Este documento presenta una Declaración Jurada de Domicilio simplificada que puede usarse en lugar de un certificado domiciliario expedido por la policía. Advierte que no es válida si está dañada o alterada y requiere presentar una copia del DNI y un recibo de servicios. También indica que los funcionarios públicos que se nieguen a recibirla incurrirán en una infracción administrativa y que se aceptará en municipios, notarías y fiscalías para fines judiciales o electorales.