El documento argumenta que las vacunas contra la gripe porcina son parte de un plan para reducir la población mundial y que no existe evidencia científica de que representen una amenaza real. Afirma que la gripe porcina es un virus híbrido creado en laboratorio y que las vacunas podrían estar contaminadas intencionalmente para causar la muerte. También sostiene que las leyes que obligan la vacunación violan los derechos constitucionales de los ciudadanos.