Bolivia cuestionó la validez de un contrato firmado en 1873 con una compañía minera de salitre debido a que, según la constitución boliviana, tales contratos sobre recursos naturales debían ser aprobados por el congreso. En 1878, la asamblea nacional constituyente boliviana aprobó una ley que ratificaba el contrato con la condición de que la compañía pagara un impuesto de 10 centavos por cada quintal de salitre exportado.