El documento habla sobre las reformas propuestas a la Constitución de Venezuela de 1999 relacionadas con los derechos humanos durante estados de excepción. Las reformas eliminarían la protección expresa del debido proceso y el derecho a la información. También eliminarían límites a la duración de los estados de excepción y requisitos como la aprobación del Tribunal Supremo. Grupos de derechos humanos critican que esto permitiría mayor abuso e impunidad durante dichos estados. El documento también recuerda violaciones a los derechos humanos

1. Caracas
lunes
29 de octubre
de 2007
El informe de
YENITER POLEO
ypoleo@cadena-capriles.com
Caracas. “En el 89 ninguno sabía
lo que eran los derechos huma-
nos. Yo no sabía que tenía dere-
chos, ni que existía la Fiscalía”, re-
cuerda Aura Liscano, hermana de
una de las más de 400 víctimas del
27 de febrero.
En aquel año, estaba vigente la
Constitución redactada en tiem-
pos de Betancourt, según la cual
al declararse un Estado de emer-
gencia y suspender garantías,
siempre debía respetarse el de-
recho a la vida.
Sin embargo, ese derecho se
violó y significó la muerte a bala-
zos de obreros, estudiantes, se-
cretarias, comerciantes y mensa-
jeros, quienes como Aura Lisca-
no tampoco sabían que tenían
derechos, ni tuvieron oportuni-
dad para ejercerlos. 18 años des-
pués, no hay un solo detenido
por aquella transgresión.
PROPÓSITO DE ENMIENDA
Por fortuna y para evitar que se
repitieran el abuso policial y mi-
litar que causaron muertes y de-
sapariciones en esa fecha, el pre-
sidente electo en 1998 planteó
una nueva Carta Magna con la
cual ultimó a la “moribunda
Constitución” de 1961. Desde el
año siguiente, la ciudadanía pa-
só a ser protegida por un capítu-
lo de derechos humanos que aún
muchos exaltan como el más
progresista.
Ese texto jurídico (que ahora se-
rá modificado) mejoró, por ejem-
plo, la defensa de las personas du-
ranteestadosdeconmoción(o“de
excepción”), al reiterar lo básico e
ir más allá: explicitó que no po-
dían suspenderse las garantías “al
debidoproceso,alainformacióny
demás derechos humanos intan-
gibles” (artículo 337); además, es-
pecificó lapsos de duración de los
Estados especiales, variables se-
gún la causa (artículo 338).
UN PASO ATRÁS
Esa Constitución de 1999 tan
aplaudidaenderechoshumanosy
tan de avanzada ha sido, sin em-
bargo, violada también. Pasó en
Vargas, ese mismo año; en abril
2002, en febrero 2004, y no para.
Incluso “el Estado ha reconoci-
borrarse la frase que contiene el
“derecho al debido proceso y el
derecho a a la información ”.
También se dejó por fuera al
Tribunal Supremo de Justicia co-
mo instancia para verificar la de-
cisión presidencial (ahora sólo
se requerirá la aprobación parla-
mentaria). Sobre cuánto puede
durar la excepción, el nuevo tex-
to ya no dice nada.
PALABRAS DOMINGUERAS
José Miguel Liscano, de 21 años,
recogió a toda su familia en casa
el 28 de febrero de 1989 porque
su experiencia en el servicio mi-
litar le hacía sospechar que la si-
tuación se había vuelto peligrosa
luego de los saqueos en la Cota
905, donde vivía. Después salió a
comprar comida pero se entretu-
vo jugando basket y hasta domi-
nó. Era de día. Llegó la noche y
no apareció más. Su hermana,
Aura Liscano y sus otros cinco
hermanos, primos y cuñados lo
buscaron apenas se levantó el to-
que de queda. En la morgue, uno
de los hermanos revisó cadáver
por cadáver en una pila de cuer-
pos que iba desde el piso hasta el
techo: nada.
“Cuando pedíamos una investi-
gación ‘exhaustiva’, los del tribunal
se burlaban de nosotras, decían
quededóndehabíamossacadoesa
palabra”, cuenta Aura. En 2000,
cuando por fin tuvo acceso al expe-
diente, se enteró de que en 1992 la
fiscal que llevaba el caso sabía que
suhermanoestabamuertodesdeel
1 de marzo de 1989. Sin embargo,
nohaypruebasforensesquelease-
guren que los restos hallados atri-
buidosson,enefecto,deél.“Mima-
má sigue esperando a su hijo”, dice.
LA FRASE
“Cuando se reformó el
Código Penal se pensó
que así se combatiría la
guarimba, pero la
realidad es que hoy se
aplica al pueblo pobre
que ha manifestado por
la inseguridad o la falta
de vivienda. Hay más de
300 personas sometidas a
juicios procesales penales
por manifestar”.
MARINO ALVARADO
Provea.
H
emos estado varias veces en Argenti-
na, pero solamente analizando a Ri-
cardo Güiraldes, Jorge Luis Borges y
el “Martín Fierro” de José Hernández,
se puede medio entender la peculiaridad de un
país formado por gauchos de campo abierto
mientras era amasado y mal cocido con una emi-
gración europea que llegó en los albores del siglo
XIX a descuartizar la Pampa y haciendo lo que
André Gide dice que la gente hace en los hoteles:
“Limpiarse los zapatos con las cortinas”.
Los unió, mal que pese, el resentimiento y la tris-
teza, ya que el tango -“ese pensamiento triste que
se baila”, en palabras de Enrique Santos Discépolo-
es un híbrido con una mitas traída por gente
Argentina: todo queda en familia
extraña que invadió ese territorio inmenso, cuyo
horizonte está siempre más allá que más nunca.
Así el lamento arañado del gaucho: “Siempre el
mesmo trabajar, / siempre el mesmo sacrificio”.
Pasaron los tiempos de los cuchilleros y ha-
cendados enguapados, pero Argentina sigue sien-
do de los caudillos de toda la vida. Las goberna-
ciones se las pasan de padre a hijos o esposas. Y el
ciclo no termina nunca. Los sigue habiendo des-
de Jujuy, pasando por Santiago del Estero, Entre
Ríos, Mendoza, Chubut hasta Santa Cruz, en el
Sur, tocando Tierra de Fuego, quebradizos en que
tuvieron sus fueros los Kirchner.
Todo comenzó en 1987 cuando Néstor es nom-
brado intendente (alcalde) de Río Gallegos, capi-
tal de la provincia, y Cristina diputada. Partiendo
de esa fecha formaron una yunta hasta llegar a la
Casa Rosada en la Plaza de Mayo en Buenos Aires.
Hoy comparten el poder único. Tanto monta,
monta tanto uno como el otro. Gobernará oficial-
mente ella, pero él será el director de las voces
lunfardas, es decir el “bacán”.
Fueron peronistas de primera línea cuando fue
necesario; militaristas en tiempos de gorilas mili-
taristas con charreteras, lo mismo que admirado-
res de Carlos Menem y el llamado “Plan Cavallo”
hasta que comenzaron a ver su caída precipitada.
Borges, el ciego con más luz que tuvo Argentina,
decía que su país “vivía permanentemente en una
derrota ética”. Cierto. La victoria ayer de Cristina
Elizabeth Fernández de Kirchner, es una prueba.
El esposo le pasa la silla presidencial como una
herencia. La apatía del país fue total a la hora de
votar. De ella dicen que es fría y autoritaria. No
importa, será la Señora Presidenta. Muchos la lla-
marán la Mamá Grande.
Mientras, el escribidor volverá a leer una vieja
edición de “La razón de mi vida”, escrito de su pu-
ño y letra por Eva Perón.
EL MUNDOY SUSVUELTAS
De regreso
a la “moribunda”
Con la nueva redacción, el artículo 337 retrocederá a los derechos
humanos de la Constitución de 1961. Los que recuerdan los días de
toque de queda, no olvidan aquella licencia para matar
reR E P O R T A J E
E S P E C I A L
el texto propuesto se deja por fue-
ra el reconocimiento explícito de
garantías judiciales como el ha-
beas corpus (es decir, “recuperar
el cuerpo”), que permite a cual-
quiera pedirle a un juez que orde-
ne ubicar a alguien detenido.
“Tampoco se presume la ino-
cencia”, y advierte que “el Estado
siempre ha entendido el estado
de excepción como un cheque en
blanco para hacer y deshacer con
la vida de los seres humanos”.
Acota que al ser suprimido el
derecho a la información “tam-
poco los medios alternativos o
comunitarios podrían hacer su
trabajo. Ni siquiera como hizo Fe
y Alegría durante el 11-A”.
Sobre esto, Marino Alvarado,
coordinador de Provea, recuerda
que Vanessa Davies no hubiese
podido publicar sus reportajes
sobre violación de los derechos
humanos en el deslave de Var-
gas, de haberse suspendido esa
garantía informativa.
Ortega, Fernández y Alvarado
cuestionan el desamparo jurídico
y la impunidad que se estimula
con esas modificaciones. Desta-
can lo peligroso de que no se es-
pecifique cuándo finaliza el Esta-
do de excepción (la atemporali-
dad) y cómo se contradice el prin-
cipio de progresividad (artículo
19), según el cual “un Estado que
ha garantizado un nivel del goce
de garantías, no debe retroceder”,
enuncia el vocero de Provea.
“Se supone que el Estado de
excepción no es para proteger al
Estado, sino al Estado de dere-
cho, es decir, los derechos de la
persona frente al poder estatal
en una situación de crisis y alar-
ma”, sostiene Ortega.
Recuerdan que en crisis sólo
los barrios han sido militariza-
dos y que al eliminar la expre-
sión “debido proceso” se deja
más vulnerable a esa población
ya de por sí desasistida. Por lo
menos, 44 de los más de 400 ca-
sos sin respuesta del Caracazo,
ocurrieron en El Valle, La Vega,
Petare, La Silsa, Antímano o
Nueva Tacagua donde, según los
legisladores y el nuevo 337, “se
presumirá que se presume” la
inocencia de sus habitantes, en
vista de que se ha preferido no
dejarlo por escrito.
INOCENCIA INTERRUMPIDA
El 2 de marzo de 1989 fue el últi-
mo día de los 20 años que vivió
Wolfang Quintana, quien había
llegado a su casa en Capuchinos
a las 4 p.m. Poco después de que
se iniciara el toque de queda,
Wolfang abrió la nevera con su
bebé de tres meses cargada en el
lado derecho y por el lado iz-
quierdo le entró de pronto una
bala de FAL.
Iris Medina, su esposa, tenía 19
años y estaba recién parida. “La
bala le salió por el costado y que-
dó encajada en la pared”, recuer-
da. Después de atravesar varias
alcabalas,ledecomisaronelcadá-
ver en la Plaza Miranda y la insta-
ron a regresar a casa “porque ellos
no respondían por vidas”.
A sus 37 años, Iris ya es abuela y
recuerda cada detalle: cómo se
perdió el cuerpo de Wolfang du-
rante un día en el depósito de Be-
llo Monte, y cómo se mofaban de
ella los militares cuando declara-
ba en tribunales o preguntaba por
su expediente. “Ahí viene una de
las madres esas”, decían.
MEDIO DERECHO
“El derecho al debido proceso
no se puede desglosar, es el eje
transversal que garantiza
el ejercicio del resto de
los derechos. No se pue-
de dividir caprichosa-
mente, ni decir: ‘Respeta-
mos este pedazo, pero éste
otro no’ ”, opina la directora
de Cofavic sobre cómo queda-
ron redactados los artículos 337,
338 y 339.
Pablo Fernández, coordinador
de la Red de Apoyo por la Jus-
ticia y la Paz, explica que con
do que, por lo menos, 6.000 perso-
nas han sido víctimas de ejecucio-
nesextrajudicialesde2000a2005”,
cita Liliana Ortega, directora de
Cofavic, sobre crímenes que han
ocurrido en circunstancias de
normalidad, esto es, en completa
vigencia de las garantías civiles.
“En 1989 no se suspendió el
debido proceso; lo que hubo fue
una situación de facto, porque se
asumió que la suspensión de ga-
rantías equivalía a la suspensión
del estado de derecho”, explica.
Las lecciones sobre las trágicas
muertes y desapariciones de 1989
que lucían aprendidas y dispues-
tas a ser reparadas con la Consti-
tución de 1999, serán matizadas
conlareforma2007,puessehare-
tornado casi por entero al texto
originalde“lamoribunda”enma-
teria de estado de excepción, al
RAFAEL DEL NARANCO