El documento propone que para reducir el hambre y la pobreza en el mundo se deben establecer límites a la riqueza privada. Sugiere que los Estados deberían regular la inversión obligatoria del sector privado hacia objetivos sociales como el desarrollo agroindustrial. También argumenta que hay mucha desigualdad social sustentada por unos pocos y que compartir los recursos es un deber moral.