Pablo José Goncalvez Gallarreta nació en España pero se crió en Uruguay. Fue acusado de asesinar a tres mujeres entre 1992 y 1993 en Montevideo y Punta del Este. La evidencia que llevó a su condena incluyó la reconstrucción precisa del primer asesinato, objetos personales de las víctimas encontrados en un lugar indicado por él, y marcas coincidentes en las manos de una de las víctimas con las ataduras que él describió.

2. Pablo José Goncalvez Gallarreta nació en España, en Bilbao (Viscaya), el
6 de marzo de 1970, cuando su padre, el diplomático Hamlet Goncalvez,
cumplía funciones representando a Uruguay ante la Madre Patria.
Desde los nueve años se afincó en Montevideo, en el barrio Carrasco. No
obstante, parte de su niñez y su adolescencia la pasó fuera de Uruguay,
debido a la labor diplomática de su progenitor, así conociendo varios
países, a saber: Suecia, Brasil, Paraguay y Perú.
En Montevideo cursó la primaria en el colegio Christian Brothers, culminó
sus estudios en el liceo público no. 15 de Carrasco, y posteriormente
ingresó a la Facultad de Ciencias Económicas. Su padre falleció el 16 de
julio de 1992, hecho que habría repercutido en la eficacia de sus estudios,
mermando su normalmente alto rendimiento curricular.
Hasta mediados de 1991 tuvo novia estable. En su amplia casa sita en la
calle Lieja (en Montevideo) había instalado un taller de reparaciones de
motos en sociedad con otro joven.
Su inicial entredicho con la ley lo tuvo al ser denunciado por una
empleada de veintiocho años de la desaparecida mutualista Cima España.
La denunciante adujo haber sido violada por el joven, tras ser amenazada
con un revólver, y luego amarrada al asiento del acompañante del
vehículo de aquél por medio de un juego de esposas. Ese día era feriado y
no había locomoción pública, por lo cual ella aceptó la invitación del
conductor, quien se ofreciera a acercarla hasta su trabajo. Como prueba,
la mujer presentó la cédula de identidad del acusado, pero el muchacho
logró salir indemne al declarar que la relación sexual fue consentida, y
que ella le había hurtado la billetera. Fue cuestión de palabra contra
palabra. No quedó registrado antecedente penal, pero la policía tomó
conocimiento del hecho, y esa instancia enfocaría las sospechas hacia la
persona de Pablo Goncalvez cuando, más adelante, comenzaron las
pesquisas emprendidas a raíz de una retahíla de homicidios.
A pesar de que terminó constituyendo el último de los crímenes en
resolverse, el primero de ellos en orden cronológico lo representó el
cometido contra Ana Luisa Miller Sichero. Ésta era una muchacha de
veintiséis años, hermana de la renombrada tenista Patricia Miller,
licenciada en historia y docente en ejercicio. Residía en Carrasco junto a
sus padres y dos de sus hermanas. Estaba de novia con Hugo Sapelli,
ingeniero de veintinueve años. Su cadáver apareció denotando signos de
haber padecido una muerte mediante sofocación, con hematomas en el
rostro y arrojado sobre las dunas de la playa de Solymar a escasos
metros de la prefectura naval, próximo a la hora 8 del 1 de enero de 1992.
La habían conducido hasta ese lugar trasladándola en el propio coche de
la víctima, el cual horas más tarde resultó abandonado a una cuadra de
donde se asentaba el domicilio de Pablo Goncalvez.

3. La segunda víctima la conformó Andrea Gabriela Castro Pena, de quince
años. Vivía con sus padres en Malvín, y cursaba cuarto año de secundaria
en el liceo no.20. La asesinaron el domingo 20 de septiembre de 1992
luego de salir del club bailable England. También devino victimada en el
interior de un coche, y falleció a consecuencia de la asfixia provocada por
un agresor que practicó en torno a su garganta enérgicas maniobras de
sofocación. A manera de ritual, su matador le enroscó alrededor del
cuello una corbata a franjas blancas y verdes (cabe mencionar que en una
fotografía de niño el luego imputado lucía una prenda semejante a
aquella, y en el allanamiento de su morada localizaron juegos de corbatas
de la misma marca y estilo). El cuerpo sin vida de Andrea Gabriela se
descubrió parcialmente sepultado bajo la arena de una playa en el
balneario de Punta del Este, yaciendo dentro de una precaria tumba que
el ejecutor cavó con sus propias manos.
La última presa humana fue María Victoria Williams, de veintidós años.
Era oriunda del Departamento de Salto, y por entonces residía a dos
cuadras de la casa del luego imputado Goncalvez. Desapareció el 8 de
febrero de 1993, mientras aguardaba el ómnibus para ir a su trabajo.
Según la versión que en un primer momento proporcionó Goncalvez a la
policía y al juez de esa causa -Dr. Rolando Vomero-, la vio desde la
ventana de su finca y, cediendo ante un abrupto impulso, salió a la calle a
abordarla. La excusa: la abuela del victimario estaba "enferma", había
sufrido un repentino "ataque", se encontraba desmayada, y no
reaccionaba. El nieto necesitaba ayuda urgente, y la solidaria chica
aceptó acompañarlo presurosa.
Una vez dentro de la casa, su vecino le habría pedido que tomara el
teléfono a fin de llamar a la emergencia, mientras él subía al segundo piso
para "reanimar" a la anciana. Cuando la joven intentó realizar la llamada
resultó agredida por la espalda y, al cabo de un desesperado forcejeo,
terminó siendo reducida a través de una férrea maniobra de sofocación
manual que le hizo perder la consciencia. Acto seguido, su ofensor le
colocó una bolsa de nylon en la cabeza y la ató a su cuello, asegurando
de esa forma el óbito.
Las pruebas incriminatorias
Una vez enterada la opinión pública que este joven era considerado el
asesino de las chicas Andrea Castro y María Victoria Williams, se propaló
el rumor de que el tercer homicidio que le fuera atribuido (el de Ana Luisa
Miller) no le pertenecía, sino que se lo habían endilgado a fin de resolver
de hecho un misterio que venía, desde largo tiempo, manteniendo en
jaque a los investigadores. Aún al presente estos recelos persisten. Basta
leer los blogs de Internet que tratan sobre el caso para comprobar que
muchos comentarios de usuarios (generalmente anónimos) sostienen la
inocencia de Pablo Goncalvez con respecto a este asesinato en particular.

4. Sin embargo: ¿con qué pruebas contó el magistrado de esa causa penal
para imputarle también la consumación de este óbito? Una evidencia
convictiva muy sólida se verificó cuando se llevó a cabo la
reconstrucción del crimen de Ana Luisa Miller. Al escenario fatal acudió el
sospechoso, junto con la policía, el juez, el fiscal, y los abogados de su
defensa.
El cadáver había sido descubierto yaciendo sobre las dunas de la playa
de Solymar, a escasos metros de la prefectura naval. El asesino no
intentó ocultar a la víctima y, menos aún, sepultarla. El exánime cuerpo
quedó en una postura arrollada debido a que fue lanzado por un pequeño
terraplén, cayendo luego de ser empujado desde la abierta puerta del
acompañante del vehículo en que lo transportaron. Aquel coche
(propiedad de la muchacha) quedó estacionado de determinada manera, y
fotografías forenses tomadas a las huellas producidas por sus
neumáticos así lo denotaban. Vale decir, que el rodado no podía quedar
detenido de cualquier manera para coincidir con la forma en que se
encontró el cadáver, y desde dónde el mismo fuera arrojado. Al iniciarse
la reconstrucción forense, el indagado solicitó al juez que lo autorizara a
conducir el automóvil policial que lo había trasladado hasta allí y,
después de maniobrar con él, lo posicionó con precisión en el lugar, y de
la forma, en que se efectuó en el acto de desembarazarse del cuerpo del
delito, según los registros del expediente penal.
Esta acción la realizó por iniciativa propia el encausado, ante testigos y
con las garantías legales. No parecería válido aducir que se estuviera
frente a una prueba "plantada", u obtenida mediante apremios. Se trataba,
a su vez, de una evidencia de aquellas que "sólo el culpable podía
conocer".
En el dorso de las manos y sobre los puños de esta joven, la autopsia, a
cargo del Dr. Guido Berro, constató marcas coincidentes con las huellas
que imprimieron en su piel las ataduras que le fueron practicadas previo a
trasladarla inconsciente hasta la playa de Solymar donde se la ultimara.
Pablo Goncalvez declaró haberla amarrado con los cordones de sus
zapatos náuticos. Tales cordones consisten en unas delgadas tirillas de
cuero, aptas para dejar trazas semejantes a las detectadas sobre los
puños y el dorso de las manos de la desafortunada mujer.
En los otros dos casos las pruebas se mostrarían también concluyentes.
El sepultado cuerpo de la adolescente Andrea Castro lucía una corbata a
franjas blancas y verdes anudada en su cuello. No resultó estrangulada
por medio de dicha prenda, sino que fue sofocada manualmente hasta
serle quitada la vida. La colocación de la corbata entrañaba una ritualidad
inherente a un crimen ejecutado por un homicida secuencial. Implicaba
una suerte de "marca personal" o "sello" impreso por el victimario sobre
su presa humana. Pues bien, durante el allanamiento de la vivienda del
sospechoso, legitimado por orden judicial y con garantías procesales, se

5. incautó una fotografía de niño de Pablo Goncalvez portando una corbata
análoga. Más aún, se ubicaron otras prendas de igual corte y similares
colores. Todas componían una colección expedida por una fábrica
inglesa cerrada treinta años atrás y pertenecían al diplomático Hamlet
Goncalvez, padre del indagado. Estas prendas se vendían en conjuntos
de tres, y faltaba una de ellas dentro del juego. Este dato apunta, con un
grado de probabilidad casi absoluta, a que la corbata restante no podría
ser otra sino la encontrada en torno al cuello de la infortunada víctima.
En cuanto al crimen a María Victoria Williams fue determinante la
proximidad entre la finca del indagado y la casa donde residía la chica. La
joven desapareció en el corto tramo que discurría de su domicilio a la
parada del ómnibus, cuando esa lluviosa mañana del 8 de febrero de 1993
se dirigía a su trabajo. No se detectaron signos de lucha ni se la vio subir
al automóvil de algún extraño, lo cual hubiera sido contrario a los
recatados hábitos de esta muchacha. María Victoria no se iría con un
extraño, pero sí (en gesto samaritano acorde a su noble personalidad)
aceptaría ingresar a la casa de su vecino, quien le urgiera a ayudarlo
pretextando que su anciana abuela había sufrido un ataque.
Asimismo, en declaraciones formuladas a la policía el indagado expresó
haber arrojado pertenencias de sus víctimas en un baldío sito en el barrio
de Maroñas, a saber: una libreta de notas de Andrea Castro, así como una
agenda parcialmente quemada y un monedero de María Victoria Williams.
En presencia del juez Dr. Rolando Vomero y de integrantes de la Policía
Técnica, tales recaudos se recogieron del lugar previamente indicado.
Por último, cabe recordar que el luego condenado confesó la comisión de
los asesinatos en sede policial y luego ratificó, aportando profusos
detalles, sus relatos frente al juez, el fiscal y el actuario del juzgado; y en
presencia de sus dos iniciales abogadas defensoras. Posteriormente se
desdijo, tras cambiar de patrocinio legal, y mantiene su inocencia hasta el
presente.
Autor de este escrito: Gabriel Pombo (de Uruguay)