El documento discute los desafíos que plantea la inseguridad ciudadana en América Latina y Costa Rica, incluyendo el crimen común, organizado y no organizado. Explica que durante la última década la región ha visto un impacto creciente de la criminalidad y violencia en la democracia y el desarrollo. Luego, detalla algunas medidas que el gobierno de Costa Rica tomará para combatir problemas como el sicariato, la extorsión y el tráfico de drogas.