Este decreto reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación de México para mejorar la calidad de la educación. Algunas de las reformas incluyen establecer que la educación debe ser gratuita, de calidad y basada en los resultados científicos; crear un sistema nacional de evaluación educativa; y sujetar la formación, actualización y superación de los maestros a la Ley General del Servicio Profesional Docente para mejorar el desempeño docente.