Este documento describe diferentes situaciones en las que el sistema sanitario público puede reclamar el pago de los servicios prestados a terceros. Estos incluyen 1) mutualistas y asegurados privados que reciben atención fuera de la red pública, 2) accidentes de tráfico cubiertos por compañías privadas, y 3) accidentes laborales cubiertos por mutuas. El documento explica los procedimientos para facturar a estos terceros obligados al pago por la asistencia recibida.