El documento resume la Ley Especial contra los Delitos Informáticos de Venezuela de 2001 y la Constitución Bolivariana de Venezuela. La ley establece penas de prisión para aquellos que accedan o usen sistemas de información sin autorización. La constitución reconoce la importancia de la ciencia, tecnología e innovación y garantiza el acceso a la información necesaria para el desarrollo del país.