La Iglesia Católica en España goza de numerosos privilegios fiscales que le permiten operar como un paraíso fiscal, lo que cuesta miles de millones de euros a los contribuyentes españoles cada año. Además de no pagar la mayoría de los impuestos, la Iglesia recibe fondos públicos del Estado y las comunidades autónomas. Pese a su gran riqueza, la financiación que recibe de los ciudadanos a través de la declaración de la renta sólo cubre una pequeña fracción de lo que realmente cuesta a España.