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URGENTE ATENTADO EN CONTRA DE LOS PRESOS
POLITICOS DE SANTA CRUZ BARILLAS
CMI Guatemala / Waqib Kej
El día de hoy 16 de octubre se informo por parte del Sistema Penitenciario al
Juzgado de Primera Instancia del municipio de Santa Eulalia, que a las seis de la
mañana el transporte en el que se trasladaban los presos políticos del caso de
Barillas sufrió un atentado a la altura del kilometro 34 de la carretera
Interamericana. Por esta razón se cancelo el traslado al juzgado. Según el abogado
Sergio Vives, hasta el momento no se reportan heridos, aunque aun se están
haciendo averiguaciones.
Llama la atención que a las seis de la mañana hayan estado a la altura del
kilometro 34, cuando estaba programado que ellos debían estar antes de las nueve
de la mañana en Santa Eulalia, Huehuetenango, que se encuentra a 355 kilómetros
de la ciudad capital. Con esto se puede asumir que iban tarde a la audiencia que se
realizaría en el Juzgado de este municipio.
Los presos políticos que iban en este vehículo son: Diego Juan Sebastián, Andrés
León Andrés Juan, Joel Gaspar Mateo, Ventura Juan, Antonio Rogelio Velásquez
López, Pedro Vicente Núñez Bautista, Saúl Aurelio Méndez Muñoz y Amado Pedro
Miguel.
Estas ocho personas fueron detenidas ilegalmente el 2 de mayo de este año y las
razones por las que han sido encarcelados son políticas. Según ha argumentado
repetidamente la defensa, en los procesos de investigación y en la solicitud de las
órdenes de captura se evidencian un sin número de irregularidades, ilegalidades y
violaciones al debido proceso.
Uno de los aspectos relevantes evidenciados por esta defensa durante la
celebración de la audiencia intermedia, es que los mismos medios de comunicación
privados condenan públicamente de manera prematura a estas personas sin haber
tenido debido proceso.
También demostraron en este juzgado, con pruebas irrefutables, lo contradictorio
de los argumentos presentados por la parte acusatoria. No se puede demostrar que
ellos participaron de los hechos del primero de mayo de los que les acusa.
Además, que su detención fue ilegal al ser realizada por personas civiles.

2. Estas personas llevan 160 días en la cárcel y sus familiares, esposas, madres, hijos
e hijas están directamente afectadas. Es el Ministerio Público quien ratifica las
demandas injustas de las que se les sigue acusando Injustamente por los delitos
de: atentado, asociaciones ilícitas, robo agravado, plagio o secuestro, detención
ilegal, allanamiento con agravación específica coacción y terrorismo, instigación a
delinquir y desorden público.
Mantener las acusaciones violenta una vez más todas las garantías de Derechos
Individuales, garantías procesales y en materia de Tratados Internacionales en
Derechos Humanos. Uno de los abogados defensores, Carlos Alfredo Surque
Chinchilla, dijo que con estas detenciones “se intenta doblegar e imponer por la
fuerza a una comunidad completa” que ha dicho que no quiere la instalación de una
hidroeléctrica, proyecto de la Empresa Ecoener Hidralia, porque le perjudica.
El Estado entonces no solo desatiende las demandas de su población, sino que
además le castiga si ejerce su derecho de opinar y decidir sobre su futuro,
intentando así sentar un precedente a cualquier otra comunidad o población que
quiera pacíficamente decidir a través de consultas de buena fe u otros mecanismos
democráticos, su vida y su futuro.
Hasta el día de hoy diversas expresiones ciudadanas en los procesos de
investigación y en la solicitud de las órdenes de captura han pedido la liberación de
los presos políticos por las violaciones a los derechos humanos que son objeto y por
la inexistencia de medios de prueba objetivos y que “no se siga aceptando el
servilismo desde las autoridades”. Esta petición y exigencia se suma a la que se
realiza para que se haga justicia por el asesinato de Andrés Francisco Miguel, y el
atentado armado en contra de Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé y la
imposición del Estado de Sitio.
Hasta hoy ninguna autoridad se ha pronunciado ni dado respuesta a la solicitud de
justicia que en este caso es la liberación de los presos políticos y que se deje de
criminalizar las luchas, no solo no se ha dado respuesta sino que el Ministerio
Publico continua y ratifica con la demanda resultado de detenciones ilegales e
injustas.
Con información de: Licenciado Sergio Vives.