El documento discute varios temas que enfrentará el gobierno de Ollanta Humala en el 2013, incluyendo la actividad extractiva, la seguridad ciudadana, el combate al narcotráfico y la subversión, y la decisión sobre el indulto a Alberto Fujimori. Señala que el gobierno necesita avanzar en la regulación ambiental de la minería, fortalecer las capacidades policiales mediante una reforma, y enfocarse más en demostrar los beneficios de la democracia que en victimizar a seguidores de grup

1. Lo que se puede venir el 2013
Fernando Romero Bolaños
Ollanta Humala ha culminado el año 2012 en una situación que no han gozado otros
presidentes en el pasado: Un alto respaldo en las encuestas, ausencia de conflictos sociales
activos de alto impacto y una economía que continúa creciendo. Esta envidiable situación
puede ser efímera si es que el gobierno se duerme en sus laureles, piensa que es suficiente
continuar haciendo más de lo mismo y no asume que existen temas pendientes que, de no
abordarlos, pueden hacer que el 2013 no sea sencillo.
Uno de los temas es el que tiene que ver con las actividades extractivas. Si bien la creación
del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENASE)
es un avance en la fiscalización ambiental de este sector, aún hay mucho camino por recorrer
para hacer realidad el ofrecimiento que el Presidente Humala hiciera hace más de un año
atrás respecto al impulso de una nueva minería. A menara de ejemplo, temas pendientes que
debieran avanzarse en esta dirección son la aprobación de la normativa nacional para el
Ordenamiento Territorial, la implementación de los procesos de consulta previa, así como la
evaluación y reforma que debe hacerse del canon minero y el mecanismo alternativo al
impuesto a las sobreganancias mineras que el gobierno promovió en el año 2011.
Sin embargo, también se requiere tener en cuenta que aún no hay visos claros que la crisis
internacional esté siendo superada, lo cual tiene sin duda impacto en las inversiones en
futuros proyectos extractivos o en el inicio de aquellos que ya habían obtenido autorización
para iniciar su explotación. La eventual paralización de proyectos se convierte para el gobierno
en una gran amenaza para su gestión.
En ese contexto la pregunta es si el gobierno persistirá en la apuesta que la actividad
extractiva siga siendo el pilar principal de la economía, manteniendo los estándares existentes
y facilitando el inicio de proyectos mineros que han tenido alta resistencia social o si comienza
a incentivar de manera más decidida el fortalecimiento de otros sectores de la economía que
han mostrado gran potencialidad.
Otro tema importante es el de la Seguridad Ciudadana. Si bien el país no atraviesa situaciones
límite como las que viven hoy ciudades en otros lugares del planeta, nadie puede discutir que
la mayoría de peruanos, principalmente los que habitan en el área urbana, ha sentido que la
delincuencia y la inseguridad han crecido significativamente y la confianza en la PNP se
mantiene muy baja. En ese sentido es claro que el gobierno requiere de fortalecer la
capacidad operativa de las fuerzas policiales, sin embargo el incremento de los recursos
públicos destinados a este fin no obtendrán los resultados perseguidos si es que, como
señalan los expertos, no se realiza una reforma de la institución policial, logrando limpiarla y
adecuándola a los nuevos retos que debe enfrentar.
En la misma perspectiva, se encuentra el tema del combate al narcotráfico y la subversión. El
VRAEM sigue siendo el símbolo de la dificultad o inoperancia del gobierno para tratar ambos
temas. La pregunta es si logrará distinguirlos y tener la estrategia adecuada para cada uno de

2. ellos. En el caso del narcotráfico, los expertos insisten en que el gobierno no ha mostrado la
voluntad necesaria para realizar un control efectivo a la provisión de insumos químicos para la
producción de la droga y el seguimiento y sanción de quienes se involucran en el lavado de
dinero.
En el caso del terrorismo, esperamos que el gobierno no caiga en el error de victimizar a los
seguidores del senderismo que hoy se organizan en el MOVADEF y concentre más bien su
accionar en las políticas vinculadas a demostrar que la democracia, que si bien es imperfecta,
hace su mejor esfuerzo para tratar de garantizar los derechos de los ciudadanos. Asimismo, el
nacionalismo, fuerza política que hoy tiene en sus manos el gobierno, tendría que darle una
prioridad especial en su agenda a las políticas que desde el Estado pueden implementarse
para fortalecer a los partidos que apuestan por la democracia, principalmente a aquellos que
están dispuestos a disputar con el senderismo el respaldo de los ciudadanos que se sienten
abandonados o excluidos.
Finalmente Ollanta Humala y el nacionalismo, tendrán este año que atender el tema del
indulto a Fujimori. Su peor error sería vincular su decisión a sus expectativas electorales del
2016 en un eventual apoyo del electorado fujimorista. De hacerlo así perdería lo que queda de
su identidad primigenia, la cual fue la base para obtener el respaldo ciudadano más sólido
para su triunfo en el 2011. Otro error sería dilatar la decisión y sufrir la presión constante de
los medios y la bancada fujimorista.
En este tema el oficialismo puede, si se lo propone y logra avances en alguna de las
cuestiones anteriores, encabezar un amplio sector de fuerzas políticas y ciudadanas opuestas
al indulto como expresión de su apuesta por fortalecer una democracia capaz de enfrentar la
corrupción y garantizar los derechos humanos en el país.