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elegidos. Sus defensores consideran que con estas formas directas de participación se profundiza el
valor de la democracia y se logra que el ciudadano se sienta parte del sistema democrático, y que ello
contribuye, además, a superar el elitismo y la desinformación política.
Las formas o sistemas más usuales son el referéndum, la iniciativa popular en la formación de las leyes,
la demanda de rendición de cuentas, la revocatoria y remoción de autoridades. El referéndum y la
iniciativa popular son las que tienen mayor presencia legislativa. La revocatoria no es muy común,
aunque en algunos estados de los EE.UU. se usa con frecuencia. La revocatoria en el Perú sólo es
aplicable a las autoridades municipales y al presidente regional, así como a los magistrados que
provengan de elección popular. En la actualidad son muchas las Constituciones que contemplan alguna
forma de democracia directa, preferentemente el referéndum.
La revocatoria, conocida también como recall, confiere al cuerpo electoral, dice Víctor García Toma
(Análisis Sistemático de la Constitución Peruana de 1993, Tomo I, pág. 205), la facultad de dar término al
ejercicio del poder antes de vencerse el período normal de duración que la Constitución o la ley asignan
a favor del portador del órgano.
Si bien quienes la promueven consideran que su ejercicio perfecciona la democracia representativa, no
hay que olvidar que se caracteriza por sus elevados costos internos y que para que contribuya al
afianzamiento democrático debe de estar precedida de una amplia deliberación sobre la materia a
decidir, aspecto este último hasta la fecha ausente en el proceso de revocatoria a Villarán, al tener ésta
poca posibilidad de exponer sus logros, tanto por razones económicas como por el ataque despiadado,
desde el inicio de su mandato, que con débiles argumentos han pregonado numerosos medios escritos,
radiales y televisivos, representantes de intereses contrarios al cambio y sin cariño a su ciudad.
Son defectos o debilidades de los sistemas de democracia directa su uso frecuente por parte de
dictaduras y por gobiernos populistas que aprovechando una determinada coyuntura, los que con
argumentos emotivos y poco racionales, buscan que los electores se pronuncien en la forma que ellos
promueven. Pero, sin duda, en algunas ocasiones su uso puede ser legítimo y conveniente, como
cuando, por ejemplo, se busca definir un determinado punto concreto de interés general que ha venido
siendo ampliamente discutido y comentado. Se trata de ocasiones excepcionales. Su ejercicio es común
en comunidades pequeñas, cultural y económicamente uniformes, donde los asuntos a decidir son
ampliamente conocidos por los electores.
2. La Constitución peruana, el debate en el CCD y la Ley Orgánica de Elecciones
La Constitución peruana reconoce que toda persona tiene derecho a participar en la vida política de la
nación y que tiene, conforme a ley, los derechos de elección, de remoción o revocación de autoridades,
de iniciativa legislativa y de referéndum (Art. 2.17). El debate en el Congreso Constituyente Democrático
(CCD) fue ampliamente favorable a este artículo que la mayoría fujimorista, a través de su principal
vocero, Carlos Torres y Torres Lara, calificó como la más importante de sus propuestas de modificación
constitucional. Fue apoyado por el Movimiento Democrático de Izquierda (MDI), Renovación, el Frente
Independiente Moralizador, y otros más. La representante del Partido Popular Cristiano, Lourdes Flores
3. Nano, se opuso a la propuesta, que fue finalmente aprobada por 47 votos a favor y 8 en contra, y
sustentó con firmeza los peligros que podía traer el uso de la revocatoria para debilitar el sistema
democrático en el Perú. Recientemente, con coherencia que la honra, lo ha ratificado.
El Jurado Nacional de Elecciones fiscaliza la legalidad del ejercicio del sufragio, así como la realización de
los procesos electorales, del referéndum y de otras consultas populares (Art. 178). En la Ley Orgánica de
Elecciones Nº 26859, el término elecciones es aplicable a los procesos de referéndum y a otros tipos de
consulta popular (Art. 3). Dentro de los tipos de elecciones se reconoce al referéndum y a la revocatoria
de autoridades (Art. 6). Cada referéndum y cada revocatoria se realiza mediante voto directo, secreto y
obligatorio (Art. 26), los que pueden ser de cobertura nacional o limitados a determinadas
circunscripciones electorales (Art. 27). El elector vota marcando “apruebo” o “sí” cuando está a favor de
la propuesta hecha, o “desapruebo” o “no” si está en contra (Art. 28).
3.Ley de los derechos de participación y control ciudadanos Nº 26300
Dentro de los derechos de control ciudadanos se encuentra la revocatoria de autoridades (Art. 3), que
es el derecho que tiene la ciudadanía para destituir de sus cargos, entre otros, a los alcaldes y regidores
(Art. 20). Ese derecho no procede durante el primero y último año del mandato, y la solicitud de
revocatoria debe ser fundamentada, pero no requiere ser probada (Art. 21).
La consulta se lleva adelante si el 25% de los electores de una localidad, con un máximo de 400,000
firmas, presenta la solicitud de revocación ante la Oficina de Procesos Electorales correspondiente (Art.
22), y es procedente con la votación aprobatoria de la mitad más uno de los electores; en caso
contrario, se mantiene la autoridad en su cargo sin posibilidad de que se admita una nueva petición (Art.
23). Si se revocase a más de un tercio de los miembros del Concejo Municipal, se convoca a nuevas
elecciones y, mientras no se elija a los reemplazantes en el cargo, asumen las funciones los accesitarios
(Art. 25). Quien hubiera sido revocado del cargo está apto para ser candidato al mismo cargo en las
siguientes elecciones (Art. 29). Para que proceda la revocatoria deberán haber asistido, por lo menos, el
50% de los electores hábiles del padrón.
Finalmente, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, Art. 122, el mandato de los
alcaldes y regidores es irrenunciable, pero sí revocable de acuerdo a las normas antes citadas.
4. Cielo y tierra
La Constitución, dice Carlos Mesía (La Primera, 4.11.2012), es una forma jurídica que responde al mundo
de las ideas y en ella todo es perfecto, posible y digno de encomio. Instituciones como la revocatoria y el
referéndum aparecen en sus formas puras e idealizadas. Afirma que nadie desde el mundo de las ideas
podría estar en contra de la revocatoria, que tiene como objeto establecer entre los electores y los
elegidos una línea directa de control, que tiene su fundamento en el principio republicano de la
responsabilidad en el ejercicio de la función. Son ventajas de la misma separar de su cargo a quien ya no
es merecedor de confianza, limitando los abusos en el ejercicio del poder. Agrega Mesía que la
Constitución no puede transformar el mundo ni crearlo, y que sólo propone, es programa, no realidad. Y
que en el mundo donde tiene predominio la política, las instituciones establecidas en la Constitución
4. pueden ser contraproducentes y hasta perjudiciales para el bien común. Así, se puede estar a favor de la
revocatoria como institución constitucional y a la vez en contra de la revocatoria de Susana Villarán.
Desde otra perspectiva, la decisión del JNE ha puesto en evidencia la naturaleza burocrática y nociva de
los mecanismos normativos que rigen al sistema electoral, afirma F. Cooper (La República, 10.11.2012),
desnaturalizando las virtudes y ventajas del sistema democrático. Señala que si bien la resolución del
JNE probablemente se ha sustentado en fundamentos procesales y legales válidos, otorga al derecho de
disidencia un rol discrecional que desvirtúa su propia consistencia “al estar dotado de una legislación
que permite que uno de los aspectos fundamentales para el mantenimiento de su vigencia cívica –como
es el de una estabilidad emanada de un veredicto público arduamente recabado‐ pueda verse
mortalmente afectada por el manejo demagógico de recursos de impugnación superficiales”. Y, por
cierto, esa deformación proviene tanto de los candidatos como de los electores, habituados –dice
Cooper‐ a otorgarle a aspectos rituales de su funcionamiento una importancia que prevalece sobre sus
fundamentos, olvidando factores clave para conducir a una sociedad hacia el bien común y posibilitando
que su administración no recaiga en manos de los más competentes. La ausencia de propuestas
seriamente formuladas y un régimen electoral impropio dan como lugar escenarios cívicos moralmente
desacreditados que terminan generando en los ciudadanos un escepticismo incrédulo y desinteresado
respecto al accionar de sus instituciones.
5. Derechos y no obligaciones
Durante los últimos años, frente a la grave inestabilidad política y el incumplimiento de las propuestas
electorales por los gobiernos, ha tenido éxito, en algunas facultades universitarias y medios de
comunicación, el antiguo reclamo histórico que propone la necesidad de reconocer derechos a los
ciudadanos en forma muy extendida, pero usualmente poco analizada en sus consecuencias. A las
múltiples propuestas programáticas en la Constitución de 1979, y, por ejemplo, los numerosos
convenios laborales celebrados por el gobierno del Perú con la OIT, muchos de ellos de imposible
cumplimiento o concreción, se han sumado otros derechos reconocidos constitucionalmente, como los
sistemas de democracia directa, referéndum o revocatoria, creyendo quizá que esa relación directa
entre el poder y el pueblo es un primer paso para sustituir a la democracia representativa, ferozmente
cuestionada en nuestro país por la falta de legitimidad y de preparación de un amplio número de
congresistas, presidentes regionales, alcaldes y regidores.
No puede afirmarse que esas propuestas hayan sido fruto de la mala voluntad, pero sí que no han
tenido la prudencia elemental de analizar la realidad sociológica, cultural y geográfica del país. Y en esa
carencia, han dejado de estudiar cuándo y por qué un sistema político y representativo es eficaz y
respetado por la mayoría de la población. Ello ha venido acompañado de una campaña que ha incidido
mucho en los derechos conquistados, pero no en las obligaciones ciudadanas, en un contexto en el que
el individualismo exacerbado promovido por el mercado ha oscurecido los consensos relacionados a los
asuntos públicos.
La lectura de los artículos pertinentes de la Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadano Nº
26300 hace ver con toda claridad que no existe una indispensable reglamentación para que puedan
5. llevarse adelante, correcta y eficazmente, tanto los derechos de participación ciudadana, la iniciativa en
la formación de leyes, como los derechos de control ciudadano, revocatoria y remoción de autoridades.
La normativa es genérica. Para ella y para los miembros del JNE parece igual un sistema aplicado en una
pequeña ciudad de 2,000 habitantes o a una metrópoli como Lima, estando la única diferencia en el
cumplimiento del requisito del número de las firmas presentes en la solicitud. De esa manera, el sistema
ideado no cumple con las finalidades para el que fue creado y distorsiona gravemente sus propios
objetivos.
6. La práctica
Durante los últimos años se han producido en el Perú numerosos procesos de revocatoria en el ámbito
municipal. En la web del JNE aparecen más de 20 páginas con los nombres de las autoridades que han
estado sujetas a revocatoria durante el 2012, de las cuales un porcentaje menor ha sido exitoso. No
cabe duda que la institución de la revocatoria ha tenido amplia acogida, pero no creemos que ello haya
contribuido a fortalecer nuestro sistema democrático.
Se ha especulado sobre las causas de ello, y la opinión mayoritaria pone de manifiesto que se trata
usualmente de venganzas locales contra las autoridades elegidas con un bajo porcentaje de preferencia,
consecuencia de nuestra Ley Electoral en la materia. Desde esta perspectiva, los procesos de revocatoria
han obedecido en buena medida a propósitos subalternos y mezquinos. La Ley Electoral y las
revocatorias han contribuido de esa manera a desacreditar el sistema democrático y no a afianzarlo.
Fernando Tuesta, en su artículo “Lo que deja la revocatoria” (La República, 4.10.12) pone como ejemplo
lo ocurrido en algunos pequeños distritos que han sufrido continuos procesos revocatorios, lo que ha
dado lugar a un continuo desgobierno. El domingo 30 de setiembre se llegaron a revocar 70 alcaldes
distritales y uno provincial, habiendo sido en general los procesos de revocatoria de ámbito distrital.
Tuesta considera que “la revocatoria ha sido utilizada, en gran medida, por razones políticas,
polarizando a extremos la vida pública con una clara incidencia en la gestión pública local que no son
percibidos en Lima”. Las continuas revocatorias han dado lugar inclusive a prácticas ilegales vinculadas
al número de electores, y afirma que nuestro marco legal atenta contra la voluntad popular en muchos
casos, por lo que recomienda no sólo verla como un popular mecanismo de democracia directa, sino
también evaluar sus aspectos negativos que no producen una mejora de la calidad de la democracia,
que es lo que tanto se invoca para promocionarla.1
Como lo señala Pedro Ortiz Bisso en su artículo publicado en El Comercio del 15.11.12, referido al caso
de Lima, “no es ocioso insistir en que la revocatoria constituye un instrumento de control peligroso en
un país de instituciones precarias y autoridades de cartón como el Perú. Genera inestabilidad política y
administrativa, y es una seductora arma de venganza política. Sin embargo, si la ley ampara su
existencia, no queda más que respetar su aplicación. En tal sentido, es una lástima que un proceso que
pudo ser la expresión legítima de un sector decepcionado con la gestión de Fuerza Social se haya
transformado en una turbia sumatoria de historias retorcidas y sospechosas, algunas lindantes con la
comedia, que provocan arcadas por el hedor que despiden.”
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los revocadores, por las consideraciones y argumentos que aparecen en la mencionada resolución.4
De otro lado, la Constitución Política en su artículo 178 otorga al JNE la facultad de iniciativa legislativa
en materia electoral y, además, ninguna norma le prohíbe reglamentar los procesos de democracia
directa para hacerlos más coherentes con el propósito para el que fueron creados. Si bien hay una
abundante jurisprudencia de ese organismo sobre la materia, ella no tiene el carácter de obligatoria ni
tampoco de orientadora, habiéndose referido principalmente a procesos de revocatoria llevados
adelante en pueblos y ciudades pequeñas. No se requiere de mayor perspicacia para apreciar la inmensa
diferencia entre un proceso de revocatoria en un pueblo que otro en una ciudad como Lima, de más de
8 millones de personas5 . Ello pone de manifiesto una falta de interés en el funcionamiento del sistema y
un tradicional apego al legalismo, que es una tara tanto en nuestra administración de justicia como en el
JNE, pues se olvida el contexto sociopolítico y cultural en el cual los procesos electorales tienen realidad.
8. Los argumentos a favor y en contra
Los revocadores, a través de su cabeza más visible, Marco Tulio Gutiérrez, han afirmado que la alcaldesa
debe ofrecer disculpas pues su gestión ha sido mala, con ausencia total de un proyecto para una ciudad
como Lima; que hay obras presupuestadas que no las ejecuta; y que en el tema de la reforma del
transporte ha continuado con la política del anterior alcalde Luis Castañeda. Estas mal llamadas
argumentaciones no tienen sustento alguno, son falsas, pero han sido repetidas continuamente por una
prensa contraria a Villarán. Y son afirmaciones gaseosas que ni siquiera cumplen con el mandato del
artículo 21 de la Ley 26300, que señala que la solicitud debe ser fundamentada pero no requiere ser
probada.
La no divulgación de un plan de gobierno específico al inicio de la gestión de Villarán y una actitud poco
inclinada a comunicarse masivamente con la población durante los primeros meses de su gestión6 , han
sido posteriormente superadas pues se trata, a todas luces, de una gestión que se lleva adelante con
energía y honestidad, y planteando cambios y reformas que serán de inmensa importancia para el
futuro de la ciudad. Villarán está llevando adelante obras de infraestructura física de gran magnitud y
tiene otras que serán licitadas en las próximas semanas. Ha encarado como ninguna otra administración
anterior la reforma del transporte de la ciudad para superar el caos vehicular y ha conseguido, después
de décadas de abandono por parte de las autoridades centrales y municipales, el traslado del mercado
mayorista de La Parada, de condiciones insalubres y prácticas mafiosas, al nuevo mercado de Santa
Anita, además de muchas otras obras menores de gran sentido humanitario y popular.
9. La reacción de Villarán
Frente al proceso de revocatoria y a la avalancha de críticas, Susana Villarán, dando fe de su conducta
democrática, ha reconocido en la revocatoria a un mecanismo democrático, pero ha declarado también
que está lista para dar la pelea y seguir trabajando denodadamente para que no se paralicen sus
proyectos en Lima. Ha dicho también que no cree que en los corazones de los revocadores exista
espíritu democrático y que la ha sorprendido el paso en falso del JNE, pues considera que su resolución
definitiva no es sólo injusta sino ilegal (entrevista de Rosa María Palacios, La República, 04.11.2012). Ha
8. agregado que, en este caso concreto, el JNE ha admitido recursos que a otras organizaciones políticas
les habría rechazado. Villarán ha recordado que la palabra “revocación” apareció a los tres días de haber
recibido sus credenciales como alcaldesa y que ésta es una iniciativa planificada por sus adversarios
desde tiempo atrás. Pero como considera que está actuando bien, con rectitud y eficiencia, y que la
política no es una cloaca, pide a todos los demócratas, cualquiera sea su tendencia política, que hagan
un gran frente por el NO a favor de Lima; un frente pluripartidario, no de derecha, de la izquierda ni del
centro, sino un frente de los que aman a Lima (Diario 16, 04.11.2012).
10. Las encuestas recientes
La encuesta realizada en la ciudad de Lima por la empresa DATUM el 3 de noviembre, muestra que el
65% de los encuestados está a favor de la revocatoria, y que únicamente un porcentaje de alrededor del
30% aprueba la gestión. Estos últimos mayoritariamente de los sectores más acomodados. Las cifras de
la encuesta de IPSOS‐Apoyo publicada el 18.11.2012 ratifican al 65% a favor de la revocación, y aducen
como principales razones para ello el que Villarán no haya solucionado el problema de la delincuencia
(42%) y en similar porcentaje (39%) por no administrar bien la ciudad y por no estar de acuerdo con sus
ideas. Cabe advertir que el tema de la seguridad ciudadana, que viene de antiguo, es responsabilidad
primordial del gobierno central; que no se ha dado ninguna razón que demuestre una mala o corrupta
administración, y que en el campo de las ideas, la posición liberal de Villarán choca sin duda con el
pensamiento conservador y autoritario de amplias capas de la población, algunas vinculadas a la
religión. A pesar de que la población considera que los revocadores actúan por intereses económicos
particulares (33%) y por ambiciones electorales (32%) ello no da lugar a mayor rechazo. Donde la
idiosincrasia de la población de Lima puede mejor apreciarse es cuando responsabiliza a Villarán (61%)
de los actos de violencia en La Parada, una responsabilidad que obviamente cae sobre los mayoristas
ilegales y los delincuentes que contrataron. Habrá que estudiar si en ello ha tenido influencia las
transmisiones de la televisión en directo, pero las causas parecen obedecer a motivos más profundos.
Como demostración de lo difícil que será para Villarán superar esa situación de desventaja, tal como
aparece en las encuestas a poco más de cuatro meses de la fecha elegida para el acto electoral, es que
son los sectores populares mayoritarios donde la propuesta de la revocatoria tiene más amplio apoyo.
Como bien ha puesto de manifiesto Fernando Tuesta (La República, 8.11.12), en el caso que la
revocatoria fuera aprobada dará lugar a una confusión que él denomina “ruleta rusa”, pues el resultado
de la votación da lugar a distintos escenarios con consecuencias francamente imprevistas, pues
dependiendo del número de miembros revocados del Concejo Provincial de Lima, y de quiénes sean
éstos, habrán nuevas elecciones por un breve periodo administrativo, que costará tanto como la
revocatoria, y ocuparán los cargos de alcalde y regidores un por ahora no identificable número de
personas, algunas de ellas, muy probablemente, sin ninguna preparación para ejercerlos.
11. La Lima de hoy
Esas encuestas ponen de manifiesto el sentir de la población de Lima, que en un importante porcentaje
vive y trabaja en la informalidad y que se siente indirectamente afectada por el ordenamiento que se
quiere llevar adelante. Mayoristas de gran capacidad económica que no pagan tributos, líneas de
transporte concedidas como favor político sin racionalidad alguna, miles de taxistas que no quieren
9. formalizarse, todos ellos son elementos que se sienten afectados por las medidas tomadas por el
Concejo Provincial de Lima para poder hacer de ésta una ciudad ordenada y moderna.
Los habitantes de la Lima de hoy, formales e informales, viven disociados sin la posibilidad de forjar un
consenso que les brinde un soporte emocional que le permita entender cabalmente lo que representa la
administración municipal, usualmente visualizada en los medios con el anuncio de grandes inversiones
públicas. La carencia de una política de urbanismo ha llevado en la expansión de Lima a la creación de
asentamientos humanos que necesitan de una red de servicios muy costosa, imposible de cubrir con los
presupuestos vigentes, y que, además, acarrean un enorme desperdicio de tiempo, agua y combustible.
Todo ello segrega a la población más pobre y ello se refleja en frustración y violencia (F. Cooper, La
República, 18.02.2012). No cabe duda que esta situación se refleja en las encuestas y en las votaciones,
más aún cuando al parecer ninguna autoridad edil ha asumido el reto de enfrentar creativamente e
integralmente tal situación.
La composición social de la ciudad de Lima es muy variada, y entre su población existen grandes
diferencias económicas y culturales, siendo en un alto porcentaje el nivel educativo muy pobre. A ello se
suma que el principal medio informativo en los niveles más bajos es la televisión de señal abierta, que
no se caracteriza precisamente en el Perú por dar la importancia a temas de interés público o general,
sino más bien concentrarse en escándalos, actos delictivos y accidentes de diverso tipo. En síntesis, la
población de Lima no es uniforme en ningún sentido, no existe sentimiento de comunidad en amplios
sectores y no está acostumbrada a la deliberación meditada de asuntos públicos. El proceso de
revocatoria en Lima adolece, en consecuencia, de las características esenciales que la Doctrina y la
experiencia exigen para que un proceso de esta naturaleza cumpla con los objetivos para los que fue
creado.
12.La perpetuación del engaño
La conducta de los revocadores, su admisión por organismos de origen democrático y su apoyo popular
nos llevan a algunas reflexiones. Tal como lo ha hecho Antonio Zapata (La República, 31.10.2012),
conviene recordar a Basadre, que en su libro “La multitud, la ciudad y el campo en la historia del Perú”
(1929) señala que el Perú es un país desarticulado y poco orgánico y que por ello sus malestares no
discurren por caminos institucionales ni sus soluciones son negociadas. Por el contrario, lo habitual es la
explosión descontrolada. Las clases apenas se han formado, existe plebe antes que pueblo, porque las
organizaciones sociales carecen de sustento. Son cascarones que agrupan a los politizados, pero dejan a
las mayorías fuera de todo marco identitario. Se desconocen las plataformas reivindicativas coherentes,
conducidas por dirigencias estables. Los tumultos generan líderes que pronto se evaporan. Por ello, las
élites carecen de continuidad.
El sociólogo Gonzalo Portocarrero (El Comercio, 16.06.2012) ha recordado que “las actitudes que hoy en
el Perú impiden el desarrollo de una cultura democrática, de un orden basado en la igualdad y la
vigencia de la ley, son culpabilizar al otro para rebajarlo y, más recientemente, el sentirse víctima de un
otro maligno que quiere destruirnos”. Afirma que en el incipiente ciudadano de nuestros días se deja ver
la desconfianza del antiguo siervo engañado; que el sentirse víctima es la reacción indignada de la
10. persona que cree que está siendo, otra vez, engañada por los señores, por los curacas o por cualquier
autoridad que usará el poder para beneficiarse, utilizando para expresarse un lenguaje de odio y de
violencia. Pero advierte Portocarrero que el definirse como víctima tiene un efecto inesperado, pues
favorece la perpetuación del engaño y da lugar a que muchos aspiren a seducir y engañar a una
población siempre desconfiada, formulando promesas que no podrán cumplir. Cada uno de nosotros
puede incluir como personajes de esta historia a políticos recientes, vinculados directa o indirectamente
con la revocatoria, tales como Fujimori, Alan García, Castañeda y Villarán, escogiendo la careta que cada
uno tiene en este triste baile que parece no tener término.
13. Pragmatismos ¿indecentes?
Fuera del ámbito estricto de los argumentos expuestos a favor y en contra de la revocatoria, se le ha
criticado a Villarán el no haber delineado una estrategia política para cumplir con sus objetivos, que no
ha alcanzado pactos ni alianzas con los medios de comunicación o con los poderes fácticos para que su
imagen y gestión tengan mayor reconocimiento y apoyo. Se dice que si bien no se duda de la idoneidad
de sus metas, sí de su capacidad gestora y política, y que ha tenido la torpeza de haber esgrimido el
argumento de “luchar contra la corrupción”. Carlos Meléndez (El Comercio, 30.10.2012) ha afirmado
que “el fracaso de Villarán sería, también, el fracaso de la (mala) politización de la ética. Ninguna otra
gestión elevó la honestidad a la altura de emblema, pero, al hacerlo sin sustento político, la termina
deslegitimando. Ello significaría una larga vida para que el ‘que robe pero que haga obra’ y ese sería el
legado más nocivo de la gestión regia”.
Posteriormente Meléndez (El Comercio, 20.11.2012) en su columna “Susana tus errores” ha calificado la
conducta de la alcaldesa como una estrategia de victimización y polarización ineficaz, y después de
advertirle como en un vals de la guardia vieja, que “la vida es cruel”, afirma que necesita para sobrevivir
el voto del fujimorista de a pie y del aprista que compra medicamentos en Alfonso Ugarte y que no
debería participar en la campaña “No al indulto de Fujimori”. Afirma que su rival real es la crisis de
representación que se agudiza en la insatisfacción cotidiana de los ciudadanos y que la revocatoria
expresa su bronca por la inseguridad, la delincuencia y una ciudad mal administrada, tal como aparece
en la última encuesta de IPSOS‐Apoyo antes citada.
Considero a la crítica de Meléndez como una alabanza. Parece no querer reconocer que si bien la
conducta de las personas y el manejo de las instituciones se hace en un determinado contexto y realidad
sociocultural, el liderazgo auténtico necesita de un norte, de una conducta que aglutine
esperanzadoramente. Pues, aunque no lo diga directamente, lo que sugiere Meléndez en su comentario
es que Villarán debe ponerse de acuerdo con los personajes, las empresas y los poderes fácticos que nos
han inundado de corrupción y de inconsistencia política durante los últimos años, y no sólo en Lima sino
en todo el Perú; porque sólo de esta manera podía llevar adelante sus ideas y propuestas concretas. Con
lo cual, parece creer Meléndez, para obtener éxito es preciso antes embarrarse. Consecuentemente,
debería extenderse ese modus operandi a los padres de familia y a los profesores de todo tipo para que
sus afanes se vean cumplidos. Y con ello abriría las puertas para que vuelvan a triunfar los “iluminados”,
los “demagogos”, los “tiranos”, es decir, todos aquellos que se creen guardianes de las llaves para
11. alcanzar un mejor, celestial y luminoso destino, para perpetuar el engaño a que hace referencia
Portocarrero.
14. Opina Vergara
Alberto Vergara, en su interesante ensayo “Alternancia sin alternativa: ¿un año de Humala o 20 años de
un sistema?”, publicado en la revista Argumentos del IEP, julio 2012, se pregunta sobre la política
contemporánea en el Perú y considera que entre nosotros se reproduce un macro‐arreglo institucional
surgido con la Constitución de 1993 que cimenta la forma en que se articulan Estado, sociedad y
mercado. Se asombra de la continuidad de ese arreglo en lo económico mediante el fortalecimiento de
una capa de tecnócratas y también por una cultura política antideliberativa, que ha traído como
consecuencia el fortalecimiento del Poder Ejecutivo. Ello se sustenta en el éxito económico de los
últimos años, en una clase política primaria y en el poder de veto de algunas figuras cruciales.
Frente a los posibles escenarios futuros, se encuentra la coincidencia de intereses y visiones entre el
humalismo y el fujimorismo, visión contraria a la liberal y a la social demócrata. Pero siendo, según
Vergara, el de Humala un gobierno intransigente pero no autoritario, es mejor no arrinconarlo porque el
peligro se encuentra en que, con el apoyo del fujimorismo, y con el favor de las FF.AA. ponga punto final
al sistema democrático. Cree Vergara que es esquiva la posibilidad de hacer ahora reformas serias y
democráticas y que ese continuismo al que ha hecho referencia destruye esa confianza íntima y última
que sostiene a la democracia, que es creer que el voto sirve efectivamente para algo. Dice textualmente:
“El país requiere que una fuerza política brinde coherencia a este electorado del cual depende que
nuestra democracia prospere. Necesitamos algo que coagule a los pocos liberales y social demócratas.
En este momento, las diferencias que los separan son menores que los riesgos que corren. La derecha
(al menos la razonable) debe comprender que a mediano plazo no es posible pedalear el modelo
económico con las botas militares, que a diferencia de los 90 la economía no se va a sostener en la mera
represión. Tiene que entender que, a la larga, todos estamos perdiendo. Y la izquierda (al menos la
razonable) debería dejar de atizar la violencia; ni Humala va a caer, ni Marco Arana va a elevarse al altar
del poder por la vía de la movilización. El gobierno de Ollanta Humala es uno mediocre, pero en este
momento, paradójicamente, su supervivencia es el requisito tanto de la supervivencia de la democracia
como de la generación de riqueza”.
Con estas reflexiones, volvemos al significado de la revocatoria a Villarán.
15. Crisis y oportunidad
El proceso de revocatoria en marcha en la ciudad de Lima es en este momento un obstáculo para la
administración de la Municipalidad Metropolitana, pues no cabe duda que distraerá su atención a sus ya
recargadísimas labores. Surge ahora la necesidad de argumentar frente a la población el por qué se
debe votar por el NO cuando lo fácil y usual es votar por el SÍ. Llegando al absurdo, han habido
propuestas y sugerencias para que la alcaldesa y sus regidores no puedan defenderse y exponer sus
opiniones y logros, haciendo una analogía improcedente con el Art. 150 de la Ley Orgánica de
Municipalidades, que prohíbe realizar actividad política partidaria o electoral a los servidores y
funcionarios municipales durante los procesos electorales. Esas propuestas resultan siendo
12. profundamente antidemocráticas, contrarias a lo dispuesto en la propia Constitución, a los derechos
fundamentales reconocidos y al debido proceso electoral o revocatorio, pues desean que las personas a
las cuales se quiere revocar con argumentos gaseosos y sin probanza, no puedan defenderse de los
cargos que se les imputa.
Si no se logra revocar a Villarán y a sus regidores, no cabe duda de que terminarán fortalecidos y podrán
intentar un segundo mandato, cuyo proceso no será nada fácil ni pacífico. Pero el proceso de
revocatoria puede también significar una oportunidad para Susana Villarán desde otra perspectiva7 . No
sólo para defender sus buenas obras y su conducta pública, sino también para posicionarse como una
alternativa democrática y progresista frente a otros partidos y facciones que no tienen las características
que ella puede encarnar, todo ello incluso en la eventualidad de ser revocada. Para conseguirlo, no debe
sólo en esta campaña de defensa tratar de asuntos municipales, sino también de materias vinculadas a
la política nacional, a la gobernabilidad y al diseño urbanístico de tantas ciudades en crecimiento en el
país. Hacerlo de esa manera significaría encarar a muchos medios de comunicación que no la apoyan
por intereses creados y divergencias ideológicas, y también poner de relieve que existe una no
sorpresiva mudez en otros estamentos gubernamentales dirigidos por personas que son vecinos de
Lima, pero que prefieren calladamente aguardar por el resultado para acomodarlo a sus intereses
subalternos de corto plazo.
Podrá Villarán conservar un importante apoyo en la ciudad de Lima, y también en el país, si se une a
otras fuerzas políticas para ser una alternativa electoral importante en el futuro. Lo podrá lograr si tiene
la perspicacia –como la ha tenido hasta ahora‐ de no liderar la alianza política que su pequeño partido
busca concretar con el impresentable Partido Comunista del Perú y con otras fuerzas totalitarias, porque
ello representará una carga pesadísima e indefendible en el plano teórico y en el de la realidad
latinoamericana, y también frente al imaginario natural de nuestra creciente clase media. Su mensaje,
más bien, debería estar encaminado a rescatar algunas de las propuestas de la Social Democracia y
poner los cimientos para diseñar nuestro propio Estado del Bienestar, el que por cierto deberá
reconocer la eficacia que en muchas áreas brinda el mercado, recordando el fracaso y corrupción que
suelen acompañar a las empresas públicas y al burocratismo. Deberá buscar incorporar a nuevos líderes
juveniles y a profesionales con experiencia que no se sienten atraídos por la praxis política tal como se
lleva a cabo en el Perú de hoy. La lucha por la seguridad, la educación de calidad en todos sus niveles, el
rol de los formadores de opinión, una atención en el ámbito de la salud que llegue a todos y una política
cultural que consolide y proyecte con contento nuestra identidad multicultural, son tareas que
requieren de propuestas novedosas, sostenibles en el tiempo y muy firmes, que nadie parece ahora
dispuesto a asumir. Hay, por tanto, mucho camino y horizonte por delante.
http://www.revistaideele.com/ideele/content/15‐puntos‐sobre‐la‐revocatoria‐0
