La ley de delitos informáticos establece responsabilidades y sanciones para delitos cometidos en el ámbito digital, incluyendo la extraterritorialidad y la responsabilidad de personas jurídicas. Se tipifican delitos como acceso indebido, sabotaje, espionaje informático y falsificación de documentos, con penas que varían según la gravedad y las circunstancias del delito. Además, se especifican aumentos en las sanciones cuando los delitos afectan sistemas protegidos o se cometen con intención de lucro.