El documento presenta dos posiciones sobre la prestación de servicios públicos: 1) que el estado debe prestar todos los servicios públicos o 2) que el gobierno puede entregarlos al sector privado para su administración. El resumen argumenta que, dado que Colombia es un Estado Social de Derecho, el Estado debe garantizar el acceso a los servicios públicos para toda la población, pero que el gobierno está dispuesto a entregarlos al sector privado para generar empleo y supervisar que se cumpla con los lineamientos de igualdad y legalidad, evitando