Este documento discute cuatro desafíos principales en la regulación jurídica de Internet: 1) La dificultad de responsabilizar a los intermediarios por el contenido que los usuarios publican, 2) La necesidad de regular sitios como redes sociales que facilitan la comunicación a gran escala, 3) La importancia de proteger los datos personales de los usuarios y su privacidad, 4) La dificultad de prevenir delitos cibernéticos a través de medios jurídicos en lugar de tecnológicos.