El documento critica duramente la represión de las protestas en Venezuela por parte de los cuerpos de seguridad del estado. Señala que los uniformados actúan de forma desproporcionada y criminal, disparando indiscriminadamente contra los manifestantes y dejando ya 63 muertos. También responsabiliza al gobierno por permitir esta violencia y no cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos, a la vez que denuncia que el régimen se debilita aún más con su estrategia de represión.