Oaxaca pasó del segundo al primer lugar en la lista de entidades mexicanas con el mayor número de ataques perpetrados contra defensores de derechos humanos en el primer trimestre de 2012. En 2011 sólo fue rebasado por Chihuahua a nivel nacional, según la organización Brigadas de Paz Internacional (PBI, por sus siglas en inglés).

1. México: Oaxaca, el estado con más ataques contra activistas
Enviado por ewituri el Jue, 02/21/2013
(Por Pedro Matías)
Proceso Oaxaca, Oax., 20 de febrero. (apro).- Oaxaca pasó del
segundo al primer lugar en la lista de entidades mexicanas con el
mayor número de ataques perpetrados contra defensores de
derechos humanos en el primer trimestre de 2012. En 2011 sólo fue
rebasado por Chihuahua a nivel nacional, según la organización
Brigadas de Paz Internacional (PBI, por sus siglas en inglés).
Durante una reunión con el gobernador Gabino Cué, el representante
de PBI, Ben Leather, reconoció la apertura del gobierno respecto de
la protección hacia defensores de derechos humanos en el estado, sin
embargo, dijo, son preocupantes las cifras de agresiones registradas
hasta el momento.
Entre las medidas que PBI planteó para proteger a los activistas
(mujeres y hombres) destaca un adecuado funcionamiento y
fortalecimiento de las instituciones, así como la cabal instrumentación
del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos
Humanos a nivel estatal.
En el Palacio de Gobierno, donde se realizó la reunión, PBI reveló que
el último informe de Acción Urgente para Defensores de Derechos
Humanos señala a Oaxaca como el segundo estado de México,
después de Chihuahua, en el número de ataques a personas
defensoras en 2011.
En 2012, añadió, defensoras y defensores acompañados por PBI
fueron objeto de amenazas de muerte y ataques relacionados con su
labor, pero también han denunciado hostigamiento, difamación,
criminalización, ataques físicos, allanamientos y asesinatos.
Leather mencionó que debido a la situación de riesgo que enfrentan
los activistas, PBI mantiene un equipo permanente en Oaxaca desde
2008.

2. Detalló que durante marzo y abril del año pasado denunciaron
agresiones en su contra: la abogada Alba Cruz Ramos, integrante del
Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código-
DH) y beneficiaria de medidas cautelares por parte de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2007.
Wylfrido Mayrén (padre Uvi), fundador del Centro Regional de
Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño”, y el sacerdote
Alejandro Solalinde Guerra, director del albergue para migrantes
“Hermanos en el Camino”, quien también cuenta con medidas
cautelares otorgadas por la CIDH en 2010.
Sin embargo, apuntó, las investigaciones sobre el origen y la autoría
de los hechos no han avanzado. En el encuentro con Cué, Ben
Leather subrayó la necesidad de acabar con la impunidad y agilizar la
procuración de justicia para evitar la repetición de este tipo de
situaciones.
PBI ha acogido con optimismo los avances en materia legislativa y la
reciente creación de instituciones para brindar una mejor atención a
los defensores y mejorar la situación de los derechos humanos en la
entidad.
En un documento publicado en noviembre de 2012, PBI destacó el
potencial de la Fiscalía de Investigaciones en Delitos de
Trascendencia Social, así como de la Defensoría de los Derechos
Humanos del Pueblo de Oaxaca, de la Sala de lo Constitucional y de
la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos.
No obstante, en el mismo escrito transmitió las preocupaciones de los
integrantes de las organizaciones que han padecido las deficiencias
en el funcionamiento de esos organismos.
PBI México compartió con el gobernador de Oaxaca la importancia de
aportar mayores recursos y dar capacitación a los funcionarios según
las necesidades de las personas defensoras y de las víctimas de
violaciones de derechos humanos, al mismo tiempo que solicitó
información sobre cómo procederá el gobierno respecto de las
recomendaciones emitidas.
El caso de la comunidad de San Dionisio del Mar, localizada en el
Istmo de Tehuantepec, fue otro de los temas planteados a Cué. PBI
manifestó su inquietud ante la creciente tensión entre los pobladores
que se oponen al proyecto eólico y la empresa autorizada para
realizarlo.

3. Los propios comuneros y las organizaciones que han acompañado ese
proceso, como Código-DH y la Asamblea de Pueblos del Istmo en
Defensa de la Tierra y el Territorio, denunciaron la presencia de
elementos de la policía estatal con el objetivo de impedir las
manifestaciones. Al respecto, el PBI hizo hincapié en que los tratados
internacionales suscritos por México reconocen el derecho a una
consulta libre, previa e informada, y a la libertad de manifestación.
En relación con la oposición a ese tipo de proyectos, subrayó que
activistas han denunciado hostigamientos y agresiones en su contra,
como es el caso de la defensora Bettina Cruz Velázquez, integrante
de la Asamblea del Istmo y beneficiaria de medidas de protección por
parte de la Defensoría de Oaxaca desde 2011.
Señaló que no se trata de un hecho aislado, pues en octubre del año
pasado el mismo PBI destacó que muchas de las agresiones en
Oaxaca se dan en contra de personas y organizaciones comunitarias
en defensa de la tierra y territorio, y a esa misma conclusión llegó la
misión convocada por la Red Nacional de Organismos Civiles de
Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”.
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