Mexicali, B.C. El Congreso de Baja California solicitó al gobierno estatal y a la Federación información sobre la concesión a favor del Grupo México, para explotar una mina de oro y cobre en la comunidad de “El Arco”, en la zona limítrofe con Baja California Sur, con una técnica altamente contaminante para las áreas naturales protegidas de la región.

1. Cuestiona Congreso de BC concesión minera a Grupo México
Preocupación entre casi 60 mil pobladores de la comunidad "El Arco",
ubicada en el área Natural Protegida de la Reserva de la Biósfera de
El Vizcaíno y en la zona de amortiguamiento del Valle de los Cirios.
Foto La Jornada Baja California
Por Antonio Heras / La Jornada Baja California
18 ene 2015 10:30
Mexicali, B.C. El Congreso de Baja California solicitó al gobierno
estatal y a la Federación información sobre la concesión a favor del
Grupo México, para explotar una mina de oro y cobre en la
comunidad de “El Arco”, en la zona limítrofe con Baja California Sur,
con una técnica altamente contaminante para las áreas naturales
protegidas de la región.
Tras señalar que el Grupo México tiene un amplio y negro historial de
incidentes y contingencias provocadas por negligencias y una actitud
irresponsable, el diputado Alcibíades García Lizardi, del Partido
Movimiento Ciudadano (MC), advirtió que la concesión se otorgó al
grupo de Germán Larrea, considerado el segundo hombre más rico de
México y uno de los principales beneficiados con la privatización del
sector minero.
El legislador sostuvo que desde hace años el consorcio empresarial
Grupo México tiene interés en extraer minerales de los yacimientos
de cobre y oro con base en la explotación a cielo abierto, una “técnica
minera altamente depredadora y contaminante de suelo, agua y

2. aire”. Este proyecto tiene una expectativa de producción anual de
190 mil toneladas de cobre, así como de 105 mil onzas de oro.
El anuncio sobre la instalación, que se registraría a finales de 2014,
destacó que generó preocupación e incertidumbre entre casi 60 mil
pobladores de El Arco, ubicada en el área Natural Protegida de la
Reserva de la Biósfera de El Vizcaíno y en la zona de
amortiguamiento del Valle de los Cirios.
“Grupo México tiene un amplio y negro historial de incidentes y
contingencias provocadas por negligencia y por una actitud
irresponsable que ha provocado daños irreversibles al medio
ambiente y afectado la salud de miles de personas en varios de los
proyectos que ha emprendido en el país”, sostuvo García Lizardi.
El 6 de agosto de 2014, una falla en la operación de la mina
Buenavista del Cobre, en Cananea, Sonora, propiedad de Grupo
México, provocó el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de
cobre acidulado al río Sonora, el cual abastecía de agua a siete
municipios para consumo humano y actividades productivas. Con esta
contingencia, 25 mil habitantes quedaron sin suministro de agua y la
economía de miles de familias quedó arruinada.
Después, se descarrilló un tren de Ferromex, una empresa filial de
Grupo México, que transportaba químicos tóxicos para
comercializarlos en Estados Unidos, pero se derramaron 240
toneladas de sulfato de cobre acidulado a escasos metros del Río
Santa Cruz, en Nogales, Sonora.
La solicitud del Congreso local es para que la Comisión Nacional del
Agua (Conagua) y las secretarías de Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Pesca (Semarnat) y de Economía (SE), a fin de que
proporcionen los expedientes de las autorizaciones de impacto y
riesgo ambiental del proyecto de El Arco, así como las concesiones
mineras otorgadas por la coordinación general de minas a Grupo
México y Mexicana del Arco, incluyendo las concesiones y perforación
de pozos de agua.
Hace dos meses el diputado José Alberto Martínez solicitó información
relacionada con este proyecto minero a la delegación de la Semarnat
en Baja California, instancia que respondió que no existe ninguna
solicitud de autorización en materia de impacto ambiental para la
instalación y/o operación de alguna mina del Grupo México en esa
parte de la península de Baja California.
Alcibiades García Lizardi advirtió que las autoridades federales y
locales deberán estar alertas para exigir “las más estrictas garantías
de seguridad a este consorcio empresarial o, en caso contrario,

3. cancelar todo tipo de permisos y concesiones otorgadas para la
exploración y explotación minera en la península”.
Datos de la dirección de minería del gobierno de Baja California
señalan que la empresa realiza desde hace varios años trabajos de
exploración, además que el estudio de factibilidad lo concluyó en
2010. A partir de ese año, la empresa filial del Grupo México destinó
56 millones de dólares para la compra de tierras en la zona.
A principios de este año solicitó a la Semarnat la autorización para la
“perforación a diamante con recuperación de núcleo, para investigar
a profundidad el comportamiento de la mineralización en la localidad
de El Arco, Baja California”.