Este decreto reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación de México para garantizar una educación de calidad y gratuita para todos. Se establece que el Estado debe proveer servicios educativos de calidad que maximicen el aprendizaje de los estudiantes en todos los niveles educativos. También se prohíbe cobrar cuotas obligatorias y se regulan las donaciones voluntarias para asegurar el acceso gratuito a la educación.