Los delitos informáticos se definen como acciones antijurídicas realizadas a través de medios digitales con el objetivo de dañar sistemas informáticos y datos. Se clasifican en cuatro grupos según el convenio sobre la ciberdelincuencia de 2001, que incluye delitos contra la confidencialidad, la integridad de datos, y fraudes informáticos, entre otros. Se aconseja mantener medidas de seguridad actualizadas, como antivirus y contraseñas seguras, para protegerse de estas amenazas.