La ley sanciona delitos informáticos como acceso indebido, sabotaje, espionaje informático y falsificación de documentos públicos. Establece penas de prisión de hasta diez años y multas para quienes destruyan, dañen, modifiquen o accedan sin autorización a sistemas informáticos o difundan información obtenida ilegalmente. También se responsabiliza penalmente a personas jurídicas por delitos informáticos cometidos en su nombre o beneficio.