El gobierno aprobó un decreto ley que reduce los sueldos de los funcionarios un 5% y congela las pensiones de la Seguridad Social, ahorrando 1500 millones de euros. Los sindicatos organizaron una huelga general en contra de las medidas, que afectan a los pensionistas y empleados públicos de menor salario. La oposición cree que los recortes se podrían hacer en otras áreas como ministerios, cargos altos y subvenciones.