1. Publicación del Consejo Andaluz de IULV-CA www.iuandalucia.org Febrero, 2013 Número 169
LA REFORMA LOCAL UN ATENTADO CONTRA LA DEMOCRACIA
El pasado viernes 15 de febrero dejará otra
profunda cicatriz en la ya empobrecida
democracia de nuestro país. El gobierno de la
derecha ha decidido un ataque directo a la
autonomía local, y por tanto a la democracia,
que quiebra el Estatuto de Autonomía de
Andalucía y que costará alrededor de 40.000
empleos como consecuencia de la pérdida de
competencias y de las privatizaciones de los
servicios que ahora prestan los
ayuntamientos. El informe del anteproyecto
de la llamada “Ley para la racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local” es
un mazazo en el rostro de los pueblos de Andalucía que merece la respuesta contundente de la
movilización en la calle.
Esta reforma afecta en mayor o en menor grado a la totalidad de los 771 ayuntamientos
andaluces, pero es particularmente dura con los 530 municipios (68%) de menos de 5.000
habitantes que verán en peligro, incluso, su propia existencia.
Los 159 ayuntamientos (19%) comprendidos entre
5.000 y 20.000 habitantes podrán perder gran parte
de sus competencias a favor de las diputaciones, con
lo que un total de 689 ayuntamientos (87%) verán
mermada gravemente su autonomía local. En estos
689 municipios viven aproximadamente 3 millones de
andaluzas y andaluces que sufrirán la disminución de
su capacidad de participar en la gestión de sus
ayuntamientos.
Efectivamente, menos democracia local es menos
democracia. El actual modelo municipal va a sufrir una
retirada de competencias y de funciones a favor de las
Diputaciones Provinciales –que no son precisamente
instituciones de elección directa de los ciudadanos- y
que alejarán a la gente de la toma de decisiones en sus
municipios. Se acerca, por lo tanto, más a un modelo
preconstitucinal de gobernadores civiles que a un
auténtico poder ciudadano de profunda raiz
democrática, cercano y participativo, y que representa
una involución hacia épocas ya superadas por el
desarrollo democrático de los pueblos.
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2. De la misma manera sufrirán las administraciones
locales, de aplicarse tal y como sugiere el
borrador que aprobó el viernes el Consejo de
Ministros, un control por parte del gobierno central
que atará la voluntad democrática local y que deja
reducidas sus decisiones a las de meros gestores
de imposiciones de otros. De ahí que los
interventores municipales dependerán
directamente del gobierno central. Ese exhaustivo control financiero externo en nada se parece
a la fiscalización democrática interna y cercana que exigen los ciudadanos a los alcaldes y
concejales de los pueblos. Y para colmo se controla a los ayuntamientos pero no se les financia.
Por si cupiesen dudas, los ayuntamientos deberán “ajustarse a los principios de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera reconocidos por la Constitución en su artículo 135”.
Cabe recordar que esa es la madre de todos los recortes –que eufemísticamente denominan
reformas- y cuyos cambios constitucionales se impusieron sin consulta al pueblo a través de un
acuerdo en la media noche del 25 de agosto de 2011 entre PP y PSOE.
La reforma supone asímismo la privatización de los servicios públicos municipales,
favoreciendo “a la iniciativa económica privada” como dice literalmente y ofeciendo grandes
negocios a quienes obtengan la concesión para la prestación –desde el ámbito privado- de los
servicios públicos que ahora se gestionan directamente desde la administración pública local.
Pero no solo privatizará los servicios públicos y debilitará notablemente la calidad democrática.
Esta reforma entra abiertamente a restarles competencias a los ayuntamientos que se
establecen en el Estatuto de Autonomía de Andalucía y en la Ley de Autonomía Local de
Andalucía, de tal manera que el propio Vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego
Valderas, (en la foto en el Ayuntamiento de Víznar) y a su vez responsable de Administración
Local, ya ha anunciado un conflicto de competencias que probablemente acabe en un recurso
al Tribunal Constitucional.
El Partido Popular ha presentado esta reforma como un ejercicio populista de reducción de
cargos públicos con dedicación exclusiva, en un intento claramente demagógico de desviar la
atención sobre el hecho de privatización de servicios públicos municipales, de la pérdida
ingente de puestos de trabajo y de la desactivación de la democracia y de la autonomía local.
Quitar concejales, reducir parlamentarios y privatizar servicios públicos –aún siendo un ataque
tan brutal a la democracia- no puede distraer la atención del grado de corrupción que desborda
al Partido Popular, ávido de cualquier balón de oxígeno que desvíe la mirada de la gente.
Por eso la respuesta tiene que venir dada de la movilización ciudadana en idéntica proporción
al ataque recibido. A las respuestas jurisdicionales y políticas ya emitidas con dureza por parte
de Izquierda Unida y del gobierno de la Junta, se
tiene que unir el pueblo andaluz el próximo 28 de
Febrero que suma esta reforma a la ya larga lista de
agravios para salir a la calle.
La defensa del Estatuto de Autonomía, de los
servicios públicos, de la democracia y contra la
corrupción suman argumentos de sobra para que el
pueblo andaluz se eche a la calle el 28 de Febrero
exigiendo protagonismo en el futuro de sus propias
vidas.
2 @iuandalucía