El documento habla sobre los riesgos de desprestigiar a los empleados públicos. Afirma que detrás de esto se esconde el objetivo último de desprestigiar los servicios públicos. Argumenta que los empleados públicos garantizan servicios esenciales como la salud, la educación y la seguridad de los ciudadanos. Advierte que si estas áreas se privatizan, solo aquellos que puedan pagar tendrán acceso a ellos.