Este decreto reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación de México para garantizar la calidad de la educación. Se establece que la educación debe ser gratuita, nacional, basada en los resultados científicos y de calidad. También se crean mecanismos para la evaluación educativa, la formación de maestros y el intercambio de información entre los diferentes niveles de gobierno para mejorar el sistema educativo.