El documento describe la reforma del sector eléctrico de la República Dominicana iniciada en 1997, que privatizó las empresas estatales de generación, transmisión y distribución. Se dividieron los activos en ocho compañías con participación estatal. La reforma estableció un marco regulatorio supervisado por la Superintendencia de Electricidad y la Comisión Nacional de Energía. Actualmente hay 18 empresas privadas de generación que operan usando diferentes combustibles como agua, carbón, petróleo y gas.