El documento describe los cambios que se implementarán en el sistema penal panameño a partir de 2011, incluyendo la adopción de un sistema acusatorio oral con tendencia acusatoria. Esto requiere preparar tanto al personal como la tecnología del sistema, y otorgar un rol protagónico al Ministerio Público en la etapa de instrucción para entregar la esencia jurídica al nuevo procedimiento a través de una investigación responsable y sistematizada.