La corrupción en Colombia es uno de los temas cíclicos que la opinión pública nacional aborda de vez en cuando, a medida que surgen los informes anuales de las grandes encuestadoras y empresas dedicadas a investigar el tema.
La corrupción en Colombia es uno de los temas cíclicos que la opinión pública nacional aborda de vez en cuando, a medida que surgen los informes anuales de las grandes encuestadoras y empresas dedicadas a investigar el tema.
Pronunciamiento del consorcio sobre elección del Fiscal general de la RepúblicaFUSADES
Ningún hecho político es en estos momentos más importante que la elección del Fiscal General de la
República, pues es a quien le corresponde promover la acción penal, defender los intereses del Estado y la
sociedad, así como el accionar de la justicia en defensa de la legalidad.
Para cumplir a cabalidad con las responsabilidades que señala el artículo 193 de la Constitución, se requiere
de una persona con alto nivel de conocimientos especializados, grandes dotes de liderazgo, valentía, y sobre
todo honradez e independencia.
La Asamblea Legislativa debió elegir al nuevo Fiscal antes del 3 de diciembre, fecha en que terminó su
periodo Luis Martínez. La falta de cumplimento de plazos por parte de la Asamblea Legislativa no debe ser
aceptable, pues las instituciones deben respetar las reglas. Adicionalmente, el procedimiento de elección
debe cumplir con la jurisprudencia constitucional en donde se han señalado características de ser público,
transparente y debidamente motivado.
El Fiscal saliente, Luis Martínez, ha fallado en su gestión de investigar casos de impunidad relevantes, ha
promovido casos de penalización de políticas públicas y, además, ha sido sujeto de cuestionamientos por
posibles conflictos de interés.
El Fiscal que se llegue a elegir hereda debilidad institucional, impunidad, casos de corrupción no resueltos y
unos niveles de homicidios tan altos que pone a nuestro país dentro de los más violentos del planeta.
Sin un buen Fiscal no se podrá combatir el crimen en forma efectiva, ni habrá una justicia de calidad que
responda a la realidad tan difícil que está atravesando nuestro querido país.
En base a lo anterior,
Hacemos un llamado a los diputados que integran la Asamblea Legislativa para que depongan cualquier
interés político partidario y, a la brevedad posible, procedan a la elección de un nuevo Fiscal General
apolítico, con las características de capacidad, independencia, probidad y liderazgo, lo que se traduciría en
un gran aporte a la consolidación del Estado de Derecho y la institucionalidad democrática que nos
merecemos todos los salvadoreños.
En el 2009 el oficialismo obtuvo 59 de 124 curules legislativas y después de las elecciones de febrero de 2013 su influencia creció a 100 de 137. En este primer periodo tuvo un poco menos de los 63 votos que le permitían consolidar una mayoría absoluta, mientras que para el siguiente tiene 31 votos de más. El oficialismo consiguió tal éxito modificando la fórmula de distribución de escaños y consolida un poder jamás imaginado.
Pronunciamiento del consorcio sobre elección del Fiscal general de la RepúblicaFUSADES
Ningún hecho político es en estos momentos más importante que la elección del Fiscal General de la
República, pues es a quien le corresponde promover la acción penal, defender los intereses del Estado y la
sociedad, así como el accionar de la justicia en defensa de la legalidad.
Para cumplir a cabalidad con las responsabilidades que señala el artículo 193 de la Constitución, se requiere
de una persona con alto nivel de conocimientos especializados, grandes dotes de liderazgo, valentía, y sobre
todo honradez e independencia.
La Asamblea Legislativa debió elegir al nuevo Fiscal antes del 3 de diciembre, fecha en que terminó su
periodo Luis Martínez. La falta de cumplimento de plazos por parte de la Asamblea Legislativa no debe ser
aceptable, pues las instituciones deben respetar las reglas. Adicionalmente, el procedimiento de elección
debe cumplir con la jurisprudencia constitucional en donde se han señalado características de ser público,
transparente y debidamente motivado.
El Fiscal saliente, Luis Martínez, ha fallado en su gestión de investigar casos de impunidad relevantes, ha
promovido casos de penalización de políticas públicas y, además, ha sido sujeto de cuestionamientos por
posibles conflictos de interés.
El Fiscal que se llegue a elegir hereda debilidad institucional, impunidad, casos de corrupción no resueltos y
unos niveles de homicidios tan altos que pone a nuestro país dentro de los más violentos del planeta.
Sin un buen Fiscal no se podrá combatir el crimen en forma efectiva, ni habrá una justicia de calidad que
responda a la realidad tan difícil que está atravesando nuestro querido país.
En base a lo anterior,
Hacemos un llamado a los diputados que integran la Asamblea Legislativa para que depongan cualquier
interés político partidario y, a la brevedad posible, procedan a la elección de un nuevo Fiscal General
apolítico, con las características de capacidad, independencia, probidad y liderazgo, lo que se traduciría en
un gran aporte a la consolidación del Estado de Derecho y la institucionalidad democrática que nos
merecemos todos los salvadoreños.
En el 2009 el oficialismo obtuvo 59 de 124 curules legislativas y después de las elecciones de febrero de 2013 su influencia creció a 100 de 137. En este primer periodo tuvo un poco menos de los 63 votos que le permitían consolidar una mayoría absoluta, mientras que para el siguiente tiene 31 votos de más. El oficialismo consiguió tal éxito modificando la fórmula de distribución de escaños y consolida un poder jamás imaginado.
El concepto de poder muchas veces ha sido confundido con el de autoridad. Así es común decir que quien tiene poder tiene autoridad, y viceversa. Ambos fenómenos, el de la autoridad y el del poder, parecen estar en efecto relacionados. Tanto una orden emanada de alguien con poder como un mandato emitido por una autoridad pueden constituir una razón para que una persona actúe en el sentido indicado por esa orden o ese mandato.
Sin embargo, no son pocos los filósofos que sostienen que ambos conceptos son distinguibles. Y esa diferenciación podría provenir, argumentan, de un análisis que explique las diversas formas en que la autoridad y el poder inciden en el razonamiento práctico de un agente. De acuerdo con estos filósofos la separación conceptual entre ambas nociones nos permite captar un fenómeno que, de otra manera, sería más complicado de percibir.
IT Profesionales con Valor Agregado- Encuentro 1 *Nueva*Hernan H
Primer encuentro: Las Teconología de las Información (TI) o Information Technology (IT, en inglés). Temas: Dato e informacion, Datawarehouse, Datamining, Business Intelligence.
Ricardo Mejía - 3 Informe de labores LXII Legislatura 2012-2015ricardomejiaberdeja
A unos días de culminar esta LXII Legislatura, México enfrenta un
momento especialmente crítico y complejo.
Reflejado en graves problemas de gobernabilidad, cohesión social y
armonía comunitaria. A esto le sumamos la inocultable recesión
económica y la falta de empleos para millones de jóvenes del país.
El remedio que supuestamente daría alivio y traería a nuestro país paz,
justicia y estabilidad era la firma del “Pacto por México”, según la
propaganda oficial, sin embargo resultó ser un cúmulo de reformas
fallidas que han polarizado a la nación y que en las prisas por sacar
iniciativas al gusto del Ejecutivo se han cometido desaseos, violaciones y
maniobras.
Cuestiones para considerar en el trabajo legislativo,bolivia 2010Gobernabilidad
Presentación Begoña Lasagabaster, responsable del Programa de Participación Política de las Mujeres en América Latina y el Caribe de UNIFEM, para el taller "Fortaleciendo la Gestión Parlamentaria y el Empoderamiento de las Mujeres", llevado a cabo por UNIFEM el 18 de mayo de 2010 en la ciudad de La Paz.
Posicionamiento del Ingeniero Abraham Kunio González Uyeda, Legislador por Jalisco, para la discusión de las reformas constitucionales en materia electoral.
Izquierda Democrática en su Programa de Gobierno 2017 planteó la necesidad de realizar una Consulta Popular para reformar la Constitución en algunos aspectos. En la reunión convocada por el Presidente de la República en el marco del diálogo nacional ID fue la primera organización política en plantear la realización de una consulta popular a pocos días de iniciado el periodo gubernamental.
Con fecha 18 de septiembre el Presidente de la República, Lenin Moreno Garcés, hace un llamado público a la sociedad civil para que presenten propuestas de preguntas para llevar a cabo una consulta popular, anunciando que la intencionalidad de dicha consulta sería trabajar sobre cuatro ejes: Mejorar el sistema político para tener más democracia; profundizar la participación ciudadana; lograr absoluta transparencia en la elección de autoridades de control, y fortalecer el equilibro en las funciones del Estado.
Izquierda Democrática presenta sus propuestas de preguntas para la consulta popular, mismas que recogían temas como, Consejo de Participación Ciudadana, Reelección Indefinida, Yasuní, Lucha contra la corrupción, Seguridad Social, entre otros. La presidencia acogió 5 temas de las propuestas de ID en sus preguntas.
Con fecha 2 de octubre, luego de recibidas las propuestas de diversas organizaciones sociales y políticas, el ejecutivo anuncia 7 preguntas que son remitidas a la Corte Constitucional para su respectiva calificación previo al llamamiento a consulta, conforme dispone la Constitución del Ecuador, misma que es admitida a trámite el 4 de octubre. El artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales establece que la Corte tenía 20 días para responder el pedido del Presidente de la República a las preguntas.
El 29 de noviembre de 2017, mediante decretos ejecutivos 229 y 230, el Presidente convoca a Consulta Popular, toda vez que la Corte Constitucional se ha excedido en el plazo para la calificación de las preguntas, mismo que fenecía el 1 de noviembre.
El pleno del CNE aprueba la consulta establece el calendario electoral, en el que los ecuatorianos acudirán a las urnas el día 4 de febrero del 2018. Los resultados electorales se conocerán el 14 de febrero de ese año.
Ayer los diputados aprobaron por mayoría que el Ejecutivo solicite un préstamo por mil 500 mdp para reforzar la seguridad del estado. Sin embargo, los legisladores colocaron candados para que el gobernador tenga que informar sobre el manejo de este dinero cada 30 días - ¿Que piensan de eso?
1. Luces y sombras legislativas.Por Josefina Vázquez Mota.Esta semana votamos en la Cámara de Diputados los cambios a la Ley Federal de Competencia Económica, para prevenir, sancionar y eliminar prácticas monopólicas. Buscamos propiciar un mejor funcionamiento de los mercados de bienes y servicios, impulsar el desarrollo de la actividad empresarial en el país, en especial el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas de una manera más efectiva. Lo más importante es favorece a los consumidores, sobre todo a los que menos tienen, porque más competencia debe implicar mejores productos y mejores precios. También buscamos estimular la productividad, porque al romperse las prácticas monopólicas los beneficios sólo pueden derivar en una mayor eficiencia productiva.Esta semana también concluimos la revisión de las reservas y propuestas expresadas hace un par de meses sobre el nuevo Reglamento de la Cámara de Diputados. Finalmente contamos ya con normas actualizadas para salvaguardar la oportuna divulgación en todo el quehacer legislativo, para su discusión con seriedad, para agilizar la discusión de asuntos. En pocas palabras posibilitar que la Agenda Política se acuerde por los Grupos Parlamentarios para discutir temas de interés nacional, fortalecer el trabajo en Comisiones, a través de la precisión de los diversos procedimientos parlamentarios.El rezago legislativo necesitaba ser atendido de raíz. Basta recordar que de dos mil 865 iniciativas presentadas por todos los partidos políticos, por el Poder Ejecutivo o los Congresos Locales en la anterior LX Legislatura, dos mil 54 quedaron pendientes de dictaminen. No fueron aprobadas ni desechadas. Sencillamente pasaron a la indefinición.El nuevo Reglamento debe dar respuesta al rechazo de la ciudadanía por la forma en que algunas fuerzas políticas se escudaban y amparaban en un ordenamiento anacrónico, oscuro y plagado de lagunas operativas. En la práctica era permanentemente sometido a interpretaciones y prácticaslegislativas no sustentadas. En muchas ocasiones, con un cinismo descarado, las iniciativas se enviaban a la “congeladora legislativa” sin estudio alguno, en defensa de intereses y privilegios partidarios pero sin ofrecer respuestas para el progreso de los mexicanos.No obstante, también esta semana fuimos testigos de cómo los legisladores del PRI presentaron sólo pretextos para no avanzar en el dictamen de la Reforma Laboral. Presentaron una iniciativa y ahora pretenden retrasar su aprobación, incluso contando con la firma de respaldo de los legisladores de Acción Nacional que hemos puesto en la mesa esa clara oferta política por delante de nuestra propia iniciativa.La actitud del PRI hace rehén de propósitos electorales y particulares a las oportunidades de trabajo y mejores salarios en México.Este es un ejemplo indiscutible que muestra su búsqueda del poder para que todo siga igual, para no cambiar al país, para no romper los candados que frenan la prosperidad, para no afectar intereses. Evidencia la búsqueda del poder sin una agenda de futuro y progreso para los mexicanos.Esta forma de quehacer político la encontramos asimismo en la propuesta de definición de los nuevos Consejeros del Instituto Federal Electoral, con base en cuotas partidistas. Esto sólo implica el riesgo de un daño mayor a una institución clave para nuestra democracia.No permitamos que se vulnere al IFE por la nostalgia de épocas en las que las elecciones las organizaba el Gobierno; cuando las elecciones eran una operación de Estado no para conocer la voluntad ciudadana, sino para asegurar la legitimación de los candidatos del partido gobernante.Por ello es ineludible que todos los partidos mantengamos el cuidado institucional en la elección de Consejeros. Es responsabilidad de todos y cada uno sostener el compromiso de seguir el camino del mayor consenso, de garantizar decisiones que privilegien los perfiles y experiencia de los futuros Consejeros Electorales.Es hora de atender los requerimientos que tiene el IFE, de fortalecerlo para el momento que está enfrentando y para lo que vivirá en un futuro. Hablamos de las elecciones federales de 2012, 2015 y 2018, cuando los nuevos Consejeros fungirán como tales para conducir con criterios de imparcialidad, certeza, legalidad y equidad, las contiendas electorales democráticas.La Reforma Laboral y la elección de los nuevos Consejeros del IFE son tareas importantes y urgentes. Por lo mismo, debemos procurar un entorno de debate político que sea franco pero responsable. Tan grave es la censura como la injuria y la calumnia. No puede avanzar la práctica emergente del líder nacional del PRI del insulto y la violencia verbal para analizar asuntos nacionales de la mayor gravedad. Esto es irresponsable y claramente contrario a la democracia.Así es muy difícil mostrar que se está interesado en la construcción de acuerdos, que es lo que verdaderamente necesita México. Expresa, por el contrario, que se ignora el cansancio de los ciudadanos a la agresión y al insulto. Nos dice que no se atiende el reclamo a los políticos de diálogo y de respuestas mediante acuerdos. <br />Es una señal más de la indiferencia y el desinterés por la gente.<br />