El encuentro entre funcionarios de seguridad de EEUU y México buscó reorientar la estrategia conjunta contra el narcotráfico. Si bien la cooperación militar ha tenido éxitos, se propuso enfocarse más en reducir la demanda en EEUU y abordar los problemas de salud ligados al consumo. No obstante, el documento argumenta que la prohibición es la causa principal del negocio de las drogas y la violencia, y que para resolver el problema se requiere un cambio de paradigma hacia la regulación, más que continuar la guerra contra las

1. ¿Quo Vadis México-EEUU? <br />El Gabinete de Seguridad Nacional de Estados Unidos en pleno se hizo presente en la Ciudad de México el pasado 23 de marzo. La comitiva fue encabezada por la Secretaria de Estado, Hillary Clinton e integrada por el Secretario de Defensa, Robert Gates, la Secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano, el Jefe del Estado Mayor Conjunto, Almirante Michael A. Mullen y demás miembros del Gabinete. Además, los acompañaron el Embajador Pascual y funcionarios de la embajada. ¿Por qué este despliegue de personalidades y para qué? Durante la extensa reunión de trabajo, los funcionarios de EEUU interactuaron con sus contrapartes de México para revisar, evaluar y reorientar los programas de colaboración alrededor de la Iniciativa Mérida. Es indiscutible que las aportaciones de EEUU en fechas recientes y las por venir han jugado y jugarán un papel significativo en la lucha conjunta contra los cárteles de la droga. La “guerra contra las drogas” en México se ha visto favorecida con las aportaciones de nuestros socios. Independientemente de los logros pasados, se vislumbró un cambio de estrategia durante la reunión. Se respiran vientos frescos procedentes de Washington, la Administración del Presidente Obama no parece sentirse del todo confortable con el uso del término “guerra contra las drogas” y desea reorientar el énfasis hacia la reducción de la demanda y la atención a los temas de salud derivados del consumo. De hecho, Clinton reconoció la responsabilidad compartida de EEUU por la violencia que se vive en México y señaló que el Presidente Obama ha solicitado al Congreso un presupuesto de 5,600 millones de dólares para reducir la demanda de droga en su país. Esto parece ser un buen primer paso, pero ¿será suficiente? Según anotó Mary Anastasia O’Grady, miembro del Consejo Editorial del Wall Street Journal, en su columna semanal del 22 de marzo titulada La Guerra contra las Drogas está Condenada, “el primer paso para resolver un problema es reconocer su existencia.” O’Grady señaló que “la admisión de la corresponsabilidad de EEUU en el problema es saludable” y enfatizó que “la militarización no ha traído la paz. La razón es sencilla: La raíz del problema no es el suministro de drogas por México. Es la demanda de los consumidores estadounidenses acoplada con la prohibición.” La prohibición y la guerra asociada con ésta son el motor que mantiene altos los precios de las drogas y genera los grandes incentivos para que el crimen organizado persevere en el negocio. Lejos de provocar un perjuicio al negocio ilícito de drogas, la prohibición se ha convertido en fuerza motriz del mismo. Fue el Presidente Nixon quien declaró la guerra contra las drogas en junio de 1971, desde entonces los EEUU ha venido librando una batalla con resultados altamente cuestionables. Después de casi 40 años, hoy se consumen mayores cantidades de drogas y a precios más bajos que al inicio de esta mal llamada guerra. Cualquier estudiante de primer año de economía puede explicar el porqué de este comportamiento del mercado de las drogas. Los funcionarios estadounidenses y mexicanos reunidos en la Ciudad de México plantearon una nueva estrategia para encarar el tema del narcotráfico y la violencia que éste genera. Esta nueva estrategia se puede resumir en los siguientes puntos:1) Abordar las organizaciones criminales, fortaleciendo las instituciones de justicia, creando una frontera del Siglo XXI para la seguridad y el comercio y creando comunidades más fuertes que puedan resistir la influencia de los cárteles.2) Dar inicio a iniciativas claves, incluyendo programas pilotos para combatir la violencia fronteriza en Tijuana-San Diego y en Juárez-El Paso.3) Mejorar el intercambio de información de inteligencia financiera, la coordinación entre la policía para detectar los delitos financieros y el financiamiento de los cárteles.4) Desarrollar el programa de trabajo bilateral para luchar contra el flujo de armas ilícitas. Indiscutiblemente metas loables, pero ¿estamos reconociendo la verdadera naturaleza del problema? O’Grady hablaba del consumo y la prohibición, sin embargo, en ningún lugar el tema de la prohibición fue mencionado. Tal parece que estamos jugando al juego del avestruz! ¿Por qué? Existe un gran número de personas que, basándose en argumentos éticos, morales y religiosos, percibe la prohibición de las drogas como una “política justa y necesaria” para mantener las drogas fuera del alcance de sus hijos y demás familiares. Estas personas –a quienes podemos denominar los promotores de la moral y las buenas costumbres– perciben esta política como necesaria y su cancelación como sinónimo de apoyo a los traficantes de drogas y al consumo indiscriminado de las mismas. Lamentablemente esta corriente de pensamiento predomina en muchos círculos de nuestra sociedad y de la sociedad estadounidense y ha sido una fuente importante de justificación para que los políticos no se atrevan a ir contra la corriente –pondrían en riesgo su carrera política. Los medios de prensa en EEUU, salvo honrosas excepciones, no están dispuestos a promover líneas de pensamiento ajenas a la ortodoxia de la mayoría de sus lectores. Esta postura, sin lugar a dudas, cuenta con el beneplácito de los encargados de la conducción de la guerra, el instrumento de la política de prohibición —los guerreros antidrogas. Muchos de éstos, lamentablemente, han hecho de la guerra su modus vivendi y no les resulta relevante si la guerra se pueda ganar o no, lo importante es que la guerra continúe. Al mismo tiempo, son los narcotraficantes los más interesados en mantener la actual política mundial de prohibición. Aunque luzca contradictorio, los narcotraficantes son los mayores beneficiarios de la guerra contra las drogas y los que tienen más que perder de una política que dé por terminada esta guerra. Me gustaría pensar que el silencio ensordecedor a que estamos expuestos se debe a presiones implícitas proveniente de los promotores; sin embargo, me temo que la influencia de los guerreros antidrogas y de los narcotraficantes sea tan o más contundente que la de los promotores. Estos dos últimos grupos haciendo uso de convenientes caretas, nunca titubearán ante la oportunidad de unir fuerzas con los promotores. El énfasis de la Administración Obama en reducir la demanda de drogas en su país es un paso en la dirección correcta y una señal importante de que el gobierno del Presidente Obama está dispuesto a explorar “soluciones fuera de la caja” a un problema que ha perdurado por muchas décadas. Remontándonos al inicio del gobierno del Presidente Calderón, no era posible permitir entonces, ni puede serlo hoy, que el crimen organizado controle espacios del territorio nacional y opere con total impunidad. Las acciones de Calderón eran y continúan siendo congruentes con sus obligaciones y compromiso con el pueblo mexicano. Al mismo tiempo, la presencia de una nueva administración en Washington, encabezada por alguien que muestra indicios de pasar a la historia como un gran estadista, abre nuevos espacios de oportunidad para explorar conjuntamente soluciones de fondo al problema de las drogas. Una solución de raíz requiere de un enfoque global, ningún país puede aspirar a lograrlo individualmente. Existen tratados internacionales que lo impiden, además, cualquier país que pretenda caminar hacia una política diferente a la prohibición por si solo se convertiría en un polo de atracción de consumidores y en un paria internacional. El problema es un problema global y requiere de una solución global. Aprovechando la actual coyuntura, el Presidente Calderón, como socio interesado, tiene a su alcance una ventana de oportunidad para llevar a la mesa con el Presidente Obama propuestas de solución fuera de la caja: deberán ser propuestas innovadoras, que tomen en cuenta las leyes económicas y que no estén regidas por las encuestas de opinión. Algunos analistas estiman que no hay apetito en Washington para una nueva política fundamentada en la despenalización, regulación y control de lo que hoy conocemos como drogas ilícitas. Lamentablemente, los políticos se inclinan a analizar las encuestas de opinión de su electorado antes de definir su postura frente a un tema controversial –les preocupa la siguiente contienda electoral. Los estadistas, por otro lado, conocen su misión, desarrollan una visión, misma que comunican eficazmente a los ciudadanos con el propósito de educar y servir, y llevan a sus pueblos a nuevos estados de convivencia, progreso y felicidad. Nelson Mandela es uno de esos estadistas que me viene a la mente; a aquellos no familiarizados con su trayectoria les recomiendo vean la película Invictus. Calderón y Obama están en la antesala de pasar a la historia como estadistas que supieron encarar un problema que eludió una solución de raíz durante décadas; el último como representante del principal país consumidor de drogas ilícitas y el primero como representante del país que por su ubicación geográfica se ha convertido en el principal proveedor del producto. En fechas recientes, algunas voces se han alzado en México a favor de negociar con los cárteles de la droga en aras a reducir o eliminar la ola de violencia que envuelve al país. La posición del gobierno mexicano ha sido tajante en contra de cualquier negociación con los capos de la droga. La gobernabilidad del país no transita por la convivencia con el crimen organizado, ya esté éste vinculado con las drogas o con los múltiples otros delitos que les permite enriquecerse al margen de la ley. Lo que es más, los esfuerzos del gobierno para fortalecer las fuerzas del orden público y la procuración de justicia, van más allá de los cárteles de la droga e incluyen al crimen organizado en todas sus facetas, entre otras, el secuestro, la extorsión y la trata de personas. Esto sugiere que la lucha emprendida por Calderón en contra de los cárteles de la droga, además de encarar el tema puntual del narcotráfico, permite fortalecer las instituciones del orden público para combatir al crimen organizado en todas sus modalidades. Al mismo tiempo, si vía el trabajo conjunto con Washington se logra un cambio radical de paradigma por lo que respecta a las drogas, el camino hacia la seguridad, tranquilidad y legalidad en México estará mejor pavimentado. No es un camino fácil el de la despenalización, regulación y control de lo que hoy se conocen como drogas ilícitas; muchos temas deberán ser atendidos para llevar esta nueva política a buen puerto en aras de obsequiar a la sociedad un mal menor y así abandonar el sueño imposible implícito en la actual política de prohibición y en la guerra contra las drogas. Los acuerdos del día 23 deberán complementarse para reconocer el 100% del problema y así reflejar un cambio de paradigma. Se requiere de un gran compromiso de las autoridades y sobre todo de voluntad política; el tipo de voluntad política que podemos encontrar en el mundo de los estadistas y con la cual los políticos acomodados no están familiarizados. El diálogo entre Estados Unidos y México, sobre las opciones a la mano, debe comenzar con urgencia para aprovechar la ventana de oportunidad que la nueva actitud del gobierno de Obama nos presenta. En el proceso, habrá que hacer frente a los intereses particulares que con diversas motivaciones prefieren vivir en silencio y/o silenciar a aquellos comprometidos con la búsqueda del mal menor. Sergio Ferragut. Autor del libro Una Pesadilla Silenciada: La esencia y el desafío de las drogas ilícitas, que será publicado por el IMDOSOC en abril de 2010.<br />