Este documento describe cómo se pueden suspender ciertos derechos y libertades reconocidos en la Constitución Española. Indica que cuando se declare el estado de excepción o sitio, se podrán suspender derechos como la libertad de expresión, reunión y manifestación. También permite que mediante ley orgánica y con intervención judicial se puedan suspender derechos de forma individual para investigar bandas armadas o terrorismo. Cualquier uso injustificado de estas facultades producirá responsabilidad penal.