanos’’ a quienes pusieron su dinero a salvo y a
tiempo. Pero ¿nos hace ‘‘buenos mexicanos’’ el resistir en México una devaluación tras otra, por los errores de los gobiernos que hemos sufrido?
Adriana Companet está en la ciudad de México esta semana promovieno el proyecto Brickell Flatiron, que ha sido llamado el próximo ícono
arquitectónico de Miami.
@Vox Populi
Asunto: El Premio a la Sordera Política
La propuesta del pintor Francisco Toledo es excelente, y al menos para mí, el primer premio en mi ciudad se lo llevan el doctor Miguel Ángel
Mancera y el Partido de la Revolución Democrática. Simulan consultas para ‘‘decidir’’ sobre la viabilidad del ‘‘corredor cultural’’ de avenida
Chapultepec. Siguen depredando mi ciudad impunemente a pesar de nuestros reclamos: prevalece el desarrollo comercial Patio Tlalpan, por doquiera
hay nuevas construcciones de vivienda, oficinas y comercios que violan graciosamente las normas, leyes y reglamentos, los que ‘‘ajustan’’ de
acuerdo a los intereses de los inmobiliarios, empresarios y socios funcionarios del gobierno de la ciudad y sus delegados. Desde luego a escala
nacional el premio es muy disputado y podría declararse un empate ‘‘técnico’’ de todos los partidos y todos los gobernadores y munícipes. En fin, un
premio que nunca quedará desierto.
Raúl Rodríguez Martínez
R: Me inclino por un empate. Para no dejar sin premio a ninguno.
Tuits

Rafael Olvera Amezcua, dueño de Ficrea, defraudó con $2,700,000.00 a más de 6 mil familias mexicanas. El gobierno mexicano lo permitió y
colaboró.
Clientes afectados en FaceBook
¿Responsables del Fraude y de Corrupción?
#CNBV, #CONDUSEF, #SHCP, #RafaelOlveraAmezcua (dueño de Ficrea).
Ficrea Clientes Afectados@ficreaclientes
Que el Papa viene a México en 2016... una buena oportunidad para exponer internacionalmente la crisis humanitaria en el país. ¿Cooperará?
Omar @Agonistico
Twitter: @galvanochoa
FaceBook: galvanochoa
galvanochoa@gmail.com • Foro:http://elforomexico.com/encuestas/
Recibe Senado 25 mil firmas por una Suprema Corte “sin cuates ni cuotas”
JENARO VILLAMIL
6 DE OCTUBRE DE 2015
NACIONAL
Cámara de Senadores.
Foto: Benjamin Flores
MÉXICO, D.F. (apro).- Senadores de oposición recibieron por parte de la organización Change.org más de 25 mil firmas recabadas en
esta plataforma para reclamarle al Ejecutivo federal que se abstenga de incluir “cuates o cuotas” partidistas en las ternas de los
candidatos para ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En conferencia de prensa, el coordinador de la bancada del PRD, Miguel Barbosa Huerta, se pronunció para que fueran dos mujeres
quienes ocupen los cargos vacantes, y advirtió que “el Senado tiene que opinar desde hoy para que cuando lleguen las ternas no
vengan arregladas con favoritos”.
A su vez, el senador Manuel Bartlett, del PT, reiteró la importancia de la autonomía de los ministros y calificó como “absurdo” el
procedimiento: el titular del Ejecutivo federal manda dos ternas y, si el Congreso no decide, el presidente nombra a los dos integrantes
de la Suprema Corte.
“Necesitamos una Suprema Corte que no esté al servicio de Peña Nieto, porque los hechos demuestran que no solamente los nombra,
también los maneja a su antojo en los asuntos más delicados de intereses nacionales”, subrayó Bartlett.
En la presentación de las propuestas de Change.org también participaron los senadores Javier Corral, del PAN; Angélica de la Peña,
presidenta de la Comisión de Derechos Humanos; Armando Ríos Pitter, de PRD, y Zoé Robledo, del mismo partido.
La iniciativa de las firmas fue presentada por Alejandro Madrazo, Genaro Lozano, José Merino, Carlos Heredia y Denise Dresser, en
representación de los 90 ciudadanos promoventes y los más de 25 mil firmantes que plantearon tres ideas fundamentales para el
proceso de elección de los ministros: auscultación abierta, sin “cuotas ni cuates” y paridad de género en la Corte.
Peña quiere una Corte conservadora y a modo
Como lamentable realidad de este país, la politización de la justicia se hace presente en la próxima designación de dos
ministros de la Suprema Corte. La experiencia de hace siete meses, cuando el presidente Enrique Peña Nieto mostró
su talante autoritario e impuso como ministro —en medio del rechazo ciudadano y con altísimo costo político— al ex
procurador Eduardo Medina Mora, ya contaminó las dos nuevas designaciones y, antes de presentarse las ternas del
Ejecutivo al Senado, en el ambiente crece la oposición a una nueva designación política.

Tanto en corrillos judiciales como en el Senado se da por hecho que el Presidente propondrá a Raúl Cervantes
Andrade, actual senador del PRI con licencia, primo del consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos
Cervantes, y ex abogado del Grupo Toluca, del empresario mexiquense Roberto Alcántara. La propuesta de Cervantes
es vista como una nueva designación política para la Corte y sentaría un precedente inédito en la República: que un
miembro de un Poder, en este caso el Legislativo, sea nombrado para formar parte de otro Poder cuando aún no
concluye el periodo para el que fue electo.
Y aunque desde Los Pinos prepararon el terreno con la licencia de Cervantes, que desde septiembre de 2014 se dedica
“a la academia”, hay una corriente que cuestiona la designación primero porque “partidiza” a la Corte —abogado del
PRI en la pasada campaña presidencial—, además del ya citado precedente de brincar de un Poder a otro, pues aún
con licencia, Raúl Cervantes sigue siendo senador, bajo el criterio de que los cargos de elección “son irrenunciables”.
Aun así, todo apunta a que, fiel a su estilo de ejercer el poder, Peña Nieto postulará a Cervantes Andrade apoyado en
una mayoría PRI-PAN en el Senado, aunque tenga que pagar, una vez más, un alto costo político. Porque esa sería
otra consecuencia de nombrar al priísta: que el PAN pediría, a cambio de aprobarlo, designar también ellos a su
“ministro de partido”, y tras el reciente descarte de Santiago Creel Miranda, ahora se menciona al ex dirigente nacional
del blanquiazul Germán Martínez Cázares, abogado y actual director de la Facultad de Derecho de la Universidad La
Salle. Se consumaría así el “toma y daca” entre PRI y PAN en los nombramientos de la Corte.
En el único caso que el presidente desistiría de postular a Cervantes, sería si optara por cubrir la “cuota de género” en
la Corte, por la salida de la ministra Olga Sánchez Cordero, que deja al pleno sólo con la ministra Margarita Luna
Ramos. En ese caso la postulación recaería en Martha María del Carmen Hernández, actual consejera de la Judicatura
Federal y ex colaboradora de Peña Nieto en el Estado de México, quien sí tiene una amplia carrera en el Poder Judicial
como jueza y magistrada de Circuito. Otras dos mujeres mencionadas son la magistrada del Tribunal Electoral del
Poder Judicial, María del Carmen Alanis, y Mireille Roccatti, abogada de la Secretaría de Agricultura. Pero a Alanis le
cuestionan sus reuniones con Luis Videgaray y otros priístas en 2011; y a Roccatti, aun con su experiencia en derechos
humanos, tras presidir la CNDH, su falta de carrera y experiencia judicial.
Finalmente, en espera de las ternas del Ejecutivo, parece claro que al Presidente le interesa una Suprema Corte
claramente conservadora, no demasiado liberal ni garantista; que no haga olas políticas y cuyas decisiones sean más
institucionales y cercanas al poder. Ese perfil lo definió Peña Nieto desde que propuso en 2013 al ministro Alfredo
Gutiérrez Ortiz Mena, un ex funcionario del SAT, cercano a Videgaray, y lo continuó con la imposición de Medina Mora.
No hay razones para pensar que eso va a cambiar con los dos nuevos ministros.
NOTAS INDISCRETAS… A propósito de la Corte, el fallo con que derogó la reforma electoral de Oaxaca sacudió la
sucesión oaxaqueña. Algunos dijeron que con el revés a la residencia de 3 años que proponía esa reforma, los
ministros cancelaban las aspiraciones del director del Infonavit, Alejandro Murat. Sin embargo, la Corte no modificó el
artículo 23 de la Constitución de Oaxaca, que establece que “son oaxaqueños los nacidos en territorio estatal o los hijos
de padres oaxaqueños de nacimiento”, con lo que el hijo del ex gobernador José Murat, tendría derecho y no
necesitaría acreditar residencia. El mismo artículo permitió a Gabino Cué ser gobernador, a pesar de haber nacido en el
DF, y también a Diódoro Carrasco, que aunque nació en Puebla tenía padres oaxaqueños… Los dados mandan
Escalera. Buen tiro...
Impunidad, mucha impunidad en sólo 3 años
Por Redacción / Sin Embargo octubre 7, 2015 - 00:00h 0 Comentarios
El sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto no cumple aún ni tres años y está, cada vez más, sumido en un hoyo de críticas por su falta
de apertura al gran cambio que necesita México: aceptar que vive una crisis de impunidad y de violaciones a los derechos humanos,
aceptar que muchos de los crímenes de los que dan cuenta organizaciones nacionales e internacionales los cometen funcionarios y fuerzas
de seguridad federales, estatales y municipales, y aceptar que su estrategia de silencio y negación sólo le han hecho más daño a la imagen
del país en todo el mundo.
Ayer, por ejemplo, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez expuso que la liberación –ordenada el lunes pasado por
un juez federal– de cuatro de los siete militares implicados en la ejecución de 22 civiles en Tlatlaya, Estado de México, podría consolidar
la impunidad “en uno de los más graves casos de ejecuciones arbitrarias y encubrimiento de la historia reciente”.
El Centro Prodh aseguró que la Procuraduría General de la República (PGR) se negó a investigar su informe sustentado en la cadena de
mando que instruía a los soldados abatir a civiles en horas de oscuridad, sin mayor fundamentación que su sola negativa. Dijo que esa
decisión actualmente se encuentra impugnada y pendiente de resolverse.
El lunes, cuatro de los siete militares encarcelados por la ejecución extraoficial ocurrida el 30 de junio de 2014 quedaron libres. De
acuerdo con el litigante de los militares, Juan Velázquez, un Juzgado federal determinó que la PGR no presentó las pruebas suficientes
que demostraran la culpabilidad de los encarcelados. Sin embargo, los cuatro elementos del ejército continúan en una prisión militar,
puesto que aún serán enjuiciados por delitos del fuero militar.

Sobre Ayotzinapa, otro tema de impacto internacional, y que también relaciona a militares, el General Salvador Cienfuegos Zepeda,
titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dijo que los militares del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, Guerrero,
no tienen por qué declarar sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida hace un año porque no hay un señalamiento
claro que los involucre en los hechos de la noche del 26 de septiembre de 2014.
“Yo he estado en la posición de que no tienen por qué declarar los soldados. Primero porque no hay un señalamiento claro de algún
involucramiento. Nosotros solamente respondemos a las autoridades ministeriales mexicanas. El convenio que hace el Gobierno de la
República con la Comisión Interamericana [de Derechos Humanos] en ningún momento dice que pueden interrogar. No es posible, las
leyes no lo permiten. No me queda claro ni puedo permitir que interroguen a mis soldados que no cometieron hasta ahorita ningún delito,
¿qué quieren saber?, ¿qué sabían los soldados?, está todo declarado. Yo no puedo permitir que a los soldados los traten como
criminales”, dijoCienfuegos Zepeda en una entrevista con Joaquín López-Dóriga, en Televisa.
Entonces, si no se hacen investigaciones a fondo, como es el caso de la PGR en Tlatlaya, y tampoco se permite entrevistar a militares que
supuestamente fueron testigos de la violencia contra normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de
2014, pues no hay forma de revertir la imagen del Estado mexicano, sumida ahora en su peor crisis de descrédito.
Silencio y negación no son las respuestas. Pero el Gobierno federal no lo entiende o, de plano, está en un momento de descomposición tan
serio que abrir las puertas de la verdad sería dar paso al fin de una estructura que, hoy por hoy, está sostenida por unos cuantos hilos.
El “Complot Mongol” contra Peña Nieto
JENARO VILLAMIL
6 DE OCTUBRE DE 2015
ANÁLISIS
El titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto.
Foto: Eduardo Miranda
MÉXICO, D.F. (apro).- Seguramente el habitante actual de Los Pinos y sus principales asesores desconocen la novela de Rafael
Bernal, El Complot Mongol, que relata una serie de intrigas tan fascinantes como irreales en el corazón del Barrio Chino de la Ciudad
de México, en plena calle de Dolores, donde el matón Filiberto García desentrañará un complot contra la paz mundial, con la ayuda del
FBI y de la KGB, al mismo tiempo.
Ahora, en plena crisis de credibilidad del gobierno federal, hay un mejor complot que el inventado por Bernal. Este nuevo complot tiene
como objetivo derrumbar a las instituciones mexicanas, vulnerar al Ejército y su prestigio nacional, utilizar a las víctimas de las
masacres de Tlatlaya, Iguala y Ayotzinapa –más las que se acumulen– en un juego de poder comandado por el multimillonario
norteamericano George Soros y “fuerzas oscuras” internacionales, radicadas en Estados Unidos.
Por más delirante que parezca, el nuevo “complot mongol” contra Peña Nieto no lo encabeza ni el populismo de Andrés Manuel López
Obrador, que adquirió estatura internacional gracias a los discursos del hijo predilecto de Atlacomulco en Palacio Nacional y ante la
sede de la Organización de las Naciones Unidas.
No es el populismo del dos veces candidato presidencial, exjefe de Gobierno capitalino y líder del nuevo partido Morena, el auténtico
“peligro” para México, sino una conjura que se armó en las oficinas del excéntrico multimillonario George Soros, quien seguramente
dio la orden hasta la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero, para mandar al matadero a decenas de jóvenes
estudiantes y crearle un problema de Estado al pobre Peña Nieto, con tal de quedarse con nuestro petróleo.
Según las versiones que comienzan a correr entre el club del nado sincronizado que cobra en Los Pinos y publica en columnas y blogs
de autoconsumo de la clase política, la matanza de Tlatlaya y la desaparición forzada de 43 normalistas en Iguala son un montaje y
una conjura para debilitar al Estado mexicano a través de organismos no gubernamentales, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, el Centro ProDH, y el gran paraguas financiero de George Soros, a través de su “brazo desestabilizador”: la fundación Open
Society.
Así lo redactó Ricardo Alemán, columnista de El Universal, quien no necesita documentar ni sustentar ninguna de sus sentencias
porque todo es una revelación divina, como le sucedió a Moisés cuando le dieron las diez tablas de la ley hace ya varios cientos de
años:

“Hoy es posible probar que detrás del montaje de Tlatlaya están las mismas organizaciones no gubernamentales que tripulan el caso
de Los 43 de Iguala. Y si lo dudan basta echar una mirada al informe parcial, nada serio, tramposo y hasta chabacano que el 2 de julio
de 2015 emitió el CentroProDH; organización propiedad de Emilio Álvarez Icaza, que engañó con el cuento de que los efectivos
militares habían recibido la orden de exterminar de noche a los integrantes del crimen organizado.
“El Centro ProDH es el mismo que tripula y mantiene secuestrados a los padres de Los 43 de Iguala; el mismo que controla la
información sobre el caso de los normalistas, el mismo que ‘pastorea’ a los dizque expertos de la CIDH y el mismo que recibe jugosos
dividendos de organizaciones extranjeras interesadas en desestabilizar gobiernos democráticos, como la Open Society Foundations,
del magnate interesado en el petróleo mexicano, George Soros.
“El Centro ProDH es el brazo operativo de Emilio Álvarez Icaza, a quien Soros impulsó en la CIDH. Y el Centro ProDH es la
organización que cooptó, financió e instruyó a las tres mujeres que sobrevivieron al enfrentamiento entre militares y narcotraficantes en
Tlatlaya –que casualmente no fueron asesinadas–, pero que de manera repentina acusaron a los militares de haber ejecutado a los
integrantes de una banda del crimen organizado a la que pertenecían”.
Bajo la lógica de este redactor de complots, seguramente la periodista Carmen Aristegui –quien anunció que llevará su litigio contra
MVS y el Estado mexicano a la CIDH–, forma parte del complot de George Soros. La misma revista Procesoque entrevistó a Emilio
Álvarez Icaza, los miles que han marchado demandando justicia en el caso Ayotzinapa, los reporteros de Squire y de AP que revelaron
detalles de la matanza de Tlatlaya y hasta quienes se han reunido con los integrantes de la CIDH forman parte de la nómina de
George Soros.
Es más, hasta el mismo Joaquín El Chapo Guzmán se escapó del penal del Altiplano por órdenes de Soros y de Emilio Álvarez Icaza
y, en el colmo del delirio, los cinco jóvenes ejecutados en la colonia Narvarte de la Ciudad de México seguramente fueron asesinados
por sicarios de la CIDH para “manchar” la trayectoria de este gran amigo de los opinólogos pagados por el erario de Veracruz, Javier
Duarte.
Los delirios serían un caso excepcional si no estuviéramos ante una intensa campaña de medios de la Secretaría de la Defensa
Nacional, y de su titular Salvador Cienfuegos, para negar cualquier responsabilidad “por comisión u omisión” en estos casos y, sobre
todo, para advertir que las Fuerzas Armadas mexicanas no tienen por qué rendir cuentas ante ningún grupo de expertos ni ante
ninguna instancia internacional.
La “entrevista” de Cienfuegos en el Canal 2 de Televisa, más la reacción visceral de funcionarios, columnistas y hasta defensores
oficiales de derechos humanos al informe de la CIDH sobre la situación de graves violaciones a garantías individuales en México,
apuntan a que un espíritu peor que el del Complot Mongol comienza a permear en el gobierno federal: es el Gustavo Díaz Ordaz que
se siente felizmente incomprendido por haber caído en la trampa de su propia paranoia.
Twitter: @JenaroVillamil
El gobierno sabe desde un principio qué pasó con los 43:
Solalinde en CNN
El quinto camión, clave para entender el ataque a normalistas de Ayotzinapa en septiembre 2014, sostiene.
Redacción AN
En el caso de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, el padre Alejandro Solalindeaseguró que lo que dijo en un principio, sobre
que algunos de ellos habían sido asesinados, se mantiene, aunque aún no queda claro el lugar donde habrían sido incinerados ni se sabe
si mataron exactamente a los 43 que hoy permanecen desaparecidos.
En entrevista para Aristegui CNN -grabada en el marco del Festival del Premio Gabriel García Márquez, que se realizó en Medellín,
Colombia-, el religioso indicó que tuvo 6 informantes, quienes son habitantes de Guerrero, y tiene “perfectamente” ubicados, pero no puede
revelar sus nombres por el peligro que corren.

Sintesis informativa 07 octubre 2015

Sintesis informativa 07 octubre 2015

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Similar a Sintesis informativa 07 octubre 2015

Similar a Sintesis informativa 07 octubre 2015 (20)

Más de megaradioexpress

Más de megaradioexpress (20)

Último

Último (20)

Sintesis informativa 07 octubre 2015