Contralínea 579 - Minera canadiense “borra” indígenas en México

Año 16 • Número 579 • $30
Del 26 de febrero al 4 de marzo de 2018
ISSN: 1665-1626
REVISTA SEMANAL

4 26 de febrero de 2018
CONTENIDO
CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN –año 16, número
579, del 26 de febrero al 4 de marzo de 2018– es una publicación se-
manal editada por Editorial Libertad y Expresión, SA de CV; Ignacio
Aldama 74-8, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100,
México, DF; teléfonos: 55 54 91 93 y 55 54 91 94; www.contralinea.
com.mx, info@contralinea.com.mx. Editor responsable: Agustín Miguel
Badillo Cruz. Número de reserva al título de derecho de autor: 04-
2001-1206164804 00-102. Número de certificado de licitud de título:
12264, y de contenido: 8918. ISSN: 1665-1626. Impresa por Editorial
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dad de México, teléfono 55549192. Este número se terminó de impri-
mir el 23 de febrero de 2018. Distribuida por la Unión de Voceadores
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folio: 00010-RHY
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3
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PORTADA
Representantes de Almaden Minerals aseguran que en
Ixtacamaxtitlán, no hay comunidades originarias, por lo que
su proyecto de explotación de oro no requiere consulta.
Cinco instituciones federales documentan lo contrario
TRASNACIONAL ALMADEN
MINERALS “BORRA” INDÍGENAS
PARA EVADIR CONSULTA
OPINIÓN
ZONA CERO AUREOLES, SOBERBIO, EMPUJA LA HUELGA
MAGISTERIAL Zósimo Camacho
AGENDA DE LA CORRUPCIÓN MÉXICO, EL PAÍS DE LOS DOLORES
SOCIALES QUE JAMÁS CESAN Nancy Flores
DEFENSOR DEL PERIODISTA MEADE-“MID” VOMITA AMENAZAS E
INQUISICIONES CONTRA LAS LIBERTADES DE PRENSA Álvaro Cepeda Neri
ARTÍCULOS
“NO TE PREOCUPES, ROSARIO”: SIGUE LA CORRUPCIÓN ANDANDO
Oscar Enrique Díaz Santos
PARTIDOS, SIN RUMBO NI IDEOLOGÍA Martín Esparza Flores
RECUPERAR EL LAGO Omar Suárez García
¿ELECCIONES EN ITALIA? LA OTAN YA VOTÓ Manlio Dinucci/Il Manifesto/Red
Voltaire
PETRO, LA MONEDA REVOLUCIONARIA QUE IRRUMPE EN EL
MERCADO VIRTUAL Livia Rodríguez Delis/Prensa Latina
ESTADOS UNIDOS PARECE MILITAR EN UNA LIGA DE SANCIONES
ANTIRRUSAS Antonio Rondón/Prensa Latina
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CONTENIDO
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52 58
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ANÁLISIS
SOCIAL Migrantes centroamericanos en México: crisis humanitaria Guillermo Castillo
Ramírez
INTERNACIONAL Trump por las guerras, alienta invasión a Venezuela Stella Calloni/
Prensa Latina
INTERNACIONAL La ilusión de que Daesh está acabado Thierry Meyssan/Red Voltaire
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MISCELÁNEO
EX LIBRIS Demóstenes: el escritor de los discursos que fundaron las ﬁlípicas Álvaro
Cepeda Neri
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INVESTIGACIÓN
PORTADA Trasnacional Almaden Minerals “borra” indígenas para evadir consulta Nancy
Flores
LÍNEA GLOBAL Estados Unidos: tiroteos masivos cada vez más mortíferos José Réyez
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OPINIÓN
CASCOS AZULES, VIOLENCIA Y ELECCIONES EN MALI Julio Morejón/Prensa Latina
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ZONA CERO
OPINIÓN
L
os maestros de Michoacán, de nueva cuen-
ta, se movilizan. El gobernador Silvano
Aureoles Conejo, de plano, no les deja
otra opción. El político de extracción perredista
ha resultado incapaz ya no digamos de gobernar
sino de acatar las leyes. Bueno, no ha sido capaz
siquiera de cumplir acuerdos que aceptó y firmó
de su puño y letra. Quienes lo encumbraron hoy
ven con angustia y enojo su ineptitud.
Hay que decirlo. Muchos de sus hoy decep-
cionados padrinos políticos y empresariales al
principio lo azuzaron con entusiasmo para que
reprimiera y utilizara todo el aparato de gobierno
contra quienes protestaran. Los heridos y encarce-
lados en apenas 2 años y 5 meses desde que asu-
mió el cargo se cuentan
por cientos. Su divisa
ha sido la de utilizar
la policía y cancelar el
diálogo. Peor aún, fin-
gir que dialoga pero no
escuchar y sí engañar,
mentir. Y no entiende
que así no se gobierna. Sus victorias pírricas, que
se saldan con golpeados y encarcelados, en rea-
lidad sólo posponen y complican los problemas.
Este viernes 23, los maestros democráticos
de la Sección XVIII del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE) en Lucha
anunciaron que a partir de este día salen de nueva
cuenta a las calles. Y, como en las anteriores jorna-
das, demandan que el gobernador actúe como tal
(no como virrey) y se siente a dialogar con un sec-
tor (numeroso) del pueblo. Su principal demanda
es justa y clara: el pago de adeudos salariales al
magisterio michoacano.
En rueda de prensa, integrantes del Movimien-
to del Magisterio Democrático Nacional, encabe-
zados por el profesor Antonio Castro López, secre-
tario general del Comité Ejecutivo Nacional De-
mocrático del SNTE, informaron que el gobierno
estatal ha incumplido en el pago de salarios a los
trabajadores. Tal incumplimiento persiste a pesar
de que se trata de uno de los 29 puntos que inte-
gran los acuerdos firmados desde el 11 de septiem-
bre del año pasado. Ya, a inicios de 2018, este in-
cumplimiento obligó a los maestros a movilizarse.
Los saldos de las protestas fueron de 87 maestros
detenidos y decenas de golpeados.
En estas renovadas jornadas de lucha los pro-
fesores exigen el pago a 36 mil trabajadores de
los adeudos correspon-
dientes al salario inte-
grado; el pago a 1 mil
300 que en 2 años no
se les ha abonado abso-
lutamente nada; la re-
muneración a 217 que
padecen adeudos desde
hace 3 años; el pago a 40 mil a quienes se les apli-
caron “descuentos” indebidos; la reinstalación de
21 profesores removidos irregularmente (algunos
de ellos precisamente por defender sus derechos),
y explicar el desfalco en las Pensiones Civiles del
Estado así como reintegrar los recursos.
Son las demandas principales. Las mismas que
no aparecen en los medios amigos del gobernador.
El discurso progubernamental busca hacer creer
a los ciudadanos que los maestros se movilizan sin
razón alguna o para “defender privilegios”. Pero,
seriamente, ¿quién puede cuestionar que una per-
sona demande el pago por un trabajo devengado?
ZÓSIMO CAMACHO
AUREOLES, SOBERBIO
EMPUJA LA HUELGA
MAGISTERIAL
Hasta ahora, el gobernador Aureo-
les Conejo no ha sido capaz siquiera de
cumplir acuerdos que aceptó y ﬁrmó
de su puño y letra
Hasta ahora, el gobernador Aureo-
de su puño y letra

ZONA CERO OPINIÓN
uso de la fuerza. En casi 30 meses han allanado
impunemente instituciones públicas y han cercado
pueblos.
No son los profesores los únicos que han pa-
decido la furia impune de quien detenta el poder.
Comunidades indígenas que se oponen al saqueo
de su madera, agua o recursos minerales han teni-
do que sufrir operativos policiacos descomunales,
como los casos de Arantepacua y Caltzontzin. Los
normalistas, por su parte, padecen una permanen-
te campaña de estigmatización y difamación para
hacer parecer a los jóvenes estudiantes como los
peores delincuentes con los cuales no hay que te-
ner consideración alguna. Y como respuesta a sus
demandas, sólo se les ofrece golpes, cárcel y balas.
Aureoles no sabe gobernar. Se aferra a su pri-
mitiva idea de que puede someter a los actores so-
ciales con la fuerza y el apoyo de la propaganda
política. Pero no puede criminalizar a todos, estu-
diantes, comuneros, maestras y maestros, trabaja-
dores, médicos. Contra sus pronósticos, un paro
magisterial hará confluir a los sectores populares
en demandas más allá de las legítimas de los profe-
sores. El gobernador se está arrinconando solo. En
medio de sus berrinches, ¿se dará cuenta?
Más aún, el propio gobierno del estado sabe que
la razón está con los profesores. Por ello firmó los
acuerdos de septiembre. ¿Por qué tal desprecio?
¿Por qué se empeña en generar ingobernabilidad?
Incluso, ¿por qué socava aún más su investidura y
su ya precaria credibilidad?
Los 87 maestros detenidos se quejan de la vio-
lación de sus derechos humanos pues, además de
padecer la suspensión de pagos y cambios unilate-
rales de adscripción o lugar de trabajo, enfrentan
una campaña de estigmatización y criminalización.
El gobierno del estado les ha dicho a los maes-
tros que sólo está dispuesto a cumplir nueve de los
29 puntos. Pero esos nueve se refieren a problemá-
ticas de carácter administrativo y no tienen rela-
ción con el salario.
Los profesores están organizados y decididos.
Ahora emplazado al gobierno a dar cumplimien-
to a los 29 puntos mencionados en los acuerdos o,
de lo contrario, podrían pronunciarse por iniciar
un paro indefinido de labores. Saben los maestros
a los que se enfrentan: una ira patológica que Sil-
vano Aureoles ya ha demostrado con vastedad en
otras ocasiones. Sus policías no tienen reparo al-
guno en violar los más elementales protocolos del
ALAN
ORTEGA/CUARTOSCURO
Al centro, el gobernador Silvano Aureoles

AGENDA DE LA CORRUPCIÓN
OPINIÓN
MÉXICO
EL PAÍS DE LOS DOLORES
SOCIALES QUE JAMÁS CESAN
NANCY FLORES
E
l próximo 27 de febrero se conmemoran
40 años de la desaparición forzada de Ben-
jamín Maldonado Santos, estudiante de
medicina, militante popular y empleado de Co-
rreos de México.
Ese crimen se cometió en el contexto de la
Guerra Sucia, de la cual son responsables tanto el
Estado como el Partido Revolucionario Institucio-
nal, que en aquel momento se encontraba enquis-
tado en el poder al igual que ahora.
Una desaparición forzada se comete con “el
arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra
forma de privación de libertad que sean obra de
agentes del Estado o por personas o grupos de
personas que actúan
con la autorización, el
apoyo o la aquiescen-
cia del Estado, seguida
de la negativa a reco-
nocer dicha privación
de libertad o del ocul-
tamiento de la suerte o
el paradero de la persona desaparecida, sustrayén-
dola a la protección de la ley”, indica la Conven-
ción Internacional para la Protección de todas las
Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Maldonado Santos fue secuestrado en su lugar
de trabajo –la administración de correos 25, ubi-
cada en Calzada de Tlalpan 705– por seis agentes
de la Brigada Blanca (la desaparecida Dirección
Federal de Seguridad, que fungía como policía
política), recuerda la no gubernamental HIJOS
(Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvi-
do y el Silencio), capítulo México.
De acuerdo con la narración de su hermana
Ofelia (La Jornada, 27 de febrero de 2008), “los
agentes lo subieron a uno de los dos automóviles
sin placas que traían y regresaron a las pocas ho-
ras para también desaparecer su automóvil”.
Así, 1978 marcaba para la familia Maldonado
Santos una herida que jamás sanará. Herida que
causó el Estado, obligado a garantizar la vida y
seguridad de sus ciudadanos.
La carta de Ofelia explica que a partir de la
desaparición forzada de su hermano, la familia
comenzó una búsqueda intensa para encontrarlo.
“Tiempo después supimos que estaba en el
Campo Militar número uno, pues la Dirección
Federal de Seguridad, conocida como Brigada
Blanca, lo tenía como
centro de operaciones
y durante su existencia
contó siempre con el
consentimiento presi-
dencial de Luis Eche-
verría que, sabiendo de
todas las infames injus-
ticias de torturas que ahí se cometían, ni él ni nin-
guno de los procuradores de la República de aquel
tiempo hicieran caso de las denuncias de nuestra
familia, al igual que los presidentes de la Repúbli-
ca, y fallaron en todas sus promesas de campaña.”
La Oficina del Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para los Derechos Humanos en Méxi-
co considera que “la desaparición forzada se ha
usado a menudo como estrategia para infundir el
terror en los ciudadanos. La sensación de insegu-
ridad que esa práctica genera no se limita a los pa-
rientes próximos del desaparecido, sino que afecta
a su comunidad y al conjunto de la sociedad”.
Maldonado Santos fue secuestrado
en su lugar de trabajo por seis agentes
de la Brigada Blanca, que fungía como
policía política. A la fecha, no aparece
Maldonado Santos fue secuestrado
policía política. A la fecha, no aparece

AGENDA DE LA CORRUPCIÓN OPINIÓN
Terrorismo de Estado
Infundir el terror en los ciudadanos es carac-
terístico de los regímenes autoritarios y funciona
para múltiples propósitos, incluido el de la desmo-
vilización social en tiempos donde se limitan todos
los derechos y se rematan los bienes nacionales.
Por eso el terrorismo de Estado se inflige des-
de las instituciones y lo encabeza quien ostenta el
máximo cargo público. Y en el caso de México,
éste se ha instaurado desde hace años, décadas.
Y de ello se desprende que los partidos Revolu-
cionario Institucional y Acción Nacional sean ya
expertos en eso.
Durante su paso por la Presidencia de la Re-
pública, ambos han cometido atrocidades inena-
rrables contra la sociedad, a la que se supone de-
berían servir.
Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones
forzadas, tortura, allanamientos, detenciones ar-
bitrarias son apenas el inicio de una interminable
lista de crímenes políticos que generan miles y mi-
les de víctimas, sin que haya justicia. Las peores
épocas han sido, sin duda, la Guerra Sucia –en las
décadas de 1960 y 1970– y la mal llamada “gue-
rra” contra el narcotráfico, que inició Felipe Cal-
derón y de la que fue comparsa Margarita Zavala.
En la actualidad, el clímax de esa violencia pa-
rece no haber llegado todavía, pues cada vez se
profundizan más las graves violaciones a derechos
humanos.
El caso de los estudiantes normalistas de Ayot-
zinapa, Guerrero, desaparecidos el 26 de sep-
tiembre de 2014, es uno de los más emblemáticos
ejemplos. En todo este tiempo, al gobierno no le
ha importado el costo social de este crimen. Con
cinismo, el propio presidente Enrique Peña ha de-
clarado que los normalistas rurales están muertos,
sin que presente prueba de ello.
Para la Oficina del Alto Comisionado, “la
desaparición forzada se ha convertido en un pro-
blema mundial que no afecta únicamente a una
región concreta del mundo. Las desapariciones
forzadas, que en su día fueron principalmente
el producto de las dictaduras militares, pueden
perpetrarse hoy día en situaciones complejas de
conflicto interno, especialmente como método de
represión política de los oponentes”.
A la fecha, oficialmente se
reconoce que hay más de 30 mil
personas desaparecidas en Méxi-
co. El problema es que no existe
una metodología para determi-
nar cuántas de ésas son víctimas
del crimen de lesa humanidad.
No obstante, por doquier se
conocen casos de este tipo. Ve-
racruz, Tamaulipas y Guerrero
siguen siendo focos rojos, pues ahí
se cometen con mayor frecuencia
desapariciones forzadas.
Y al ser un tema estructural
que involucra a la más alta esfe-
ra del poder público –al punto
de convertirse en una política pública de facto–, su
gravedad va más allá del hecho mismo: incluye to-
dos los elementos de protección que se extienden
a favor los perpetradores materiales e intelectuales.
Sólo así podemos entender los niveles de impu-
nidad que se viven en este país. Ni el caso de Mal-
donado ni el de los 43 normalistas, y mucho menos
el del resto de las víctimas, serán resueltos por los
propios criminales en el poder. La voluntad política
que se requiere para ello necesariamente debe venir
de un gobierno democrático, que aún no tenemos.
Y aunque en nuestro círculo cercano no haya-
mos sufrido un dolor tan grande como el de una
desaparición, demandar justicia por las víctimas
es lo mínimo que podemos hacer. Para estos crí-
menes de Estado, ni perdón ni olvido.

DEFENSOR DEL PERIODISTA
OPINIÓN
R
esulta que el periodismo de investigación
del portal de Animal Político, que dirige el
periodista Daniel Moreno al coordinar a
los reporteros para buscar hechos e informar de los
mismos, acaba de ser objeto de amenazas e inqui-
siciones judiciales, porque publicaron que la Audi-
toría Superior de la Federación recurrió a la PGR,
para denunciar como delitos federales, que en los
períodos que Rosario Robles y José Antonio Mea-
de Kuribreña ocuparon Sedesol, varios millones de
pesos se “facturaron” a empresas fantasmas. Esto es
un desvío de fondos públicos y que en el ámbito de
la corrupción de funcio-
narios se tipiﬁca como
peculado. En el habla
popular: es un robo
millonario, donde Ja-
vier Duarte, la Robles y
Meade-“Mid” se homo-
logan a la delincuencia
organizada; e incluso son peores que éstos ya que
quienes detentan cargos en el gobierno, cometen
delitos amparados en la impunidad.
En el portal de Animal Político, con fundamen-
to en las libertades constitucionales de buscar y dar
a conocer toda clase de información, sustentada en
hechos y actos procesales del derecho penal vigen-
te, se dio a conocer que Mid y su grupo derechis-
ta-priista, que maneja Videgaray y Peña (así como
Rosario Robles) –para no decir que robaron–, des-
viaron millones de pesos y con ellos dizque pagaron
servicios de empresas que no existen. Y, que, obvia-
mente, fueron a dar a la partida de enriquecimiento
ilícito de ellos, para que se guarden en bancos con
prestanombres o de plano lo entregaron a familia-
res y amigos para tener un “guardadito”.
Al saber Robles-Mid, o sea Rosario-José Anto-
nio, que Animal Político informaba a la opinión
pública individual y colectiva, no de simples hechos
que ya de por sí son verídicos y contrastados, sino
de las demandas penales ante la PGR, los dos in-
volucrados vomitaron sus amenazas sobre Daniel
Moreno y sus reporteros, en el sentido de que los
demandarían con inquisiciones judiciales por difa-
mación y daños a su honor de funcionarios peñis-
tas y, en el caso de Mid,
como precandidato ex-
terno del PRI a la presi-
dencia de la República.
Se pusieron rabiosos.
Ella con su clásica hipo-
cresía. Él mostrándose
iracundo. Los dos no
leyeron bien la información; o si lo hicieron, quisie-
ron acusar el golpe informativo, con la estratagema
de los que se quieren escabullir por el drenaje de las
aguas negras.
Pasaron por alto que los periodistas de Animal
Político tuvieron conocimiento de que la Audito-
ría Superior de la Federación había interpuesto
sendas demandas penales contra los presuntos res-
ponsables de haber entregado millones de pesos a
empresas inexistentes, cuando la Robles y Meade
Kuribreña fueron titulares de Sedesol. Así que en
Radio Educación, durante el programa La Defen-
soría de las Audiencias, con la participación de Daniel
MEADE-“MID”VOMITA
AMENAZAS E INQUISICIONES
CONTRA LAS LIBERTADES
DE PRENSA
ÁLVARO CEPEDA NERI
El portal informativo Animal Político,
que dirige el periodista Daniel Moreno,
objeto de amenazas e inquisiciones judi-
ciales por publicar datos de la ASF
El portal informativo Animal Político,
ciales por publicar datos de la ASF

DEFENSOR DEL PERIODISTA OPINIÓN
Moreno y el delegado de la asociación Artículo 19,
se ventiló cómo Mid y la señora Robles se ha habían
asociado para, con sus abogados, presentar deman-
das contra el portal de Animal Político, su director
y sus reporteros, porque con fundamento constitu-
cional en los Artículos 6 y 7 de la Ley Fundamental
de los Estados Unidos Mexicanos y cumpliendo
con su deber profesional, informaron que esos dos
funcionarios estaban mencionados como titulares
de Sedesol, en los períodos en que millones de pe-
sos –para decirlo suavemente– fueron “desviados”,
facturándolos a empresas que no existen.
Pero como son de la “escuela” de Nuño y no
saben “ler”, pasaron por alto que la información
daba cuenta de las acciones penales de la Audito-
ría Superior de la Federación, solicitando investigar
el destino de esos millones de pesos. Así que enco-
lerizados, los dos empleados de Peña soltaron sus
amenazas. Y como Trump, vomitaron sus heces
en sus furiosas declaraciones, donde Mid era el más
decidido, dirigiéndose al portal de Animal Políti-
co, mientras vociferaba que no iba a permitir que
mancharon su honor.
Queda claro que ese vómito de censura a la
publicación de Animal Político, muestra a un Mid
consecuente con el priísmo peñista, que a lo largo
del sexenio que –afortunadamente– está por con-
cluir, ha sido de ataques a las libertades de prensa,
orquestados por detrás del trono presidencial de
Videgaray; desde que Higa, Angélica y Enrique
llegaron más allá del intento, es decir, cumplieron
su amenaza de silenciar a Carmen Aristegui para
evitar la divulgación de la corrupción de la “casa
blanca”. De entonces a la fecha, no han cesado esas
embestidas contra las libertades de prensa.
Con estos acontecimientos nos queda claro que
los politiquillos no encuentran la manera de im-
pedir que la información sea dada a conocer por
los medios de comunicación. Y en uno más de sus
tropiezos, Mid se aferra al autoritarismo; incluso
cuando, como en el caso, fue pillado como secre-
tario de Desarrollo Social (y su antecesora: Rosario
Robles), en millonaria corrupción. Aclarando que
Animal Político y Daniel Moreno, solamente ejer-
cieron su derecho constitucional en la búsqueda y
difusión de la información. Y que en ese contexto
Mid y compañía se han querido pasar de listos; pues
parece que sólo saben “ler” y por esto no entienden
la información. Motivo por el cual reaccionó tan
virulentamente con sus amenazas de inquisidor.
GALO
CAÑAS/CUARTOSCURO

ARTÍCULO
OPINIÓN
T
ransparencia Internacional mide la co-
rrupción. Esta medición ve de 1 a 100
puntos: 1 el más corruto y 100 el menos
corrupto. La medición se hace sobre 180 países
del mundo. De hecho no hubo sorpresa alguna,
sino que se ratifica lo que se informó en 2017. En
este informe ubica a México en un glorioso lugar
135 con 29 puntos de 100, es decir se confirma
la elevada corrupción que existe en el país. El in-
cremento de la inseguridad y el fortalecimiento
del crimen organizado abonan a este fenómeno.
Al mismo tiempo, nos encontramos con no-
ticias de desvío de recursos de secretarías de Es-
tado. Eso no es nuevo,
frecuentemente se ha-
cen denuncias cuando
la Auditoría Superior
de la Federación (ASF)
informa de los resulta-
dos de la revisión de
la cuenta pública y de
irregularidades en el ejercicio del gasto público.
Durante 2013 y 2014 esta situación se presenta
en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y
ahora (resultados de 2016) en la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Se-
datu). Lo curioso es que la titular es la misma
persona: Rosario Robles Berlanga. Y la irregula-
ridad es por la misma causa: otorgar asignacio-
nes directas a entes públicos para que a través de
ellas se adquieran diversos artículos como gorras
y camisetas y algunos estudios y servicios.
El día 22 de febrero en entrevista televisiva,
la señora Robles dice estar dispuesta a ser inves-
tigada, pero se deslinda de la responsabilidad
que, aunque son de la secretaría que dirige, co-
rresponde a otras áreas de la misma secretaría.
Es más, 1 día antes acudió a la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) para solicitar que
sea investigada (una faramalla, ya que el proce-
dimiento no es ese).
Nadie puede motu proprio solicitar que se le
investigue. Por lo menos, no existe una normati-
vidad jurídica al respecto. Lo que sí puede pro-
ceder es que se declare culpable de cometer un
delito. El procedimiento es que la ASF solicite
que se solventen las observaciones realizadas y
si no se hace confor-
me a la normatividad
presupuestaria y jurí-
dica, debe solicitar a la
PGR que se proceda
en consecuencia.
En la entrevista
Robles consideró que
no tenía que ver en el asunto, aunque es clara
la responsabilidad de la titular de una secretaría,
como lo marca la Ley Orgánica de la Adminis-
tración Pública. Es más, su argumento es que
no sólo la Sedatu hace esas prácticas sino que
es una práctica cotidiana de todas las secretarías
de Estado. Asimismo, argumentó que ella no
firmó ninguna adjudicación directa. Aprendió
muy bien la lección que le dio Peña Nieto con
el asunto de la Casa Blanca, cuando la Secreta-
ría de la Función Pública resolvió que no había
conﬂicto de intereses porque la adjudicación de
obras que el gobierno federal le había dado al
OSCAR ENRIQUE DÍAZ SANTOS, DOCTOR EN ECONOMÍA POR LA UNAMY ESPECIALISTA
EN GASTO PÚBLICOY PRESUPUESTO
“NO TE PREOCUPES, ROSARIO”
SIGUE LA CORRUPCIÓN
ANDANDO
Cuando no se solventan las observa-
ciones realizadas por la ASF conforme a
la normatividad presupuestaria y jurídica,
se debe solicitar a la PGR que proceda
Cuando no se solventan las observa-
se debe solicitar a la PGR que proceda

ARTÍCULO OPINIÓN
Grupo Higa: él no las había firmado.
Efectivamente ni el presidente de la Repú-
blica ni los secretarios de Estado tienen la res-
ponsabilidad de firmar las adjudicaciones de las
adquisiciones y arrendamientos del sector públi-
ca. Para ello están los Directores Generales de
Recursos Materiales y Servicios Generales. Pero
ellos no actúan por motu propio, sino que lo hacen
con el conocimiento de los titulares de las de-
pendencias y lo hacen por instrucciones de estos
personajes públicos.
En este caso específico, hay que fijar muy
bien en donde está el problema. Robles argu-
mentó que el artículo 1 de la Ley de Adquisi-
ciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público permite que se adjudique en forma di-
recta a las universidades públicas recursos para
que por medio de ellas se realicen ciertas adqui-
siciones. Textualmente dicho artículo señala:
“Los contratos que celebren las dependencias
con las entidades, o entre entidades, y los actos
jurídicos que se celebren entre dependencias, o
bien los que se lleven a cabo entre alguna depen-
dencia o entidad de la Administración Pública
Federal con alguna perteneciente a la adminis-
tración pública de una entidad federativa, no
estarán dentro del ámbito de aplicación de esta
Ley; no obstante, dichos actos quedarán sujetos
a este ordenamiento, cuando la dependencia o
entidad obligada a entregar el bien o prestar el
servicio, no tenga capacidad para hacerlo por sí
misma y contrate un tercero para su realización.
Los entes públicos, al no ser su función cen-
tral, contratan a empresas para que presten el
servicio o los bienes que se soliciten. El primer
punto es que la ley considera que “…cuando la
dependencia o entidad obligada a entregar el
bien o prestar el servicio, no tenga capacidad
para hacerlo por sí misma y contrate un tercero
para su realización”. El segundo punto es que
no se establecen los criterios para seleccionar al
ente público a quien se le otorga la asignación
ADOLFO
VLADIMIR/CUARTOSCURO

ARTÍCULO
OPINIÓN
directa, lo deja abierto. El tercer punto deja a la
libre decisión del ente público para subcontratar
los bienes y servicios que se requieren. Cuarto
punto: en el caso de la subcontratación se debe
de aplicar la ley mencionada, por lo que es ne-
cesario determinar los entregables que los entes
públicos, a quien se le proporcionan los recursos
públicos, deben de tener para justificar los gastos
que se hicieron y entregarlos a la secretaría que
autoriza los recursos para que los presente ante
la ASF para justificar el gasto.
Pero ello no queda allí. La señora Robles
dice que no es la responsable de la irregulari-
dad detectada por la ASF. Más bien, hay que
ver que no es la única responsable. La Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tiene un
control estricto de los recursos que se ejercen en
el presupuesto autorizado por la Cámara de Di-
putados. Existe una normatividad, incluso exce-
siva, que permite el control de recursos públicos.
Si como dice Robles
que no sólo la Sedatu
utiliza este método de
adjudicación directa,
entonces vemos que el
control llevado a cabo
no ha funcionado o
hay serias omisiones
en la secretaría controladora del ejercicio del
gasto público (la SHCP). Entonces estaríamos
ante un “déjalo hacer, déjalo pasar”.
El hoy candidato presidencial por el Parti-
do Revolucionario Institucional (PRI), el señor
Meade (no mid), se deslindó inmediatamen-
te al expresar que cuando ocurrió el desvío de
recursos no era el titular de la Sedesol. Pero el
método se siguió aplicando hasta 2017 (y en al-
gunas secretarías sigue vigente en 2018). Él ya
era secretario de hacienda, por lo tanto es co-
rresponsable de tal irregularidad. A menos que
se deslinde como la señora Robles, en la SHCP
hay áreas responsables de vigilar el proceso pre-
supuestario y entonces él no tiene nada que ver,
aunque cuenta con una Unidad de Inteligencia
Financiera.
Podemos conceder que las observaciones de
la ASF se deben de informar a cada dependen-
cia y se deben solventar dichas observaciones.
Vamos a suponer que “no son culpables hasta
que se demuestre lo contrario”. Pero aquí viene
otro cuestionamiento: la única forma de solven-
tar las desviaciones de recursos es que se tengan
los comprobantes de gasto e incluso se verifi-
quen físicamente que sí se proporcionaron los
bienes y servicios pagados y que sean entregadas
a la ASF.
Robles argumenta que la ASF no ha hablado
de desviaciones de gasto público y sí de irregu-
laridades en su ejercicio. Presupuestariamente
una desviación de recursos es gastar el dinero en
otras partidas que no corresponden a las autori-
zadas en el Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración. Se supone que los recursos en cuestión
fueron autorizados por la Cámara de Diputados
y se transfirieron a un ente público, el cual sub-
contrató los servicios a empresas particulares o
personas físicas. Si las irregularidades existen, el
problema es mayor porque ya no sería una des-
viación de recursos,
sino que se estaría ante
la figura de peculado,
en caso de no compro-
barse los gastos.
Pero no nos extra-
ñe que esto siga pasan-
do, si la corrupción se
presenta desde la presidencia de la República.
Se conocen los casos de las casas propiedad del
presidente y de secretarios de Estado, el de Ode-
brecht, las autorizaciones inmobiliarias que pro-
vocaron una tragedia en los sismos y así podemos
enumerar miles de casos que se presentan en los
tres niveles de gobierno. La impunidad existe y
permanece en la administración pública. Final-
mente, no ha habido sanciones ni castigos.
Lo cierto es que la corrupción sigue andan-
do. Es más, su combate se ha constituido en la
bandera principal de los candidatos presiden-
ciales. Lo preocupante es que algunos han sido
comparsas de la misma o han sido actores prin-
cipales. Y ojo, no se necesita ser el actor prin-
cipal de la corrupción para ser corrupto. Si se
tiene conocimiento que se están haciendo co-
rruptelas y no se hace nada por evitarlo y de-
nunciarlo, se constituye también en un actor de
la corrupción.
Tras el escándalo, el candidato presi-
dencial Meade se deslindó al expresar que
cuando ocurrió el desvío de recursos no
era el titular de la Sedesol
Tras el escándalo, el candidato presi-
era el titular de la Sedesol

ARTÍCULO
OPINIÓN
L
a política partidista enfrenta un irreversible
grado de descomposición al ser arrasadas
las ideologías por el pragmatismo y la bús-
queda del poder por el poder, dejando en último
término el análisis y debate de los grandes proble-
mas nacionales, así como la voz de la sociedad.
Lo que ahora hace crisis comenzó a incubarse
sexenios atrás, como aconteció con la llegada al
poder del ilegítimo Felipe Calderón Hinojosa que
sumó a su gabinete a personajes antes ligados a
la ubre presupuestal priísta como Javier Lozano
Alarcón, quien tras su arribo a la administración
panista no se cansó de denostar a su cuna política.
Como si se tratara de un espectáculo circense
de tres pistas, los políti-
cos se maquillan y vis-
ten del color que mejor
acomode a sus intere-
ses, no dudando ni un
segundo en sacar la
ropa sucia al tendedero de
los medios. Parece que
a esta caterva de saltimbanquis cambiar de partido
les resulta tan fácil como mudar de ropa interior.
Ante una azorada ciudadanía, la clase política
se recrimina en la plaza pública, sin rubor, el co-
bro de favores como acontece con un confundido
y extraviado Felipe Calderón que exige al secre-
tario del Trabajo de su sexenio, Lozano Alarcón,
apoye la candidatura de su esposa, Margarita Za-
vala.
Ahora, al gris exmandatario, su amigo de es-
cuela le paga con la misma traición de la que tan-
to echaron mano juntos, como aconteció con el
golpe ejecutado a hurtadillas por ambos políticos
de baja estofa en contra del Sindicato Mexicano
de Electricistas (SME), tras la extinción de Luz y
Fuerza del Centro, el 11 de octubre de 2009.
Para desgracia de Calderón, su exsubordina-
do, el oportunista Lozano Alarcón, está de vuelva
en el Partido Revolucionario Institucional y difí-
cilmente se plegará a las órdenes del que fuera su
jefe. El exfuncionario mostró una vez más el cobre y
lo endeble de su efímera fidelidad panista.
No será motivo de asombro si uno de estos días
el panista fracasado le recuerda a Calderón cómo
consiguió el cargo de asesor externo de Iberdrola,
la firma que en su sexenio obtuvo jugosas conce-
siones con la venta de energía eléctrica al gobierno
federal, y la entrega de
diversas obras y pro-
yectos; o en su defec-
to, si Calderón habla
de la sumisión de su
exfuncionario con mo-
nopolios de la comuni-
cación, como Televisa.
Pero el anterior es sólo uno de tantos casos que
surgen con miras a la elección presidencial de ju-
lio próximo donde, por cierto, los partidos se ol-
vidaron muy pronto de la tragedia derivada del
sismo del 19 de septiembre de 2017 cuando todo
un pueblo agraviado les exigió ceder sus prerroga-
tivas a las tareas de reconstrucción.
Algunos medios dan fe de la manera inhuma-
na en que muchos ancianos que se quedaron sin
techo, como los del multifamiliar de Tlalpan, han
muerto por las malas condiciones de los refugios
donde los ubicaron las autoridades. Víctimas de
las bajas temperaturas y la insalubridad en esos
PARTIDOS
SIN RUMBO NI IDEOLOGÍA
MARTÍN ESPARZA FLORES, SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO MEXICANO DE
ELECTRICISTAS
Para desgracia de Calderón, su exsu-
bordinado Lozano Alarcón está de vuelva
en el Partido Revolucionario Institucional
y difícilmente se plegará a sus órdenes
Para desgracia de Calderón, su exsu-
y difícilmente se plegará a sus órdenes

ARTÍCULO OPINIÓN
lugares, gente de la tercera edad ha fallecido sin
merecer la mínima atención de ninguno de los
partidos con registro que buscarán ganar la Pre-
sidencia y miles de cargos de elección en todo el
territorio nacional.
Una vez más, la clase política de todas las si-
glas y colores desoyeron el clamor del pueblo y,
peor aún, ahora trasciende que los recursos asig-
nados para las labores de auxilio a los damnifica-
dos pretenden ser manejados y asignados por los
asambleístas para fines totalmente distintos como
lo es la compra de voluntades mediante la entrega
de computadoras, chamarras y otros artículos, en
varias delegaciones.
Las carretadas de ambiciosos que pelean con
uñas y dientes su parcela de poder han disfrutado
de las mieles presupuestales y por eso buscan deno-
dadamente llegar a un cargo que les permita vivir
de manera holgada y a costillas del trabajo y los
impuestos que pagamos millones de mexicanos.
Lamentable que en el llamado periodo de
precampañas se repitieron los mismos esquemas
donde los contendientes sacaron a relucir toda su
estulticia. Se gastaron millonarios recursos donde
los únicos beneficiados son como siempre fueron
los medios masivos de comunicación. Y aún faltan
los 2 meses de campaña por venir.
Ninguno de los aspirantes dio, o al menos
intento hacerlo, una explicación de cómo van a
resolverse los grandes problemas que enfrenta el
país. Todos aseguran poder sacarlo adelante pero
nadie dice cómo hacerlo.
Indudable que el tema de la corrupción los sal-
pica a todos. Ningún partido se salva de tener en
sus filas a una buena dotación de prevaricadores
cuyas pillerías han sido profusamente comproba-
das y difundidas, pero no pasa nada.
A la hora de compartir culpas sucede que nadie
se hace responsable, por ejemplo, de la aprobación
de las reformas estructurales que como la ener-
gética han desmantelado a Petróleos Mexicanos,
entregando las riquezas del subsuelo a las trasna-
cionales.
Inmersos en las encuestas ya hablan de debates
y hacen cálculos, suman y restan pero se olvidan de
invitar a debatir a los directamente afectados por
su torpeza política; es decir, los ciudadanos a los
que ahora nuevamente piden su voto.
Y no hay vuelta de hoja: los parti-
dos y sus candidatos irán a los comicios
con plataformas y propuestas huecas,
sin sustento ni consensos, pues resulta
sumamente difícil que en las alianzas y
coaliciones puedan reconciliarse los in-
tereses de la anulada izquierda con los
de la recalcitrante derecha.
Hay que preguntarles a los hacedo-
res de promesas ¿desde cuándo los obje-
tivos a alcanzar de la clase empresarial
son los mismos que los de la clase tra-
bajadora?
En tanto, millones de electores ya no
les creen en lo absoluto. Y parece hasta
gracejada que como muñecos de ven-
trílocuo, los políticos un día digan una cosa y al
siguiente otra, dependiendo del partido que cubra
sus expectativas de poder.
Los ciudadanos saben perfectamente que tras
esta desatada fiebre de saltimbanquis, lo que mue-
ve a la clase política es la búsqueda del poder por
el poder. No importa si es en el partido azul, en el
rojo, el naranja, en el turquesa o en la mezcla de
dos o de tres. El asunto es no quedar fuera del pre-
supuesto. Al fin que los problemas que aquejan a
millones de mexicanos pueden esperar, de acuerdo
a la visión de estos políticos que no sólo perdieron
la dignidad y el rumbo sino hasta la vergüenza.
La nación tiene sobrados motivos para que el
próximo primero de julio, niegue su voto a esta
ambiciosa y corrompida partidocracia.
IVÁN
STEPHENS/CUARTOSCURO

ARTÍCULO
OPINIÓN
Para Adán Enrique, colega asesinado en Chiapas
E
n el marco de las actuales (pre)campañas
electorales por la presidencia de la repú-
blica, la cual estará en juego el próximo 1
de julio, un tema muy espinoso, el del Nuevo Ae-
ropuerto Internacional de la Ciudad de México
(NAICM), ha cobrado una singular importancia
declarativa debido a las posturas encontradas de
dos de los (pre)candidatos al cargo de presidente
de México.
Recientemente el candidato de la coalición
Todos por México, José Antonio Meade Kuribre-
ña, estuvo en el área
de construcción del
NAICM para recono-
cer las obras que ahí se
llevan a cabo. En ese
lugar habló de que, al
llegar a la Presidencia,
continuará con los tra-
bajos de la terminal aérea en cuestión y que nunca
lo cancelaría porque eso sería “terminar con miles
de empleos”. Por el contrario, el candidato de la
Alianza Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel
López Obrador, señaló en meses pasados que, en
caso de ser elegido para ocupar la silla presiden-
cial, cancelará el actual proyecto del NAICM para
reemplazarlo por otro cuya sede será la Base Aé-
rea Santa Lucía, ubicada en el Estado de México.
Independientemente de los escándalos (po-
lítico, social, ingenieril, de corrupción, etcétera)
que han surgido con el proyecto de marras, el
tema ambiental ha tenido un impacto notable,
aunque no preponderante, en la discusión sobre
este tema. En una nota previa, publicada en esta
misma revista por Elva Mendoza el 22 de febrero
de 2015, se documentó de manera muy precisa,
y con información detallada que brindó la Unión
de Científicos Comprometidos con la Sociedad
(UCCS), las graves irregularidades y omisiones
cometidas y detectadas en la Manifestación de
Impacto Ambiental (MIA) elaborada, entre otros,
por el Colegio de Biólogos de México, AC.
A pesar de las deficiencias de dicha MIA, in-
admisible por su pobre calidad y nulo rigor cien-
tífico, el proyecto fue aprobado y con ello se inició
la devastación de una
zona que, aunque dis-
minuida en su dimen-
sión ambiental (el Lago
de Texcoco), aún resul-
ta un sitio importante
que brinda múltiples
servicios ecosistémicos
como la recarga de los acuíferos, la regulación
hídrica y el sostenimiento de la biodiversidad en
una zona especialmente vulnerable (el oriente de
la Ciudad de México), entre otras cosas, por su
inexistente planeación urbana, su ineficiente in-
fraestructura y su alta densidad poblacional.
De ganar Meade, lo que se espera (lo dijo él
mismo) es que el proyecto NAICM se lleve a cabo,
con lo que continuaría de manera inexorable un
proceso irreversible de crisis urbana y ambiental
en gran parte de la Zona Metropolitana de la
Ciudad de México. Lo interesante sería, desde la
OMAR SUÁREZ GARCÍA, BIÓLOGO; DOCTORANTE EN EL CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE
INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL REGIONAL (UNIDAD OAXACA) DEL INSTI-
TUTO POLITÉCNICO NACIONAL
RECUPERAR EL LAGO
El aeropuerto devastará una zona que
brinda múltiples servicios ecosistémicos,
como recarga de acuíferos, regulación hí-
drica y sostenimiento de biodiversidad
El aeropuerto devastará una zona que
drica y sostenimiento de biodiversidad

ARTÍCULO OPINIÓN
óptica ecológica, la propuesta de López Obrador
(esto es, la cancelación del megaproyecto aeropor-
tuario), porque se abriría la puerta a un eventual
plan de recuperación de una parte importante del
Lago de Texcoco. Específicamente, se podrían
recuperar las áreas inundables que se drena-
ron como parte de las obras de construcción del
NAICM, lo que podría revertir en cierto tiempo,
y con la ayuda de la teoría de sucesión ecológica y
restauración ambiental, la fuerte degradación del
área que ya se ha empezado. Con ello, tal vez re-
gresarían las diferentes especies de aves que ya no
se ven en la zona, especialmente aquellas migra-
torias y acuáticas. Otra acción importante sería la
remoción de las especies de árboles exóticos que
indebidamente ya se han plantado en el sitio, y su
sustitución por plantas nativas como el ahuehuete,
que es uno de los símbolos nacionales de México.
La recuperación del lago no es una idea románti-
ca, sino una necesidad ambiental para mejorar las
condiciones de vida de los habitantes de la Ciudad
de México y el Estado de México
Muchas personas, aún en nuestro propio gre-
mio (yo soy biólogo, y orgullosamente texcocano),
piensan que un área natural disminuida, como lo
es el Lago de Texcoco, no tiene importancia am-
biental, por lo que continuar su degradación no
representa ningún riesgo y se puede realizar sin
graves consecuencias. Soy de los que piensan que,
debido a la actual crisis ambiental, no nos pode-
mos dar el lujo de perder área natural alguna, por
muy pequeña o disminuida que pueda parecer, y
que por el contrario debemos (especialmente los
biólogos) pugnar por conservarlas, restaurarlas y
estudiarlas para procurarle a la sociedad un futuro
más prometedor. Una hipotética cancelación del
proyecto NAICM (y su sustitución por un plan
alternativo de movilidad aérea) representaría una
oportunidad para recuperar una parte de una de
las zonas más emblemáticas de nuestro México:
aquella en donde, según la leyenda, los míticos az-
tecas encontraron a un águila devorando a una
serpiente. Dichas águilas, dicho sea de paso, ya no
se encuentran en la zona, y las serpientes segura-
mente ya han sido arrasadas por la maquinaria de
construcción.
JOYCE
GARCÍA/CUARTOSCURO

ARTÍCULO
OPINIÓN
L
a alternativa entre seguir en la Unión Eu-
ropea o salir de ella se ha convertido en
tema de debate en todas las elecciones de
los Estados miembros de la Unión Europa (UE).
Pero nadie se pregunta si habría que salir o no de
la Organización del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN), a pesar de que ambas estructuras están
íntimamente vinculadas y de que es completa-
mente absurdo pronunciarse sobre la permanen-
cia en una de ellas sin hablar de la otra.
Hay un partido que, aunque no se ve, está
participando de hecho en las elecciones italianas.
Es el NATO Party, o Partido de la OTAN, con-
formado por una mayoría transversal que apoya,
explícitamente o por
consentimiento tácito,
la presencia de Italia en
la Gran Alianza que se
pliega a las órdenes de
Estados Unidos.
Eso explica por
qué, en plena campa-
ña electoral italiana, los principales partidos han
aceptado tácitamente los compromisos contraídos
por el actual gobierno en la reunión de los minis-
tros de Defensa de los 29 países miembros de la
OTAN, realizada en Bruselas el 14 y el 15 de fe-
brero de 2018.
Los ministros participaron primero en el Gru-
po de Planificación Nuclear de la OTAN, bajo la
presidencia de Estados Unidos, Grupo cuyas de-
cisiones son siempre secretas. Luego, después de
reunirse como Consejo del Atlántico Norte, los
ministros anunciaron, al cabo de sólo 2 horas, im-
portantes decisiones –ya tomadas en otra parte–
para “modernizar la estructura de mando de la
OTAN, columna vertebral de la alianza”.
Se instaura así un nuevo Mando Conjunto
para el Atlántico, probablemente situado en Es-
tados Unidos, para “proteger las líneas marítimas
de comunicación entre Norteamérica y Europa”.
Como justificación, se inventa una historia de sub-
marinos rusos que podrían hundir los barcos mer-
cantes que cruzan el Atlántico.
Se instaura también un nuevo Mando Logís-
tico, probablemente situado en Alemania, para
“mejorar en Europa el movimiento de tropas y
de equipamiento esenciales para la defensa”. Se
inventa para eso una historia sobre una OTAN
obligada a defenderse
de una Rusia agresiva,
cuando en realidad es
la OTAN la que sigue
acumulando agresi-
vamente tropas en las
fronteras de Rusia.
Pero ese cuento servirá
para instaurar en Europa otros mandos de fuer-
zas terrestres para “mejorar la respuesta rápida de
nuestras fuerzas”.
También se prevé la creación de un nuevo
Centro de Cíberoperaciones para “reforzar nues-
tras defensas”, centro que estará situado cerca del
cuartel general [de la OTAN] en Mons (Bélgica)
y encabezado por el Comandante Supremo de
las fuerzas aliadas en Europa –que siempre es un
general estadunidense designado por el presidente
de Estados Unidos.
Se confirmó además el compromiso de incre-
mentar los gastos militares. En los 3 últimos años,
MANLIO DINUCCI/IL MANIFESTO-REDVOLTAIRE
¿ELECCIONES EN ITALIA?
LA OTAN YA VOTÓ
Hay un partido que, aunque no se ve,
participa en las elecciones italianas. Es el
NATO Party, que apoya la presencia de
Italia en la Gran Alianza de EU
Hay un partido que, aunque no se ve,
Italia en la Gran Alianza de EU

ARTÍCULO OPINIÓN
los miembros europeos de la OTAN y Canadá
aumentaron sus gastos militares en un total de 46
mil millones de dólares, pero eso es sólo un inicio.
El objetivo es que todos dediquen al sector militar
al menos un 2 por ciento de su producto interno
bruto –Estados Unidos gasta un 4 por ciento– para
tener “más dinero y por tanto más capacidades mi-
litares”. Los países europeos que ya alcanzaron o
sobrepasaron esa cuota son Grecia (2.32 por cien-
to), Estonia, Reino Unido, Rumania y Polonia.
El gasto militar de la Unión Europea, según se
recordó en un encuentro con la representante de
la UE, Federica Mogherini, debe ser complemen-
tario con el de la OTAN. La ministra de Defensa
de Italia, Roberta Pinotti, confirmó que “Italia,
respetando el pedido estadunidense, ha comenza-
do a incrementar el gasto para la defensa” y que
“seguiremos por ese camino que es el camino de
la responsabilidad”. Así que la ruta está trazada.
Pero de todo eso no se dice absolutamente en
la campaña electoral italiana. Los principales par-
tidos tienen posiciones diversas en cuanto a que
Italia siga siendo miembro de la Unión Europea,
pero en cuanto a ser miembro de la OTAN son
prácticamente unánimes. Y eso falsea todo porque
no se puede hablar de la Unión Europea ignoran-
do el hecho de que 21 de los 27 países miembros
de la UE (después del Brexit) son también miem-
bros de la OTAN, bloque militar bajo el mando
de Estados Unidos.
No es posible ignorar las consecuencias polí-
ticas y militares –y también económicas, sociales
y culturales– del hecho que la OTAN está con-
virtiendo Europa en un campo de batalla contra
Rusia, presentando a este país como un enemigo
amenazador, como el nuevo “Imperio del Mal”
que ataca desde adentro a “la mayor democracia
del mundo” con su ejército de trolls.
123RF

ARTÍCULO
OPINIÓN
C
aracas, Venezuela. Con la primera preventa
de más de 82 millones de unidades, la crip-
tomonedavenezolanapetro–únicamoneda
virtual con respaldo físico en recursos naturales– en-
tró en el mercado internacional este 20 de febrero.
Según especialistas, la negociación inicial durará
1mesyseesperaunarecaudaciónde1mil300millo-
nes de dólares, aproximadamente; los interesados po-
drán adquirir activos digitales denominados “token”
con características estándares similares a las de más
de 1 mil 400 criptodivisas que existen en el mundo.
Para su sustento, de manera inicial, el presiden-
te venezolano Nicolás
Maduro autorizó 5 mil
342 millones de barriles
del campo 1 del Bloque
Ayacucho de la Faja Pe-
trolífera del Orinoco;
pero significó que los
criptoactivos estarían res-
paldados también por
oro, gas y diamantes.
Sin emisiones extraordinarias, el gobierno pre-
tende exponer en total 100 millones de petros ini-
cialmente y su valor será el equivalente a un barril
de petróleo de la cesta venezolana, aproximada-
mente unos 60 dólares (según la cotización actual).
Deacuerdoconelmandatario,elmecanismocon-
tribuirá a enfrentar las sanciones impuestas por Esta-
dos Unidos contra Venezuela dada la independencia
financiera que caracteriza a las criptomonedas, pues sus
operacionesestánfueradelalcancedeinstituciónban-
caria alguna que intente impedirlas o sabotearlas.
Además, señaló, constituirá un mecanismo para
facilitar el pago de bienes y servicios, y captar inver-
siones que contribuyan al desarrollo económico y
social del país sudamericano.
A diferencia de las otras criptomonedas reguladas
por inversionistas privados, la moneda virtual vene-
zolana tiene como elemento distintivo que la gestio-
na el propio gobierno.
Para orientar su funcionamiento, las autoridades
venezolanascrearonelObservatoriodeBlockChain,
que cuenta con el apoyo de especialistas internacio-
nales y la labor de un equipo multidisciplinario de
expertos en tecnología,
economía, finanzas, y en
el área legal, monetaria
y mediática, explicó su
superintendente, Carlos
Vargas.
La plataforma, dijo,
representa la base insti-
tucional, política y jurí-
dica para la gestión de la criptomoneda en Venezuela,
mecanismo simple y seguro con vistas a comprar y
vender activos digitales a nivel nacional e interna-
cional.
Como todas las demás monedas virtuales, el pe-
tro cuenta con su Libro blanco (White paper, en inglés),
documento que detalla las especificaciones técnicas
y operativas, y fue firmado en transmisión televisiva
por el jefe del Estado bolivariano en enero último.
El manual explica que cada petro es divisible
hasta en 100 millones de unidades, por lo que los
ciudadanos podrán adquirir incluso una cienmillo-
LIVIA RODRÍGUEZ DELIS/PRENSA LATINA
PETRO
LA MONEDA REVOLUCIONARIA
QUE IRRUMPE EN EL MERCADO
VIRTUAL
El petro contribuirá a enfrentar las
sanciones impuestas por Estados Uni-
dos, dada la independencia ﬁnanciera
que caracteriza a las criptomonedas
El petro contribuirá a enfrentar las
criptomonedas

ARTÍCULO OPINIÓN
nésima (0.00000001) parte, que recibirá el nombre
de “mene”.
Según el documento, “para poseer petros será
necesario poseer una billetera virtual –mecanis-
mo ya establecido por el gobierno en la gaceta del
país– (...) la cual será de su entera responsabilidad,
así como todos los riesgos asociados al manejo y
custodia de la misma”.
Los que ya ostenten esta herramienta la mane-
jarán a través de una computadora, teléfono móvil
o cualquier otro dispositivo inteligente que permita
entrar en la plataforma donde estará almacenado
el dinero, agrega el texto.
Debido al trabajo de BlockChain, las transaccio-
nes se realizarán de manera inmediata y los datos
quedarán almacenados en las computadoras o dis-
positivos de los usuarios, por lo que se genera un re-
gistro histórico de las operaciones que no puede ser
intervenido, alterado ni borrado, indican expertos.
En ese sentido, el superintendente Vargas expli-
có que la tecnología Blockchain es perfectamente
auditable y transparente, garantía significativa del
nacimiento en la confianza de este instrumento.
Para promocionar la iniciativa, Venezuela em-
prendió una amplia campaña entre empresas y
entes financieros nacionales y extranjeros, de cara
al comienzo de las operaciones con esa criptomoneda.
Con ese sentido, entró en funcionamiento la pá-
gina web www.elpetro.gob.ve, destinada a los usuarios
interesados en obtener información sobre los detalles
técnicos y el funcionamiento de esa moneda digital.
Por otra parte, la entrada del petro al escenario
económico virtual atrajo críticas de organismos fi-
nancieros y amenazas provenientes del gobierno de
Estados Unidos contra los inversionistas interesados
en la criptomoneda venezolana.
El estadunidense Departamento de Tesoro exi-
gió “cautela” a los potenciales inversores para evitar
penalizaciones, pues Washington considera la emi-
sión de la criptodivisa una extensión del crédito a la
administración de Nicolás Maduro, de acuerdo con
un despacho de la agencia británica Reuters.
En respuesta, el mandatario ratificó la disposi-
ción de seguir adelante con la iniciativa económica
que causa gran expectativa a nivel mundial.
Acuñó el jefe de Estado que tras la llegada del
petro se fortalecerá la economía del país con la ins-
trumentación de las nuevas tecnologías, y ayudará
a enfrentar el cerco financiero impuesto por Was-
hington y sus aliados.
WWW.ELPETRO.GOB.VE

ARTÍCULO
OPINIÓN
M
oscú, Rusia. Estados Unidos actúa como
si militara en alguna liga de sanciones
contra Rusia, al proponerse castigos cada
vez más radicales, en una competencia para ver cuál
de ellos causa mayor deterioro.
Desde que en diciembre de 2016 el entonces
presidente demócrata Barack Obama decidió per-
judicar al máximo posible las relaciones de Moscú
y Washington, tras perder Hillary Clinton las presi-
denciales, la situación sólo va cuesta abajo.
Obama ordenó la salida en 72 horas de 28 di-
plomáticos rusos y sus familiares, a quienes acusó de
interferir en los asuntos internos de Estados Unidos.
Ahora se puede decir que aquella fue una medi-
da arriesgada, pues con
esa misma acusación
pudo entonces declarar-
se persona non grata a la
mayoría de los más de
1 mil funcionarios de la
misión diplomática esta-
dunidense en esta capi-
tal. Pero el Kremlin fue cuidadoso.
Sólo después que se conocieron las sanciones im-
puestas por Washington contra Moscú bajo la acu-
sación nunca probada de injerencia en los asuntos
internos estadunidense, Rusia decidió emitir una or-
den preocupante para la Casa Blanca.
El presidente Vladimir Putin consideró que Esta-
dos Unidos mantiene en Rusia demasiado personal,
por lo que determinó la necesidad de emparejar a
poco más de 700 a los empleados de la embajada es-
tadunidenseenMoscú,lamismacantidadqueposee
este país en Washington y Nueva York.
Lamedidadebíaseracatada antes deseptiembre
del pasado año. Todo ello en medio de la incauta-
ción de propiedades de la embajada rusa en Nueva
York, Washington y San Francisco que ni siquiera en
los peores momentos de la Guerra Fría nadie en la
Casa Blanca se atrevió a tocar.
Para confirmar que la rusofobia se entronizó con
fuerza no sólo en el Congreso y los medios de difu-
siónestadunidenses,sinoenlapropiaadministración
presidencial, el republicano Donald Trump ordenó
al menos dos rondas de sanciones adicionales contra
el país euroasiático.
Una de ellas fue, incluso, rechazada por algunas
naciones europeas que denunciaron su carácter ex-
traterritorial, pues plantea castigos para empresas es-
tadunidenses y de terce-
ros países que inviertan
más de 1 millón de dó-
lares al año en la esfera
energética rusa.
Ello fue recogido en
la llamada ley de contra-
posición al enemigo, en
la que Rusia fue situada, junto a Irán y la República
Popular Democrática de Corea (RPDC), entre las
principales amenazas para la seguridad nacional de
Estados Unidos.
El paquete de restricciones de agosto, esbozado
por el Congreso estadunidense, exigía la aprobación
de medidas adicionales y quitaba la potestad al Pre-
sidente de derogar tales medidas mediante decreto.
Washington, bajo el pretexto de castigar a quien
supuestamente interfiere en sus asuntos internos y
proceso electoral, también aprovechó para, con un
método nada transparente, intentar una salida de
Rusia del mercado de armas.
ANTONIO RONDÓN/PRENSA LATINA
ESTADOS UNIDOS PARECE MILITAR
EN UNA LIGA DE SANCIONES
ANTIRRUSAS
La rusofobia se entronizó con fuer-
za no sólo en los medios estaduniden-
ses, sino en la propia administración de
Trump, que ordenó más sanciones
La rusofobia se entronizó con fuer-
Trump, que ordenó más sanciones

ARTÍCULO OPINIÓN
Para ello, Estados Unidos incluyó sanciones con-
tra una treintena de empresas vinculadas al comple-
jo militar industrial ruso, con amenazas, incluso, de
castigar a quien osara mantener vínculos comercia-
les con Moscú en esa esfera.
Esto siguió a los acuerdos o memorandos de in-
tención, en dependencia del caso, firmados por Ros-
tec (el consorcio estatal que asimiló a la compañía
Rosoboronexport) para la venta de los modernos
complejos antiaéreos rusos S-400 Triumf a Turquía
y Arabia Saudita.
Turquía es miembro de la Organización del Tra-
tado del Atlántico Norte, pero convertido en “hijo
descarriado” en los últimos tiempos, con posiciones
que en algunos aspectos coinciden con las de Rusia.
Arabia Saudita es el principal cliente del com-
plejo militar industrial es-
tadunidense en el Medio
Oriente. Sin embargo, lo
acontecido en Siria con el
armamento ruso no sólo
parecióimpresionaraRiad,
sino que también lo llevó a
comprender cuál podría ser
el futuro en la nación del
Levante.
Pero Washington con-
sideró que aún estaba lejos
de poner de rodillas a la eco-
nomía de uno de sus princi-
pales adversarios en el orbe,
sobre todo para los planes
concebidos en su nueva doctrina de defensa a fin de
impedir siquiera que algún país en el mundo ponga
en duda su hegemonía.
En un comunicado oficial, Washington precisó
que el principal objetivo de las sanciones es desan-
grar a Rusia, reducir al mínimo su capacidad militar
y posibilidad de crear alianzas con otros, capaces de
poner en duda la supremacía política y militar del
país norteño.
La publicación por la Casa Blanca del llamado
informe del Kremlin incluye una lista de más de
200 funcionarios del gobierno, entre ellos el primer
ministro Dmitri Medvedev, y los presidentes de la
Duma (cámara baja) y del Consejo de la Federación
(senado), así como de la administración presidencial.
Entre los objetivos de esa medida parece estar el
intento de presión contra unos 60 empresarios rusos
para obligarlos a pensar en sus negocios que, por el
carácter internacional, pudieran ser perjudicados.
Sin embargo, las fuentes de esos negocios están en la
nación euroasiática, estiman expertos.
La tarea de la nueva ola de sanciones está dirigi-
da a formar división entre políticos rusos, los empre-
sarios, castigar resortes económicos clave de la esta-
bilidad nacional y, finalmente, intentar un cambio de
gobierno.
De los 174 casos en que Estados Unidos aplicó
sanciones contra un país, 80 estuvieron vinculados al
interés de cambiar gobiernos.
Todo ello está relacionado con la llamada teoría
del Grupo-Cero, es decir, lo que algunos consideran
pudo sustituir al antiguo Grupo de los Siete; se habla
de la “debilidad” de Esta-
dos Unidos para ejercer
una hegemonía mundial.
Especialistas como Hu
Sitsian, de Global Times, es-
timan que Estados Unidos
no perdona para nada a
Rusia su potencial bélico, ni
a China su pujanza comer-
cial.
Para el ministro alemán
de Relaciones Exteriores,
Sigmar Gabriel, Rusia y
China llenan un vacío en
el orbe, en el potencial po-
lítico y económico, de ahí la
áspera reacción de Washington para apuntar directo
a sus principales rivales.
En medio de las sanciones firmadas por Estados
Unidos, nadie se atreve a hablar siquiera de una te-
nue posibilidad de mejorar los nexos entre Washing-
ton y Moscú. Ni siquiera el tema del antiterrorismo
parece quedar excluido del diferendo bilateral.
De ello habla la pasión con que los demócratas y
algunos elementos republicanos en el Congreso re-
accionaron a una visita de Alexander Patrushev, se-
cretario del Consejo Nacional de Seguridad ruso, a
Estados Unidos para un intercambio rutinario sobre
cooperación antiterrorista.
Volver las aguas a su nivel en los nexos de Esta-
dos Unidos y Rusia parecealgo tan lejano como algo
que se ve a lo lejos en el horizonte.
123RF

ARTÍCULO
OPINIÓN
L
a Habana, Cuba. La Misión de la ONU
en Mali resulta la fuerza de paz que más
peligro corre en África e incluso es la más
arriesgada en la historia de esos contingentes,
coinciden entidades y medios de prensa.
Su denominación completa es Misión Multi-
dimensional Integrada de Estabilización de Na-
ciones Unidas en Mali (Minusma) y llegó al país
respaldada por el Consejo de Seguridad según la
resolución 2100 (S/RES/2100) para apoyar los
procesos políticos y realizar una serie de tareas
relacionadas con la estabilidad.
Esa fuerza se estableció en abril de 2013 en
el país del Sahel para respaldar la autoridad cen-
tral afectada desde 2012, cuando un grupo de
militares dio un golpe de Estado contra el pre-
sidente Amadou Toumani Touré, a quien consi-
deraban ineficiente para detener la ofensiva de
los movimientos separatistas tuareg en la región
norteña.
Desde entonces, Mali atravesó por un pro-
ceso muy complejo para restablecer las institu-
ciones y recuperar sus fuentes de legitimidad.
Hay que reiterar que eso fue consecuencia de
la guerra desatada en Libia por la Organiza-
ción del Tratado del Atlántico Norte contra el
líder Muamar Gadafi, asesinado en diciembre
de 2011.
Además del desequilibrio libio, una de las
secuelas de la campaña contra Gadafi fue el le-
vantamiento separatista tuareg en la región sep-
tentrional de Mali, al cual se vincularon grupos
extremistas de confesión islámica, que a la pos-
tre secuestraron la sublevación y establecieron
su modus operandi rigorista.
Esa desviación hacia la opción integrista avanzó
hasta que la enfrentó la operación franco-africana
Serval.
El 17 de enero de 2012, guerrilleros tuareg ata-
caron posiciones del gobierno maliense y al día si-
guiente enfrentaron a los militares en Aguelhok y
Tessalit, cerca de la frontera argelina, y luego refor-
zaron sus acciones, que algunos analistas conside-
raron que incluía una gran ofensiva hacia el Sur, es
decir, con dirección a la capital, Bamako.
Los medios de prensa vincularon ese levanta-
miento armado con un efecto colateral de la guerra
contra Libia, e incluso indicaron cierta semejanza
con el caos generado en ese país con la intervención
armada de potencias occidentales y naciones afines
contra el gobierno de Gadafi.
En concreto, la Serval tuvo entre sus objetivos
erradicar los destacamentos armados fundamen-
talistas y disuadir todo intento de avanzar hacia
Bamako, así como desarticular cualquier auge del
integrismo (que se percibe como más peligroso que
el ideal secesionista tuareg centrado en el territorio
que denominan Azawad).
El reclamo tuareg de la región de Azawad se
refiere a una zona relacionada con cuatro países:
Argelia, Libia, Níger y Mali. Es un territorio de 850
mil kilómetros cuadrados, y por una parte deviene
en un asunto de soberanía y por la otra en una de-
manda tendiente a crear fricción entre los Estados
del Sahel.
La operación militar franco-africana (2013-
2014) dispersó los destacamentos integristas, mien-
tras que la guerrilla tuareg y las autoridades de Ba-
mako trataban de echar a andar un proceso de paz
yesenesecontextoenqueseestablecelaMinusma.
JULIO MOREJÓN/PRENSA LATINA
CASCOS AZULES
VIOLENCIA Y ELECCIONES
EN MALI

ARTÍCULO OPINIÓN
Actualmente, la Minusma se enfrenta a un con-
texto de deterioro de la seguridad en las regiones
centrales de Mali y cuando restan pocos meses
para las elecciones presidenciales, Naciones Unidas
se plantea reconsiderar la configuración de la pre-
sencia de esa Misión, que cuenta con más 11 mil
efectivos, unos 10 mil de ellos soldados.
Escalada de violencia
En toda esa superposición de escenarios bélicos
estuvo la Minusma, ahora blanco de ataques de
facciones que sobrevivieron a la operación Serval y
de formaciones terroristas novedosas como el Fren-
te de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (Jamaat
Nusrat Al Islam wa Al Muslimin), del fundamenta-
lista maliense Iyad Ag Ghali.
Según el informe más reciente del secretario
general de la ONU, António Guterres, sobre Mali,
en el transcurso del pasado año la situación de se-
guridad empeoró y los ataques contra la Minusma
aumentaron, al igual que contra las fuerzas de de-
fensa del país.
Desde 2013 hasta la fecha perecieron 155 cas-
cos azules en ese Estado de la franja del Sahel, en
África occidental, conforme medios de prensa.
No obstante, se anunciaron para este semestre
las elecciones presidenciales en el país saheliano, so-
bre lo cual analistas políticos opinan que lo prime-
ro necesario para una consulta tan importante es
un ámbito seguro, a fin de avanzar en un ejercicio
transparente y democrático.
Si bien la construcción de las instituciones es
parte del contenido al que debe colaborar la Mi-
sión de la ONU en Mali, la interrogante es si esa
formación de cascos azules y las demás fuerzas de
seguridad están en condiciones de garantizar desde
ahora el éxito del proceso electoral.
Jean-Pierre Lacroix, jefe de las operaciones de
mantenimiento de la paz de la ONU, manifestó
durante una reunión del Consejo de Seguridad que
las próximas elecciones presidenciales en Mali sig-
nificarán el inicio de un nuevo capítulo en la estabi-
lización de ese país.
Sin embargo, la pregunta persiste, principal-
mente porque el país lo requiere para progresar no
sólo en su proceso de pacificación, sino también en
cuanto a reconciliación nacional, un aspecto que
en cierta medida determinó el inicio del proceso de
paz en 2015 y que aún no funciona a plenitud.
Los ataques terroristas afectan hoy principal-
mentea lasregionescentral yseptentrional deMali,
porque aunque los extremistas fueron en teoría ex-
pulsados de sus posiciones en enero de 2013, en
realidad permanecen operando en extensas áreas
del país que escapan al control estatal.
El general Jean-Paul Deconinck, jefe militar de
la Minusma desde abril pasado, reconoció que en
2017 enfrentaron la pérdida de 37 hombres, lo cual
calificó de enorme y declaró al diario Le Fígaro que
“nuestro esfuerzo consiste en reducir este número
de pérdidas presionando el equipo y remodelando
la fuerza”.
Comicios en ciernes
Conforme con Lacroix, lo que ocurre en Mali
es “una carrera contra el tiempo”, una creciente in-
seguridad cobrando cientos de vidas civiles, la ero-
sión de los derechos ciudadanos y el agravamiento
de la situación humanitaria.
De acuerdo con estimados al respecto, 4.1 mi-
llones de malienses (22 por ciento de la población),
posiblemente enfrenten inseguridad alimentaria en
2018.
No se descarta que el porcentaje de necesitados
alcance entre 30 y 40 por ciento de la población en
el norte y el centro del país, y refiriéndose a todo
ese panorama de dificultades Lacroix precisó que
el objetivo de la Minusma es crear condiciones para
las elecciones y, en el futuro, para el proceso de paz.
Pese a esas adversidades, Mali se prepara para
realizar este año elecciones presidenciales y legisla-
tivas; en la primera de esas consultas no se descarta
lapresenciacomocandidatodelactualmandatario,
Ibrahim Boubacar Keita, y tal vez también se pos-
tule el exprimer ministro, Abdulaye Idrisa Maiga.
Esas son connotadas figuras del periodo de
transición maliense, iniciado con las elecciones de
2013, que sucedieron al golpe militar de 2012.
El presidente Keita, electo en agosto de 2013
por 5 años, será probablemente candidato en la
consulta prevista para el mes de julio, y es seguro
que mientras articule su campaña electoral tam-
bién hará planes para lograr un mejor control don-
de la inseguridad amenace a la institucionalidad.

INVESTIGACIÓN PORTADA
TRASNACIONAL ALMADEN MINERALS
“BORRA” INDÍGENAS
PARA EVADIR
CONSULTA

INVESTIGACIÓN
PORTADA
Representantes de
Almaden Minerals
aseguran que en
Ixtacamaxtitlán no hay
comunidades originarias,
por lo que su proyecto
de explotación de oro no
requiere consulta. Cinco
instituciones federales
documentan lo contrario
E
l proyecto de instalación de una unidad para la
explotación de oro y plata en Ixtacamaxtitlán,
Puebla, promovido por Almaden Minerals,
eludirá pedir el consentimiento de los pueblos origi-
narios,conelsupuestoargumentodeque“noexisten”.
Sin embargo, cinco instituciones del gobierno
federal documentan lo contrario. Una de ellas, la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Natura-
les (Semarnat), específicamente advierte que en las
zonas afectadas por el Proyecto Tuligtic o Ixtaca, sí
hay indígenas.
Su oficio DFP/1835/14 –del que se tiene co-
pia– revela que incluso en Santa María Zotoltepec,
donde se establecería físicamente la unidad minera,
habitan nahuas.
“Te doy la noticia fundada,motivada y compro-
bada de que no hay comunidad indígena en la zona.
Estamos fuera de las comunidades indígenas”,afir-
ma Juan Pablo Gudiño Gual, doctor en derecho
constitucional por la Universidad Marista y exdi-
rector general adjunto de Igualdad y Derechos Hu-
manos de la Semarnat.
NANCY FLORES
123RF

Dicha conclusión, explica, deriva de la primera
fase de la evaluación de impacto social que reali-
za en la zona GMI Consulting, empresa de la que
ahora es director jurídico y que asesora a la cana-
diense Almaden Minerals.
Según Gudiño Gual,se trata de una metodología
cualitativaconinmersionessociológicasyantropológi-
cas“paraversienesascomunidadesaledañasalproyec-
to, que son como 10, existen comunidades indígenas.
Y resulta que en ninguna de las áreas de influencia,ni
en la zona directa ni en la indirecta,existen”.
La “noticia” que este asesor da a Contralínea
contrasta con el oficio DFP/1835/14, emitido por
la Subdelegación de Gestión para la Protección
Ambiental y Recursos Naturales en respuesta a una
solicitud hecha por la propia trasnacional Almaden
Minerals.
Y es que en él la Semarnat claramente apun-
ta: “El proyecto que nos ocupa [exploración Ixtaca
III] incide sobre territorio en el que habitan comu-
nidades indígenas de las localidades de Zacatepec,
Vista Hermosa de Lázaro Cárdenas,Tuligtig (San
Miguel),Santa María Zotoltepec y Xiuquenta,mu-
nicipio de Ixtacamaxtitlán,en Puebla”.
Agregaque“deconformidadaloestablecidoenel
Convenio169delaOITparapueblosindígenasytri-
bales existe una medida administrativa susceptible de
afectarles directamente, por lo que en cumplimiento
al Convenio referido se requiere llevar a cabo la con-
sulta a los pueblos indígenas antes mencionados”.
Y advierte:“durante el periodo legal de respuesta
a este procedimiento administrativo, la promovente
no evidenció ante esta delegación federal de la Se-
marnat la realización de dicha consulta a través de
las autoridades competentes para su cumplimiento”.
Dicho oficio data del 22 de mayo de 2014 y está
dirigido a Marcial Chávez Quinto, representante
legal de Minera Gavilán, una de las tres filiales con
las que Almaden Minerals opera en la zona.
Las argucias legales de la empresa no sólo ha-
brían servido para determinar que en la zona de
influencia no hay indígenas, sino también para “re-
cortar”las concesiones y, con ello, evadir la suspen-
sión provisional de un juicio de amparo interpuesto
por la indígena comunidad de Tecoltemi contra ese
proyecto.
El oficio de la Semarnat revela que el proyecto sí afecta a pueblos indígenas

INVESTIGACIÓN
PORTADA
La empresa,sin embargo,insiste en su argumen-
to. El doctor en derecho Gudiño Gual asegura que
en la zona afectada sólo se encontró a una mujer in-
dígena de 70 años,“a la que ya se le olvidó la lengua”.
Pero la lengua no es el criterio que para este ju-
rista determina si hay o no comunidades origina-
rias, sea para éste o cualquier otro proyecto que su
empresa GMI Consulting asesore.
“Vas [a la zona], haces un diagnóstico, una in-
mersión social, [y] te das cuenta que no hay au-
toridad indígena. Sí hay gente que habla lengua
indígena pero eso no los hace ser indígenas [sic]:
tienen que tener autoridad, usos y costumbres,
unidades culturales y sociales y que sus autorida-
des emitan actos dentro de sus usos y costumbres
para que sean indígenas. Eso no lo digo yo, lo dice
el [Convenio] 169 [de la OIT] y la Constitución.”
El Artículo 2 constitucional refiere que “la con-
ciencia de su identidad indígena deberá ser criterio
De lograrse estas pretensiones, se violentarán la
ley mexicana y convenios internacionales en mate-
ria de derechos humanos, en especial el 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) que
obliga a los Estados parte a consultar a las comu-
nidades indígenas,consideran expertos consultados.
“Borrar” a los indígenas
La presunta violación no es de ahora ni de hace
4 años. Por más de 16 años, Almaden Minerals ha
explorado el potencial minero de Ixtacamaxtitlán
sin obtener el consentimiento previo, libre e infor-
mado de las comunidades originarias involucradas.
La abogada Itzel Silva, del no gubernamental
Centro de Investigación y Análisis Fundar, asegura
que no sólo se trata de consultar: para que entren
este tipo de proyectos tendría que haber una autori-
zación por parte de la comunidad originaria.
El Proyecto Ixtaca, aún sin consentimiento de las comunidades originarias
ALMADEN
MINERALS

fundamental para determinar a quiénes se aplican
las disposiciones sobre pueblos indígenas”,elemen-
to que Gudiño Gual omite citar.
El experto tampoco refiere las consideraciones
hechasporlaComisiónInteramericanadeDerechos
Humanos (CIDH) al respecto: “No existe una de-
finición precisa de ‘pueblos indígenas’ en el derecho
internacional, y la posición prevaleciente indica que
dicha definición no es necesaria
para efectos de proteger sus dere-
chos humanos”.
Para la CIDH, “dada la in-
mensa diversidad de los pueblos
indígenas de las Américas y del
resto del mundo, una definición
estricta y cerrada siempre correrá
el riesgo de ser demasiado amplia
o demasiado restrictiva”.
Más aún,contrario al plantea-
miento de Gudiño Gual, para el
Instituto Nacional de Estadística
y Geografía la lengua sí determi-
na el origen étnico: sus variables
usadas en censos y encuestas son
la “condición de habla de lengua
indígena” y la “adscripción o per-
tenencia étnica”.
Pero el asesor de Almaden
Minerals –que en su perfil laboral se describe como
“quien diseñó y aplicó el primer protocolo de consul-
ta indígena en materia ambiental en México”– insis-
te:“No hay comunidades indígenas.No existen”.
—¿Es decir que nunca se les va a consultar? –se
le cuestiona.
—No hay indígenas en la zona.
—Por eso,¿la respuesta es no?
—Larespuestaesquevamosa
consultar cuando haya indígenas.
[Y] no hay indígenas. No hay
pueblos ni comunidades indíge-
nas, [entonces] no tienes a quién
consultar.
Julieta Lamberti, doctora en
ciencia social por el Colegio de
México, considera que “la empre-
sa está tomando un criterio muy
restrictivo acerca de cómo se defi-
nen las poblaciones indígenas,que
incluso es contrario al artículo se-
gundo de la Constitución mexica-
na y al Convenio 169 de la OIT”.
En ambos,el criterio para de-
finir si una población es indígena
es básicamente la autoadscrip-
ción del pueblo, indica la inves-
tigadora del no gubernamental
La trasnacional minera, en busca de su integración con las comunidades
Maquetación digital de la unidad minera

INVESTIGACIÓN
PORTADA
Concesiones habrían ignorado el Convenio 169 de la OIT
Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educa-
ción e Investigación.
Evadir la consulta
La postura de Almaden Minerals parece ina-
movible. El abogado Alberto Vázquez, socio del
bufete Servicios Legales, SC, y apoderado legal de
Minera Gorrión –otra de las filiales de la canadien-
se–, asegura que la evaluación de impacto social de
GMI Consulting –aún en proceso– no es la única
evidencia con la que cuentan.
“Con base en las leyes federales y estatales, que
son las que regulan este tema, [la empresa] se acercó
a consultar a la Comisión de Derechos Indígenas [sic]
y al municipio de Ixtacamaxtitlán,porque nosotros no
somos quién para decir si hay o no hay [indígenas].”
Sin mostrar las pruebas, asegura: “Tenemos
oficios confirmando la inexistencia. No es algo
que nosotros hayamos determinado porque, inde-
pendientemente de la consulta a un experto en la
materia,hemos procurado hacer las cosas en forma
correcta y tenemos respuesta de las autoridades res-
pecto de la no existencia de comunidades indígenas
en el municipio de Ixtacamaxtitlán,que es donde se
ubica el Proyecto Ixtaca”.
Esos supuestos oficios chocarían no sólo contra
la evaluación de la Semarnat, sino también contra
datos oficiales del Inegi,la Comisión Nacional para
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi),la Se-
cretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y el Instituto
Nacional de Lenguas Indígenas (Inali).
Ejemplo de ello es el Catálogo de localidades in-
dígenas 2010 que publican en conjunto la Cdi y el
Inegi, donde apunta que incluso en Santa María
Zotoltepec hasta un 40 por ciento de la población
es indígena nahua.
Esto se debe a que esa población se asume in-
dígena,explica la doctora Lamberti.“Cuando se les
pregunta a los habitantes de Ixtacamaxtitlán si se
consideran indígenas responden que sí, y de ahí la
Cdi toma el número de porcentaje de población in-
dígena en el municipio.Y eso la empresa no lo toma
en cuenta,por eso se niega a hacer la consulta”.
El Catálogo de las lenguas indígenas nacionales:
variantes lingüísticas de México con sus autodenomi-
naciones y referencias geoestadísticas del Inali también
contrasta con la versión de la empresa. Este docu-
mento señala que en Ixtacamaxtitlán son 63 las
comunidades hablantes del Náhuatl, entre las que
incluye a Santa María Zotoltepec.
Las otras comunidades que cita como hablantes
de ese idioma originario son: Acoculco (Alcaparra),
Analco(Chancuagco),Capolictic,Capuluapandelas
Aguas, Cristalaco, Cruz de León, Cuahuigtic, Cua-
texmola, Chaucingo Atezquilla, Chaucingo Tilox-
toc, Chipilo (Cuatexmola), El Cebollero, El Jardín
Ocojala,El Mirador,El Sabinal (San Pedro),Escui-
napa, Guadalupe, Huixcolotla, Iliyucan, Ixtacamax-
titlán, Jalacingo (Jalacingo Texas), La Unión Ejido
Mexcaltepec, Lagunilla Pedernales, Las Barrancas,
Las Huertillas, Mexcaltepec, Minatitlán, Minillas,
Ocotla, Octapa, Oyametepec, Plan de Guadalupe,
Plan de la Flor, Ranchitos, Rancho Viejo, , Solin-
co, Tagcotepec, Tatempango, Tateno,
Tatoxcac, Tecoltemi, Tenamigtic,

Tecoltemi,comunidadindígenaque
sehanamparadocontraelproyecto
minero,seasumencomopueblo
originariodeformamaliciosa,con-
sideraunodelosrepresentantesde
AlmadenMinerals.
“Hayunejidoindígenaqueestá
encontray[aseguraque]estásiendo
apartado.Teloconfirmoahora,es
elejidoTecoltemi,quepresentó
inclusounamparoencontrade
laafectaciónquepuedegenerarel
proyectoparasustierras,queademás
deostentarseequivocadamente,
bueno,noequivocadamentesino
maliciosamente[sic]comocomuni-
dadindígenaenelamparo,estáa10
kilómetrosdelas120hectáreasdel
proyecto”,señalaelabogadoAlberto
Vázquez,apoderadolegaldeMinera
Gorrión.
Luegomatiza:“Síestabadentro
delasconcesionesdelas14milhec-
táreas.[Pero]yano,porquelaem-
presasedesistedeesasconcesiones
paragarantizaraeseejido”.
LaabogadaItzelSilva,delano
gubernamentalFundar,advierteque
esedesistimientonoesafavordela
comunidad,sinoencontra.Esuna
argucialegalparaquenosediscutael
fondodelasunto:losartículosdela
LeyMineraqueviolanlosderechos
indígenasyejidales.
Eljuiciodeamparo,refiere,fue
contralasdosconcesiones:Cerro
GrandeyCerroGrandeII;yse
presentóenabrilde2015.Desde
entonces,FundaryelConsejoTiyat
Tlaliacompañanalacomunidad
indígenaenesteprocesojudicial.
“Cuandopresentamoselam-
paroseutilizaronargumentosde
protecciónparapueblosindígenasy
núcleosagrariosyejidales,alegando
violacionesalderechoalaconsulta
yalconsentimiento,asícomola
violaciónalderechoalatierrayal
territorio.
“ElEstadoestáobligadoares-
petaryaprotegerelderechoreco-
nocidoanivelinternacionaldelos
pueblosaluso,disfrute,propiedad,
posesióndelatierraysusrecursos.”
Porello,elequipolegalsolicitó
suspenderlasdosconcesionesytodo
loquetuvieraqueverconellas.Por
elcarácterejidaldeTecoltemi,se
lesconcediólasuspensióndeplano
demanerainmediata,paraevitarla
afectaciónalosderechosdelnúcleo
agrario.
Elloimplicaquenosehaganin-
gúnactoderivadodelasconcesiones,
incluyendolaexploraciónylaexplo-
tación,señalalaabogada.Agrega
quelaempresatampocopuedellevar
acaboningúnacto,convenioocon-
tratosobrelasconcesiones.
“Nosepodíahacerninguna
inscripcióndeningúnactolegalque
pretendierahacerlaempresayesto
esimportante,porquelasempresas
minerasprimeroexploranyluego
venden”.Ladecisiónjudicial,indica,
fuenotificadaalaDirecciónGe-
neraldeMinasdelaSecretaríade
Economía.
Noobstante,desde2015la
empresahabuscadoevadireljuicio,
consideralaabogadadeFundar.
ALMADEN MINERALS BUSCA DEJAR SIN MATERIA
JUICIO CONTRA LEY MINERA
Tenextepecuaco, Tentzoncuahuigtic, Tepecuahuixco
(El Llanete),Tepexoxuca,Texocuictic,Texocuixpan,
Tlacuela,Tlajomulco,Tlalmotolo,Tlanana (Atecox-
co),Tlaxcalancingo,Tonalapa,Tuligtic (San Miguel),
Vista Hermosa de Morelos,Xalcomulco,Xocoxiutla,
Xonacatla,Xopanac y Zaragoza.
Finalmente,la Sedesol considera a ese municipio
poblano como de carácter indígena en sus estadís-
ticas “Microrregiones”, que consignan la situación
socioeconómica de los municipios. Además, el pro-
pio gobierno de Puebla reconoce en sus documentos
oficiales que en la zona habitan nahuas.
Es falso que no existan indígenas, señala Diana
Pérez Rivera,abogada del no gubernamental Conse-
joTiyatTlali.“De las 10 comunidades que forman el
área de impacto directo del proyecto,nueve aparecen
en el Catálogo de localidades indígenas del Inegi, que
también es publicado por la Cdi”.
La experta en derechos humanos constata con
su propia experiencia que son indígenas, pues como
parte del ConsejoTiyatTlali ha trabajado en el lugar
y conoce directamente a la población.
Junto con Fundar, dicho Consejo acompaña el
juicio de amparo de Tecoltemi contra la minera ca-
nadiense.Según los representantes de Almaden Mi-
nerals, ésta sería la única comunidad originaria pero

INVESTIGACIÓN
PORTADA
Peronosólohahabidoresistenciade
AlmadenMinerals,sinotambiénde
laSecretaríadeEconomía.Yesque
éstaseinconformóanteunTribunal
Colegiadoencontradelfalloafavor
delosindígenasdeTecoltemi,aun-
queperdió.
La argucia legal para
librarse del juicio
Inconformeconlasuspensión,
enjuliodeeseañolatrasnacional
pidióaEconomíaqueredujeralas
concesiones.“Quelascortaracomo
sifueraunpastel,yqueemitiera
nuevostítulosrespectodelospe-
dacitosenlosquesehabíadividido,
paradesistirsedelosdosqueafecta-
banTecoltemi”.Algopermitidopor
laley,explicaSilva.
—¿Noloimpedíaelamparo?
—Sí.Enrealidad,Economíano
contestóylaempresaalegóqueeso
eraunaafirmativaficta,esdecirque
enautomáticoseentendíaquele
dabalarazón,leotorgabaelrecorte
ylosnuevostítulos.Poreso,unaño
despuésleinformaaEconomía
porescritoquesedesistedelasdos
nuevasconcesionesquequedaron
enelterritoriodeTecoltemi.Esole
permitequitarseeljuiciodeamparo
yseguirhaciendoactividadminera
enelrestodelmunicipio.
“Paranosotroshayunasuspen-
sión.Y,dehecho,alprincipiocuan-
dolaempresapidióqueseredujeran
lasconcesiones,Economíaledijo
queesasuspensiónleimpideinscri-
birohacercualquieractosobrelas
concesiones.Entonceslaempresa
presentórecursosdeimpugnación
anteunjuzgadodeamparoytras
unodeesosrecursossefallaquesí
hayunexcesoenelcumplimiento
delasuspensiónporpartedeEco-
nomía,porqueantelareduccióny
eldesistimientosedejadeafectara
Tecoltemi”.
Dicharesoluciónordenóa
Economíaresolverlassolicitudes
deAlmadenMinerals.Parael30de
mayode2017,laDirecciónGeneral
deMinasautorizóalaempresatodo
lorequerido.
LosabogadosdeTecoltemiobje-
taronesaresolución,“porquelaem-
presaloquequierehacerenrealidad
esdejarsinmateriaeljuicio,cuando
síhuboviolacionesparalacomu-
nidad.Lasconcesionesmineras
originalesseotorgaronsinconsulta
niconsentimientoyenviolacióna
otrosderechos,comoalatierray
elterritorio.ElEstadomexicanosí
violóderechoscolectivosyderechos
derivadosdelcarácteragrario”.
—¿Quépasasiquedasinmate-
ria?
—Seacabaeljuicio.Deestama-
neralaempresasequitadeencima
elproblemadenopoderhaceractos
sobrelasconcesiones.Éstafuesu
estrategiaparaquitarseeljuiciode
encimaynosalirdetodoelterrito-
rio.
LaabogadaItzelSilvaagrega
quenosóloesevadireljuiciodeam-
paro,sinotambiénqueseprofundice
eneltema.
“Ademásdelasdosconcesiones,
impugnamosvariosartículosdela
LeyMineraquesoninconstitucio-
nalesycontrariosatratadosinter-
nacionales:hayartículosquedan
prioridadalaactividadminerasobre
cualquierotrousodelterritorio.”
Yesque,advierte,sinohayacto
concretoenaplicacióndelaLeyMi-
nera,esdecir,sinohayconcesiones
aplicadasalacomunidad,nosepue-
dediscutirelfondo.
ya “está fuera”del área de impacto.
De acuerdo con la abogada Pérez Rivera,oficial-
mente se reconoce que en Ixtacamaxtitlán la presen-
cia de población indígena es alta, y son unos 6 mil
200 habitantes nahuas en el municipio.
Potencial de oro
El momento para que Almaden Minerals declare
la inexistencia de comunidades originarias no podría
ser mejor para sus intereses. Según la propia empre-
sa, el depósito de oro y plata Ixtaca –descubierto en
2010–“hoy cuenta con un recurso medido e indicado,
avalado por la regulación N.I.43-101,de aproximada-
mente93millonesdetoneladasconunaleypromedio
de 0.55 g/t Au [oro] y 32 g/t Ag [plata],con un total
de1.65Mdeonzasdeoroy96.7Mdeonzasdeplata”.
El geólogo Daniel Santamaría Tovar, vicepresi-
dente de la filial Minera Gorrión,dice a Contralínea
que al inicio eran dos concesiones de 14 mil hectá-
reas en total.“Durante 16 años hemos hecho explo-
ración en esas concesiones y hemos encontrado que
el depósito de oro y plata se localiza en 120 hectáreas;
120 de 14 mil es un porcentaje muy bajo”.
Sin embargo, advierte que aún no se puede ha-
blar de la fase de explotación. “Un proyecto mine-

ro puede durar hasta 30 años en exploración. Para
convertirte en un proyecto de explotación tienen que
pasar muchos elementos técnicos. No es llegar con
una retroexcavadora y sacarlo. Es un proceso muy
complicado científicamente hablando: hay muchos
estudios de ingeniería que se tienen que cumplir para
poder presentar un manifiesto de impacto ambiental.
Pero ni siquiera estoy en ese momento ahora”.
Sin duda,la instalación de la unidad sí está en la
mira de la empresa.Alberto Vázquez,representante
legal de Minera Gorrión, lo confirma: “No es fácil
establecer una mina; no se encuentra todos los días,
y aquí llevamos 16 años explorando y en ese tiem-
po la empresa no ha recibido un peso a cambio: se
financia porque obviamente hay un interés de gene-
rar un recurso económico”.
Y agrega:“Sí hay una expectativa: se busca esta-
blecer una unidad minera en un estado que no tiene
esa experiencia y, por qué no, ser ésa la mejor mina
de México”.
Negar la consulta
por todas las vías
El doctor Gudiño Gual evade decir explícita-
menteloqueatodasluceseselobjetivo:“Laconsul-
ta no la hacen los particulares, viene del Convenio
169 de la OIT y está a cargo del Estado mexicano.
Entonces la pregunta de si no se les va a consultar
no la puedo contestar yo.Lo que puedo decir es que
no hay sujeto de consulta”.
Informes de la Secretaría de Economía revelan
que el Estado mexicano nunca movió un dedo para
cumplir con este mandato constitucional e interna-
cional.En las respuestas a las solicitudes ciudadanas
deinformación0001000165214y0001000006815,
señala que su Dirección General de Regulación
Minera, a través de la Dirección de Cartografía y
Concesiones Mineras, no tiene constancias de ha-
ber realizado consultas a los ejidos indígenas de Ix-
tacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla, antes
de emitir los títulos.
Para abordar el tema se solicitó la versión de Eco-
nomía,a través de la Dirección General de Comuni-
cación Social que encabeza Óscar Ignorosa, sin que
al cierre de esta edición se haya recibido respuesta.
Investigación de Almaden,
primera en México
El geólogo Santamaría Tovar asegura que la in-
vestigación contratada a Gudiño Gual “se hizo pen-
sando en el hecho de que la empresa debe respetar
todo lo que tengamos que cumplir. Si se tiene que
cumplir con un manifiesto de impacto ambiental,lo
vamos a hacer;y hasta hemos hecho de más,como la
evaluación de impacto social”.
Por su parte, Gudiño Gual y Alberto Vázquez
aseguran que Almaden Minerals es la primera em-
presa en México que realiza una evaluación de este
tipo. Evaluación que, sin embargo, sería contraria a
los derechos humanos de los pueblos originarios.
“Nos gusta que se hagan las cosas bien. Estamos
abiertos, la empresa siempre ha estado abierta a un
Secretaría de Economía reconoce no haber consultado a los indígenas

INVESTIGACIÓN
PORTADA
diálogo transparente y serio. Hay
empresas buenas y malas, perio-
distas buenos y no tan buenos;eso
no lo podemos evitar, va a existir
siempre”, asegura el abogado Al-
berto Vázquez.
La descalificación no se re-
duce al trabajo periodístico, se
extiende a las organizaciones
no gubernamentales: “Para una
ONG es muy sencillo hablar y no
probar. Es muy fácil decir: yo soy
el bueno y ellos los malos, y que
no se les consulta a las comunida-
des indígenas cuando en términos
de los convenios internacionales
existe esta obligación para de-
terminados casos. Finalmente la
empresa lleva a cabo un trabajo de
investigación muy serio, de con-
firmación con autoridades de los tres niveles de go-
bierno para verificar y confirmar cuál es la situación
en la que estamos parados”.
El doctor Gudiño Gual aporta sus propias repro-
baciones, al señalar que muchas organizaciones “tie-
nen intereses económicos muy perversos” y por eso
dicen “grandes mentiras”.
“Aquí no hubo nada de consulta previa. Es uno
de los derechos que se han vio-
lentando. Cuando la gente se dio
cuenta pues ya estaban las con-
cesiones. La empresa y otros ac-
tores dicen que el permiso ya lo
ha dado el gobierno federal y las
comunidades ya no pueden hacer
nada”,señala Alejandro Marreros,
opositor al proyecto.
Por ello, indica, “le estamos
exigiendo al gobierno que garan-
tice nuestros derechos, los dere-
chos de la población que habita
en estas comunidades. También
le exigimos que cancele estas con-
cesiones y el proyecto minero por
toda la amenaza que representa”.
La unidad minera que planea
la empresa emplea el modelo ex-
tractivoacieloabierto,considerado
comoelmáscontaminanteyquemayoresafectaciones
genera tanto a la salud como al medio ambiente. No
obstante,el abogado Vázquez asegura que la industria
ha evolucionado y ahora es“amable”con el planeta.
“A estas alturas,con más de 16 años de trabajo en
la zona, la consulta ya no sería ni previa, ni libre, ni
informada”, señala la doctora Julieta Lamberti. “La
empresa siempre va a estar en esa irregularidad”.
Zona donde se ubica el depósito de oro y plata
Ubicación del Proyecto Ixtaca, según la propia empresa

INVESTIGACIÓN LÍNEA GLOBAL
TIROTEOS MASIVOS
CADA VEZ MÁS
MORTÍFEROS
ESTADOS UNIDOS

INVESTIGACIÓN
LÍNEA GLOBAL
Cada 16 minutos muere
un estadunidense. Mientras
empresas “inocentes” como
Rolls-Royce, Mitsubishi Heavy
Industries, Hewlett-Packard,
Kawasaki Heavy Industries,
Samsung Techwin, Hyundai
WIA y, entre otras, Walmart,
se enriquecen
A
lphonse Gabriel Capone, alias Scarface
(Cara Cortada), uno de los máximos cri-
minales durante la ley seca,marcó un hito
en la historia de las armas en Estados Unidos. Se
le vincula con la matanza de San Valentín el 14 de
febrero de 1929, cuando se acribilló a 7 personas
dentro de la fábrica SMC Cartage Co,de Chicago.
Ochenta y nueve años después, el 14 febrero
2018, el día de San Valentín en Parkland, Florida,
Nikolas Cruz, de 19 años de edad, disparó con un
fusil semiautomático y mató a 17 personas, en lo
que constituye la balacera más letal en un plantel
escolar de Estados Unidos.
“Al sustancioso e incuestionable negocio que
constituye la industria armamentística en Estados
Unidos y en el mundo”,con su estela de muertos y
heridos, se suman elementos históricos, culturales
y tecnológicos de la sinopsis homicida [Cuadro1],
y el factor económico”, reflexiona Shirley Stepha-
nie Hermann Alejandre,catedrática del Centro de
Estudios Superiores Navales (Cesnav) de la Ar-
mada de México.
JOSÉ RÉYEZ
123RF

INVESTIGACIÓN LÍNEA GLOBAL
Advierte que numerosas industrias se asocian
o diversifican su mercado con directrices belige-
rantes: Rolls-Royce, Mitsubishi Heavy Industries,
Hewlett-Packard, Kawasaki Heavy Industries,
Samsung Techwin, Hyundai WIA, entre otras.
“Particularmente, en el caso de Estados Unidos,
Walmart se posiciona como el minorista más im-
portante de armas de fuego desde 2011”.
En 2013, los ingresos de las principales pro-
ductoras de armas ascendió a 402 mil millones
de dólares, y en 2015, los dos principales países
productores y exportadores son Estados Unidos y
Rusia seguidos por Francia,China y Alemania,se-
gún el Instituto Internacional de Estocolmo para
la Investigación de la Paz (Stockholm Interna-
tional Peace Research Institute), que anualmente
publica un exhaustivo estudio con lo referente al
arsenal global, conflictos armados, operaciones de
paz, seguridad internacional, gastos militares.
Durante 2016, la empresa Lockhead Martin
tuvo ganancias por 40 mil 500 millones de dólares;
Boeing, por 29 mil 600 millones; United Techno-
logies, 57 mil 200 millones; Textron, 13 mil 800
millones; Raytheon, 27 mil 800 millones; Nor-
throp Grumnan’s,24 mil 500 millones;y L3Tech-
nologies, por 10 mil 510 millones de dólares. Este
tipo de empresas se están volviendo un puntal en
las políticas de crecimiento para la administración
de Donald Trump, señala por su parte el doctor
Arturo Ponce Urquiza.
El también catedrático del Cesnav explica en
entrevista que el boom de la industria armamentis-
ta en Estados Unidos obedece al reto monumental
que estableció DonaldTrump para asegurar el cre-
cimiento sostenido de empresas del sector militar
en los últimos años “y que es de donde provienen
los avances más significativos de lo que el presi-
dente de Estados Unidos denomina como su pro-
pia “revolución industrial”,que le permite estar a la
vanguardia tecnológica”.
La armamentística se ubica dentro del top 5 de
las industrias con mayor movilidad de capital en
el ámbito internacional, al lado del narcotráfico, la
prostitución, la banca y la farmacéutica. Aunado a
lo anterior, señala Schirley Hermann, no se debe
subestimar la derrama que concibe el comercio
ilegal, que no se puede contabilizar al ciento por
ciento porque coexiste en la ilegalidad.
Según datos de la Fundación Nacional Depor-
tiva de Tiro (National Shooting Sports Founda-
tion, NSSF), en 2014, el impacto económico final
de la industria de armas de fuego en Estados Uni-
dos alcanzó 42 mil 956 millones 599 mil 500 dó-
lares. Para 2011 el número aproximado de armas
de fuego en el país ascendía a los 310 millones,
superando en número al total de su población.
“Se observa que,vinculado al contexto cultural,
histórico y político,el aporte económico consolida
el apego a la tradición armamentística. El marke-
ting de las armas se proyecta en todos los esce-
narios, en cintas hollywoodenses, composiciones
musicales, publicidad, más de 5 mil exposiciones
y ferias anuales, lo cual evidencia la naturalidad
con que el ciudadano promedio asume el tema en
cuestión”, subraya la especialista del Cesnav.
En el análisis Las armas de fuego en la identidad
nacional estadunidense, publicado por el Instituto
de Investigaciones Estratégicas de la Armada de
México, Schirley Hermann indica que Estados
Unidos cuenta con una extensa lista de recintos
que hacen gala de su artillería,como el Museo Na-
cional de Armas o el Museo Nacional del Crimen.
En este último se exhibe la historia de grandes
gángsters. “La tendencia supone inmortalizar a los
bandoleros: al eternizar leyendas criminales, sur-
gen prototipos aspiracionales”.
Otra disposición fabulesca, establece apodar a
los asesinos para ascenderlos al “salón de la fama”
(tal como lo indica la canción de The Police),como
Alphonse Gabriel Capone, alias Scarface (cara cor-
tada); Charles Whitman, The Texas tower sniper (el
francotirador de la torre de Texas); Patrick Henry
Sherill,Crazy Pat (loco Pat); James Eagan Holmes,
La armamentística está
en el top 5 de industrias
con mayor movilidad
de capital, junto con
el narcotráfico y la
prostitución
prostitución

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