El Tribunal arbitral falló que Ecuador violó el TBI al no otorgar un trato justo y equitativo a la inversión de OXY y al expropiarla sin compensación al declarar la caducidad del contrato. Se ordenó una indemnización de $1.770 millones aplicando un 25% de descuento por culpa compartida. Hubo una opinión disidente que argumentó que el porcentaje de culpa debía ser 50% y que solo correspondía el 60% de la indemnización.