El documento defiende a los empleados públicos al señalar que son los responsables de garantizar servicios esenciales como la salud y la educación. Afirma que los ataques a los empleados públicos esconden un intento de privatizar los servicios públicos para beneficio de las grandes empresas. Los países con mayor desarrollo económico y social tienen una mayor proporción de empleados públicos que garantizan los derechos de la población.