El documento discute la criminalidad informática y los desafíos de abordar este problema mediante el derecho penal. Explica que combatir la criminalidad informática requiere más que solo el derecho penal e incluye otros enfoques como la educación y medidas técnicas. También destaca la necesidad de estudiar cuidadosamente las implicaciones penales de las tecnologías de la información. Finalmente, analiza los criterios para seleccionar qué conductas relacionadas con la tecnología de la información deberían considerarse delitos penales.