El documento critica la creación de un "banco malo" para sacar los activos tóxicos de los bancos, señalando que esto no resuelve el problema de la vivienda. En su lugar, propone que esos pisos se destinen a alquiler social barato, lo que sería un "banco bueno" y ayudaría a garantizar el derecho a la vivienda. También critica al gobierno por proteger sólo los intereses de los acreedores bancarios en lugar de las víctimas de la crisis de la vivienda.