El documento argumenta que la educación pública en México no es realmente gratuita porque se financia con los impuestos de los contribuyentes. Propone que los subsidios se entreguen a las instituciones educativas de acuerdo con sus resultados y eficiencia en lugar del actual sistema que beneficia más a las familias de mayores recursos que pueden enviar a sus hijos a escuelas privadas de mejor calidad.