Este decreto reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación de México. Algunos de los cambios incluyen establecer que la educación debe ser de calidad y gratuita, prohibir el pago de cuotas obligatorias, fortalecer la autonomía de las escuelas públicas, y crear un sistema nacional para evaluar la educación y el desempeño docente. El decreto también actualiza la estructura y funciones de las autoridades educativas federales para mejorar el sistema educativo nacional.