La disidencia al banquillo de los acusados. Se profundiza la criminalización contra defensores de DDHH en Venezuela. Voces criminalizadas y niegan la información. Persecución judicial y los fatídicos viernes.

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competitivas
El incremento de la criminalización de la protesta pública es un hecho
innegable en Venezuela. Desafortunadamente no es un hecho asilado.
Luchadores sociales, defensores de Derechos Humanos, sindicalistas,
etc afrontan procesos judiciales por reclamar públicamente mejoras
a los servicios públicos, abastecimiento de productos o simplemente
denunciar situaciones irregulares en el desempeño del Estado.
La disidencia al banquillo
de los acusados
EDITORIAL
Juicios y demandas

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Según el informe sobre la situación de los De-
rechos Humanos en el contexto pos electoral,
realizado por Cofavic “en Venezuela los críme-
nes contra los derechos humanos, como las eje-
cuciones extrajudiciales y las torturas presen-
tan un aumento significativo y sostenido que
puede visibilizarse a través de las cifras de las
organizaciones no-gubernamentales. Desde el
2009 se ha agudizado la opacidad institucional
que impide un efectivo acceso a la información
pública de órganos claves para estos temas,
como lo son el Ministerio Público, la Defenso-
ría del Pueblo y el Cuerpo de Investigaciones
Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC),
por ello no se disponen de cifras oficiales sobre
la comisión de estos crímenes en los últimos
años”.
Entre 2005 y 2009 se contabilizan casos de
2.500 personas que fueron detenidas y some-
tidas a procesos que derivaron en investigacio-
nes o juicios por participar en reclamos públi-
cos contra decisiones del Estado.
En Venezuela paulatinamente estamos asistien-
do al debilitamiento sostenido de las garantías
judiciales y a su vez a la judicialización como
método para criminalizar a los adversarios po-
líticos y sociales del Estado.
Las recientes decisiones en materia judicial, in-
habilitaciones de diputados y criminalización
de la disidencia desafortunadamente indican
que no existe voluntad para dialogar y para
resolver los conflictos según los estándares de-
mocráticos que deben guiar el accionar de los
Estados en su relación con los ciudadanos.
Cuando no existe separación en el funciona-
miento de los poderes públicos, los Derechos
Humanos corren un grave riesgo; especialmen-
te cuando la ausencia de control propicia que
se use a la justicia para perseguir, amedrentar o
simplemente lograr la autocensura de quienes
disienten de los Estados.
En un reciente comunicado el Foro por La Vida
(Alianza de ONG de DDHH) lo resumía de la
siguiente forma: La aplicación de la justicia no
puede ser asumida como una instrumentaliza-
ción de la venganza política (…) “no sólo favo-
rece la impunidad sino que resquebraja prin-
cipios básicos de la democracia y produce una
muy grave fractura social y política de resulta-
dos impredecibles”.
1 El Informe situación de Derechos Humanos en Venezuela en el contexto
post electoral de abril de 2013 puede consultarse en http://issuu.com/
ddhhcofavic/docs/resumen_ejecutivo_informe_ddhh_abri resquebraja
principios básicos de la democracia y produce una muy grave fractura
social y política de resultados impredecibles”.

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Control Ciudadano // http://www.controlciudadano.org/ @rociosanmiguel
Los representantes de las ONG de Derechos Humanos des-
de hace tiempo están siendo criminalizados en Venezuela
de manera generalizada, sin embargo en las últimas se-
mana, se ha profundizado esta situación, como se eviden-
cia en entrevista concedida al canal del Estado (Venezola-
na de Televisión) por el Ministro de Interior, Justicia y Paz
Miguel Rodríguez Torres (http://is.gd/EchDeD) donde se
refirió a la Defensora de DDHH y presidente de la Organi-
zación Control Ciudadano como agente de la CIA explican-
do que adelanta una “campaña psicológica” para restar
mérito al plan de seguridad ciudadana que implementa el
gobierno del Presidente Nicolás Maduro.
La reacción inmediata de importantes organizaciones de
derechos humanos, expresadas en un comunicado explica
contundentemente la situación. A continuación el comu-
nicado:
Se profundiza la
criminalización
contra defensores
de DDHH en
Venezuela
Las organizaciones no gubernamentales de derechos hu-
manos abajo firmantes, ante las acusaciones del Ministro
de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, en con-
tra de la defensora de derechos humanos y Presidenta de
la ONG Control Ciudadano Rocío San Miguel queremos ex-
presar lo siguiente:
1.-Rechazamos de manera categórica lo dicho en
entrevista concedida al canal del Estado por el Ministro
de Interior, Justicia y Paz Miguel Rodríguez Torres donde
se refirió a la abogada y presidenta de la ONG Control
Ciudadano, Rocía San Miguel acusándola de ser operadora
del servicio secreto estadounidense.“Personas como Rocío
San Miguel que en estos días la escuchaba yo hablando
de derechos humanos y Fuerza Armada. De ella te puedo
decir que es una operadora de la CIA en Venezuela, lo
puedo comprobar”, aseguró. Sostuvo que San Miguel
realiza una“campaña psicológica” para restar mérito al
plan de seguridad que implementa el gobierno.
foto: http://www.bing.com/images/search?q=Miguel+Rodriguez+torres&FORM=HDRSC2#view=detail
&id=57F399C8B7D1D88AEB079D34110EE87E4A39EB29&selectedIndex=62

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2.- La Dra. Rocío San Miguel es una respetable defensora
de derechos humanos venezolana que ha dedicado una
buena parte de su vida a lograr que en nuestro país se res-
peten los derechos y la dignidad de los ciudadanos y ciu-
dadanas aún en contra de amenazas y persecuciones por
parte de funcionarios del Estado Venezolano.
3.- La defensora de derechos humanos Rocío San Miguel es
beneficiaria desde el 18 de enero de 2012 de Medidas Cau-
telares de Protección otorgadas por la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos mediante la cual el Estado
venezolano debe garantizar la integridad física, moral y si-
cológica de la Dra.San Miguel cuestión con las cuales ante
este tipo de acusaciones sin fundamento están muy dis-
tantes de ser cumplidas por los personeros del gobierno.
4.- Por estas razones solicitamos al Presidente de la Repu-
blica así como al Ministro de Interior, Justicia y Paz Miguel
RodríguezTorres que cesen los descalificativos y amenazas
en contra de la defensora de derechos humanos Rocío San
Miguel por el trabajo que realiza y de cumplimiento a las
Medidas Cautelares de Protección otorgadas por la Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos y que igual-
mente se respete su trabajo de defensa a los derechos
humanos así como el de todos los defensores de derechos
humanos del país cumpliendo de esta manera con conve-
nios que han sido suscritos y ratificados por Venezuela en
esta materia.
5.- Las organizaciones aquí firmantes se declaran veedo-
ras del respeto a la vida e integridad física, moral y sico-
lógica de la defensora de derechos humanos Rocío San
Miguel y en el caso que sea necesario ejerceremos las
acciones legales tanto nacionales como internacionales
que diera lugar.
Organizaciones firmantes:
• Asociación Civil Fundeci
• Asociación Civil Kape
• Consorcio Desarrollo Y Justicia
• Diversidad E Igualdad Sexual Ante La Ley (Diverlex)
• Espacio Público
• Foro Penal Venezolano
• Fundación Para El Debido Proceso (Fundepro)
• Idell
• Instituto Prensa Y Sociedad Venezuela (Ipys)
• Liderazgo Y Visión
• Monitoreo Ciudadano
• Nueva Conciencia Nacional
• ONG Justicia Y Proceso Venezuela
• Operación Libertad
• Por La Conciencia
• Transparencia Venezuela
• Una Ventana A La Libertad
• Un Estado De Derecho
• Un Mundo Sin Mordaza
foto:www.derechos.org.ve

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Espacio Público // www.espaciopublico.org // @espaciopublico
Voces criminalizadas y
niegan la información
Los delitos de opinión que fueron ampliados en
las reformas legales de los últimos años se aplican
para castigar las opiniones de quienes critican
a funcionarios en ejercicio. Ejemplo de esto lo
constituyen los recientes casos de los periodistas
Leonardo León, Héctor Contreras, Francisco Pérez y
Nelson Urbina. Los dos primeros fueron acusados por
el Gobernador del estado de Mérida de difamación
por haber difundido información sobre los hechos de
violencia postelectoral del 16 de abril de 2013.
Francisco Pérez fue acusado por
el Secretario General de la Gober-
nación de Carabobo, de la misma
manera por el delito de difama-
ción. Nelson Urbina, por su parte,
concejal del Estado Falcón, fue
condenado a tres años de prisión
por difamación contra el Alcalde
Alcides Goitía, por publicar de-
nuncias en su columna semanal
del Diario La Mañana.De la misma
manera se usan los mecanismos
judiciales, en un contexto de recu-
rrentes declaraciones acusatorias
de funcionarios, para intimidar a
periodistas. Un claro ejemplo de
este caso son las acciones em-
prendidas por el Ministerio Pú-
blico contra el periodista Nelson
Bocaranda, quien fue citado a la
Fiscalía “en carácter de testigo”,
luego de que funcionarios públi-
cos señalaron que había incitado
al odio con un tweet en el cual in-
formó de algunas irregularidades
postelectorales.
En relación al acceso a la información
pública, las sentencias de los tribuna-
les venezolanos abundan en los ar-
gumentos para que los funcionarios
nieguen las peticiones. Aumentan
los requisitos para las solicitudes y
de hecho construyen un aparato para
negar la participación consciente e
informada de la sociedad. Organiza-
ciones de la sociedad civil venezolana
han solicitado formalmente a varias
instancias venezolanas tales como
el Ministerio del Poder Popular para
la Salud, el CICPC y CONATEL, sólo
por mencionar algunas, información
referente a las irregularidades en la
importación de medicinas de Cuba,
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Leonardo León
Héctor Contreras
Francisco Pérez
Nelson Urbina

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estadísticas de criminalidad en Venezuela y datos relacio-
nados con las frecuencias del espectro radioeléctrico.Toda
esta información ha sido negada, no sólo en estos entes,
sino también al acudir a tribunales para exigir el derecho,
quienes se han amparado en excusas técnicas para deses-
timar los casos.
La preocupaciones por el impacto de la difusión en inter-
net y la redes sociales se traducen en recurrentes prohi-
biciones o censuras expresas de contenidos. Se le prohíbe
el uso a personas como María Afiuni, se investigan a los
responsables de difundir informaciones que documen-
tan casos graves de violaciones de derechos humanos y
se omite regularmente la investigación de las recurrentes
amenazas que se producen en la red o las vulneraciones a
la privacidad de periodistas, blogueros y activistas de de-
rechos humanos.
La aplicación de mecanismos de censura para la difusión
de información también incluye la relativa a casos de co-
rrupción o los procesos judiciales. Las acciones judiciales
incluyen una limitación absoluta para que los medios pue-
dan difundir información u opiniones sobre determinados
casos, como el reciente caso de David Natera, director del
Correo del Caroní, a quien se le prohibió judicialmente
difundir información sobre hechos de corrupción que re-
lacionen al empresario Yamal Mustafá y la Ferrominera
Orinoco.
En otras oportunidades también incluyen prohibiciones
genéricas sobre determinados temas. En el año 2009 la
Corte de apelaciones de Venezuela prohibió la difusión
en medios impresos de una propaganda del Centro de
Divulgación del Conocimiento Económico (CEDICE), que
alertaba sobre lo que consideraban una amenaza a la
propiedad privada por parte del gobierno del presidente
Hugo Chávez. La Fiscalía pidió a un tribunal caraqueño la
suspensión o regulación de esa propaganda de Cedice,con
el argumento de que “buscaría generar desinformación”.
La difusión de esa misma campaña de Cedice y de otra si-
milar, del grupo Asoesfuerzo, fue prohibida el 3 de julio de
2009 en medios de radio y televisión por orden de la es-
tatal Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
El poder judicial venezolano ha desarrollado un cuerpo de
sentencias claramente regresivas que desmontan lo explí-
citamente consagrado en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela y reducen el alcance del conteni-
do del derecho a la libertad de expresión. La función que
desempeñan es claramente restrictiva de los derechos y
desperdician la oportunidad de desarrollar avances pro-
gresivos que fortalezcan a la sociedad y por tanto su rol
es reaccionario a las demandas de participación social que
anidan en la sociedad venezolana.
foto:amnistia.me
foto:cnpcaracas.org

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Un Estado de Derecho
Persecución judicial y los
fatídicos viernes
Foto: www.noticias24.com
Hace poco más de un año, el otrora magistrado de la Sala
Penal del TSJ, Eladio Aponte Aponte, ante la persecución
que sufrió de varias instituciones del Estado venezolano
huyó a Costa Rica y luego, pareciera, llegó a un acuerdo
con el gobierno estadounidense y la DEA (Agencia Anti-
droga) para testimoniar sobre delitos de lesa humanidad,
crímines políticos, narcotráfico y terrorismo cometidos en
Venezuela los últimos años, y del cual tuvo conocimiento
por haber participado directamente cuando era hombre
de confianza de Hugo Chávez y colaboraba con la revolu-
ción bolivariana
(http://www.lanacion.com.ve/nacional/el-nuevo-herald-aponte-aponte-
vincula-a-militares-y-funcionarios-venezolanos-con-el-narcotrafico/).
En unas declaraciones ofrecida al canal SOi-TV, reprodu-
cida por medios de comunicación venezolanos, Aponte
Aponte dejó claro que la justicia venezolana estaba al ser-
vicio de la Revolución chavista. Dijo expresamente que el
gobierno dictaba las líneas que debían seguir el TSJ y los
jueces de la República, dando cuenta de varios casos de
evidente persecución judicial con fines políticos. Declaró
que los viernes en la mañana se realizaban estas reunio-
nes en el despacho del VicePresidente Ejecutivo de la Re-
pública, a muchas de las cuales él supuestamente asistió.
Textualmente:“Todos los fines de semana principalmente
los viernes en la mañana, hay una reunión en la vicePresi-
dencia ejecutiva del país,donde se reúne el vicepresidente,
que es el que maneja la justicia en Venezuela con la Pre-
sidenta del Tribunal Supremo, con la Fiscal General de la
República, con el Presidente de la Asamblea Nacional, con
la Procuradora General de la República, con la Contadora
General de la República, y unas que otras veces va uno de
los jefes de los cuerpos policiales. De ahí es donde sale la
directriz de lo que va a ser la justicia. O sea,salen las líneas
conductoras de la justicia en Venezuela”
(http://www.reporteconfidencial.info/noticia/3169021/eladio-aponte-
aponte-entrevista-exclusiva-soitv-completa/).
Todo apunta que estas reuniones de los viernes en la ma-
ñana para dictar las líneas políticas a los jueces venezo-
lanos siguen ocurriendo y que, con mucha eficacia, sirven
para la persecución judicial de disidentes del régimen de
Nicolás Maduro. Ello, a juzgar por una serie de decisiones
dictadas por los Hace poco dábamos cuenta como una
jueza revolucionaria en el Estado Falcón ordenó el 8 de
julio de 2013 al Diario La Mañana, con la excusa de pro-
teger a los niños y adolescentes, a no publicar fotos de
los innumerables y sangrientos crímines ocurridos en esa
zona (http://www.alertavenezuela.net/el-poder-judicial-al-servicio-de-
la-revolucion/).

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Pues, no fue un caso aislado, sino que algo similar ocu-
rrió luego en el Estado Portuguesa, donde el Periódico de
Occidente fue multado por otro juez de menores con el
pago del 2% de sus ingresos brutos de 2012 con la excusa,
también, de haber afectado a los niños y adolescentes por
la publicación de fotos de crímenes ocurridos en la zona.
Además, ese mismo juez ordenó al Ministerio Público ac-
cionar penalmente contra el editor, en virtud de que “no
acató una orden judicial y esto acarrea sanción de nueve
a 15 meses de prisión”. (http://www.correodelorinoco.gob.ve/regio-
nes/multan-a-diario-portuguesa-por-publicacion-reiterada-imagenes-
sangrientas/).
Pero además, el diario Correo del Caroní, del Estado Bolí-
var al sur del país, también ha visto como se han iniciado
en tribunales penales acciones contra David Natera, en su
condición de editor, y Clavel Rangel, periodista, por haber
publicado con lujo de detalles reportajes y denuncias de
la generalizada corrupción de varias empresas públicas de
la región, concretamente Ferrominera del Orinoco. Si bien
aún no se han dictado sentencias en contra del diario, su
editor o periodistas, la amenaza está latente (http://www.
eluniversal.com/nacional-y-politica/130717/de-grazia-denuncio-persecu-
ciones-por-parte-de-rangel-gomez-en-bolivar).
El pasado 22 de julio de 2013, el Tribunal 30° de Control
Penal de Caracas, por solicitud de la Superintendencia
de Bancos y el Ministerio Público, ordenó la congelación
de las cuentas y todos los activos del Grupo Sexto Poder
y su editor, Leocenis García, de modo que fueron cerra-
dos desde entonces los medios de comunicación: Revista
Sexto Poder, Sexto Poder Radio, Diario El comercio, 6to-
PoderWeb, entre otros, cuya línea editorial ha sido crítica
con el gobierno nacional y en donde constantemente se
denuncian casos de corrupción, terrorismo y narcotráfico.
(http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/182442/en-vivo-leocenis-
garcia-se-pronuncia-desde-la-sede-del-periodico-sexto-poder/).
La última noticia que ha aparecido del Poder Judicial ata-
cando a la prensa libre ha sido apenas de este 26 de ju-
lio de 2013, cuando la Fiscal General de la República, Luisa
Ortega Díaz, informó que a solicitud del Ministerio Público
un tribunal penal dictó prohibición de enajenar, gravar y
congelación de cuentas de Miguel Henrique Otero, quien
es director del diario El Nacional, a la vez que se ordenó
el congelamiento de todos los bienes de las empresas en
que sea propietario o accionista (http://www.elnuevoherald.
com/2013/07/27/1531905/tribunal-venezolano-congela-cuentas.html).
Se trata de al menos de 5 casos en el último mes en los que
el Poder Judicial venezolano, actuando en concordancia
con el gobierno y para satisfacer sus intereses, persigue a
periodistas, editores, directivos y medios de comunicación
críticos al gobierno, censurándolos, cerrándolos o simple-
mente amenazándolos ¿Coincidencia? ¿O tendrá todo esto
alguna relación con las supuestas reuniones “donde salen
las líneas conductoras de la justicia en Venezuela” de los
viernes en la mañana, como denunciaba Aponte Aponte?
foto:www.lanacion.com.ve
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