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1. DE LOS DIARIOS MÁS IMPORTANTES DEL ESTADO DE OAXACA
Miércoles 18 de Noviembre de 2015
Desde
Puerto Escondido
Oaxaca
México
En: http.//www.megaradioexpress.com.mx

2. Por posibles actos de corrupción, investigan a 30 funcionarios de Cué
Jaime GUERRERO
 Oaxaca. 18 de noviembre de 2015-El titular de la Secretaría de la Contraloría y
Transparencia Gubernamental, Manuel de Jesús López López, reveló que por
posibles actos de corrupción e irregularidades administrativas, se investiga a cerca
de 30 funcionarios públicos, los cuales están bajo procedimientos administrativos
por posibles conductas irregulares.
El ex titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, puntualizó que por no
acreditar el cumplimiento de normas administrativas, no presentar documentación,
entre otras conductas, hay un universo de 30 expedientes. López López, evitó
revelar el nombre y los cargos de los servidores públicos investigados.
En el caso específico del del ex secretario de las Infraestructuras y Ordenamiento
Territorial Sustentable (Sinfra), Netzahualcóyotl Salvatierra, aseguró que “no se ha
cerrado, sigue en la etapa de investigación.
En tanto, negó que el castigar los presuntos actos de corrupción de funcionarios del
gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, se convirtiera en un fracaso para el sexenio de Gabino Cué Monteagudo, porque los delitos oficiales que cometen los servidores públicos no son
graves.
A todos, la ley les permite una libertad bajo fianza, siempre que garanticen las obligaciones procesales que imponga el juez. Hay casos donde salieron de purgar una pena y otros
mediante fianza, como el ex titular de Transporte, Gonzalo Ruiz Cerón y el ex titular de Coplade, Bulmaro Rito Salinas, respectivamente.
López López, indicó que en materia de responsabilidad administrativas, ya son procesos instaurados donde hay resoluciones de inhabilitación y hay casos en revisión ante el
Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Mientras que de los funcionarios del sexenio de Cué MOnteagudo, indicó que en cinco años se han sancionado a decenas de funcionarios por incurrir en diversas irregularidades.
En materia de declaraciones patrimoniales, se han sancionados más de 200 servidores públicos con amonestación privada y pública porque no presentaron sus declaraciones en el
2014 o la presentaron de manera extemporánea.
De los 200 quedan pendientes 70 por notificar.
De la declaración que se debió de presentar en el 2015 es la que se está verificando. Se han detectado 50 que las presentaron después del mes de mayo, y se les habrá de iniciar
procedimiento administrativo.
Ordenan al Congreso resolver demanda de juicio
político contra funcionarios estatales
Juan Carlos Zavala
Oaxaca,Oax. El Juzgado Quinto de Distrito del Poder Judicial de la Federación ordenó a la Comisión Permanente Instructora
del Congreso del Estado de Oaxaca a resolver y dar respuesta a la demanda de juicio político contra funcionarios del gobierno
de Gabino Cué Monteagudo.
La comisión que es presidida por la diputada local por el PRI, María Luisa Matus Fuentes, tiene un plazo de 10 días para
informar sobre el procedimiento que se sigue de juicio político, así como entregar todos los informes sobre el caso.
El amparo fue promovido por Lucila Fernández Ruiz, quien interpuso la demanda de juicio político por usurpación de funciones, abuso de autoridad
y omisión, contra los ex secretarios de Seguridad Pública del Estado, Marco Tulio López Escamilla y Alberto Esteva Salinas, así como contra el
actual titular de esta dependencia Jorge Alberto Ruiz Martínez.
De acuerdo con la demanda promovida el 27 de mayo de 2015 y ratificada por escrito el 3 de junio de 2015, los ex secretarios de Seguridad Pública
determinaron, sin fundamento legal, cambiar la razón social a las patrullas de “Tránsito del Estado” a patrullas de “Policía Vial del Estado”, con las
cuales la Secretaría de Seguridad Pública realiza las funciones públicas y operativas de Tránsito del Estado que consiste en infraccionar a los
conductores por faltas al reglamento de Tránsito.
“Sanciones que van desde elaborar la boleta de infracción, retener documentos personales como licencia de manejo, tarjetas de circulación, detención
de vehículos, etcétera, pero estas acciones operativas corresponden a Tránsito del Estado, como lo establece la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado”.
Incluso, la misma Secretaría de Seguridad Pública ha reconocido y acepta que no existen las bases legales que sustente la figura de Policía Vial.
“Se desprende que la Secretaría de Seguridad Pública incurre en abuso de autoridad. Por otra parte, al imponer o cambiar el color, la nomenclatura,
escudo, etcétera, a los vehículos de la Policía Estatal y Tránsito del Estado, incurren en el delito de usurpación de funciones porque es al Congreso
del Estado a quien corresponde tras un procedimiento acordar las reformas correspondientes que permitan el cambio y/o modificaciones”, precisa la
demanda.
Sin embargo, dolosamente la Comisión Permanente Instructora del Congreso local ha retrasado la demanda de juicio político contra estos
funcionarios del gobierno de Gabino Cué y dio hasta por perdido el expediente.

3. El pasado tres de noviembre, el Juzgado Quinto de Distrito concedió el amparo a favor de Lucila Fernández para que el Congreso del Estado de
respuesta a sus peticiones y a la demanda de juicio político que interpuso.
“Las peticiones de Lucila Fernández Ruiz consistieron en lo siguiente: Se le informara de manera fundada y motivada la razón por la cual dilata el
proceso de juicio político presentado contra los ex secretarios de Seguridad Pública del Estado. Se le informara el avance de la denuncia presentada.
La fecha en que se corrió traslado. La fecha en que se abre el periodo de pruebas. Se le notifiquen los informes rendidos por las autoridades
involucradas”, detalla la sentencia.
El Juzgado Quinto de Distrito refiere que la presidenta de la Comisión Instructora, María Luisa Matus, respondió a través del oficio
CPI/MLMF/LXII/141/2015 con fecha 22 de septiembre de 2015, que informó a Lucila Fernández que el caso se encuentra en estudio.
Pero esta respuesta, afirmó este órgano jurisdiccional, “evidentemente no da respuesta total a las peticiones de la quejosa”.
En un primer momento el Juzgado dio un plazo de tres días para que se cumpla con esta sentencia de amparo; pero por los tiempos del inicio de los
periodos de sesiones del Congreso local amplió el plazo a 10 días.
Si los integrantes de la Comisión Instructora del Congreso del Estado no acatan esta sentencia se les impondrá una multa por la cantidad equivalente
a 200 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal.
Aún hay 10 órdenes de aprehensión vigentes contra funcionarios de URO
Jaime GUERRERO
 Oaxaca. 18 de noviembre de 2015.-El Fiscal General de Justicia de Oaxaca, Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, afirmó que están vigentes y pendientes
de ejecución unas 10 órdenes de aprehensión en contra de ex colaboradores del ex gobernador, Ulises Ruiz Ortiz por un quebrando patrimonial de
más de cuatro mil millones de pesos.
En la víspera, Bulmaro Rito Salinas, titular de la Coordinación de Planeación para el Desarrollo del Estado (Coplade) en el sexenio de Ulises Ruiz
Ortiz, salió de la prisión en la cual estuvo recluido por1 año cuatro meses, por el delito de peculado.
Además de que diversos funcionarios del seenio de Ruiz Ortiz, se encuentran inhabilitados, entre ellos, Armando González Bernabé, ex director de
Caminos y Aeropistas de Oaxaca y ex Secretario de Obras Públicas y Ambrosio Vásquez Arango, ex director general de CAO.
Así como el ex director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Abel Trejo González y Enrique Cuevas Gómez, ex subdirector de
administración y finanzas del seguro popular.
Oscar Genaro García Ramírez, ex administrador de la Jurisdicción Sanitaria número seis “sierra” en los Servicios de Salud, fue detenido en junio de
2010 en cumplimiento de la orden de aprehensión librada por el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, dentro del
expediente 110/2010.
El ex funcionario se le acusa del delito de peculado por quebranto en perjuicio patrimonial de los SSO, por la cantidad de dos millones 838 mil 623
pesos.
Hasta el 2013 las ordenes de aprehensión pendientes, estaban la del ex secretario de Finanzas, Miguel Ángel Ortega Habib, el subsecretario de
Finanzas, Fernando González García, la ex coordinadores de Comunicación Social, Soledad Juana Rojas Walls, así como en contra del ex jefe
administrativo, Jorge Efrén Rojas Hernández, por el quebranto a la hacienda pública de 495 millones 700 mil pesos.
De igual forma, se libraron órdenes de aprehensión en contra de los ex directores de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, Armando Félix González
Bernabé y Ambrosio Vásquez Arango, por el daño patrimonial de 736 millones 218 mil pesos.
Mientras que a Manuel Alejandro Hernández Muñoz, ex director de Administración y Finanzas de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), se le
dictó un nuevo auto de formal prisión acusado de abuso de autoridad y peculado.
En el mismo 2013, el Juez Segundo de lo Penal, Andrés Manuel Jiménez Méndez, otorgó los juicios de amparo 382/2012; 383/2012; 384/2012 y
385/2012 a los ex funcionarios ulisistas, ante ello, la entonces secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Perla Marisela Woolrich
Fernández, el ex secretario de Finanzas, Gerardo Cajiga Estrada y el Consejero jurídico Víctor Hugo Alejo Torres, así como la Procuraduría de
Justicia presentaron un recurso de revisión.
En tanto, la Procuraduría General de Justicia del Estado mediante pedimento número 434, de fecha 17 de abril de 2012, “revocó la orden de
aprehensión” en contra de cinco ex funcionarios ulisistas acusados de delitos ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad y peculado.
Sin embargo, el procurador manifestó en esa ocasión que la “revocación” de órdenes de aprehensión contra ex funcionarios del priista Ulises Ruiz
Ortiz “no es cosa juzgada”.
Consideró que esa decisión “está lejos de ser derrota, por el contrario, está sentando una base para subsanar algunos criterios” y, entonces, ejercer
acción penal contra los ulisistas como se pretende al librar nuevas órdenes de aprehensión.

4. Cuotas elevadas dejan fuera a estudiante de enfermería de la UABJO
18 NOVIEMBRE, 2015 REDACCIÓN
Jazmín Morales
Oaxaca,Oax.- Con cartulinas instaladas en el kiosco del zócalo de la ciudad, la estudiante Eufemia Aguilar Aguilar originaria de San Felipe
Tindaco, exige al gobierno de Gabino Cué apoyo para estudiantes de bajos recursos.
Quien dijo se considera alumna de la Facultad de Enfermería y Obstetricia, explicó que fue aceptada en la facultad, pero por no contar con el
recurso para cubrir las cuotas de inscripción que se dividen en servicios educativos por 9 mil pesos y el curso propedeutico de 3 mil pesos, ha
sido dada de baja.
“Son 12 mil pesos los que suman el costo del curso propedéutico que no tomé y la cuota de apoyo a servicios educativos, aún que lo consiga
después no podré pagarlo”, señaló.
Pese a la limitada matrícula de estudiantes que ingresan a las Facultades de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), las
cuotas para inscripción han aumentado, “éste gobierno está privatizando la educación aumentando las cuotas y disminuyendo la matrícula”.
En este año más de 13 mil estudiantes presentaron examen de admisión para las diferentes facultades y sólo 3 mil fueron aceptados, el resto se
quedó sin la posibilidad de continuar su educación, expuso.
Desde este 22 de noviembre en que se le otorgó la orden de pago ha estado solicitando una condonación a la directora de la facultad pero le ha
sido negado en apoyo, “acudí a la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca (DDHPO), para ser atendida y me refrenden
su apoyo pero será en próximos días cuando me atiendan en audiencia”.
Dijo que son varios estudiantes en la misma situación, pero por miedo a represalias por las autoridades del gobierno estatal y de la universidad
no han alzado la voz, sin embargo, amenazó con tomar las instalaciones de la UABJO en próximos días para ser atendida y poder continuar con
sus estudios.
Cura es suspendido por denunciar pederastia
El 7 de agosto pasado recibió el documento de suspensión en el que se argumentaba que "ha protagonizado división al
interior de la iglesia católica” luego de denunciar la violación de 45 niños indígenas
El sacerdote Apolonio Merino Hernández aseguró que por denunciar actos de pederastia fue suspendido por medio de
un decreto canónigo firmado por el arzobispo de la Diócesis de Antequera, José Luis Chávez Botello.

5. En conferencia de prensa, dijo que el 7 de agosto pasado recibió el documento de suspensión en el que se
argumentaba que el "Padre Apolonio ha protagonizado división al interior de la iglesia católica, con esta actitud que ha
tomado, por no quedarse callado y que ha dañado con esa actitud a varios feligreses".
Recordó que en 2009, varios sacerdotes denunciaron a su compañero Gerardo Silvestre Hernández por la violación de
unos 45 niños indígenas de la Sierra Norte de las parroquias de Santiago Camotlán, San Idelfonso Villa Alta así como
San Pablo Huitzo, en el Valle de Etla.
Destacó que Silvestre Hernández enfrenta un proceso penal bajo el expediente 140/2013 y se encuentra recluido en el
penal de Tlaxiaco, en la región Mixteca.
Merino Hernández, al ser párroco de Santiago Zoochila, Villa Alta, apoyó las denuncias contra su compañero sacerdote.
Según él, a raíz de eso es que se toma la decisión y le notifican de su suspensión y expulsión de la iglesia católica.
Manifestó que el propio Chávez Botello le ofreció una mesada de 8 mil pesos mensuales, con lo que podría vivir
dignamente.
"Considero que la causa de mi suspensión fue por haberme atrevido a escuchar y conducir a la gente que hablen con la
verdad ante una justicia y en este caso el atropello a menores", dijo.
Calificó como una injusticia este acto porque lo único que hizo fue atender a quienes denunciaron al sacerdote Silvestre
Hernández como presunto responsable de violación a menores.
Acusó al Arzobispo de estar protegiendo al implicado en los delitos de pederastia y dijo desconocer los motivos.
"También Chávez Botello ha ejercido sobre mi persona violencia institucional, amenazas, intimidación, hostigamiento y
peor aún, ha vendido la idea que soy enfermo mental".
Apolonio Merino reconoció que tiene familia y eso podría ser utilizado en estos momentos para descalificarlo.
Consideró que el celibato ya no funciona para los sacerdotes de la iglesia católica.
El párroco anunció que solicitará una audiencia con el Papa Francisco en la próxima visita a México y responsabilizó al
arzobispo de cualquier daño que pudiera sufrir él o su familia.
Con 13 años de sacerdocio prestó sus servicios en las parroquias de San Juan Bautista Lo de Soto, Juchatengo,
Zoochila, Yucutindó e Ixcatlán.
Dijo que también el presbítero Ángel Noguera Nieto está suspendido por este mismo hecho.
SERÁ EN CIUDAD ADMINISTRATIVA
En Oaxaca harán evaluación 5 mil profesores bajo custodia de Policía Federal
Quienes no aprueben, tendrán dos oportunidades más;
LIZETTE MENDOZA ALAVEZ
El 94% de los maestros convocados por la Secretaría de Educación Pública, a través del Instituto
Estatal de Educación Pública de Oaxaca, se registraron al proceso de evaluación docente que se
llevaría a cabo el 28 y 29 de noviembre.
Asimismo, por logística, la sede del proceso del examen será en la Ciudad Administrativa, medida
que ya cuenta con el visto bueno de la Policía Federal, Enrique Francisco Galindo Ceballos.
El gobernador Gabino Cué reconoció ayer que el porcentaje de maestros a evaluarse supera las
expectativas que se tenían. "El reto es que asistan el día de la evaluación", advirtió.
Señaló que su administración está tomando las consideraciones necesarias para que este examen
no se tenga que posponer. "Si hay algún acto de provocación o de violencia, como cualquier delito se tendrá que atender en flagrancia".
Precisó que esta Evaluación del Desempeño Docente no es punitiva y está contextualizada acorde a norma establecida y a la realidad que demanda la educación
de niñas y niños, no sólo de Oaxaca, sino del país.
A nivel estatal fueron llamados a evaluarse 6,058 docentes. Los maestros que deberán participar son aquellos que presentan 5 y 23 años de servicio de
educación Especial, Preescolar, Primaria, Secundarias Generales, Técnicas y Telesecundarias.

6. A Plataforma México, perfiles de líderes magisteriales en Oaxaca
YURI SOSA @YuriSosa04
Oaxaca de Juárez.- Los perfiles de los líderes de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), contra quienes se liberen las
nuevas órdenes aprehensión, serán subidos a Plataforma México como sucedió con los cuatro profesores detenidos el pasado 29 de octubre, aseveró el fiscal
General de Oaxaca, Joaquín Carrillo Ruiz.
Para la ejecución de las órdenes de aprehensión de Othón Nazariega Segura, Efraín Picazo y de Roberto Abel Jiménez, se contó con la colaboración de la
Procuraduría General de la República (PGR), indicó el fiscal.
Ese mismo método se utilizará para detener a los líderes de la gremial contra quienes se liberen nuevas órdenes, pues a través de este sistema de información a
nivel nacional, se puede tener mayor certeza sobre las aprehensiones, apuntó Carrillo Ruiz.
“El acuerdo a nivel nacional, es que todas las órdenes de aprehensión por el delito que sea, que tenga la Fiscalía General en Oaxaca, se reporten a Plataforma
México para la ejecución de las mismas”, explicó Carrillo Ruiz.
Autoridades estatales indicaron con anterioridad, que entre las órdenes pendientes se encuentra la de las lideresas Norma Cruz Vázquez y Carmen López
Vázquez, quienes "desaparecieron" de las manifestaciones.
Plataforma México es el sistema de información que forma parte de la estrategia nacional de prevención del delito y combate a la delincuencia de la Secretaría de
Seguridad Pública.
SE EJECUTARÍAN DETENCIONES POR VANDALISMO A OFICINAS DEL IEEPO
El titular de la Fiscalía General de Oaxaca, Joaquín Carrillo Ruiz, aseveró que por los daños ocasionados a las oficinas del Centro de Evaluación del IEEPO,
durante la manifestación de la Sección 22 del SNTE el sábado pasado, ya se iniciaron las averiguaciones previas para expedir las órdenes de aprehensión.
Durante la protesta en contra de la evaluación docente, integrantes del contingente retiraron medidores de luz , realizaron pintas y prendieron fuego a la puerta
del lugar.
Van comunidades contra 14 proyectos hidroeléctricos y mineros
PEDRO MATÍAS/proceso
Oaxaca.-Habitantes de la Costa y Sierra Sur de la entidad denunciaron que los gobiernos federal y
estatal buscan "relanzar" 14 proyectos hidroeléctricos y mineros en la región, por lo que refrendaron
su decisión de organizarse para defender sus territorios.
Durante el Foro Regional "Ríos y Montañas en Peligro", realizado el sábado 14 en el municipio de
Tataltepec de Valdés, los representantes de 51 comunidades y 17 organizaciones civiles emitieron
una declaratoria en la que subrayaron la prohibición para iniciar cualquier proyecto de extracción en
sus tierras, porque generan graves daños al medio ambiente y ponen en riesgo la vida comunitaria.
Ante más de 400 participantes, denunciaron la existencia de por lo menos 14 proyectos
hidroeléctricos en la Costa de Oaxaca -además de los mineros-, que amenazan el territorio y la
naturaleza de los pueblos.
Mencionaron que aunque muchos de esos proyectos fueron rechazados en su momento por los pobladores, hoy son relanzados por las autoridades federales y el
gobierno de Oaxaca.
"Reiteramos que este tipo de estrategias vulneran desde nuestro derecho al acceso a la información, hasta el derecho a preservar nuestros territorios y decidir
sobre nuestro propio desarrollo", puntualizaron.

7. De acuerdo con los inconformes, los proyectos de presas y minas generan graves daños en los territorios y el medio ambiente, además de que devastan el agua
y "ponen en riesgo la continuidad de nuestra vida como pueblos, generan daños sociales y culturales, y dividen a los pobladores para permitir la entrada de
empresas trasnacionales".
Los mixtecos, chatinos y afromexicanos que viven en las regiones de la Costa y Sierra Sur compartieron sus estrategias de resistencia y defensa para estar
prevenidos y rechazar los proyectos mineros y de presas hidroeléctricas que de nueva cuenta amenazan sus territorios.
"Desde hace muchos años nos hemos organizado para defender nuestras tierras y bienes comunes frente a proyectos de desarrollo e infraestructura, mejor
conocidos como megaproyectos. Consideramos que nos debemos coordinar de manera más activa e informarnos, porque compartimos problemáticas comunes",
subrayaron.
De igual manera, reconocieron que se han activado nuevos riesgos a la luz de la reforma energética aprobada en el Congreso, porque da continuidad a
programas anteriores que han buscado desnaturalizar el carácter social y colectivo de sus tierras para individualizarlas.
Al foro asistieron representantes de Tataltepec de Valdés, Plan del Aire, Paso de la Reyna, Piedra Amarilla, San José de las Flores, Llano Víbora, Consejo del
Agua, Puerto Escondido, Santa María Templo Viejo, El Ocote o La Palma, Las Trojes, Colotepec, Piedra Grande, Llano Verde, Virgen de los Pobres, Teojomulco,
Santa Cruz Zenzontepec, Independencia Itundujia, San Lucas Atoyaquillo, San Pedro Atoyac, El Camalote Colotepec, La Luz Tututepec, San Jacinto Tlacotepec
y Tenamazapa.
También asistieron vecinos de El Vidrio, Santa María Tlapanalquiahuitl, Cerro Flor, Cerro Luna, Santiago Ixtayutla, Corral de Piedras, Peñas Negras, José María
Morelos, San Pedro Jicayán, Cacahuatepec, Pinotepa Nacional, Santa Ana, Panixtlahuaca, El Ocotillo.
De igual manera, acudieron de Agua Ceniza, Huazolotitlan, Cozoaltepec, Soledad Etla, Peñas Negras, Santa María Jicaltepec, Villa de Tututepec de Melchor
Ocampo, Santiago Jocotepec, Paso de la Garrocha, San José Cofradía, Los Naranjos, Pochutla y Campanario Putla de Guerrero.
Y participaron, entre muchas otras organizaciones, el Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde, la Unión de Comisariados de la Región Sierra Sur,
el Consejo Regional de Autoridades Agrarias por la Defensa del Territorio y en contra de la Minería de la montaña de Guerrero, la Organización Nacional
Indígena de Colombia, Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez y Servicios para una Educación Alternativa.
Sindicato Libertad cierran obra de Chedraui en Xoxo
IVÁN FLORES NORIEGA @noriegajoins13
Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca.-Decenas de transportistas afiliados al Sindicato Libertad, bloquearon los accesos a la construcción de una tienda Chedraui en
Xoxo por lo que quedó paralizada la obra, debido al reclamo pues aseguran que les adeudan el pago por el acarreo de material.
Desde las 9:00 de la mañana de este miércoles, al menos 40 camiones tipo volteo se estacionaron en el carril que conduce de Xoxo al centro de la capital, sobre
el bulevar Guadalupe Hinojosa de Murat, acción con lo que impiden el tránsito vehicular frente al mercado de la zona.
Los camioneros señalaron que desde hace varios meses, la constructora encargada de la obra les adeuda 900 mil pesos por acarreo de arena y grava, sin
embargo tras una manifestación conjunta que hicieron con el Frente Popular 14 de Junio, acordaron que les pagarían el jueves de la semana pasada, convenio
que incumplieron.
Hasta las 13:30 horas de este miércoles, los accesos a la obra están cerrados, pero los trabajos continúan en su interior, y las únicas afectaciones son al tránsito
vehicular por lo que las autoridades recomiendan evitar la zona.

8. Enardecidos pobladores prenden fuego a patrullas
Todo inicia tras un choque entre una camioneta de policías municipales y un mototaxi Varios policías fueron rescatados
anoche
por Jacobo Robles el Miércoles 18 de noviembre de 2015 - 12:08:37
Jacobo ROBLES
Un grupo de policías municipales de Tehuantepec, quienes a bordo de una patrulla de esa corporación protagonizaron un choque contra un mototaxi, donde resultaron dos
personas lesionadas, fueron retenidos por pobladores.
El caso se agravó más tarde, cuando acudieron funcionarios de Gobierno del Estado para dialogar y pedir la liberación de los retenidos, ya que la multitud procedió a
quemar la patrulla involucrada, así como otra de la misma corporación, un vehículo y una motocicleta.
Al cierre de la edición, la situación en ese municipio era tensa, con un resultado preliminar de 6 personas detenidas y destrozos al cuartel de la Policía Municipal, donde
incendiaron otras tres motocicletas.
Todo inició alrededor de las 16:00 horas, cuando la patrulla que al parecer circulaba a exceso de velocidad y sin precaución alguna, impactó a un motocarro en
Tehuantepec.
Tras el impacto, dos de los ocupantes del mototaxi, resultaron con lesiones de consideración, entre ellos una mujer.
Personas que se percataron de lo ocurrido, dieron aviso a los cuerpos de rescate, acudiendo socorristas de Cruz Roja Mexicana de esa delegación, para proporcionar los
primeros auxilios a las víctimas.
Luego de ser valoradas, los socorristas dijeron que el estado de salud de los ocupantes del motocarro era grave, por lo que fue necesario el traslado a nosocomios cercanos.
Los vehículos involucrados, fueron un moto taxi de color blanco con placas de circulación PS3HT, número económico 21 y la patrulla de la municipal con número
económico 0085.
Este hecho enardeció a los habitantes, quienes retuvieron a los uniformados y a la patrulla involucrada, bajo la amenaza de hacer justicia por propia mano.
Las investigaciones indicaban que el conductor de la patrulla, luego del accidente, escapó y abandonó a sus compañeros así como a la unidad.
Ante la alerta de un posible linchamiento, al lugar se dieron cita elementos de las distintas corporaciones, entre ellas de la Marina, Armada de Mexico, Ejército Mexicano,
Agencia Estatal de Investigaciones (AEI)y Policía Estatal.
Sin embargo, ante lo que consideraron nulas respuestas para castigar a los policías municipales que causaron el accidente, habitantes de la colonia Benito Juárez, de Santo
Domingo Tehuantepec, procedieron a quemar la patrulla 0085 y retuvieron además a diversos funcionarios y mandos policiacos que llegaron, así como a otros 10
uniformados.

9. Fuentes fidedignas informaron que el subprocurador, Luis Sánchez, logró huir y dialogó con mandos de la Policía Estatal, militares y marinos, a fin de desplegar un
operativo de rescate de los funcionarios y comandantes retenidos.
Hasta las 18:00 horas de ayer, la situación era tensa en el lugar y los colonos amenazaban con golpear a los funcionarios y policías en caso de no haber respuesta.
A las 19:00 horas, se supo extraoficialmente sobre la quema de una patrulla más y dos vehículos, entre ellos una motocicleta, así como el rescate de los retenidos.
A las 20:00 horas, las autoridades indicaron que como resultado de una acción coordinada entre efectivos de la Policía Estatal, Fiscalía General del Estado y Secretaría de
Marina, fueron rescatados 4 policías municipales.
Entre los retenidos, se dio a conocer anoche, estaban Marco Antonio López Fuentes, de 38 años; Israel Rojas López, de 40; Ángel Alonso González Ambrosio, de 22;
Fausto Pérez Victoriano, de 56; Aarón Velasco Díaz, de 23 y Gustavo Cruz Cruz, de 24 años.
Disturbios en Tehuantepec por muerte de mototaxista; hay 26 detenidos
Por Diana Manzo y Jorge A. Pérez Alfonso, corresponsales
En represalia por el fallecimiento de un chofer, jóvenes cometieron vandalismo en un cuartel policial de Tehuantepec. Foto Diana Manzo
Tehuantepec, Oax. El fallecimiento de un chofer de mototaxi derivado de un percance vial con una patrulla de la policía municipal de Santo Domingo
Tehuantepec derivó en la quema de 12 unidades (ocho motopatrullas y cuatro patrullas), además de la detención de 26 personas.
El accidente ocurrió aproximadamente a las 13:00 horas de ayer en la Colonia Benito Juárez, donde los vecinos intentaron linchar a un grupo de policías a
quienes tuvieron retenidos por un lapso de cinco horas y finalmente fueron liberados por elementos de la policía estatal, de la Agencia Estatal de
Investigaciones y de la Marina Armada de México.
Durante la liberación de los uniformados fueron detenidos cinco jóvenes, y trasladados al cuartel de la policía estatal ubicado en el municipio de El Espinal.
Más tarde alrededor de las 21:00 horas, otro grupo de jóvenes encabezaron actos vandálicos y provocaron un incendio además de destrozos en el cuartel de
seguridad municipal.
Hasta el momento, la situación en la colonia Benito Juárez es de calma y no se descartan movilizaciones en el transcurso del día.
La madrugada de este miércoles se dio a conocer que César Aldair López Jiménez de 18 años, quien era conductor del mototaxi en Santo Domingo
Tehuantepec falleció a causa de las heridas y lesiones ocasionadas luego de que la patrulla de la policía municipal de esa localidad lo impactará.
El alcalde Donovan Rito García lamentó los hechos y manifestó que se investigará el trasfondo de la situación, por lo que pidió el respaldo de la
Federación, para atender este problema de seguridad en el municipio zapoteca.
Con Mayusculas 18/11/15
Escrito Por Juan Diego
*.- Indocumentados y mota, trafican capos del Cártel 22 en autobuses
*.- Va Martínez Helmes por la diputación; le urge alcanzar inmunidad.
Y TAMBIÉN GRIFA.- ¿Le dio miedo al comisionado de la tecolotiza de la ciudad, José Luis Echeverría Morales, o prefirió hacer mutis? Se limitó a decir que las
líneas de transporte afines al Cártel 22 servirían para el traslado de personas indocumentadas. Reforzó su dicho con que el área de investigación de la
corporación detectó que muchas de las personas que ingresan de manera ilegal al país y cruzan por la ciudad de Oaxaca, usan este medio de transporte para
trasladarse al DF. Como no queriendo, se atrevió a decir que ya en una ocasión, personal de la Comisaría detectó que en autobuses de estas líneas camioneras
transportan droga… Es un hecho innegable. Los capos del Cártel 22 no sólo trafican con indocumentados, también pasan grifa, aprovechado que tienen
inmunidad. Echeverría sólo se atrevió a hablar del decomiso que en octubre pasado hicieron de un camión que venía de la zona de Miahuatlán y traía cerca de
21 kilos de marihuana. Lo curioso es que ese decomiso y consignación no trascendió, porque se movieron los capos del Cártel para que todo quedara entre
cuates. Los vehículos que usan son los del mismo maistrito que ha hecho un negocio del traslado de pasajeros al Monumento a la Revolución y por si no lo saben
es apoyado por Cara Sucia
POR LA INMUNIDAD.- Lo cuentan en todo CU y escuelas dependientes de la Uni, similares y conexas: Eduardo Martínez Helmes, actual rector de la UABJO,
busca por todos los medios posibles que le den una diputación pluri. Ya tiene lista su solicitud de licencia para dejar la institución, y todo hace suponer que quien
se hará cargo del interinato es Leticia Mendoza Toro, actual secretaria general. ¿Y a quién creen que señalan como quien orquesta esta jalada? Pues ni más ni
menos que a su achichincle de cabecera, el Carlos Tranzarán. Quienes me cuentan el asunto, me dicen de este diálogo entre el pequeño hombrecito y su alter
ego… “Necesitas ser diputado pluri, ¡a güevo! Con fuero difícilmente van a poder hacerte algo si te fincan responsabilidades (algo debe saber). Si eres diputado,
tus colegas no se atreverán a cuestionarte, además de que podrás defenderte con el fuero que tendrás. Necesitas tener todos los hilos para evitar que te lleven a
juicio. Tú de diputado, con Reynel en la Rectoría, difícilmente podrán abrocharte. Tu carta para la sucesión se la va a jugar contigo, no en balde el arreglo con ya
sabes quién (la intrépida buscadora del peligro que será abogadaza en breve). Entonces… Diputadazo a la vista.

10. ADEMÁS, MOROSOS.- Dice la nota: El despliegue de la Policía Federal para el combate al crimen organizado ha dejado al borde del colapso a 201 hoteles
ubicados en 22 estados y el DF que no recibieron el pago por prestar sus servicios de hospedaje y alimentación a los elementos de las distintas divisiones de la
corporación. Documentos señalan que el gobierno federal adeuda desde septiembre de 2014 más de 653 millones de pesos a hoteleros de 113 municipios o
localidades del país. El mayor número de hoteles afectados financieramente están en 68 localidades de los estados de México, Guerrero y Michoacán, donde se
aumentó la presencia de las Fuerzas Federales… También Oaxaca entra en este boleto, con la salvedad de que a la entidad esas fuerzas se destacaron por lo
del asunto magisterial, no tanto por la delincuencia organizada. La Comisión Nacional de Seguridad reconoce que tiene adeudos con los hoteles donde se
hospedan durante los despliegues operativos de los elementos de la policía. Michoacán es el estado más afectado con 55 hoteles; Guerrero, con 48; el DF tiene
16, en tanto que Chiapas, Chihuahua, Jalisco, Nuevo León y Oaxaca acumulan tres cada uno. Lo curioso del caso es que esas fuerzas siguen destacamentadas
aquí, pero ya no se les mira…
ESE LIBRETÓN.- Sigue el Libretón, titular de la Sevitra, dando de qué hablar al frente de esa dependencia que le cayó de chiripa y en la cual no ha podido dar el
estirón, porque de plano el muchachito salió malo para la talacha. Él es bueno para la grilla barata, para organizar a dos tres monos para ir a sonar las matracas a
favor de algún político, pero no para la talacha. Es bueno para ver de a cómo no, pero no para chambear. En serio. Tiene al sector de transporte montado en un
polvorín, la tienda no se le ha incendiado porque tiene en Segego a sus puerquitos que van a apagar el fuego que él atiza, y bueno… Ayer, mototaxistas de la
CTM protestaron en la oficina de Tontín (así le dicen al chango de Totontepec) exigiendo operativos en contra de unidades que no tienen permisos para ofrecer
estos servicios, o sea, unidades piratas. Los mototaxistas son de la agencia de Montoya, en donde los mototaxis piratas están a todo meter y don Libretas no se
mete porque tiene a sus propios changos que le trabajan y le dan su comisión. Sevitra se ha hecho la occisa, por eso estos compas se le ponen perros al Libretón
a ver si así reacciona.
LAS DEL ABUR.- Mal y de malas, la Yarith Tanoos Cruz, diputada federal por el distrito que dejó Samantha. A la exhibida de su espeso amor con un diputado
vejete de Puebla, se suma que usuarios de tuiter denunciaron su intolerancia por bloquearlos de su cuenta sólo por no compartir sus ideas. La estudiante de
doctorado en Psicología Social por la UNAM, Minerva Saldaña, denunció que Tannos la bloqueó luego que le respondiera sobre una publicación. La diputada
gerontofílica escribió sobre la importancia de legislar a favor de la “reconstrucción mamaria”, Minerva le respondió que era muy buena su iniciativa, pero era más
importante crear políticas públicas a favor de la prevención y tratamiento del Cáncer de Mama, y eso bastó para ganarse el bloqueo… Con el fondo musical de
¡tiburón, tiburón, tiburón a la vista, bañista!, esta mañana el Señor Pérez (Eviel) improvisa un auditorio poca madre a un lado del estadio de fut de Santa Lucía
para rendir su informe de labores: tres años de talacha. Dice que juntará al menos a cien mil cristianos, pero al margen de los acarreados, el único motivado es su
suplente, Coquis Toledo. Si se fuera de candidato tendría tres años de senador… El Luismi de los pobres (Martín Mathus) arrancó ayer talacha de proselitismo en
San Felipe, en pos de la candidatura para la presidencia de la ciudad. Un ejército de chavos promoviéndolo. A ver si no lo acusan de campaña a
destiempo… ABUR.
Astillero
¿Ministro Tlatlaya?
Pretensión ofensiva
Encubrimiento a militares
Mancera: esquirolazo a San Quintín
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
INVITADOS. Pablo González Casanova (centro), Juan Ramón de la Fuente y Francisco Barnés de Castro, entre los asistentes a la toma de posesión de Enrique Graue como rector de la
Universidad Nacional Autónoma de México. El acto se llevó a cabo ayer, en la Antigua Escuela de MedicinaFoto Cristina Rodríguez
La formalizada intención es, por sí misma, una ofensa. Denota y delata ánimos facciosos extremos, que abiertamente faltan al respeto a la sociedad y a
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Cierto es que, en términos simplemente jurídicos, el abogado Alejandro Jaime Gómez Sánchez
parece cumplir con los requerimientos constitucionales para ser propuesto por Los Pinos en la terna varonil de la que el Senado elegirá a un nuevo
ministro de la SCJN (también hubo terna femenil, en muy progre concesión a las cuotas de género, para ocupar otro asiento judicial).
Pero ese personaje, hasta ahora virtualmente desconocido en el plano político nacional, no tiene mayor mérito para estar encaminado al máximo
sitial de la justicia mexicana que la pertenencia a los equipos políticos del estado de México, siempre en posiciones supeditadas a los jefes priístas en
turno, actualmente procurador de Justicia de la citada entidad, que pareciera ser la única productora de cuadros adecuados para brincar del plano local
al nacional, en un auténtico asalto regional, prolongado, desequilibrado, y muchas veces falto de méritos, a las nóminas federales. Legiones de

11. paisanaje, presuntamente fiel y agradecido, trasladadas a la administración pública federal y a cargos de gran poder sólo por provenir de caprichos
con oficinas centrales en Los Pinos y taquillas para registro de leva en Toluca y Atlacomulco.
El procurador mexiquense Gómez Sánchez tiene, además, un estigma que debería haber impedido su postulación, aunque probablemente abonó
en sentido contrario y, en función de dicho sello infamante, se pretende premiarlo: fue encubridor de la ejecución de civiles en Tlatlaya, donde el 30
de junio de 2014 quedaron 22 cadáveres luego de la acometida de militares que en un principio fueron dejados a salvo de cualquier acusación, con la
ayuda institucional de personajes como el mencionado aspirante a ministro de la Corte (obviamente, por instrucciones de su jefe inmediato, el
gobernador Eruviel Ávila, quien a su vez recibe instrucciones de… más arriba).
La matanza de esos civiles (señalados como miembros del crimen organizado) fue inicialmente considerada por las autoridades
estatales investigadorasajena a cualquier exceso de las fuerzas armadas. El escenario de los crímenes fue alterado, las evidencias se perdieron y en
una primera versión se habló de unenfrentamiento que ultimó a todos los civiles (excepto tres personas, dos de ellas mujeres, que luego dieron
testimonio clave de los hechos). La difusión periodística de fotografías y testimonios que demostraban los abatimientosintencionales llevó a
replanteamientos de fondo e incluso al castigo de unos cuantos de los militares involucrados en esos asesinatos a sangre fría de civiles ya rendidos.
Ya antes ha hecho Enrique Peña Nieto que se elija a un ministro de la Corte cuyo historial carece de referencias en cuanto a carrera judicial,
experto más bien en obedecer órdenes de los jefes políticos, Eduardo Medina Mora. Y pretendió imponer al primo de su consejero jurídico como
ministro, simulando Raúl Cervantes Andrade un receso académico para que su condición de senador priísta no le pesara a la hora de la postulación,
que finalmente no se dio. Las dos ternas finales que ha presentado EPN tienen a tres personajes que mueven a polémica por sus antecedentes, pero de
ellos el más escandaloso es el caso del procurador mexiquense Gómez Sánchez que, de llegar a la Corte gracias a los arreglos mercantiles entre
partidos, sería el Ministro Tlatlaya.
El próximo 28, en Tijuana, Baja California, se constituirá el Sindicato Nacional Independiente y Democrático de Jornaleros y Jornaleras
Agrícolas del Valle de San Quintín (Snidjaa), el cual se considera la representación legítima del movimiento iniciado el 17 de marzo de este año con
protestas masivas que mostraron al mundo la existencia de un mundo laboral de opresión, maltrato y casi esclavitud en terrenos privilegiados donde
se produce la variedad de frutos que en inglés son denominados berries(en una paleta de colores que va del rojo al negro azulado).
En el Snidjaa se agrupa la inmensa mayoría de los trabajadores agrícolas que han luchado desde marzo por mejorar sus condiciones de vida y
trabajo, además de la gran mayoría de los coordinadores generales y el dirigente más conocido, Fidel Sánchez. Dicho de otra manera: el motor y la
base del auténtico movimiento de los jornaleros de San Quintín radican en esta agrupación.
Sin embargo, dos semanas atrás, de manera sorpresiva, en el Distrito Federal se anunció un charrazo a cargo de Miguel Ángel Mancera, quien
junto con algunos perredistas que habían atendidoel problema de San Quintín, como legisladores y dirigentes partidistas, fabricaron el Sindicato
Nacional de Jornaleros Agrícolas y Similares (Sinaja), presuntamente representativo de los mencionados jornaleros y de chinamperos de Xochimilco
(el secretario general es Enrique Alatorre, empleado del ayuntamiento de Ensenada y dirigente allá de la Confederación Obrera Revolucionaria,
aliada al PRI). Para dar a conocer el registro de este sindicato estuvieron el propio Mancera y la presidenta de la Junta de Conciliación y Arbitraje en
el Distrito Federal. La creación de este sindicato a larga distancia es una maniobra del perredismo chucho y un presunto fortalecimiento de las
aspiraciones presidenciales del divisorio Mancera. El esquirolazo servirá para que el gobierno federal trate de negar registro al verdadero sindicato de
lucha, el Snidjaa.
Y, mientras el dirigente del Partido Encuentro Social, el diputado federal Eric Flores, aprovecha en la tribuna de San Lázaro el momento de
angustia mundial para impulsar la vuelta de la religiosidad al centro de la actividad política mexicana, proclamando que fue muy mala idea sacar a
Dios de la vida pública de nuestro país, y demandando:¡Queremos líderes políticos temerosos de Dios! y ¡Sí queremos que haya un lugar para Dios
en la vida pública de nuestro país! (cría pastores diputados y te sacarán a Juárez), ¡hasta mañana!
Twitter: @julioastillero
Facebook: Julio Astillero
Fax: 5605-2099 •juliohdz@jornada.com.mx
México SA
Economía: tijera en ristre
FMI recorta, una vez más
Videgaray, sin atinar una
CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA
El secretario de Hacienda, Luis VidegarayFoto María Meléndrez

12. Que alguien ponga paja, porque en materia de crecimiento económico y por tercer año consecutivo resulta abismal la diferencia entre lo ofrecido por el
gobierno peñanietista y la terca realidad. Si el primero hubiera cumplido, la economía mexicana habría crecido a una tasa anual promedio de 3.7 por
ciento en la primera mitad del sexenio que prometió Mover a México.
Pero como hubiera no existe, si bien va en la primera mitad del peñanietato elavance anual promedio en materia económica a duras penas
alcanzará 1.8 por ciento, es decir, la mitad de lo originalmente comprometido por quienes aseguraban saber gobernar, de tal suerte que llegó el
momento de que elministro del (d) año pase a retiro y descanse permanentemente en su bien habida casa de Malinalco.
La producción de tijeras está a todo lo que da, pues es tal el recortadero de la estimación oficial sobre el crecimiento económico mexicano que los
industriales del ramo se afanan para satisfacer la creciente demanda de tal artículo punzocortante. Y falta diciembre.
Lo han hecho a lo largo del año (con igual proceder en 2013 y 2014), pero tan sólo en las últimas dos semanas los tijeretazos a dicho pronóstico
han sido practicados por todo tipo de organismos públicos y privados, nacionales y foráneos, empresariales, académicos y especializados en finanzas
públicas, tirios y troyanos y todos aquellos que se quedan en el tintero.
Por esa ruta han transitado, cuando menos, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el Banco Mundial, la OCDE, los
especialistas en economía del sector privado consultados permanentemente por el Banco de México, los institutos académicos y centros
empresariales especializados en la materia, y, desde luego, el grueso de los mexicanos, obligados expertos en padecer las consecuencias del
raquitismo económico que ha caracterizado al país en las últimas tres décadas y pico.
La ecuación es un desastre: para que México comience a salir del hoyo, la economía debe crecer a un ritmo mayor a 6 por ciento anual sostenido;
el gobierno peñanietista ofreció, con todo yreformas, un crecimiento anual promedio de 3.7 por ciento en la primera mitad del México en
movimiento, y la realidad, que es más cabrona que bonita, no da más allá de 1.8 por ciento en promedio anual, inferior aún al registrado en la docena
trágica panista.
De peor a pésimo, pues. Así, con Peña Nieto en Los Pinos y el ministro a su lado (o viceversa) la economía mexicana avanza a una velocidad 50
por ciento inferior a la comprometida por el gobierno y alrededor de una cuarta parte con respecto al mínimo necesario para comenzar a salir del
hoyo. Entonces, de mantener ese ritmo alguien terminará en el suelo: el gobierno peñanietista o el país, y éste lleva más de tres décadas al borde del
precipicio. Hagan sus apuestas.
Sirva lo anterior para añadir al de por sí grueso inventario de tijeretazos el más reciente recorte anunciado ayer por el Fondo Monetario
Internacional, el cual, eso sí, ni lejanamente será el último. El reporte del FMI advierte que el crecimiento mexicano sigue siendo moderado y que
para 2015 espera unavance de 2.2 por ciento y de 2.5 para 2016. Si esos pronósticos se cumplen, en cuatro años de EPN en Los Pinos y tras
las reformas que el país necesita (él mismo dixit), en ese periodo la economía mexicana crecería a una tasa anual promedio de 1.9 por ciento, la
menor, junto a la del calderonato, en cinco lustros, o si se prefiere la peor desde Miguel de la Madrid.
De cualquier suerte, el FMI –uno de los padres del reformismo mexicano– no pierde el buen humor y señala que la actividad económica
mexicana ha logrado resistir un ambiente externo difícil, aunque el recrudecimiento de la volatilidad financiera mundial y el alejamiento de los
mercados emergentes que se ha observado en la composición de las carteras provocaron una fuerte depreciación del peso frente al dólar
estadunidense en el curso del último año (16 por ciento en términos reales, es decir, descontada la inflación). Sin embargo, la inflación se mantiene
baja y los rendimientos de los bonos en moneda nacional se han mantenido relativamente estables. Eso sí, reconoce, la caída en la producción de
petróleo (y el precio) continúa siendo un lastre en el crecimiento de la economía mexicana.
El reporte fondomonetarista advierte que como economía sumamente abierta, con una elevada participación de inversionistas extranjeros en el
mercado de bonos interno, México continúa expuesto a shocks externos. Sin embargo, gracias a las perspectivas positivas de crecimiento (¡¡¡!!!) y a
la solidez de los marcos de política, podrá resistir mejor las tensiones de los mercados financieros. Las perspectivas de crecimiento de México son
muy favorables: se prevé que la implementación de reformas estructurales de amplio alcance impulsará el crecimiento potencial a 3-3.5 por ciento a
mediano plazo.
La política fiscal apunta a asegurar niveles de deuda sostenibles, en tanto que la política monetaria está guiada por un régimen creíble de metas de
inflación. La flexibilidad del tipo de cambio sirve de amortiguador de los shocks externos. Al mismo tiempo, la profundidad y la liquidez de los
mercados financieros de México permiten a los inversionistas protegerse de los riesgos cambiarios (no así a los mexicanos a pie). Los colchones de
reservas son sólidos, y la línea de crédito flexible acordada con el FMI constituye un seguro extra contra riesgos extremos.
De acuerdo con el FMI, la política monetaria ha sido debidamente acomodaticia en el curso del último año, y la tasa real de política monetaria ha
estado cerca de cero. La inflación se acerca a la meta de 3 por ciento y las expectativas inflacionarias permanecen ancladas. El efecto de traslado de
la depreciación de la moneda ha sido muy limitado hasta el momento, en parte gracias a la fuerte caída de los precios de las materias primas, que ha
ayudado a mantener bajos los costos de producción.
En fin, así están las cosas en espera del siguiente tijeretazo.
Las rebanadas del pastel
Los ojos de propios y extraños se mantienen fijos en el caos inmobiliario de Cuajimalpa, producto de la ostentosa corrupción de sus delegados y su
connivencia con los llamadosdesarrolladores. Pero lejos de ser la excepción, esa es la norma en no pocas delegaciones del Distrito Federal, mientras
el jefe de Gobierno se concentra en su Capilla Sixtina. Allí está el explosivo caso de la Alvaro Obregón, en la que Leonel Luna y sus huestes
arrasaron, y por la misma ruta transita su heredera… Ayer un problema de salud obligó a la ausencia del México SA de las páginas de La Jornada.
Pero reiniciamos hostilidades.
Twitter: @cafevega
D.R.: cfvmexico_sa@hotmail.com

13. Greenpeace a comunidades: prepárense a luchar
contra Goliat (empresas y gobiernos)
Por Daniela Barragán noviembre 18, 2015 - 00:05h 2 Comentarios
La Reforma Energética traerá consigo la implementación de megaproyectos en varias comunidades
del país que se han mostrado inconformes. El problema, como lo señala María Colín, abogada de
Greenpeace, es que la lucha de los mexicanos no es sólo contra las empresas sino también contra
el Gobierno.
María Colín, asesora legal de Greenpeace. Foto: Luis Barrón, SinEmbargo
Ciudad de México, 18 de noviembre (SinEmbargo).– Distintos pueblos del país se enfrentan actualmente a la imposición de
megaproyectos en sus comunidades. Para María Colín, asesora legal de la organización internacional Greenpeace, la única forma de hacer
frente a la devastación ambiental que se vive es generar una mayor cohesión social y movilizaciones conjuntas, ya que en México, la
lucha no es sólo contra las empresas sino también contra el Gobierno federal y las administraciones locales.
Tras el fallo a favor de los apicultores mayas de la Península de Yucatán, que suspendió el permiso de Monsanto para la siembra de soya
transgénica, la activista comentó en entrevista con SinEmbargo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se muestra como
un mecanismo que puede ser utilizado a favor de las comunidades, pero se cuestiona: ¿por qué llegar a esas instancias cuando los daños
de Monsanto, la única empresa de semillas transgénicas que tiene permisos comerciales, son tan obvios?
La legista lo define como “la lucha de David contra Goliat”. La pelea entre el gigante contra el pequeño en México tiene, además, tintes
de corrupción e impunidad.
“Si las empresas no pueden obtener ganancias y si los gobiernos no pueden avanzar con un megaproyecto por las
buenas, recurren a la fragmentación o a recursos legales con los que, a final de cuentas, prosperan sus proyectos en el
tiempo, pero con una falta de ética terrible”, dice.
En el caso de los apicultores mayas, lo que prosigue es la realización de una consulta previa, libre e informada, estándares mínimos, que
se marcan en el Convenio 169 de la Organización Nacional del Trabajo (OMT) vinculada a pueblos indígenas junto al Artículo Segundo
constitucional.
Sin embargo, la experiencia es negativa en el tema. Primero, porque como ha pasado con los Yaquis en Sonora y en Juchitán en Oaxaca,
la consulta se mira como un mero requisito, un procedimiento que da pie, de nuevo, a que el proyecto continúe.
También señala otro problema esencial.
“En México hay una ignorancia e incluso un desprecio hacia las comunidades indígenas”; las instancias encargadas de realizar la consulta
para las comunidades –la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Comisión de Intersecretarial de
Bioseguridad– de Yucatán y Campeche, mencionaron que ni siquiera sabían que en esa zona había pueblos indígenas.
“Ahora se debe verificar que las autoridades no den de nueva cuenta los permisos, porque ellos pueden decir que ya consultaron. Esos son
los riesgos de abrir una consulta, porque ya hemos visto que para pueblos indígenas tampoco es la panacea”, mencionó.
Esto, continúa, es un hecho de inequidad judicial y legislativa, ya que la autoridad administrativa se encarga de favorecer a las empresas
que promueven transgénicos y por el otro, no trabaja en un debate profundo sobre la bioseguridad en México. El fallo de la Corte, si bien
admite tiene un aspecto histórico, no se resolvió por cuestiones de biodiversidad aunque se presentaron las pruebas.

14. La Ley de Bioseguridad parece que se ha convertido en un instrumento para dar permisos. “Monsanto se dice vendedor de semillas, lo
cual no es cierto porque recibe permisos, pero no se encarga de garantizar que sus agricultores menonitas respeten las leyes de
bioseguridad […] Las opiniones que había emitido la Conabio y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas con anterioridad –y
que fueron omitidas por parte de la Semarnat– mencionan que las siembras a nivel experimental y piloto se habían realizado en polígonos
no autorizados y en áreas naturales protegidas y que se había encontrado siembra de soya en suelos no autorizados para uso agrícola, lo
que quiere decir que se desmontó suelo de uso forestal.
“Esa es la evidencia. Haber violado las condiciones de biosegurdad y haber recibido un permiso a nivel comercial.
Había violaciones que fueron documentadas por los propios órganos técnicos. En este escenario encontramos que es un
fomento a las empresas trasnacionales, dejando a la gente de lado”, enfatizó.
Para la ambientalista, con base a su experiencia, el escenario futuro no es prometedor, ya que viene la implementación de la Reforma
Energética, ligada más a proyectos como los gasoductos y que algunos ya se empiezan a implementar, por lo que la unión de las
comunidades frente a las empresas será crucial y eso es lo que sobresale del movimiento de los apicultores, que involucró y unió a grupos
de la sociedad civil, de comercio y a comunidades indígenas.
FALTA UN DEBATE A FONDO
–¿Cuál fue el mensaje para Greenpeace tras el fallo a favor de las comunidades mayas?
–Fue una lucha de cuatro años. Esto empezó a finales de 2011 y la presentación del primer amparo que fue en Yucatán, fue a finales de
enero de 2012 y siguió toda la batería de amparos, porque el de Campeche se presenta después; el de Quintana Roo se perdió, y en
Chiapas también se está litigando. Sin embargo tienen otras características. Lo meritorio de este amparo es que involucra a pueblos
indígenas. Como experiencia de este amparo, sale la necesidad de involucrarnos tanto comunidades productoras y exportadores,
acompañados de grupos de organizaciones defensoras de derechos humanos y ambientalistas. Es una combinación de factores y de
personas que han llevado a una sentencia que era inevitable que fuera en otro sentido. Haber emitido otro tipo de sentencia habría sido en
contra de los precedentes que han ido asentando en torno a pueblos indígenas, pero cabe señalar que los ministros siempre tuvieron la
oportunidad de haber entrado al tema de fondo, al debate que era el principio precautorio ligado a la protección y garantía del medio
ambiente sano. Todavía la sentencia no es publicada, pero de los puntos que se discutieron fueron el interés legítimo de las comunidades,
sí tenían, o sólo interés jurídico, cuando eso ya no se debería discutir, pero el análisis que hace la Corte es en torno a qué es el impacto
significativo.
Con toda la evidencia, más allá de las acciones que ya venían denunciando las comunidades, como el incremento en las aplicaciones en
avioneta en áreas muy cercanas a donde habitan o donde están las colmenas de los apicultores, hay una serie de elementos en los que se
permite saber que hay actos para considerar que estas comunidades están en riesgo y derivado de esto, ya no entra el estudio de si los
transgénicos son o no malos. Sin embargo, se hace esa vinculación en al impacto que pudiera tener en las exportaciones y la presencia de
polen transgénico en los embarques a la Unión Europea, que de facto pide cero tolerancia a transgénicos. Eso lleva a los ministros de la
Segunda Sala a decir que ante estas evidencias considera es necesaria la consulta previa, libre e informada, que son los estándares, al
menos los mínimos, que se marcan en el Convenio 169 de la Organización Nacional del Trabajo (OMT) vinculada a pueblos indígenas
junto al Artículo Segundo constitucional. Esto es lo que lleva la decisión, pero no dejo de recalcar: la Corte tenía la oportunidad de haber
entrado al estudio de lo que era el principio precautorio de decir ‘esto no debería estarse dando’. Ahora vamos a seguir viendo que
muchos de estos casos que no se terminan de resolver en los juzgados de distrito, terminan siendo atraídos por la Suprema Corte. Sí tiene
un aspecto histórico porque además no se habían resuelto las cuestiones de biodiversidad y alimentos genéticamente modificados que sí
requiere verlos a la luz de los tratados internacionales y del respeto a los derechos humanos, porque si la discusión se limita a decir,
meramente, que es un tema que sólo se debe debatir por los biotecnólogos o por la evidencia científica, entonces se dejan de lado los
derechos humanos. Estos casos se tienen que ver a la luz de las reformas de 2011, de respeto a los derechos humanos y esperamos que en

15. un futuro tengan un mayor entendimiento en torno a lo que es el principio precautorio porque hace falta su aplicación y no sólo para el
tema de biotecnología, sino que lo vamos a necesitar en cuestiones como fracking, por ejemplo.
–¿Cómo se observa el escenario para las comunidades con la llegada de megaproyectos tomando en cuenta varios procesos de consulta en
que los habitantes denuncian las formas en como se realizan?
–La consulta puede ser abordada como un mero procedimiento en el cual la autoridad dice ‘ah, ya le consulté y cumplí con todos los
requisitos’. Así la consulta queda como un mero procedimiento, como hemos visto con el pueblo Yaqui y de Juchitán, que justo es el
primer ejemplo de una consulta pública después de la Reforma Energética; la llevó a cabo la Secretaría de Energía con todos los vicios
que ha implicado. La consulta puede ser un mero procedimiento que marca la ley y que les permite pasar a la etapa de exploración y
explotación, o bien la puedes visibilizar como un mecanismo que se debe realizar con los más altos estándares y en ese sentido, si las
comunidades dicen no al proyecto, se debe acatar eso. Pero ahí está el problema, ese es el tema que está ausente. De entrada, porque la
consulta debe ser previa. Por ejemplo, en Campeche eran innegables las pruebas de que ahí se sembraba soya transgénica, todo
reconocido tanto por las autoridades locales, como por Monsanto. Si ellos dijeran que no quieren ese tipo de tecnología, nos está
afectando la decisión; ya pasada la parte de que se consultó, y que ellos dijeron que no, se tiene que respetar y garantizar la decisión de las
comunidades. Es el temor que surge en las etapas posteriores, porque se cierra un ciclo en torno a un juicio que casi cumple cuatro años,
hay que verificar ahora si la consulta se realiza como debe ser. Hay que observar todo el procedimiento que llevarán a cabo la CDI y la
Comisión Intersecretarial, que ni siquiera sabían que ahí había pueblos indígenas. Hay una ignorancia e incluso un desprecio hacia las
comunidades indígenas en este país. Esos son los dos puntos de vista de una consulta; que sea un mero procedimiento o que cumpla con
los estándares internacionales. También verificar que las autoridades no den de nueva cuenta los permisos, porque insisto, ellos pueden
decir que ‘ya consultaron’.
–¿Esto significa que el Gobierno cede sólo cuando ya se ve forzado a hacerlo?
–Sí. No hay una voluntad política para consultar. Ellos hablan de la Ley de bioseguridad en el artículo 33 que tienen que subir la
información a una página electrónica. La SCJN debatió ese punto y dijo que subir la consulta pública a través de Internet y que la gente
emita en 20 días sus comentarios de manera fundada, motivada y acompañada de evidencia científica y técnica, no cumple con un
estándar internacional, por lo tanto tiene que acoplarse a lo que dicen los tratados internacionales y la Constitución. Lo que pasó es que la
Ley de Biodiversidad violentaba tanto el marco internacional, como el nacional y se ven orillados a tener que resarcir las violaciones que
se violaron desde un principio.
UN GOBIERNO EMPRESARIAL
–Bueno, se logra la consulta, pero hay varios casos en los que los megaproyectos o la siembra se echan a andar. Incluso cuando se está en
proceso legal, se sigue con el proyecto a escondidas. ¿Qué es lo que sigue con esto? ¿Un proceso para obtener una reparación del daño?
–Ese es otro tipo de juicio que se tendría que abrir, porque la vía que tenemos es consultar y si las comunidades van por el no en la
consulta, eso tiene que ser asentado. Lo que creo es que la Sagarpa y Semarnat van a intentar actuar de la misma manera: ‘ya cumplimos
con la consulta, cumplimos el requisito, ahora damos nuevamente el permiso’. Eso es lo que, en un escenario muy poco optimista, creo
que las autoridades, dado que son promotoras de la biotecnología, no garantes de estándares de bioseguridad en nuestro país, harán
porque es como han actuado. La Ley de Bioseguridad se ha convertido en un instrumento para dar permisos y permisos y la mayor
evidencia es que las comunidades en Yucatán piden una zona libre de transgénicos a partir de un amparo que presentaron en 2013 y que la
autoridad agrícola les niega, a pesar de que está contemplado en esa ley, en el Artículo 90. Porque dice que no existe la normatividad
aplicable. Pero es curioso porque para las empresas sí se ha generado todo el mecanismo para dar permisos, mientras que para las
comunidades, cuando piden zona libre en este país, son incapaces de concederla porque dicen que no existen las normas. Bloquean parte
de los argumentos que ellos reclaman, más allá de las cuestiones de discriminación. En particular en un hecho de inequidad judicial-
legislativa. Porque una autoridad administrativa favorece a las empresas que promueven los transgénicos y por otro, una comunidad que
pide una zona libre. No van a permitir que se les escape ni una zona en nuestro país. Es una ambición terrible, en la cual no quieren dejar
ir ninguna inversión, porque esa es su pérdida, la financiera. Es la única parte que les importa y afecta.
Monsanto se dice vendedor de semillas, lo cual no es cierto, porque recibe permisos pero no se encarga de garantizar
que sus agricultores menonitas garanticen las condiciones de bioseguridad. En este escenario encontramos que es un
fomento a las empresas trasnacionales, dejando a la gente de lado. Si la autoridad da de nueva cuenta el permiso hay
que empezar un nuevo proceso, presentar un nuevo amparo, dado que no hay condiciones para la siembra y todo lo que
se ha evidenciado, y tomar en cuenta lo de zonas libres que no se les ha concedido y que ya hay una vía judicial en ese
aspecto. Eso es una posibilidad para el sentir de las comunidades, en que hay un procedimiento de responsabilidad en
contra de esta empresa en particular que ya ha causado un daño. Monsanto es la única empresa que tiene un permiso
comercial para la siembra de soya en siete estados: San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Chiapas, Yucatán y
Campeche. Lo que se ve es que las comunidades se tienen que estar desgastando, presentando vías judiciales para poder
garantizar sus derechos humanos. Si ellas estuvieran aisladas, sin un grupo o un acompañamiento, la verdad es que no

16. sé qué harían, porque sus denuncias han sido mencionadas desde hace años, como en el caso de los apicultores, que
tiene como fortaleza que los comercializadores de miel están muy molestos y los exportadores ni se diga, porque a ellos
se les incrementa el costo de tener que mandar a analizar los embarques que mandan a la Unión Europea Esos costos no
los absorbe Monsanto. Se tienen que proteger, que instrumentar medidas que te generan un gasto para poderte proteger
y garantizar que se envían embarques libres de transgénicos. Ese costo extra no tendría porqué suceder.
–Está el tema del acompañamiento del Gobierno a las empresas, con Monsanto. ¿Desde cuándo viene esta tendencia por apostar más a las
empresas?
–Se ha documentado en el caso de la Acción Colectiva de Maíz que se ilustró cómo el debate de la biotecnología se torció. En 1996 hubo
una moratoria para la siembra de maíz transgénico y otros, porque la evidencia que había en ese momento denotaba que no había
condiciones para abrir esta tecnología. A partir de eso, el Ejecutivo federal decretó una moratoria de facto y dejaron de recibir permisos
de cualquier tiempo en el tema de transgénicos. Esa moratoria se da hasta 2005, que viene un cambio de paradigma, que es la Ley de
Bioseguridad, la que dio el engranaje para empezar a escalar de siembra experimental, piloto y comercial a las empresas. Todavía peor:
les da la carga de la prueba a aquellas personas que sienten que existe una incertidumbre o un temor acerca de los riesgos que conllevan
los transgénicos, cuando antes del periodo del 96, eran las empresas las que tenían que aportar la evidencia en torno a que sus organismos
genéticamente modificados no implicaban afectaciones. Entonces hay una torcedura en torno a la política de bioseguridad, porque se llega
a decir que no son seguros en un centro de origen hasta que no haya la menor evidencia científica y declaramos una moratoria en torno a
la siembra. Con la Ley de Bioseguridad lo que ha sucedido es que se han otorgado de manera escalada hasta llegar, en el caso del
algodón, por ejemplo, que ya se siembra a nivel comercial sin ningún control y pensando que también hay algodones nativos en el país, es
una consideración que no se retoma. En el tema del maíz transgénico, la escala comercial, si no fuera por la acción colectiva, en este
momento ya se sembraría en Sinaloa, Tamaulipas, Chihuahua y Durango, porque son las solicitudes que tienen hechas. Para el caso de las
soya ya están sembrando en aquellas comunidades donde no se tramitó ningún amparo como Veracruz y San Luis Potosí. Dijeron incluso,
que como no se había emitido una suspensión provisional, podían seguir sembrando. Decían que era legal, pero más bien era inmoral.
¿Para qué escalar y llegar al máximo tribunal del país para que ahí decidan sí se tiene que suspender hasta que no se lleve a cabo una
consulta pública? Esto es muestra de cómo la política de bioseguridad en nuestro país se ha ido torciendo, a partir de un marco de
bioseguridad que prácticamente, se decanta por promover la biotecnología moderna. Cabe señalar que ni siquiera es para fomentar la
biotecnología nacional porque no la hay. Tienen pocos productos (algodón, soya y maíz), ¿porque qué otra cosa ofrecen? Dicen que se
resolverá el hambre en el mundo, que van a reducir el uso de agrotóxicos, van a aumentar la producción agrícola, pero las tres son
mentira. Estas tres versiones no han sucedido; han aumentado la cantidad de agrotóxicos, pierden el control de las malezas y eso no
resolverá el problema del hambre en el mundo, porque es un problema de distribución, no de producción. Los mitos que vende la empresa
no existen.
–Desde la visión de Greenpeace, como organización internacional, ¿cómo se le ve a México?
– México no se escapa de lo que se ve en otros campos. Hay corrupción porque las empresas son acompañadas por los
gobiernos, se vuelven sus gestores, cuidan sus intereses, las respaldan. Por el otro hay impunidad porque si hay una
comunidad que se ve afectada, no solo en el tema de transgénicos, sino de cualquier megaproyecto de alguna industria
extractiva, la manera de protegerse no es solamente por la vía judicial, es también con movilizaciones, cohesión
social. La devastación ambiental que estamos viviendo en nuestro país está ligada a temas de corrupción y de
impunidad. Es una lucha de David contra Goliat, en la cual si las empresas no pueden ganar, y los gobiernos no pueden
llevar a cabo un proyecto por las buenas, empiezan a generar fragmentación, meten recursos legales, de tal manera que
sus proyectos puedan seguir prosperando en el tiempo con una falta de ética terrible.
–¿Cómo se ve a la gente? ¿Dispuesta a enfrentar estos procesos que son largos?
–Hay de todo tipo; hay comunidades que si llegan a organizarse, pero deben saber que lo más importante de la lucha es, en muchos de los
casos, que se tienen que empezar antes de que lleguen las empresas, porque una vez que entran empiezan las explotaciones y es muy
difícil parar, porque se desata toda una estrategia del conflicto para desmotivar, desarticular y dividir a las comunidades. Todo con el
objetivo de seguir con sus proyectos. Es importante que las comunidades se mantengan unidas frente a las empresas, porque sino será
muy difícil lo que se viene encima, que es la implementación de la Reforma Energética, ligada más a proyectos de gasoductos, que
algunos ya se empiezan a implementar, y el escenario todavía puede ser peor por la Ley de Aguas y la Reforma al Campo. Con todas las
dificultades, vemos que las vías judiciales aún pueden servir como un mecanismo para los núcleos y las comunidades ejidales y
comunales. Son vías que tienen fortaleza y que esperamos que no se vayan desarticulando o volviendo inaplicables a futuro con las
modificaciones que se vengan encima. Las autoridades se mantienen distantes en torno a entrar de lleno a los asuntos. Se quedan con el
papel de que darán cumplimiento a los estándares internacionales, pero de eso, a abordar el asunto del principio precautorio, cómo nos
está afectando… imagínate una sentencia en torno a eso. Eso hubiera sido una sentencia histórica, pero la SCJN se mantuvo al menos en
el cumplimiento mínimo, porque los derechos humanos tienen que ser progresistas, así que no podían emitir una sentencia menor a otras
anteriores, pero tampoco entraron al fondo del asunto que es lo que esperábamos… siempre hay intereses.

17. Una investigación de lavado en España conduce a
Monex, cárteles y casinos en México
Por Ariadna Ortega noviembre 17, 2015 - 21:00h 0 Comentarios
El hijo del ex Presidente catalán Jordi Pujol es investigado por lavado de dinero. ¿Qué relación
tiene el empresario español con los cárteles mexicanos, el caso Monex y el tren interurbano México-
Toluca? Las investigaciones señalan posibles negocios ilícitos en el país.
Jordi Pujol Ferrusola, hijo del ex Presidente de la Generalitat de Cataluña, investigado por lavado de dinero. Foto: ElDiario.es
Ciudad de México, 17 de noviembre (SinEmbargo).– La investigación por supuesto fraude fiscal de la familia del ex Presidente de la
Generalitat de Cataluña, España, Jordi Pujol, ha conducido a una serie de delitos con destino en México. Entre estos se encuentra Monex,
la institución bancaria señalada en el país por fondeo de recursos para la compra de votos durante la elección presidencial de 2012.
Esta semana, el juez de la Audiencia española José de la Mata, prohibió a Jordi Pujol Ferrusola, el hijo mayor del ex Presidente, disponer
de seis vehículos de lujo que tiene a su nombre, así como de tres inmuebles en el marco de la causa en la que se investiga si el patrimonio
del primogénito procede del cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones públicas.
La investigación por blanqueo de dinero y fraude fiscal involucra una transacción millonaria a México, a través de la Casa de Cambio
Monex, y negocios con la multinacional Isolux Corsán, una empresa que tiene contratos federales por miles de millones de pesos en el
país, la mayoría durante la presente administración.
El Juzgado Central de Instrucción número 5 rastrea desde el 17 de enero de 2014 las actividades económicas de Jordi Pujol Jr. a raíz de
una acusación de su ex novia María Victoria Álvarez, que desembocó en una investigación por delitos financieros.
El hijo mayor del ex Presidente de la Generalitat de Cataluña declaró el pasado 15 de septiembre de 2014 ante el juez y negó la acusación
de su ex pareja de haber llevado bolsas repletas de billetes de 500 euros (8 mil 670 pesos) a bancos de Andorra. Sin embargo,
documentos la causa penal demuestran que Jordi Pujol movió su dinero a empresas pantalla repartidas por varios países, entre ellos
Croacia, Argentina, Uruguay y México.
El magistrado explicó que la investigación demostró que Pujol “realizó una clara operación de blanqueo para alzar bienes al alcance de la
Justicia, comprando una ‘shell company’ en Panamá, traspasando todos sus saldos a su cuenta en Andorra, para luego transferir el dinero
a México, evitando que la justicia española embargara cautelarmente 2 millones 435 mil euros”.
De acuerdo con una nota publicada por Europa Press, Pujol Ferrusola habría realizado mediante la remisión de importantes cantidades de
dinero a la Casa de Cambio Monex y a cuentas corrientes de la sociedad comercializadora Grupo Haklaab, invertidos en la construcción
de los casinos.
Este movimiento se habría dado el 4 de agosto de 2014. Seis días después de que el hijo del ex Presidente fuera citado a declarar como
imputado por el Juez Pablo Ruz.
La información del medio español señala que el intermediario y asesor del negocio fue el empresario Carlos Riva Palacio Magaña,
conocido como el zar de los casinos.
Durante las elecciones presidenciales de 2012, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue acusado de financiamiento paralelo y
compra y coacción del voto a través de tarjetas Monex. Sin embargo, en febrero de este año, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) resolvió que la fuerza política no incurrió en el delito.

18. El diario español Crónica Global también identificó a la Casa de Cambio Monex con la entidad financiera que el Cártel de Sinaloa utiliza
para blanquear decenas de millones de dólares. El medio destaca la llamada Operación Tacos, encargada de investigar el tráfico de euros
y cocaína entre mexicanos y españoles, caso por el que la Audiencia Nacional dictó sentencia contra 19 españoles, entre ellos el abogado
Joan Piqué Vidal, un hombre de confianza del ex Presidente catalán.
La asesoría del litigante, según Proceso, permitió crear un entramado financiero de 26 sociedades para el movimiento de dinero sucio. De
los 236 millones de euros que la organización lavó en México, Estados Unidos y España, un tercio se blanqueó en el país a través de
Monex Casa de Bolsa, Monex Divisa e Intercam Casa de cambio, mediante la representación en España de Bank of America.
SinEmbargo publicó en febrero de 2013, un extenso reportaje de sobre cómo se vinculó Monex con el lavado de dinero de cárteles del
narcotráfico.
PUJOL Y SUS NEGOCIOS EN MÉXICO
Desde agosto del año pasado se dio a conocer que Pujol Ferrusola era investigado en España por cobros encubiertos en un proyecto
turístico en México, en el que habría invertido el equivalente a un peso, pero cobrado comisiones, a través de una empresa fantasma, en al
menos cinco ayuntamientos por asesorar proyectos de basura.
El hijo del ex Presidente catalán habría cobrado en 2010, vía la empresa GBI & Monic Productions, 243 mil euros (más de 320 mil
pesos), “por el asesoramiento y estudio del proyecto de centro de tratamiento de residuos situados en el municipio de Ecatepec, Estado de
México. Asistencia en el país, búsqueda de emplazamientos en Querétaro, Puerto Vallarta, Acapulco y DF, búsqueda de potenciales
socios locales y de asistencia técnica local, con desplazamiento a México”, publicó el diario español El País.
En entrevista con SinEmbargo, el escritor Oriol Mallol, autor del libroEl Cártel Español, aseguró que Pujol es parte de una clase
empresarial ibérica “protegida”, que desde mediados de los noventa llegó a México a hacer una serie de negocios basada en relaciones
familiares y con altos funcionarios gubernamentales.
Pero las relaciones no son sólo empresariales, la hija mayor de Pujol Ferrusola, Mercé, se casó con Ignacio García de Quevedo, hijo de
Xavier García de Quevedo, presidente ejecutivo del poderoso Grupo México y uno de los hombres más ricos del país.
Meses antes de iniciarse esa investigación, el diario El Mundo reveló que la Audiencia Nacional de España sospechó del cobro de una
comisión encubierta de Isolux Corsán del megaproyecto turístico mexicano Azul de Cortez, en Baja California Sur, cuyo beneficio fue de
13 millones de dólares.
Apenas en julio pasado, el Juez José de la Mata dijo que Jordi Pujol pudo haber lavado ganancias por unos 14 millones de euros (242.5
millones de pesos mexicanos) con ayuda del empresario Luis Delso, presidente de multinacional Isolux Corsán, una empresa que tiene
contratos federales por miles de millones de pesos en México, la mayoría de la presente administración.

19. El juez de la Audiencia Nacional consideró que son falsas las facturas que se emitieron en las relaciones comerciales entre el empresario y
el hijo del político español por supuestos negocios realizados en México. La intención del empresario español era, cree el magistrado,
lavar dinero de Pujol Ferrusola.
La empresa que dirige Luis Delso, sin embargo, tiene una época de oro en México. Apenas en diciembre pasado, Isolux Corsán recibió de
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) un contrato, junto con otras tres empresas, para la construcción del tren interubano
México-Toluca. Esta obra tiene un precio de 690 millones de euros o casi 11 mil millones de pesos mexicanos.
El presidente de Isolux Corsán, Luis Delso, pagó 15.2 millones de euros en 2008 al hijo del ex Presidente catalán por su participación “en
un proyecto urbanístico en México” que, dos años antes, Pujol hijo había comprado por tan solo 1.2 millones. El magistrado desgrana,
además, tres operaciones en las que participaron el empresario y Pujol Ferrusola en México y España y que le reportaron beneficios
millonarios mediante “inmensas plusvalías, facturas falsas y contratos ficticios”.
El juez detalló hoy en audiencia que el Grupo Isolux contrató en 2006 a tres sociedades vinculadas con Pujol Ferrusola: Iniciatives
Marketing i Inversions, Project Marketing Cat y Active Translation. Usó facturas falsas por un total de 1.2 millones de euros para la
“colaboración en proyectos de construcción y concesiones de infraestructuras en México”.