Este decreto presidencial establece que la administración pública venezolana debe emplear prioritariamente software libre desarrollado con estándares abiertos. Todos los organismos públicos deberán iniciar la migración gradual de sus sistemas e informáticos hacia este tipo de software para mejorar la interoperabilidad, reducir costos y fomentar la industria nacional del software. Se define software libre como aquel que garantiza acceso al código fuente y permite su modificación y redistribución sin pagar regalías.