El documento presenta los antecedentes jurídicos y problemas relacionados con el manejo de residuos en México, incluyendo la falta de criterios integrales, ineficiencia de los gobiernos municipales, falta de presupuesto, compromiso ambiental y cultura ciudadana. Propone modificar la constitución para transferir la responsabilidad de residuos a las entidades federativas, lo que requeriría modificar leyes existentes. Esto enfrenta dificultades como un proceso de votación largo e indefinido que dependería de la voluntad política.